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Así operaba red de 'chuzadas' ilegales liderada por oficiales en retiro

Las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento intramural terminaron a las 6:00 de la tarde del domingo en Cali.

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BLU Radio. Chuzadas // Foto: Referencia AFP
THOMAS SAMSON/AFP

La Fiscalía General de La Nación reveló detalles de cómo operaba la organización de ‘chuzadas’ ilegales, liderada por oficiales en retiro, que llevaba aproximadamente un año en la interceptación de llamadas y de mensajes en línea, bajo un sistema tan efectivo que ni esa misma entidad tenía.

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También la Fiscalía señaló al mayor en retiro Luis Mesías Quiroga Cubillos y a el coronel Jorge Humberto Salinas Muñoz como “los gerentes” de una empresa “criminal” para la cual conseguían clientes u ofertaban servicios.

Por ejemplo, quinces días de interceptaciones podría costar hasta tres millones de pesos; conseguir los datos personales de una línea telefónica 900 mil pesos y obtener, presuntamente, la sábana de llamadas de empresas telefónicas como Tigo o Claro tenía un valor de 800 mil pesos aproximadamente.

Como parte de las llamadas interceptadas, la Fiscalía demostró como se ofertaban servicios a empresas de transporte para interceptar líneas de teléfono celular de sus empleados; hizo seguimiento de llamadas a parejas  para comprobar comportamientos de infidelidad y narró cómo el coronel Carlos Andrés Pérez Cardona, oficial en retiro del Ejército, quien trabajaba para el alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, pide a la “hacker” investigar si un señor de nombre “Camilo” estaba interceptado por el ente investigador.

Por su lado, María Alicia Pinzón Montenegro, señalada presuntamente de ser la encargada de ‘chuzar’, recolectar, clasificar y entregar la información a los gerentes para cumplir con los pedidos de los clientes, recibía como pago 3 millones de pesos mensuales, detalle que para los investigadores permitió dimensionar que el “negocio” era rentable.

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Finalmente, la entidad reveló que esta red ilegal, no sólo se había conformado con hacer presencia en Bogotá, Cali o Ipiales, (ciudad desde donde se realizaban las interceptaciones), sino que tenía proyectado expandirse hasta localidades como Medellín o Bucaramanga.

El lunes 05 de agosto, el juez penal 29 de Cali, decidirá si los presuntos implicados son o no responsables de todo lo que se les acusa y si deben cumplir una medida privativa de la libertad.

 

 

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