Durante este miércoles 25 de mayo, la Procuraduría General de la Nación anunció que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el gerente de las Empresas Municipales de Cali, Juan Diego Flórez, fueron requeridos para que informen, de manera detallada, 18 convenios y contratos interadministrativos celebrados con EMCALI y varias entidades del municipio.
"Deberá explicar, entre otros asuntos, el estado actual de ejecución de cada contrato o convenio, si existen contrataciones derivadas de dichos convenios o contratos, los recursos ejecutados hasta la fecha, y la experiencia e idoneidad de EMCALI para ejecutar dichos negocios jurídicos", indica el documento.
Desde el órgano de control se manifestó que se solicitó a Flórez como representante legal de CALIGEN SAS, enviar copia de las actas de juntas de socios, estados financieros, estudios jurídicos, financieros y técnicos que justifiquen los $5.000 millones de pesos involucrados.
Sobre esto, a través de un comunicado, Emcali respondió que los documentos requeridos, fueron enviados hace más de cinco días a la Procuraduría.
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"Dichos convenios que se han suscrito desde hace muchos años, tienen por objeto la prestación de diferentes servicios especiales para el suministro de soportes técnicos y tecnológicos para el funcionamiento y operación de varias dependencias de la administración", agrega el documento.
A través de un comunicado, @EMCALIoficial aseguró que desde el 19 de mayo se remitió la documentación que fue requerida por la @PGN_COL, en relación a los convenios interadministrativos y contratos suscritos con diferentes dependencias. Aseguran que no son contratos nuevos. pic.twitter.com/apQpIu9wVq
— BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 25, 2022
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"Tenemos toda la tranquilidad del caso porque los contratos y los convenios tienen una fuente legal, pues se suscriben acatando las normas legales", manifestó María del Pilar Cano, directora jurídica de la alcaldía de Cali.
"Sobre CALIGEN, se tata de la amplificación de unos estatutos de una de las empresas filiales de Emcali, de la cual el distrito especial de Santiago de Cali tiene unas acciones. Se trata de modificar el objeto de CALIGEN para efectos de posibilitar que se adelante todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y comunicaciones y los distintos procesos para colocar al distrito como la Cali inteligente que todos queremos", agregó Cano.
La Procuraduría advirtió que con esta acción de control, se pretende mitigar cualquier riesgo de gestión pública que implique afectaciones al ordenamiento jurídico, patrimonio público y al derecho de los ciudadanos.
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