En peligro ha quedado información y bases de datos de clientes de las Empresas Municipales de Cali, debido a la infección de los equipos del sistema comercial, con un virus malicioso.Entró por un equipo que hace parte de una red interconectada que tiene carpetas compartidas, por lo que resultaron encriptados con contraseña, todos los archivos y a cambio de liberarlos, los responsables del virus piden entre 50.000 y 100.000 dólares. Aunque han trabajo con un grupos expertos para limpiar los equipos, el virus en muchas oportunidades se queda en estado de hibernación y ataca horas y hasta días después. Ahora, a los usuarios les llega un correo electrónico a nombre de Emcali, con un archivo adjunto que al descargarlo, infecta sus equipos."Se empezaron otra vez a reinfectar los sistemas y tuvimos que aislar los servidores de toda la empresa para controlar la propagación de la infección. Si ven un correo tiene contenido raro, no lo abran. Es preferible que hagan una solicitud al centro de atención. El correo se puede abrir y leer pero no abrir los adjuntos porque ahí es donde se registra la infección", agregó Osorio. Este caso que ha afectado procesos como recaudo en línea, ha sido denunciado por Emcali ante la Fiscalía y se espera darle control en las próximas horas para acabar con la amenaza.Siga y escuche la Intérprete en Spotify:El abecé del caso Alex Saab
La comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico dio a conocer que desde el 1 de noviembre las empresas podrán volver a suspender y/o cortar el servicio por falta de pago oportuno.Recordemos que la medida favorecía a los usuarios morosos luego de la declaratoria del estado de emergencia económica y social producto de la pandemia por COVID. La medida termina el 30 de noviembre.“Hoy por hoy nuestra cartera vencida de acueducto y alcantarillado llega a 106.000 millones de pesos”, dijo Carolina Serna, gerente financiera de Emcali.“Tenemos condonación de hasta el 100 % de los intereses moratorios para todos y tenemos cuota inicial desde cero pesos para todos”, contó la funcionaria.Hasta el 27 de noviembre Emcali tiene alivios tributarios para los residenciales y no residenciales.Los estratos 1 y 2 tienen 0 % de intereses de financiación; el estrato 3 y 4 con 3 %; los estratos 5 y 6 tiene 6 % de intereses y se aplica igualmente para los comerciantes e industriales pequeños. Para los comerciantes más grandes la tasa de interés es del 9 % efectivo anual.Escuche y siga El Camerino, con Tito Puccetti, en Spotify:
La Unidad de Servicios Penitenciarios anunció la liquidación de un contrato por 16.000 millones de pesos para ampliar un pabellón de la cárcel de Bellavista, que celebró el año pasado con Jorge Molina, exrepresentante legal de una de las empresas del consorcio Centros Poblados, quien habría presentado un cupo de crédito presuntamente falso de la entidad financiera Itaú, para asegurar la adjudicación del contrato.La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) adjudicó la licitación por los 16.000 millones de pesos al consorcio Bellavista 2021, conformado por Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S y JP Servicios S.A.S.En la empresa Proyectos y Desarrollos de Infraestructura es accionista mayoritario Jorge Molina, implicado como representante legal de CM Constructores en el escándalo de MinTIC y Centros Poblados y, se habría ganado la licitación con el mismo modus operandi que se hizo con Emcali, presentando cupos bancarios falsos.La unidad, a través de un comunicado oficial, reveló que desde el pasado lunes, 27 de septiembre, le notificó al contratista que se iba a declarar la nulidad del contrato por configurarse una causal de nulidad absoluta, actuación que deberá continuarse este 5 de octubre y decidirse en los siguientes días.La dirección de la entidad penitenciaria indicó que se realizó una validación directamente con la Vicepresidencia de Banca Mayorista de Itaú CorpBanca Colombia, sobre la cual se preguntó la autenticidad del cupo bancario y se determinó que es falsa, tanto en su forma, como de su contenido y firma.Finalmente, la USPEC indicó que no se ha desembolsado anticipo alguno y que ya se compulsó copias a la Fiscalía y Procuraduría para que asuman las investigaciones del caso.Escuche los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en BLU Radio:
Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y el representante de los consorcios Clasificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino acordaron dar por terminado dos contratos que suman más de $6.200 millones.El acuerdo se logró tres días después de que el banco Itaú notificara a Emcali que los certificados de cupo de crédito, presentadas por el contratista Proctor Construcciones SAS, empresa que hace parte de los consorcios, fueron falsificados.El abogado de la empresa de servicios públicos de Cali, Hernando Morales, dijo a BLU Radio que, a pesar del acuerdo para terminar los contratos, Emcali mantendrá la denuncia en la Fiscalía contra los dos contratistas que cometieron el fraude.El representante de los consorcios en cuestión es Herles Rodrigo Ariza, un supuesto socio de Emilio Tapia.Escuche más detalles de esta noticia:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
La Fiscalía investiga la manera como se gestionaron los cupos bancarios para que el contratista Emilio Tapia lograra contratos con Emcali y para ello busca establecer la manera como articularon papelería falsa del Banco Itaú y el papel que jugó una mujer llamada Yanet Bautista a quien, según testigos, le pagaron cinco millones de pesos.En el interrogatorio que rindió Jorge Alfonso García ante la Fiscalía, conocido por BLU Radio, la señaló de haber recibido 5 millones para expedir esos documentos falsos.“Emilio Tapia manifestó que tenía que presentar unos proyectos con Emcali, que tenía la seguridad con esos proyectos y que podía tener esos cupos. A través de Juan José Laverde me solicitaron esos cupos, los cuales fueron entregados por Enrique López y en los cuales pagaron cinco millones a una señora llamada Yaneth Bautista”, señaló Molina bajo juramento.Es por esto que los investigadores están tras la pista de la manera como operaba la expedición de estos cupos y no se descarta que en los próximos días sea llamada a declarar.El testigo señala que Bautista debe tener contactos en el banco por lo que se presume que podría haber hablado con alguien al interior de esa entidad para que le facilitara la papelería y obtuviera las firmas de los directivos en las pólizas para falsificarlas.En el interrogatorio, la Fiscalía le preguntó al testigo que quién dio la orden de pagarle a Bastidas los cinco millones por los documentos generados, a lo cual contestó que fue Enrique López. “A Yaneth Bautista que debe tener relación con alguien del banco que es el que genera el cupo”, señaló el testigo.Más adelante el testigo relata a la Fiscalía la manera como se adelantó el proceso de consecución del cupo bancario.“Juan José Laverde envió el pliego de condiciones, el modelo del cupo me lo envió a mí a través de WhatsApp, después de la manifestación que hizo Emilio Tapia de que tenía esos contratos me enviaron, se los envié a Enrique López y el pago después de entregado por el mismo medio, Enrique López me envió a mi WhatsApp, yo le envié a Juan José Laverde y el pago de ese rubro se lo pagaron directamente a la cuenta de esa señora Bautista”, concluyó el testigo.Escuche la información completa en el audio adjunto:Le puede interesar: escuche y siga Noticias del día en Colombia, en Spotify
En la tarde de este lunes, 27 de septiembre, el banco Itau notificó a las Empresas Municipales de Cali que las certificaciones bancarias presentadas por el contratista Proctor Construcciones SAS son falsas.Este contratista hace parte del Consorcio Clasificación Puerto Mallarino, con el que la entidad suscribió un contrato por $ 3.800 millones y el Consorcio Renovación Puerto Mallarino que tiene un contrato por $ 2.412 millones.El abogado agregó que también presentaran una acción legal para suspender estos contratos.“También estamos citando el contratista para tomar las decisiones que haya lugar ya teniendo la prueba que nos entrega Itau, al terminar la reunión tomaremos las acciones legales para solicitarle al juez la suspensión de los contratos”, agregó Morales.Los pagos a este contratista fueron suspendidos desde el pasado viernes debido al señalamiento de un testigo en el proceso que se adelanta contra Emilio Tapia por el contrato entre Unión Temporal Centros Poblados y Ministerio de las TIC, en que esta documentación presentada a Emcali era falsa.Los consorcios Clasificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino, son representadas por Herles Rodrigo Ariza, supuesto socio de Emilio Tapia.
BLU Radio conoció en primicia escandalosos detalles de los testimonios que tienen las autoridades en contra de Emilio Tapia, recordado por su participación en ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá y ahora implicado en el caso de Centros Poblados y el Ministerio de las TIC; además, para completar, también estaría vinculado en un presunto caso de corrupción con Empresas Municipales de Cali (Emcali).Se trata del testimonio de Jorge Alfonso Molina, intermediario que confesó de qué manera actuaron Emilio Tapia, Juan José Laverde y otros involucrados para obtener de forma fraudulenta varias garantías bancarias. Molina entregó un interrogatorio extenso y ha sido fundamental para enviar a la cárcel a las tres personas.Molina relató en detalle su primera reunión en la oficina de Emilio Tapia, en un edificio ubicado en la calle 93 con carrera 17, en el norte de Bogotá, en octubre del 2020, en compañía de Juan José Laverde, a quien conoce desde hace varios años y de quien dijo era el mejor amigo de Tapia Aldana.Explicó que él se puso a disposición de Emilio Tapia, para que le diera contratos civiles como contraprestación a eventuales colaboraciones a sus proyectos, ante lo cual, Tapia le dijo que tenía la seguridad de unos contratos con Emcali, de los cuales, BLU Radio tiene en su poder las certificaciones del banco Itaú que demuestran que las garantías presentadas son falsas.Molina confiesa que él es quien tramita los dos cupos de crédito para Emcali por petición de Juan José Laverde y dice textualmente: “Esos cupos deben estar dirigidos a esta empresa, me envió los datos de la empresa, con estos niveles de cupo y los formatos para que salgan deben ser estos”.Y luego menciona un nombre clave: dice que esa información se la transmitió al señor Jorge Enrique López Benavides, hoy prófugo de la justicia, quien aceptó el tema, ejecutó y envió el documento respectivo de crédito, que él a su vez le devolvió a Juan José Laverde.Así las cosas, queda al descubierto la estructura criminal para fabricar garantias bancarias, no solo para el caso de Centros Poblados, sino también para los contratos con Emcali y demás proyectos en otros departamentos del país.Escuche la noticia completa en Meridiano BLU:
Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, aclaró, a través de un comunicado, que en sus registros no ha encontrado contratos con los socios de la Unión Temporal Centros Poblados. Sin embargo, la Fiscalía reveló que los consorcios Clasificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino, representadas por Herles Rodrigo Ariza, supuesto socio de Emilio Tapia, habrían presentado falsos respaldos financieros para ganar dos contratos en Emcali.El gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, dijo que por esta razón se suspendió cualquier pago. Esto, mientras el banco Itaú explique si las cartas de crédito presentadas por este contratista son auténticas o fueron falsificadas. Emcali aseguró que no ha entregado ningún anticipo a este contratista y que ni un solo peso de la entidad se ha vito comprometido.Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Los contratos suscritos por Emcali con el Consorcio Clasificación Puerto Mallarino, por $ 3.800 millones y con Consorcio Renovación Puerto Mallarino, por $ 2.412 millones están en la mira de la Fiscalía. En el proceso abierto por la Fiscalía contra Emilio Tapia por el contrato entre Unión Temporal Centros Poblados y Ministerio de las TIC, un testigo reveló que se presentaron documentos falsos de cupos de crédito para poder acceder a esos dos contratos con Emcali.El gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, dijo que, aunque esos documentos se recibieron de buena fe, ya se está investigando si hubo falsedad en documento público. “La Fiscalía adelanta investigaciones porque, al parecer, una empresa que hacía parte de ese conglomerado nacional (Unión Temporal Centros Poblados) falsificó documentos, tanto en el Mintic, como en Emcali, presuntamente, para alguna licitación”, explicó el funcionario.Mientras tanto, tres concejales de Cali, durante un debate en esa corporación, cuestionaron la manera como se viene manejando la contratación al interior de las Empresas Municipales de Cali. La concejal Diana Rojas pidió que los entes de control pongan los ojos en lo que está pasando en Emcali.“Qué nos digan ¿Quién es el que está mandando en Emcali? Qué nos digan si están colocando como un payaso o una figurita al gerente. Que nos digan ¿Quiénes están detrás de la contratación desde una oficina que queda cerca de Chipichape?”, solicitó la concejal del Partido Liberal.Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
El concejal Juan Martín Bravo aseguró que la renuncia del gerente comercial de Emcali era lo mínimo que se esperaba tras la firma de un dudoso y millonario contrato por más de $18.000 millones con la empresa de recursos tecnológicos ERT, que no tenía la capacidad de cumplir con lo solicitado y tuvo que subcontratar con cinco empresas más. Bravo afirmó que Emcali hubiera podido contratar los servicios de manera directa para ahorrar los costos de la intermediación, que rondan los $2.000 millones."En una de las clausulas dice que no se le permitía a la empresa subcontratar y que si lo iba hacer tenía que pasar por la aprobación de la junta directiva de Emcali y nunca pasó. Seguramente esto paso para favorecer intereses políticos", indicó el concejal.El objeto del polémico contrato es para servicios de contact center y atención y algunas actividades de supervisión para reparto de facturas y contadores. Por su parte el exgerente comercial, Luis Fernando Cárdenas, aseguró que las declaraciones de Bravo son totalmente falsas, que no tiene idea de manejo de vigencias futuras y debe retractarse de lo que dice en medios de comunicación. "Este contrato se vencía el 31 de octubre, para lo cual pedimos vigencias futuras para los próximos tres años: 2021-22 y 23. Debemos tener recursos presupuestados para los próximos meses, noviembre y diciembre, lo que ya estaba presupuestado. Las vigencias futuras quedaron bien aprobadas", afirmó Cardenas."Con el contrato actual Emcali se está ahorrando mas de tres mil millones de pesos por año y esto le generaría a la empresa un ahorro superior a los 7.000 millones en los próximos dos años", agregó.El concejal Bravo dijo también que hubo una tercera inconsistencia como se firmó el 2020, pero su ejecución estaba planeada para 2021. Este contrato comprometía recursos del año siguiente y su aprobación tenía que ser mucho más rigurosa a lo que el exgerente contestó : "El señor concejal está aprovechando mi salida, por medida administrativa, para hablar de este contrato. No lo conozco, estoy de acuerdo en denunciar anomalías, pero con fundamentos, sin dañar el buen nombre de una persona"La renuncia del gerente comercial de Emcali, Luis Fernando Cárdenas, se conoció este lunes, sin embargo confirmó que lo hizo desde la semana pasada, que no tiene nada que ver con dicho contrato el cual se está cumpliendo adecuada y transparentemente. En su reemplazo quedó Arturo Fernández, quien ha tenido varios cargos públicos en la Gobernación del Valle.Escuche más noticias aquí:
Una banda de ladrones que se convirtió en el terror de los habitantes del barrio Santa Ana, ubicado en el barrio San Cristóbal en el sur de Bogotá, llevó a cabo varios atracos en la noche de este domingo, pero la reacción de la Policía y Bomberos permitió dejarlos tras las rejas. Los delincuentes, que en un vehículo hacían rondas en pos de sus víctimas, despojaban de sus pretenencias a quien se encontraran. Sin embargo, este domingo gracias a información de la ciudadanía, uniformados los acorralaron en la carrera 2 con calle 12 sur. Al verse perdidos, los delincuentes se lanzaron al río Fucha y se internaron en una zona boscosa, por lo cual fue necesaria la presencia de Bomberos de Bogotá para ayudar con las labores de búsqueda. Finalmente, los tres delincuentes fueron capturados y se les halló en su poder los objetos robados. Adicionalmente, las víctimas y vecinos los reconocieron como los delincuentes que tenían azotada la zona. Escuche este informe del Ojo de la Noche:
Las autoridades chinas confinaron a decenas de miles de residentes del norte del país y pidieron a los habitantes de la capital que limitaran sus movimientos debido al repunte de los casos de covid-19, cien días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.China identificó 39 nuevos casos de COVID-19 el lunes y más de cien durante la semana pasada. La mayoría de estos contagios estaban relacionadas con los movimientos de un grupo de turistas.El gobierno chino, que impulsa una política de "tolerancia cero" hacia el virus, reaccionó rápidamente, imponiendo restricciones y organizando campañas de detección masiva en las regiones afectadas.En Pekín, donde está previsto que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno el 4 de febrero, se aplazó de manera indefinida una maratón prevista el 31 de octubre en la que iban a participar unos 30.000 corredores.Se aplazó "para evitar el riesgo de transmisión epidémica", indicaron los organizadores.Un funcionario de la ciudad de Pekín pidió a los residentes que por ahora eviten viajes "innecesarios" fuera de la ciudad y reuniones a gran escala.Cualquier persona proveniente de una zona donde se han identificado casos de covid-19 debe presentar un test negativo, anunciaron las autoridades.Los nuevos casos de COVID-19 se han detectado en once provincias, en su mayoría ubicadas en el norte del país.En Ejin, una ciudad en Mongolia Interior, en el norte del país, alrededor de 35.000 personas fueron confinadas a partir del lunes por un período de dos semanas.En algunas ciudades del norte, incluida Lanzhou, la capital de la provincia de Gansu, se suspendieron los servicios de autobús y taxi y se cerraron los lugares turísticos.El domingo, las autoridades ya habían anunciado la suspensión de los viajes turísticos organizados a cinco zonas donde se han reportado casos de covid-19, incluida Pekín.
Las Fuerzas Armadas de Sudán arrestaron el lunes a dirigentes civiles, entre ellos el primer ministro por haberse negado a apoyar un "golpe de Estado", anunció el ministerio de Información tras semanas de tensiones entre militares y civiles que comparten el poder desde 2019.Es un "golpe de Estado militar", denunció la Asociación de Profesionales, una de las puntas de lanza de la revuelta de 2019 que puso fin a 30 años de dictadura de Omar Al Bashir en ese país de África oriental, uno de los más pobres del mundo.Junto al sindicato de médicos y bancarios, esa asociación llamó a la desobediencia civil en Jartum, hundida ya en el caos, sin internet y con las calles repletas de gente en un contexto de gran inestabilidad tras un fallido golpe de putsch apenas un mes atrás. "Pido a las Fuerzas Armadas que liberen inmediatamente a los detenidos", exhortó este lunes el enviado de la ONU para Sudán, Volker Perthes, juzgando "inaceptables" las detenciones.Estados Unidos, cuyo emisario Jeffrey Feltman estuvo la víspera misma en la oficina del primer ministro Abdallah Hamdok, detenido este lunes, afirmó estar "profundamente preocupado" y advirtió que "cualquier cambio del gobierno de transición pone en peligro la ayuda estadounidense".Por su parte, el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell llamó en Twitter a la comunidad internacional a "volver a encarrilar la transición sudanesa", y la Liga Árabe también manifestó su "profunda preocupación" y llamó a "todas las partes a respetar" el acuerdo de reparto de poder.En un país donde las telecomunicaciones son cada vez más aleatorias y la televisión estatal fue tomada por asalto por las fuerzas armadas, solo subsistía un canal abierto: los comunicados del ministerio de Información publicados en Facebook."Los miembros civiles del Consejo de Soberanía de transición y varios ministros del gobierno de transición fueron detenidos por las fuerzas militares conjuntas", dijo esa fuente en un primer momento."Tras haber rechazado apoyar el golpe de Estado, las fuerzas armadas detuvieron al primer ministro Abdallah Hamdok y lo llevaron a un lugar no identificado", agregó el ministerio luego.De nuevo en las callesEn Jartum, manifestantes se aglomeraron en las calles y quemaron llantas para protestar por los arrestos, constataron periodistas de la AFP. Entre tanto, hombres en uniforme militar cortaron las carreteras principales a la capital y la vecina Omdurman. Según reportes, militares dispararon a algunas personas participatnes en las protestas. Muchos de los manifestantes se dirigían al principal eje del centro de la ciudad, donde los pro-civiles habían organizado el jueves una demostración de fuerza al grito de "revolución" para rechazar lo que llamaban ya "un golpe de Estado rampante""No aceptaremos un régimen militar. Estados dispuestos a dar nuestras vidas por la transición democrática", aseguró a la AFP uno de ellos, Haitham Mohamed.Sudán enfrenta una transición política precaria, marcada por divisiones y luchas de poder desde el derrocamiento de Bashir en abril de 2019.Desde agosto de ese año, el país está bajo el mando de una administración cívico-militar encargada de llevar al país a una plena transición democrática bajo mando civil, con el objetivo final de organizar a fines de 2023 las primeras elecciones libres en 30 años.Pero en los últimos días, la tensión entre los dos campos aumentó.El 21 de octubre decenas de miles de sudaneses marcharon en varias ciudades para respaldar la plena transición de poder a los civiles y contrarrestar a una "sentada" iniciada días antes frente al palacio presidencial de Jartum para exigir la vuelta al "mando militar".Uno de los problemas es que el principal bloque civil, las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FCC), que encabezó el movimiento contra Bashir, se dividió en dos facciones opuestas.
Un equipo de científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) ha descubierto un método para evitar que el coronavirus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, infecte a otras células, algo que puede ser clave en futuros tratamientos contra esta enfermedad.Los expertos han descubierto la forma en que ciertas enzimas transforman ácidos grasos a uno de los componentes más importantes del coronavirus, la proteína "spike" que forma la membrana espinosa, clave en el proceso de infección a otras células.Consiguientemente, medicamentos capaces de modificar los ácidos grasos "evitan de forma eficaz que el SARS-CoV-2 infecte otras células", destacó EPFL en un comunicado, subrayando que el hallazgo también puede aplicarse contra otros virus, como los de la gripe o el herpes.El estudio, que se ha publicado en la revista especializada "Developmental Cell", explica que la transformación de ácidos grasos es conocida en términos especializados como S-acylación y es llevada a cabo por unas enzimas llamadas zDHHC-acetyltransferasas.Dichas enzimas añaden ácidos grasos a proteínas y aminoácidos con el fin de optimizar sus funciones, entre ellas, en el caso de los virus, su capacidad de infectar células vecinas.
La Personería de Bogotá tendrá un mecanismo especial para atender y priorizar los casos de abuso o violencia de género que se hayan dado o se den en el marco de protestas en la capital del país.Se trata del Protocolo de Prevención, Atención y Seguimiento de Violencias Basadas en Género y en Diversidades Sexuales en el marco de la Protesta Social, que se creó luego de cinco meses de trabajo con la Universidades Nacional, Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José de Caldas y la Pontificia Universidad Javeriana.La estrategia tiene dos objetivos principales, que son el contar con estrategias de prevención de este tipo de violencias, sin revictimización y sistematizar de manera clara y coherente las tipificaciones de los casos, es decir, identificarlos y clasificarlos.De acuerdo con la Personería, el protocolo, en cuya creación también participaron algunas organizaciones defensoras de Derechos Humanos y la Brigada de Salud Estudiantil, está en línea con la normatividad vigente que aplica a la protesta social.La iniciativa busca explicar, además, la terminología para que los ciudadanos actúen ante estas situaciones, como la denunciada el pasado 6 de junio cuando la Secretaría de las Mujeres y colectivos feministas dieron a conocer un caso de abuso en el Portal de Las Américas contra una de las asistentes a las actividades del Paro Nacional.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
