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432 familias de San Gil, Santander, hace 4 o 5 años, invirtieron cerca de $6 mil 500 millones de pesos en proyectos de vivienda que nunca se ejecutaron y que presentan ilegalidad en sus predios. Las familias estafadas acudieron a un abogado que interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Al menos 5 delitos como estafa agravada, urbanización ilegal, captación ilegal de dineros, no devolución de lo captado y concierto para delinquir agravados son los que se le adjudican a los directivos de la Asociación de Vivienda Álvaro Uribe y los directivos de la empresa de construcciones Gramco S.A.S. Según el abogado el proyecto de vivienda está quebrado y los representantes legales no tienen como responderle a las víctimas.
“Completamente quebrado se encuentra el proyecto de Asociación de Vivienda Álvaro Uribe de San Gil”, así lo aseveró el abogado defensor de las 432 víctimas del mismo, Raúl Gómez Quintero.
A la fecha se está a la espera de una respuesta por parte de la Fiscalía en torno a este caso que dejó sin ahorros, y sin sueños de tener vivienda propia, a cientos de familias santandereanas.
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