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En un consejo extraordinario de seguridad entre autoridades civiles y militares en Santander se definieron medidas de protección para líderes amenazados en esta región del país.
En la reunión también estuvieron presentes líderes de ONG, defensores de derechos humanos y líderes sociales quienes dieron a conocer su preocupación por amenazas de muerte, como el caso de los cuatro ciudadanos en el municipio de San Gil y la docente en el sur de Bolívar que debió abandonar la zona por intimidaciones.
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Entre las medidas que tomaron están, según explicó el gobernador (e) de Santander, Luis Alejandro Rivero, “medidas de autoprotección, el aumento de rondas por parte de la Policía Nacional y seguimiento a procesos en Fiscalía y Sijin”.
Las autoridades invitaron a la comunidad a utilizar la línea 123 para atender las inquietudes de manera efectiva.
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