Impala, la naviera más importante del país por el río Magdalena, suspendió sus operaciones debido a las amenazas y disparos que han sufrido algunas de sus embarcaciones. La decisión se tomó para proteger la vida de los empleados explicaron.
En ese sentido Juan Pablo Remolina, director Ejecutivo de Prosantander confirmó que en desarrollo de la última asamblea realizada por Cormagdalena, directivas de la naviera Impala explicaron que suspendieron sus operaciones de navegación por el río Magdalena debido a los constantes ataques con armas de fuego que han sufrido recientemente, embarcaciones que transportan hidrocarburos, algo que también termina colocando en peligro a los empleados.
“Esta decisión lo que busca es primero, proteger la vida de la tripulación debido a las amenazas y ataques con disparos que han sufrido las embarcaciones, pues la empresa ha tomado la determinación de primero proteger la vida de los empleados y por consiguiente esto genera unos efectos económicos bastante importantes debido a que se reduce esa movilización de la carga por el río Magdalena y termina afectando, no solo la zona sino particularmente a las comunidades ribereñas”, aseguró Juan Pablo Remolina.
Recientemente la Asociación de Petróleo y Gas denuncio públicamente que cinco embarcaciones fueron atacadas a tiros por hombres armados en el río Magdalena, cuando realizaban el trayecto entre Barrancabermeja y Barranquilla.
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“La suspensión de las labores de Impala se mantendrán hasta que se tengan unas garantías por parte de la fuerza pública de que es propicio reanudar operaciones, esperamos que no sean y no es solo Impala la que se ha visto afectada, también se trata de otras importantes navieras teniendo en cuenta que le río Magdalena es la vía más importante que tiene el país”, agregó Remolina.
Por su parte, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) rechazó las amenazas y ataques que grupos al margen de la ley han realizado en contra de empresas que transportan hidrocarburos por el río Magdalena.
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“Dichos hechos violentos han puesto en riesgo la vida no solo de las personas que trabajan en esta actividad fundamental para garantizar el abastecimiento de los energéticos en el país, sino también de las comunidades aledañas, en una violación contundente a los derechos humanos”, dice el comunicado de la ACP.
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