Detalles de la demanda de multinacional canadiense por el páramo de Santurbán

Eco Oro Minerals, antes Greystar, es una empresa canadiense que empezó su operación en la década de los 90 principalmente en Santander. Luego de varios años, desarrolló un proyecto llamado Angostura con la autorización del Gobierno, allí en las zonas aledañas del páramo de Santurbán. 

En 2011 solicitó una licencia ambiental para extraer oro de la zona. Esa solicitud fue aceptada, y en septiembre de 2012 la Agencia Nacional de Minería extendió la licencia de explotación. 

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Se convirtió entonces en un derecho adquirido, además en el contexto de un tratado internacional de libre comercio con Canadá vigente desde el 2008. Pero en los años venideros hubo un despertar ambiental. 

En 2014 el Ministerio de Ambiente delimitó por primera vez cerca de 100.000 hectáreas como zona de páramo en Santurbán. Dejó fuera unas 30.000 hectáreas, y en 2016, la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo del plan de desarrollo 2014-2018 y prohibió definitivamente la explotación de minerales en cualquier páramo del país. 

También obligó al Ministerio a realizar una redelimitación. Como consecuencia, la Agencia Nacional de Minería tuvo que revocar la licencia a Eco Oro Minerals el 2 de agosto de ese año. Y entonces vino la demanda ante una agencia del Banco Mundial.

La pugna la va a dirimir el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión. Y estos son algunos de los argumentos de la demanda: 

 “En el 2007 el Instituto Von Humboldt publicó un mapa más detallado de los ecosistemas de páramo, conocido como el Atlas de los páramos. Aunque fue más preciso que el de 1998, su falta de precisión fue tan grande que un solo pixel representaba un área de 6.25 kilómetros, o el equivalente a 1.500 campos de futbol. El Atlas de los páramos mostró que un ecosistema de páramo coincidía con algunas áreas de la concesión 3452. Aunque, debido a su falta de precisión y su gran escala, el área del páramo era incierta. Ese documento fue hecho con fines académicos y de información. No tenía ningún efecto legal”, señala el extenso archivo.

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Luego la demanda hace referencia a la ley 1450 que solicitó la inmediata delimitación de los páramos con base en criterios sociales, ambientales y económicos. Y argumenta que esos cambios no debieron haber afectado la concesión 3452- la que tenía la empresa para el Proyecto Angostura- porque ya se había establecido las condiciones y preceptos para la compañía a través de código de minería en 2007.

La empresa asegura que la Agencia Nacional de Minería consideró el Proyecto Angostura como de importancia nacional y años después en el 2014, aunque el Ministerio de Ambiente finalizó la delimitación inicial, el proyecto todavía tenía vida por lo que la empresa continuó invirtiendo recursos. 

Pero en el 2016, tras la decisión de la Corte, no hubo otro camino que anular esa licencia llevando a la agencia canadiense a perder una suma sustancial tras años de estructuración, exploración y coordinación del proyecto. 

Blu Radio consultó con el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Luis Guillermo Vélez, quien afirmó que en octubre Colombia presentará la primera etapa de su defensa. 

“Ya está conformado el panel arbitral. Colombia va a presentar su contestación a la demanda. Se tiene un grupo de abogados de primerísimo nivel para este litigio. Estos litigios son injustificados, prematuros y algunos de ellos frívolos. Colombia ha preparado una defensa muy seria y estamos seguros de que al final del día tendremos buenos resultados”, dijo el funcionario. 

En noviembre se cumple el año que le dio la Corte al Ministerio de Ambiente para lograr una delimitación completa con la comunidad. Con ella se sabrá si Minesa, la otra empresa de Abu Dabi, que también solicitó una licencia para extraer al año 450.000 onzas del mineral, podrá o no acceder a la explotación. 

Según fuentes de alto nivel consultadas por Blu Radio, es probable que Colombia pierda la demanda por tratarse de una multinacional que accedió a un derecho adquirido. En ese escenario, podría venir una ola de demandas contra el Estado de todas las empresas a las que les fue anulado su título minero luego del 2016.