Dieciséis familias caleñas, a punto de quedar sin casa por extinción de dominio

La historia de los habitantes de este edificio ubicado en el barrio Colseguros de Cali inició hace 12 años, cuando el bien fue vinculado a una investigación adelantada por la Fiscalía porque, al parecer, quienes vivían allí habrían adquirido como testaferros apartamentos con dineros ilícitos.

En el 2015, en una primera instancia, y después de apelar la extinción de dominio, se emitió un fallo en el que se determinó que 12 de los 45 dueños de los apartamentos fueron declarados como propietarios de buena fe, después de que se comprobara que los bienes se compraron con dineros producto de su trabajo. 

Solo faltaba que se legalizara la propiedad de los inmuebles, sin embargo, el pasado 13 de junio, en una nueva comunicación de la Fiscalía, sorpresivamente se determinó volver a aplicar la extinción de dominio, ya no a 12 sino a 16 propietarios que supuestamente estaban libres de culpa.

Uno de los afectados, quien prefirió omitir su nombre, dijo a Blu Radio que funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales ya comenzaron a realizar los desalojos en el edificio.

“Todos los que estábamos como compradores de buena más cuatro vecinos que ya habían salido hace cinco años de ese proceso volvieron a ser incluidos en el. Hace 10 días a un vecino lo sacaron, vinieron con camión, el señor estaba como comprador de buena fe en primera instancia y ahora está esperando y durmiendo en un apartamento prestado, hasta que un juez revoque la medida, le entreguen las llaves y pueda ingresar de nuevo a su vivienda, el resto de todos nosotros estamos en angustia”, indicó la persona afectada.

Se trata de un edificio de estrato 4, cuyos dueños, hace trece años, pagaron $60 millones por cada apartamento.

Denuncia el propietario que ya recibieron dos cartas en las que se les puso ultimátum para abandonar sus casas y que, incluso, para quedarse les ofrecieron pagar arriendo de su propio apartamento a través de un tercero.

Los propietarios solicitaron intervención de las autoridades para revisar la polémica decisión y no descartan realizar protestas para pedir a la Fiscalía y a la SAE que no les quiten sus viviendas.

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