La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, identificó un patrimonio ilícito ubicado en Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño, presuntamente destinado a financiar y sostener las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño, pertenecientes a las disidencias de las FARC.Según la investigación, se trata de 13 bienes que no solo facilitaban el actuar criminal de estas organizaciones, sino que también eran utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos derivados del narcotráfico en el suroccidente del país.Entre las propiedades intervenidas se encuentran seis inmuebles rurales, dos de ellos utilizados para reuniones en las que se planificaban acciones delictivas, además del procesamiento de estupefacientes y almacenamiento de armas. También fueron afectados dos establecimientos comerciales y cinco vehículos.Las pesquisas establecieron que estos bienes habían sido registrados a nombre de parejas sentimentales y personas cercanas a los cabecillas, con el fin de ocultar su origen ilícito y su verdadero propósito.Como resultado, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre los activos, cuyo valor supera los 11.500 millones de pesos.
Recientemente. la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Antioquia logró golpear las finanzas del grupo delincuencial El Mesa con la ocupación de cinco inmuebles ubicados en El Carmen de Viboral, Rionegro y La Unión, y que eran usados por los delincuentes para cometer diferentes acciones delictivas en el Oriente antioqueño.Las autoridades departamentales destacaron que los bienes estaban avaluados en 3.500 millones de pesos y desde allí operaban alias 'Mateo', jefe de sicarios de El Mesa, y que en estos lugares se habrían planificado homicidios selectivos en municipios como Rionegro, La Unión o Marinilla.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que ojalá la SAE pudiera darle permiso a la Gobernación para derribar las estructuras que servían como acopio para el tráfico de estupefacientes en el Oriente antioqueño."Nos gustará mucho que la SAE le permita a la gobernación de Antioquia derribar esos bienes inmuebles, como en el pasado lo hicimos en Vionegro. Esa medida administrativa suele ser muy disuasiva a la hora de combatir el crimen, el delito", aseguró.A la espera de una respuesta oficial por parte de la Sociedad de Activos Especiales, hay que recordar que desde la Gobernación de Antioquia se ha realizado una estrategia en la que ha derribado más de 30 inmuebles durante el 2025, lugares que eran usados para diferentes acciones delictivas como la venta de estupefacientes.Los 33 focos de inseguridad, como los han llamado las autoridades, han sido demolidos en municipios como Amagá, Sonsón, Copacabana, Yarumal, Amalfi y Cocorná, y se espera que los operativos continúen con los cinco inmuebles ubicados en el Oriente antioqueño.
La Fiscalía General de la Nación informó que luego de realizar labores investigativas logró identificar varias empresas exportadoras de aguacate que eran usadas en Antioquia como fachada de una red criminal que tenía como trasfondo el tráfico de varias toneladas de clorhidrato de cocaína a Europa.Luego de comprobar la actividad ilícita se tomaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión de 46 inmuebles rurales y urbanos ubicados en los municipios de Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó. Además, se afectaron 18 vehículos de alta gama y 3 sociedades comerciales.El director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, José Caro, destacó que los bienes de esta red criminal están avaluada preliminarmente en más de 140.000 millones de pesos."Con esta fachada habrían consolidado un millonario patrimonio que intentaron camuflar con distintas maniobras. Con esta acción se golpea el músculo financiero de una red que pretendía encubrir los bienes obtenidos ilegalmente, producto del narcotráfico", mencionó Caro.Según destacó la Fiscalía General de la Nación los bienes muebles e inmuebles fueron adquiridos y puesto a nombre de personas cercanas o familiares de los involucrados en la actuación criminal para evitar que las autoridades se dieran cuenta del tráfico de estupefacientes.La investigación arrojó que entre los dueños reales de los activos están integrantes de una misma familia, algunos de ellos en extradición en Estados Unidos por cargos relacionados al tráfico transnacional de estupefacientes.
En un rastreo financiero, económico y patrimonial, la Fiscalía General de la Nación detectó bienes rurales y urbanos que habrían sido adquiridos con recursos producto del envío de cocaína a destinos internacionales, propiedades que figuraban a nombre de personas distintas a los verdaderos dueños para intentar ocultar su relación con el narcotráfico.La Fiscalía detalló que entre los bienes figuran “28 inmuebles y una sociedad comercial que superan en valor los 19.500 millones de pesos” y cuyo “dueño real sería Francisco Javier Piedrahita Sánchez, señalado colaborador del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias 'El Mexicano', a finales de los años ochenta, y presunto financiador de grupos paramilitares en la década de los noventa”.Fue así como, mientras avanza el proceso y con el fin de protegerlas y evitar su circulación en el mercado, el ente acusador impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre estas propiedades, ubicadas en San Onofre, Tolú y Sincelejo (Sucre), y en Montería (Córdoba).“En las verificaciones se conoció que, en 1991, Piedrahita Sánchez constituyó una sociedad para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos y a algunos de los bienes obtenidos con estos recursos, otros fueron puestos a nombre de familiares y personas cercanas que no acreditaban la capacidad económica para adquirirlos y tenerlos”, detalló la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre 21 bienes presuntamente vinculados con la red delincuencial denominada ‘Space II’. Esta organización criminal es señalada de desviar ketamina, un medicamento de uso veterinario, para la elaboración de drogas sintéticas como tusibí y éxtasis, que eran distribuidas en Bogotá y Medellín.Las investigaciones permitieron establecer que esta estructura delictiva constituyó una empresa en el municipio de Cota (Cundinamarca) con el propósito de importar, distribuir y comercializar ketamina bajo fachada legal. Una vez nacionalizado el producto, se detectaron diversas maniobras fraudulentas que permitían redirigir el químico a laboratorios clandestinos donde era transformado en sustancias psicoactivas.Entre los bienes afectados con fines de extinción de dominio se encuentran siete inmuebles, doce vehículos, una sociedad y un establecimiento de comercio, todos ellos avaluados en más de 2.490 millones de pesos. Según los elementos de prueba, estas propiedades habrían sido utilizadas para facilitar las operaciones ilegales o fueron adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico.Las diligencias de ocupación fueron realizadas por unidades de la Policía Nacional en Bogotá, Medellín y Santa Fe de Antioquia, como parte del compromiso institucional para atacar las finanzas de las organizaciones criminales y desarticular sus estructuras logísticas y económicas.
Análisis financieros y verificaciones realizadas por la Fiscalía General permitieron a las autoridades aplicar la extinción de dominio a una importante propiedad en el municipio de Bello que tendría relación con la guerrilla del ELN.Se trata de un edificio ubicado en el sector de Niquía que haría parte del patrimonio oculto de Fabio Nel López Patiño, alias ‘Juguero’, cabecilla de una de las estructuras de este grupo armados ilegal y que había sido capturado por el Ejército en 2021, mientras transportaba 400 kilos de cocaína.Según José Iván Caro Gómez, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio, el proceso investigativo dio cuenta que los dineros que permitieron la adquisición de esta propiedad estaban relacionados con actividades como el narcotráfico, pero con el fin de evadir el seguimiento de las autoridades fue puesto a nombre una mujer sin información financiera, crediticia o comercial ni con ingresos económicos estables."El bien fue avaluado en más de 4.000 millones de pesos, cuenta con 14 apartamentos, ocho parqueaderos y un local comercial", afirmó Caro.El ente acusador indicó que las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre el edificio se llevaron a cabo en conjunto con la Policía Nacional y el bien quedó a su disposición para ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales.
A Álex Saab la Sociedad de Activos Especiales tendrá que devolverle siete bienes a los que en 2020 la Fiscalía les había aplicado extinción de dominio, luego de que precluyera el proceso mediante el cual la justicia colombiana buscaba demostrar que la compra de dichos inmuebles había sido con recursos obtenidos por ser supuesto testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.Los bienes, que se encontraban a nombre de la empresa promotora Duverera, de la que es accionista Alex Saab, deberán ser desembargados ante la oficina de Instrumentos Públicos de la capital del Atlántico, tras la orden entregada por el Jugado penal del circuito especializado de extinción de dominio de Barranquilla, ante el cual fue demostrado que nunca hubo un incremento patrimonial injustificado, sino que en 2016 y 2017, la mencionada compañía recibió la inversión de dos empresas panameñas, que sumaron 35 mil millones al patrimonio, lo que permitió la adquisición incluso de una mansión de $26 mil millones.Ahora bien, aunque no se menciona a Nicolás Maduro como responsable en estas transacciones, sí se afirma que estos recursos invertidos fueron productos de la ganancia de que dejaron dos contratos celebrados con entidades del gobierno venezolano.De igual manera, el abogado de la defensa, Camilo Bocanegra Bernal, presentó pruebas que ratificaron que dicha promotora contaba con la liquidez suficiente para adquirir los inmuebles sin necesidad de acudir a apalancamiento financiero.Entre estos siete bienes, hay una casa avaluada en $2.300 millones, un lote tasado en $1.779 millones, una casa por $950 millones, un apartamento de $2.000 millones, la mansión de $26.000 millones y tres garajes que fueron ocupados por la Fiscalía hace un par de años. Incluso, la mansión estuvo en venta por $13.000 millones a través de su página, sin embargo, se desconoce si esta logró ser entregada a un tercero o si dicho proceso había sido suspendido ante las reclamaciones de sus anteriores dueños.
Alrededor de 101 bienes ubicados en el Urabá antioqueño, exactamente en los municipios de Apartadó y Turbo, fueron ocupados por las autoridades con fines de extinción de dominio, estos inmuebles pertenecían a Pedro Pablo Guzmán, más conocido como alias ‘Pelomono’, un señalado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ y cuñado de 'Chiquito Malo'.Este sería el encargado de cobrar a otras estructuras ilegales para permitirles sacar toneladas de cocaína por el Golfo de Urabá. Las investigaciones realizadas por fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo de la Policía Nacional revelaron que las propiedades fueron puestas a nombre de familiares y amigos de alias ‘Pelomono’ para ocultar su origen ilegal e intentar evadir el control de las autoridades.Los predios, avaluados en 2.300 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, las cuales fueron materializadas en diligencias llevadas a cabo en Apartadó y Turbo.Es importante mencionar que los bienes incautados están segmentados como 7 inmuebles urbanos, 27 vehículos, 66 ejemplares de ganado y un establecimiento de comercio. Recordemos que alias ‘Pelomono’ fue capturado en enero de este año, debido a una solicitud de extradición elevada por la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, pues este estaría involucrado en el envío de clorhidrato de cocaína por el Caribe colombiano con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos.
Un duro golpe a las finanzas del grupo delincuencial denominado ‘Los Pachelly’ propinaron las autoridades con la incautación de varios de sus bienes que habrían conseguido a partir de actividades ilícitas desde el año 2017.Se trata de un total de 13 vehículos entre los que hay una volqueta, una camioneta, autos y motos que estarían a nombre de integrantes de esa estructura que delinque en el municipio de Bello y otras localidades del Norte de Antioquia, principalmente dedicada al cobro de rentas extorsivas.Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los bienes, avaluados en cerca de 500 millones de pesos, medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.Los vehículos incautados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración.Este suceso se da tan solo cuatro días después de la captura de alias 'Albert', cabeccilla de la banda criminal, quien es hermano de uno de los líderes de la mesa de paz de Itagüí que se encuentran en el proceso de paz urbana con el Gobierno nacional.La orden de captura fue expedida por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidios, tráfico de sustancias estupefacientes, tráfico de armas de fuego, extorsiones y hurtos, entre otros, al ser un presunto cabecilla del grupo de delincuencia organizado Pachelly, que tiene injerencia en al menos siete barrios del municipio de Bello y al menos cuatro localidades vecinas, además del corregimiento de San Félix.El accionar de esta banda criminal es en los barrios Pachelly, San Martín, El Ducado, Villa Linda, Villas del Sol, Playa Rica, Los Alpes Tierradentro y los municipios de Copacabana, Girardota, Barbosa y San Pedro de los Milagros.
Todos los bienes, 136 en total, cuyo calor asciende a los $109.000 millones, las tenían a su nombre personas de su núcleo familiar y varios de sus testaferros.La Dijín de la Policía identificó un incremento injustificado del patrimonio de ‘El Socio’ y sus familiares desde el año 2010 hasta el año 2023. Uno de ellos, de los testaferros, incluso era conocido como el zar de la mercancía china, que capturaron en 2019, y que trabajaba en Bogotá, en el sector de San Andresito.Una vez ubicados los bienes, le hicieron extinción de dominio a los inmuebles dentro de los que se encuentran 5 apartamentos, 2 casas, 4 edificios, 2 fincas, 8 lotes, 5 locales, 45 oficinas, 18 garajes, 1 depósito y dos parqueaderos; además a 9 vehículos, 1 establecimiento de comercio, 2 Sociedades comerciales y 32 títulos valores.Todos estos bienes, que ya están a disposición de la SAE, están ubicados en Bogotá, Barranquilla e Ipiales, en Nariño, y en los municipios de Cajicá- Cundinamarca, Melgar-Tolima, Palestina-Caldas y Barbosa-Santander.Los bienes afectados fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
