La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, identificó un patrimonio ilícito ubicado en Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño, presuntamente destinado a financiar y sostener las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño, pertenecientes a las disidencias de las FARC.Según la investigación, se trata de 13 bienes que no solo facilitaban el actuar criminal de estas organizaciones, sino que también eran utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos derivados del narcotráfico en el suroccidente del país.Entre las propiedades intervenidas se encuentran seis inmuebles rurales, dos de ellos utilizados para reuniones en las que se planificaban acciones delictivas, además del procesamiento de estupefacientes y almacenamiento de armas. También fueron afectados dos establecimientos comerciales y cinco vehículos.Las pesquisas establecieron que estos bienes habían sido registrados a nombre de parejas sentimentales y personas cercanas a los cabecillas, con el fin de ocultar su origen ilícito y su verdadero propósito.Como resultado, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre los activos, cuyo valor supera los 11.500 millones de pesos.
Recientemente. la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Antioquia logró golpear las finanzas del grupo delincuencial El Mesa con la ocupación de cinco inmuebles ubicados en El Carmen de Viboral, Rionegro y La Unión, y que eran usados por los delincuentes para cometer diferentes acciones delictivas en el Oriente antioqueño.Las autoridades departamentales destacaron que los bienes estaban avaluados en 3.500 millones de pesos y desde allí operaban alias 'Mateo', jefe de sicarios de El Mesa, y que en estos lugares se habrían planificado homicidios selectivos en municipios como Rionegro, La Unión o Marinilla.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que ojalá la SAE pudiera darle permiso a la Gobernación para derribar las estructuras que servían como acopio para el tráfico de estupefacientes en el Oriente antioqueño."Nos gustará mucho que la SAE le permita a la gobernación de Antioquia derribar esos bienes inmuebles, como en el pasado lo hicimos en Vionegro. Esa medida administrativa suele ser muy disuasiva a la hora de combatir el crimen, el delito", aseguró.A la espera de una respuesta oficial por parte de la Sociedad de Activos Especiales, hay que recordar que desde la Gobernación de Antioquia se ha realizado una estrategia en la que ha derribado más de 30 inmuebles durante el 2025, lugares que eran usados para diferentes acciones delictivas como la venta de estupefacientes.Los 33 focos de inseguridad, como los han llamado las autoridades, han sido demolidos en municipios como Amagá, Sonsón, Copacabana, Yarumal, Amalfi y Cocorná, y se espera que los operativos continúen con los cinco inmuebles ubicados en el Oriente antioqueño.
La Fiscalía General de la Nación informó que luego de realizar labores investigativas logró identificar varias empresas exportadoras de aguacate que eran usadas en Antioquia como fachada de una red criminal que tenía como trasfondo el tráfico de varias toneladas de clorhidrato de cocaína a Europa.Luego de comprobar la actividad ilícita se tomaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión de 46 inmuebles rurales y urbanos ubicados en los municipios de Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó. Además, se afectaron 18 vehículos de alta gama y 3 sociedades comerciales.El director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, José Caro, destacó que los bienes de esta red criminal están avaluada preliminarmente en más de 140.000 millones de pesos."Con esta fachada habrían consolidado un millonario patrimonio que intentaron camuflar con distintas maniobras. Con esta acción se golpea el músculo financiero de una red que pretendía encubrir los bienes obtenidos ilegalmente, producto del narcotráfico", mencionó Caro.Según destacó la Fiscalía General de la Nación los bienes muebles e inmuebles fueron adquiridos y puesto a nombre de personas cercanas o familiares de los involucrados en la actuación criminal para evitar que las autoridades se dieran cuenta del tráfico de estupefacientes.La investigación arrojó que entre los dueños reales de los activos están integrantes de una misma familia, algunos de ellos en extradición en Estados Unidos por cargos relacionados al tráfico transnacional de estupefacientes.
En un rastreo financiero, económico y patrimonial, la Fiscalía General de la Nación detectó bienes rurales y urbanos que habrían sido adquiridos con recursos producto del envío de cocaína a destinos internacionales, propiedades que figuraban a nombre de personas distintas a los verdaderos dueños para intentar ocultar su relación con el narcotráfico.La Fiscalía detalló que entre los bienes figuran “28 inmuebles y una sociedad comercial que superan en valor los 19.500 millones de pesos” y cuyo “dueño real sería Francisco Javier Piedrahita Sánchez, señalado colaborador del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias 'El Mexicano', a finales de los años ochenta, y presunto financiador de grupos paramilitares en la década de los noventa”.Fue así como, mientras avanza el proceso y con el fin de protegerlas y evitar su circulación en el mercado, el ente acusador impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre estas propiedades, ubicadas en San Onofre, Tolú y Sincelejo (Sucre), y en Montería (Córdoba).“En las verificaciones se conoció que, en 1991, Piedrahita Sánchez constituyó una sociedad para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos y a algunos de los bienes obtenidos con estos recursos, otros fueron puestos a nombre de familiares y personas cercanas que no acreditaban la capacidad económica para adquirirlos y tenerlos”, detalló la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre 21 bienes presuntamente vinculados con la red delincuencial denominada ‘Space II’. Esta organización criminal es señalada de desviar ketamina, un medicamento de uso veterinario, para la elaboración de drogas sintéticas como tusibí y éxtasis, que eran distribuidas en Bogotá y Medellín.Las investigaciones permitieron establecer que esta estructura delictiva constituyó una empresa en el municipio de Cota (Cundinamarca) con el propósito de importar, distribuir y comercializar ketamina bajo fachada legal. Una vez nacionalizado el producto, se detectaron diversas maniobras fraudulentas que permitían redirigir el químico a laboratorios clandestinos donde era transformado en sustancias psicoactivas.Entre los bienes afectados con fines de extinción de dominio se encuentran siete inmuebles, doce vehículos, una sociedad y un establecimiento de comercio, todos ellos avaluados en más de 2.490 millones de pesos. Según los elementos de prueba, estas propiedades habrían sido utilizadas para facilitar las operaciones ilegales o fueron adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico.Las diligencias de ocupación fueron realizadas por unidades de la Policía Nacional en Bogotá, Medellín y Santa Fe de Antioquia, como parte del compromiso institucional para atacar las finanzas de las organizaciones criminales y desarticular sus estructuras logísticas y económicas.
Análisis financieros y verificaciones realizadas por la Fiscalía General permitieron a las autoridades aplicar la extinción de dominio a una importante propiedad en el municipio de Bello que tendría relación con la guerrilla del ELN.Se trata de un edificio ubicado en el sector de Niquía que haría parte del patrimonio oculto de Fabio Nel López Patiño, alias ‘Juguero’, cabecilla de una de las estructuras de este grupo armados ilegal y que había sido capturado por el Ejército en 2021, mientras transportaba 400 kilos de cocaína.Según José Iván Caro Gómez, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio, el proceso investigativo dio cuenta que los dineros que permitieron la adquisición de esta propiedad estaban relacionados con actividades como el narcotráfico, pero con el fin de evadir el seguimiento de las autoridades fue puesto a nombre una mujer sin información financiera, crediticia o comercial ni con ingresos económicos estables."El bien fue avaluado en más de 4.000 millones de pesos, cuenta con 14 apartamentos, ocho parqueaderos y un local comercial", afirmó Caro.El ente acusador indicó que las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre el edificio se llevaron a cabo en conjunto con la Policía Nacional y el bien quedó a su disposición para ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales.
A Álex Saab la Sociedad de Activos Especiales tendrá que devolverle siete bienes a los que en 2020 la Fiscalía les había aplicado extinción de dominio, luego de que precluyera el proceso mediante el cual la justicia colombiana buscaba demostrar que la compra de dichos inmuebles había sido con recursos obtenidos por ser supuesto testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.Los bienes, que se encontraban a nombre de la empresa promotora Duverera, de la que es accionista Alex Saab, deberán ser desembargados ante la oficina de Instrumentos Públicos de la capital del Atlántico, tras la orden entregada por el Jugado penal del circuito especializado de extinción de dominio de Barranquilla, ante el cual fue demostrado que nunca hubo un incremento patrimonial injustificado, sino que en 2016 y 2017, la mencionada compañía recibió la inversión de dos empresas panameñas, que sumaron 35 mil millones al patrimonio, lo que permitió la adquisición incluso de una mansión de $26 mil millones.Ahora bien, aunque no se menciona a Nicolás Maduro como responsable en estas transacciones, sí se afirma que estos recursos invertidos fueron productos de la ganancia de que dejaron dos contratos celebrados con entidades del gobierno venezolano.De igual manera, el abogado de la defensa, Camilo Bocanegra Bernal, presentó pruebas que ratificaron que dicha promotora contaba con la liquidez suficiente para adquirir los inmuebles sin necesidad de acudir a apalancamiento financiero.Entre estos siete bienes, hay una casa avaluada en $2.300 millones, un lote tasado en $1.779 millones, una casa por $950 millones, un apartamento de $2.000 millones, la mansión de $26.000 millones y tres garajes que fueron ocupados por la Fiscalía hace un par de años. Incluso, la mansión estuvo en venta por $13.000 millones a través de su página, sin embargo, se desconoce si esta logró ser entregada a un tercero o si dicho proceso había sido suspendido ante las reclamaciones de sus anteriores dueños.
Alrededor de 101 bienes ubicados en el Urabá antioqueño, exactamente en los municipios de Apartadó y Turbo, fueron ocupados por las autoridades con fines de extinción de dominio, estos inmuebles pertenecían a Pedro Pablo Guzmán, más conocido como alias ‘Pelomono’, un señalado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ y cuñado de 'Chiquito Malo'.Este sería el encargado de cobrar a otras estructuras ilegales para permitirles sacar toneladas de cocaína por el Golfo de Urabá. Las investigaciones realizadas por fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo de la Policía Nacional revelaron que las propiedades fueron puestas a nombre de familiares y amigos de alias ‘Pelomono’ para ocultar su origen ilegal e intentar evadir el control de las autoridades.Los predios, avaluados en 2.300 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, las cuales fueron materializadas en diligencias llevadas a cabo en Apartadó y Turbo.Es importante mencionar que los bienes incautados están segmentados como 7 inmuebles urbanos, 27 vehículos, 66 ejemplares de ganado y un establecimiento de comercio. Recordemos que alias ‘Pelomono’ fue capturado en enero de este año, debido a una solicitud de extradición elevada por la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, pues este estaría involucrado en el envío de clorhidrato de cocaína por el Caribe colombiano con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos.
Un duro golpe a las finanzas del grupo delincuencial denominado ‘Los Pachelly’ propinaron las autoridades con la incautación de varios de sus bienes que habrían conseguido a partir de actividades ilícitas desde el año 2017.Se trata de un total de 13 vehículos entre los que hay una volqueta, una camioneta, autos y motos que estarían a nombre de integrantes de esa estructura que delinque en el municipio de Bello y otras localidades del Norte de Antioquia, principalmente dedicada al cobro de rentas extorsivas.Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los bienes, avaluados en cerca de 500 millones de pesos, medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.Los vehículos incautados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración.Este suceso se da tan solo cuatro días después de la captura de alias 'Albert', cabeccilla de la banda criminal, quien es hermano de uno de los líderes de la mesa de paz de Itagüí que se encuentran en el proceso de paz urbana con el Gobierno nacional.La orden de captura fue expedida por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidios, tráfico de sustancias estupefacientes, tráfico de armas de fuego, extorsiones y hurtos, entre otros, al ser un presunto cabecilla del grupo de delincuencia organizado Pachelly, que tiene injerencia en al menos siete barrios del municipio de Bello y al menos cuatro localidades vecinas, además del corregimiento de San Félix.El accionar de esta banda criminal es en los barrios Pachelly, San Martín, El Ducado, Villa Linda, Villas del Sol, Playa Rica, Los Alpes Tierradentro y los municipios de Copacabana, Girardota, Barbosa y San Pedro de los Milagros.
Todos los bienes, 136 en total, cuyo calor asciende a los $109.000 millones, las tenían a su nombre personas de su núcleo familiar y varios de sus testaferros.La Dijín de la Policía identificó un incremento injustificado del patrimonio de ‘El Socio’ y sus familiares desde el año 2010 hasta el año 2023. Uno de ellos, de los testaferros, incluso era conocido como el zar de la mercancía china, que capturaron en 2019, y que trabajaba en Bogotá, en el sector de San Andresito.Una vez ubicados los bienes, le hicieron extinción de dominio a los inmuebles dentro de los que se encuentran 5 apartamentos, 2 casas, 4 edificios, 2 fincas, 8 lotes, 5 locales, 45 oficinas, 18 garajes, 1 depósito y dos parqueaderos; además a 9 vehículos, 1 establecimiento de comercio, 2 Sociedades comerciales y 32 títulos valores.Todos estos bienes, que ya están a disposición de la SAE, están ubicados en Bogotá, Barranquilla e Ipiales, en Nariño, y en los municipios de Cajicá- Cundinamarca, Melgar-Tolima, Palestina-Caldas y Barbosa-Santander.Los bienes afectados fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.
