La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (CONFEVIP) emitió un pronunciamiento formal para exigir a los clubes del fútbol profesional colombiano, a la Dimayor y a las autoridades administradoras de los escenarios deportivos una revisión integral de los esquemas de prevención y control de acceso a los estadios.
Esta solicitud surge tras los recurrentes episodios de violencia reportados en los recintos deportivos del país, los cuales incluyen invasiones del terreno de juego e ingreso no autorizado de elementos cortopunzantes y armas blancas.
El presidente de la organización gremial, Miguel Ángel Díaz, enfatizó que la responsabilidad en la contención de los actos violentos dentro de los espectáculos públicos no recae únicamente en la Policía Nacional, sino en el análisis riguroso de la cadena de prevención operacional establecida por los organizadores privados y los administradores de la infraestructura pública.
La distinción operativa entre la logística y la vigilancia privada
Uno de los ejes centrales de la advertencia realizada por el gremio radica en la delimitación técnica del personal a cargo de los filtros de ingreso. Según la postura institucional de CONFEVIP, se ha evidenciado un uso inadecuado de las empresas de logística privada para ejecutar tareas técnicas inherentes a la seguridad física y a la requisa de los asistentes.
El gremio precisa que la orientación del público, la organización de filas de espera y la verificación de ubicaciones de boletería constituyen labores directas de logística. Por el contrario, la inspección corporal, el control de sustancias prohibidas y la detección de objetos peligrosos demandan un perfil técnico calificado y herramientas operativas acordes al riesgo.
“Cuando ocurre un hecho de violencia inmediatamente se pregunta qué hizo la Policía, pero también debemos preguntarnos quién realizó los controles de ingreso, qué capacitación tenía ese personal, con qué tecnología se hicieron las verificaciones y cómo lograron ingresar elementos cortopunzantes”, afirmó Miguel Ángel Díaz.
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“Si queremos evitar que ingresen armas u otros elementos prohibidos necesitamos personal idóneo, protocolos claros y las herramientas necesarias. No podemos confundir logística con seguridad”, puntualizó el directivo.
Marco normativo y la cadena de responsabilidad institucional
La legislación vigente en Colombia asigna deberes específicos a cada uno de los entes involucrados en la logística y el orden público de los eventos masivos. La revisión exigida por el sector privado se fundamenta en cinco instrumentos legales vigentes:
- Ley 1270 de 2009: Creación de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, ente articulador entre ministerios, la Policía Nacional y las alcaldías locales.
- Ley 1356 de 2009: Marco legal de la Ley de Seguridad en Eventos Deportivos, estructuradora de los planes de contingencia, educación ciudadana y prevención de violencia.
- Ley 1445 de 2011: Transformación de los clubes deportivos a sociedades anónimas e instauración de funciones de investigación y control para las Comisiones Locales de Seguridad.
- Ley 1453 de 2011: Régimen punitivo que establece sanciones penales y administrativas, además de prohibiciones de ingreso a los estadios hasta por tres años a personas que porten armas o ejecuten agresiones.
- Ley 1801 de 2016: Código Nacional de Policía y Convivencia, ordenamiento que regula los límites operacionales de la logística privada y el comportamiento ciudadano en eventos deportivos.
La aplicación de este marco legal implica evaluar la efectividad de las inspecciones iniciales. Cuando un arma o elemento punzocortante vulnera el cerco de entrada, la falla técnica se ubica en los filtros previos a la intervención tardía de las fuerzas de seguridad pública.
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“Hay que mirar toda la cadena: quién organiza el partido, quién administra el estadio, quién controla las entradas y quién verifica que una persona no ingrese objetos peligrosos”, explicó el vocero gremial.
El papel de la tecnología y el impacto en la asistencia de usuarios
Adicionalmente, el pronunciamiento de CONFEVIP señala deficiencias en el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica disponible en los estadios. La entidad sostiene que los equipos de videovigilancia, el biométrico y las herramientas de validación de entradas deben actuar como mecanismos activos de prevención de delitos y no únicamente como material probatorio tras la ejecución de las infracciones.
“Hoy existe tecnología para identificar personas y fortalecer los controles. Si ocurren estos hechos tenemos que preguntarnos qué está fallando. La tecnología tiene que servir para prevenir, no solamente para revisar imágenes después de que ocurre una tragedia”, aseveró Díaz.
Finalmente, el gremio indicó que los fallos constantes en los esquemas de protección afectan el flujo continuo de familias, niños y nuevos espectadores hacia los escenarios deportivos del país, mermando el valor comercial y social del espectáculo deportivo.
“Tenemos que recuperar los estadios para las familias. La seguridad no puede verse como un gasto; es una inversión para proteger a las personas y garantizar el futuro del espectáculo. No podemos esperar al próximo enfrentamiento para volver a discutir lo mismo. Hay que prevenir y garantizar que los controles sean realizados por personal idóneo, con protocolos y tecnología adecuados”, concluyó el presidente de CONFEVIP.