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La fundación neerlandesa Justicia para los Jugadores anunció este lunes que presentará una demanda colectiva contra la FIFA y varias federaciones de fútbol europeas en busca de compensaciones para los futbolistas afectados por las normas sobre transferencia de jugadores que la justicia comunitaria ya consideró ilegales en octubre de 2024.
En un comunicado, la JfP (Justice for Players) dijo que demandará a la FIFA y a las federaciones de fútbol de Países Bajos, Francia, Alemania, Bélgica y Dinamarca ante el tribunal de distrito de Midden-Nederland (Países Bajos) y pretenden representar a todos los futbolistas profesionales en la UE y el Reino Unido que se hayan visto afectados negativamente por las normas sobre transferencias de la FIFA desde 2002 a la actualidad. El número, estiman, podría llegar a los 100.000 futbolistas.
La demanda colectiva llega meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dijera, en octubre de 2024, que algunas normas de la FIFA en materia de transferencia de futbolistas son contrarias al derecho europeo, ya que obstaculizan la libre circulación y restringen la competencia entre los clubes sin parecer indispensables o necesarias.
La sentencia del conocido como caso Lassana Diarra -por el exfutbolista del Real Madrid, Chelsea, Arsenal o PSG que impugnó esta norma- se refería en concreto a las indemnizaciones que el nuevo club de un futbolista debía abonar al equipo anterior cuando se haya rescindido unilateralmente el contrato previo, a la imposición de sanciones y a la posibilidad de que las federaciones denegaran el certificado de transferencia mientras dure el pleito.
Según entienden en la fundación, la "inequívoca" sentencia comunitaria abre la puerta a una demanda colectiva a nivel europeo para "asegurar que se respeta el Estado de derecho, que FIFA rinde cuentas y que todos los jugadores reciben la compensación que se les debe".
"Las regulaciones ilegales de la FIFA les otorgaron control completo sobre cómo y cuándo los jugadores pueden irse de sus clubes y en qué condiciones, que en la práctica suponía un acuerdo de no contratación extremadamente restrictivo", explicó la JfP.
Una estimación compartida por esta fundación señala que los futbolistas afectados han ganado un 8 % menos a lo largo de su carrera frente a una situación en la que estas normas de la FIFA no hubiesen sido ilegítimamente restrictivas.
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