Julián Marulanda Calero, procesado por corrupción en la UNP, seguirá en libertad

La Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir y se encuentra prófugo de la justicia desde agosto del año pasado, pero por falta de pruebas un juez de garantías de Bogotá no dictó medida de aseguramiento en su contra. En su momento, el director de la Unidad nacional de Protección, Andrés Villamizar, dijo en en BLU Radio que la red de corrupción que operaba al interior de la entidad cobraba hasta 10 millones de pesos por cada factura pagada y explicó detalladamente cómo funcionaban los cobros. “Una cosa es la plata que la entidad pierde por sobre costos y otra es la que los corruptos se embolsillan. Presuntamente cobraban el cinco por ciento de la facturación y adicionalmente presuntamente estaban cobrando hasta 10 millones de pesos por cada factura pagada”, dijo el funcionario (Escuche también: Así funcionaba red de corrupción en la Unidad Nacional de Protección). Explicó que se trata de contratos cuantiosos que “sumados sobrepasan los 250 mil millones al año”. “Hemos detectado por lo menos dos o tres modalidades de corrupción: una que el señor Marulanda, junto con el señor Molino exigían pago de un soborno para pagar las facturas. Como las facturación mensual es tan alta, retener facturas y no pagarlas genera un detrimento grande para las empresas y le exigían a las compañías una plata para pagarlas”, dijo al aclarar que son facturas de los servicios de protección. Agregó que los involucrados en la red sabían que si la Unidad de Protección no pagaba oportunamente a las empresas, estas tenían que tomar un préstamo bancario para cubrir la nómina y pagar los intereses. Escuche en este audio más información sobre: -Colombia busca mejorar el proceso de diagnóstico del virus del Zika con la presencia de la comisión del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta; el presidente Santos anuncia un trabajo conjunto para evitar una propagación de la enfermedad. -La Dian detectó 250 empresas que han girado 9 billones de pesos a paraísos fiscales en el último año. -El Consejo de Estado condenó a la Presidencia de la República y a los ministerios de Defensa, Justicia e Interior, por el despojo de tierras que practicaron las Farc en la zona de distensión en San Vicente del Caguán, en el marco de los diálogos de Paz entre esa guerrilla y el Gobierno de Andrés Pastrana en el año 2000. -Desde la Unidad Nacional criticaron el pronunciamiento de la Corte Penal Internacional sobre condicionar su aval a los acuerdo de paz con las Farc y aseguran que el organismo no tiene por qué avalar el proceso. -Un juez de Bogotá resuelve si envía a la cárcel a un médico de Medicina Legal, por delitos sexuales. -En el Valle del Cauca denuncian que un relleno sanitario está contaminando gravemente al río Cauca en plena época de crisis por sequía. -La OTAN no descarta unirse a la lucha de los aliados en contra del Estado Islámico. -El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, rechazó los actos vandálicos que se presentaron en las estaciones de Transmilenio en el suroccidente de Bogotá y aseguró que 48 personas serán judicializadas por estos actos que podrían catalogarse como concierto para delinquir. -El Progresismo pidió a la Fiscalía que los investigue por disturbios en TransMilenio para que se indague sobre la supuesta participación y responsabilidad de miembros del partido en los hechos vandálicos.