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Las condiciones de trabajo de los agentes de seguridad en Catar, "también en los proyectos ligados a la Copa del Mundo de fútbol 2022", son comparadas con "trabajo forzado" por la ONG Amnistía Internacional, mientras que las autoridades insisten en los "avances" realizados.
Criticado desde que en 2010 se le designara como el primer país árabe en acoger la Copa del Mundo, Catar ha aplicado importantes reformas, prohibiendo el sistema de apadrinamiento que convertía a los empleados extranjeros en prácticamente una propiedad de sus patrones, e instaurando un salario mínimo por hora.
Además del sector de la construcción, del que el diario británico The Guardian hablaba como "esclavitud moderna" en 2013, las condiciones de trabajo han mejorado en los servicios, especialmente en la hostelería.
"Pero estas promesas no se han materializado completamente en el sector de la seguridad", estima Amnistía Internacional en un informe, mientras se espera que miles de agentes sean contratados de aquí al Mundial del 21 de noviembre al 18 de diciembre, con la previsión de que entre 1,2 y 1,4 millones de personas visiten el emirato.
Treinta y cuatro empleados y exempleados de ocho empresas de seguridad privada, trabajadores inmigrantes originarios principalmente de Kenia y Uganda, describen jornadas de trabajo de más de 12 horas, siete días a la semana (84 horas semanales), en ocasiones sin sombra ni agua potable durante los meses más calurosos.
Sin embargo, la ley catarí prevé un máximo de 60 horas de trabajo semanal y un día de descanso, el mínimo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Los trabajadores que toman ese día de descanso o una baja por enfermedad "se arriesgan a tener retenciones arbitrarias en sus salarios", afirma Amnistía Internacional, que denuncia igualmente las penalizaciones por pausas durante la jornada y horas extra insuficientemente pagadas.
Sin la posibilidad legal de ser defendido por un sindicato, "no puedes quejarte, ya que serías despedido y expulsado", comenta uno de los empleados entrevistados entre abril de 2021 y febrero de 2022.
Las condiciones de trabajo y los salarios varían también dependiendo del origen, siendo los trabajadores de África subsahariana los más maltratados, aseguran los agentes de seguridad, de los que una gran mayoría añade haber vivido en apartamentos "sobrehabitados e insalubres".
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"Las leyes cataríes sobre el tiempo de trabajo son claras pero muy a menudo violadas", confirma la OIT. "Las horas extra están autorizadas pero deben ser voluntarias, limitadas y mejor pagadas, como lo estipula la ley".
"Si bien el gobierno tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley, los clientes que recurren a las empresas de seguridad deben hacer también las verificaciones necesarias y vigilar el trato a los guardias, incluidos sus horarios de trabajo y condiciones de vida", recuerda la organización.
Los migrantes entrevistados han trabajado en especial para empresas contratadas durante los torneos de la FIFA en Catar, la Copa del mundo de equipos y la Copa Árabe, en 2021.
"Lamentablemente, tres empresas han demostrado no estar en conformidad en diversos ámbitos", admite el comité superior de la organización del Mundial-2022 en un comunicado, en respuesta al informe.
Estas violaciones "han llevado a la aplicación de una serie de medidas, especialmente la puesta bajo vigilancia o en la lista negra de algunos proveedores, antes de ser señalados a ojos del ministerio de Trabajo para una investigación más profunda y medidas de castigo".
"Catar ha tomado medidas inmediatas para remediar los casos particulares de actos reprobables", asegura el ministerio. También indica que "la incidencia de empresas que incumplen las normas ha disminuido y continuará disminuyendo".
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De este modo, según el Comité superior, 391 proveedores fueron señalados al ministerio, 50 fueron prohibidos para trabajar en proyectos ligados al Mundial y 56 desmovilizados, 226 puestos bajo vigilancia y 7 en la "lista negra".
El ministerio de Trabajo, que "anima a los trabajadores extranjeros a poner reclamaciones si sospechan que la ley ha sido infringida", asegura que 24 agencias de contratación "fueron cerradas y sus licencias revocadas el último mes".
También precisa que el 96% de los "trabajadores elegibles" están ahora protegidos gracias a un sistema puesto en marcha a finales de 2015 para controlar el pago de los salarios.
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