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Ordenan reabrir caso contra Neymar por su traspaso al FC Barcelona

La Audiencia admitió así los recursos de la Fiscalía y de la empresa brasileña DIS, antigua poseedora de parte de los derechos del jugador.

91721_Neymar - Barcelona (36 millones). Foto: AFP
Neymar - Barcelona (36 millones). Foto: AFP

La Audiencia Nacional (principal instancia penal española) ha ordenado reabrir la causa contra Neymar y su padre por presunta "corrupción entre particulares" en el traspaso del jugador al Barcelona, revocando el archivo del caso que había decretado el juez del mismo.

 

La Audiencia admitió así los recursos de la Fiscalía y de la empresa brasileña DIS, antigua poseedora de parte de los derechos del jugador, contra la decisión del juez José de la Mata, decretando "la continuación de las actuaciones", según un auto judicial hecho público este viernes.

 

De la Mata había archivado el caso por supuestos delitos de "corrupción entre particulares y estafa" contra Neymar, su padre, el expresidente del Barcelona Sandro Rosell y el Santos, club de origen del jugador, al considerar que "las conductas analizadas no pueden ser perseguidas penalmente".

 
Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimaron este viernes que "hay indicios suficientes" para seguir adelante con la investigación.
 
El caso tuvo su origen en una denuncia del fondo de inversiones DIS, propietario del 40% de los derechos del jugador en el momento del traspaso de Neymar al Barcelona.
 
En un primer momento, el Barcelona cifró oficialmente el traspaso de Neymar en 57,1 millones de euros (40 millones para la familia de Neymar y 17,1 para el Santos brasileño), pero la justicia española calcula que fue de al menos 83,3 millones de euros.
 
DIS, que percibió 6,8 millones de euros de los 17,1 ingresados al Santos, se creía doblemente perjudicada.
 
Primero, por dos acuerdos en 2011 entre Neymar y el Barça por 40 millones de euros para asegurarse el fichaje del jugador cuando finalizara contrato con el Santos, que según DIS impidió a otros clubes pujar por el delantero, vulnerando el libre mercado y pudiendo constituir un "delito de corrupción entre particulares".
 

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