La directora deProsperidad Social, Laura Sarabia, anunció este miércoles 15 de noviembre el fin de una era para Jóvenes en Acción, para dar paso al nuevo programa de subsidios llamado Renta Joven.
Esta decisión no solo implica un cambio de nombre, sino también transformaciones sustanciales destinadas a potenciar el impacto de este subsidios en la vida de los jóvenes que viven en la ruralidad del país.
La nueva Renta Joven será parte integral del innovador Sistema de Transferencias, cuyo propósito es impulsar la inclusión social, económica y política de la población joven en situación de vulnerabilidad y pobreza.
El programa contará con incentivos monetarios y estrategias específicas para facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior, alineándose con la política de gratuidad en la educación superior, una de las reformas implementadas por el Gobierno de Gustavo Petro.
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El nuevo decreto se conocerá en horas y será firmado por el presidente y que también conlleva la transferencia de las asignaciones monetarias de Familias en Acción a Renta Ciudadana, que es un nuevo programa bajo la supervisión de Prosperidad Social.
"Hoy nace Renta Ciudadana. Este es el programa central del sistema. Es la evolución de los programas sociales en el país, y permitirá avanzar más rápido en la superación de la pobreza extrema y en la lucha contra el hambre, que son dos metas principales de nuestro gobierno", expresó Sarabia, jefe de Prosperidad Social.
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Renta Joven no solo ampliará la cobertura existente, sino que también se enfocará en fortalecer la educación en las zonas rurales, extendiendo su apoyo a estudiantes de escuelas normales superiores.
Además, se destacará por su enfoque integral, brindando apoyo a jóvenes en su etapa final de formación a través de la gestión laboral, respaldo a emprendimientos y programas educativos postgraduales.
Prosperidad Social ha asegurado que se implementarán medidas de transición para facilitar la incorporación de hogares y jóvenes que cumplan con los nuevos criterios de elegibilidad.
Aquellos que no cumplan con estos criterios para recibir incentivos monetarios serán integrados a estrategias de acompañamiento y gestión de oferta, asegurando una transición efectiva en el marco de los cambios propuestos por el sistema.
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