Mientras el Gobierno detuvo el aumento de la gasolina y el sector transportador sigue oponiéndose a un alza del diésel, el ACPM continúa subsidiado. Aunque los usuarios no han tenido que asumir un incremento en su precio, mantener este beneficio representa un alto costo para las finanzas públicas. Según expertos, el subsidio aumenta la presión sobre el presupuesto del Estado, en medio de las dificultades fiscales que enfrenta el país.
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que el subsidio se maneja a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). En este esquema, Ecopetrol vende el combustible por debajo de su precio de referencia y posteriormente le cobra al Gobierno la diferencia. “Esa cuenta asciende a 9,5 billones de pesos, esto es lo que nos cuesta a los colombianos subsidiar el ACPM hoy en día”, afirmó Salazar.
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De hecho, ayer el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, reconoció y ordenó el pago de $683.990 millones a Ecopetrol y a la Refinería de Cartagena por las obligaciones pendientes del FEPC correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2025. De ese total, $573.108 millones corresponden a Ecopetrol y $110.882 millones a la Refinería de Cartagena. El pago se realizó mediante Títulos de Tesorería (TES), es decir, deuda pública, y hace parte de los mecanismos para reducir las obligaciones pendientes del Gobierno con el Grupo Ecopetrol.
Salazar explicó que, hasta ahora, estas obligaciones se han pagado principalmente con deuda pública. Sin embargo, en el presupuesto de 2027 se propone cubrirlas con recursos corrientes, es decir, con dinero disponible en las cuentas del Estado. Para dimensionar el costo del subsidio, el experto lo comparó con otros rubros del gasto público: “9,5 billones es casi el presupuesto de Justicia que le ponemos los colombianos. Es una octava parte de la educación, que nos cuesta 80 billones de pesos”. Además, advirtió que “el sacrificio que estamos haciendo como sociedad al subsidiar el ACPM para transportadores es dejar de invertir en otro montón de actividades que se podrían hacer”.
El impacto también se refleja en las finanzas de Ecopetrol, la principal empresa del país, que debe asumir parte del costo del subsidio mientras el Gobierno salda sus obligaciones. Según Salazar, la compañía pasó de entregar $30 billones en dividendos a menos de $10 billones el año pasado. Una de las razones, explicó, es que debe destinar más recursos a cubrir la diferencia en el precio del combustible, en lugar de invertir en maquinaria y proyectos que aumenten su productividad.
El director del Observatorio Fiscal también se refirió al efecto del subsidio sobre la inflación. Explicó que, en 2021, cuando se subsidiaban tanto la gasolina como el ACPM, se registró un alivio temporal en los precios. Sin embargo, advirtió que este tipo de medidas no garantiza una reducción sostenida de la inflación y que financiarlas mediante deuda pública puede generar presiones adicionales sobre las finanzas del país. En ese sentido, señaló que el beneficio puede sentirse en el corto plazo, pero no modifica necesariamente la dinámica de los precios a futuro.
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Por su parte, el sector transportador ha advertido sobre el impacto que tendría un nuevo incremento en el precio del diésel. Durante el congreso de Colfecar, su presidenta, Nidia Hernández, pidió a los líderes gremiales “levantar la mano” para evitar que el Gobierno retire el subsidio.
La dirigente explicó que los costos del transporte de carga, entre ellos el combustible, los salarios y los peajes, ya representan el 70 % de los gastos de operación. Además, indicó que en los últimos cuatro años el costo de los combustibles aumentó un 25 %, los salarios un 79 % y los peajes un 40 %. Para el gremio, un alza adicional del diésel incrementaría la presión sobre un sector que ya enfrenta mayores costos.
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