Mientras el Gobierno detuvo el aumento de la gasolina y el sector transportador sigue oponiéndose a un alza del diésel, el ACPM continúa subsidiado. Aunque los usuarios no han tenido que asumir un incremento en su precio, mantener este beneficio representa un alto costo para las finanzas públicas. Según expertos, el subsidio aumenta la presión sobre el presupuesto del Estado, en medio de las dificultades fiscales que enfrenta el país.Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que el subsidio se maneja a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). En este esquema, Ecopetrol vende el combustible por debajo de su precio de referencia y posteriormente le cobra al Gobierno la diferencia. “Esa cuenta asciende a 9,5 billones de pesos, esto es lo que nos cuesta a los colombianos subsidiar el ACPM hoy en día”, afirmó Salazar.De hecho, ayer el Gobierno nacional, a través de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, reconoció y ordenó el pago de $683.990 millones a Ecopetrol y a la Refinería de Cartagena por las obligaciones pendientes del FEPC correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2025. De ese total, $573.108 millones corresponden a Ecopetrol y $110.882 millones a la Refinería de Cartagena. El pago se realizó mediante Títulos de Tesorería (TES), es decir, deuda pública, y hace parte de los mecanismos para reducir las obligaciones pendientes del Gobierno con el Grupo Ecopetrol.Salazar explicó que, hasta ahora, estas obligaciones se han pagado principalmente con deuda pública. Sin embargo, en el presupuesto de 2027 se propone cubrirlas con recursos corrientes, es decir, con dinero disponible en las cuentas del Estado. Para dimensionar el costo del subsidio, el experto lo comparó con otros rubros del gasto público: “9,5 billones es casi el presupuesto de Justicia que le ponemos los colombianos. Es una octava parte de la educación, que nos cuesta 80 billones de pesos”. Además, advirtió que “el sacrificio que estamos haciendo como sociedad al subsidiar el ACPM para transportadores es dejar de invertir en otro montón de actividades que se podrían hacer”.El impacto también se refleja en las finanzas de Ecopetrol, la principal empresa del país, que debe asumir parte del costo del subsidio mientras el Gobierno salda sus obligaciones. Según Salazar, la compañía pasó de entregar $30 billones en dividendos a menos de $10 billones el año pasado. Una de las razones, explicó, es que debe destinar más recursos a cubrir la diferencia en el precio del combustible, en lugar de invertir en maquinaria y proyectos que aumenten su productividad.El director del Observatorio Fiscal también se refirió al efecto del subsidio sobre la inflación. Explicó que, en 2021, cuando se subsidiaban tanto la gasolina como el ACPM, se registró un alivio temporal en los precios. Sin embargo, advirtió que este tipo de medidas no garantiza una reducción sostenida de la inflación y que financiarlas mediante deuda pública puede generar presiones adicionales sobre las finanzas del país. En ese sentido, señaló que el beneficio puede sentirse en el corto plazo, pero no modifica necesariamente la dinámica de los precios a futuro.Por su parte, el sector transportador ha advertido sobre el impacto que tendría un nuevo incremento en el precio del diésel. Durante el congreso de Colfecar, su presidenta, Nidia Hernández, pidió a los líderes gremiales “levantar la mano” para evitar que el Gobierno retire el subsidio.La dirigente explicó que los costos del transporte de carga, entre ellos el combustible, los salarios y los peajes, ya representan el 70 % de los gastos de operación. Además, indicó que en los últimos cuatro años el costo de los combustibles aumentó un 25 %, los salarios un 79 % y los peajes un 40 %. Para el gremio, un alza adicional del diésel incrementaría la presión sobre un sector que ya enfrenta mayores costos.
Desde este jueves, 1 de octubre, la gasolina aumentará $46 por galón quedando en un promedio de $15.933. El precio del diésel no será modificado en el país.De acuerdo con los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público, el ajuste en la gasolina está relacionado con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de este combustible. El Gobierno señaló que esta medida busca generar alivios para los productores de caña de azúcar del Valle del Cauca, una de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.Precio por ciudadesCon el nuevo ajuste, el precio promedio de referencia de la gasolina en las 13 principales ciudades pasará de $15.886 a $15.933 por galón. En Bogotá, por ejemplo, el precio de referencia subirá de $16.331 a $16.377; en Medellín pasará de $16.251 a $16.297, mientras que en Cali aumentará de $16.339 a $16.386. Los valores corresponden a precios de referencia y el precio final puede variar según las condiciones particulares de cada municipio y los componentes aplicables.Sin cambios en el diéselEn el caso del ACPM, no habrá incremento durante octubre. El precio promedio de referencia para las 13 principales ciudades se mantendrá en $11.320 por galón. En Bogotá continuará en $11.616, en Medellín en $11.641 y en Cali en $11.763, de acuerdo con la tabla de precios divulgada por el Gobierno Nacional.La decisión de mantener estable el diésel da continuidad a la medida adoptada en septiembre frente a los efectos del terremoto. Según el Gobierno, la actualización de los componentes de la estructura de precios permitió evitar que mayores costos fueran trasladados al consumidor durante octubre y generará un ahorro fiscal estimado de $15.803 millones para la nación en este mes.Los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público señalaron que los precios de referencia son los valores establecidos para cada ciudad, a partir de los cuales se determina el precio de venta al público en las estaciones de servicio. La actualización para octubre busca mantener la estructura de precios de los combustibles, acompañar la recuperación de sectores afectados por el terremoto y, en el caso del ACPM, contener el impacto sobre los consumidores y las finanzas públicas.
A través del decreto 0268 del 17 de marzo de 2026, el Gobierno Nacional modificó el alcance de los subsidios a los combustibles en el país y eliminó la aplicación de estos para el diésel para uso industrial.En detalle, la norma establece que los combustibles líquidos derivados del petróleo, es decir ese tipo de diesel, dejarán de recibir el beneficio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles cuando sean utilizados como materia prima para la producción de otros combustibles.Esto incluye su uso en quemadores industriales, ampliamente empleados en actividades como la generación de energía, el sector cementera y diversos procesos térmicos.Este cambio implica que estos combustibles ya no contarán con precios subsidiados o estabilizados por el Estado y ahora su valor será determinado libremente por el mercado, lo que podría traducirse en mayores costos para las empresas que dependen de ellos en sus operaciones.El decreto mantiene excepciones para los combustibles destinados a la mezcla con biocombustibles, como el diésel con biodiésel o la gasolina con etanol.Según el Gobierno, el uso de combustibles subsidiados en procesos industriales venía generando una presión significativa sobre las finanzas públicas pues solo entre enero y abril de 2025, este tipo de consumo habría representado un impacto cercano a los $131 mil millones para dicho Fondo.“Con este decreto el uso industrial del diésel pagará precio pleno y no generará afectación al Fondo de estabilización. No repetiremos los errores de Iván Duque de someter al país a pagar combustibles en lugar de hacer inversión social. También estamos implementando el decreto de Diésel diferencial para que los privados y sus camionetas paguen también Diésel pleno”, escribió el ministro de Minas, Edwin Palma.Además, las autoridades consideran que el subsidio estaba siendo desviado de su propósito de proteger al consumidor final frente a la volatilidad de los precios internacionales y estaba beneficiando a eslabones intermedios de la cadena productiva, un argumento repetido en varias ocasiones por el presidente Gustavo Petro.
Ecopetrol salió al paso a las investigaciones y posibles sanciones anunciadas por el Ministerio de Minas ante el incumplimiento en el envío de diésel (ACPM) a Nariño a través de la vía marítima y desde Reficar.Desde la mañana de este martes, 3 de marzo, el ministerio liderado por Edwin Palma alertó que la compañía no había entregado el volumen requerido para el departamento poniendo en riesgo de desabastecimiento y “ que podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industrial que se abastece de este combustible y deberá ser investigado por las autoridades administrativas y disciplinarias”.Ante esto, la compañía petrolera desmintió a la cartera y aseguró que el suministro de combustibles líquidos desde sus refinerías a nivel nacional y al suroccidente del país se está realizando con total normalidad y cumpliendo la regulación.“Conforme al volumen solicitado a Ecopetrol por los diferentes agentes para cada producto, actualmente la empresa cuenta con los inventarios para atender la demanda de diésel (10 días de inventario), gasolina motor regular (6 días de inventario) y gasolina extra (6 días de inventario)”, detalló la compañía, agregando que están disponibles y asegurados 330.000 barriles de diésel en puertos alternos para atender la demanda nacional.Ecopetrol le recordó al ministerio que las autorizaciones de producto importado a los distribuidores mayoristas se hacen justamente bajo lineamientos emitidos por el Ministerio de Minas y Energía.Cabe recordar que, ante esta situación, el Ministerio de Minas autorizó el transporte terrestre de diésel en carrotanques desde las plantas de Yumbo y Cartago, en el Valle del Cauca, hacia Nariño con el fin de garantizar el suministro de combustibles.“En caso de existir alguna alerta por parte de agentes mayoristas que atienden la demanda con gasolina importada y diésel nacional desde la terminal de Tumaco, Ecopetrol explorará alternativas, dentro de la normatividad aplicable, que permitan la entrega de volúmenes adicionales”, puntualizó Ecopetrol.Finalmente, y ante las investigaciones anunciadas, la compañía señaló que una vez sea notificada ejercerá las acciones de defensa, conforme al régimen legal y regulatorio.
El Gobierno nacional confirmó una disminución gradual del precio de la gasolina, una medida que busca aliviar el impacto en el bolsillo de los colombianos y actuar como herramienta contrainflacionaria. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien aseguró que la reducción será ordenada, sostenible y progresiva, sin afectar la estabilidad fiscal del país.De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la primera rebaja será de 300 pesos por galón y entrará en vigencia a partir del 1 de febrero. La decisión marca un giro en la política de precios del combustible, luego de varios años de incrementos que golpearon y afectaron especialmente al sector transporte.La medida fue bien recibida por los gremios, entre ellos la Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés), que aseguró que esta reducción beneficiará directamente a unos 12.000 vehículos de transporte especial en el país. Según el gremio, el costo de la gasolina representa el 37 % de los gastos operativos, por lo que cualquier disminución tiene un impacto significativo.Desde el gremio recordaron que, desde el inicio del actual Gobierno, el precio de la gasolina pasó de cerca de 9.000 pesos por galón a más de 16.600 pesos en algunas regiones, lo que significó un incremento cercano al 70 %. Según Acoltés, estos aumentos generaron un fuerte impacto financiero en las empresas del sector, especialmente en las pequeñas y medianas, que hoy superan las 2.500 compañías en todo el país.“300 pesos es apenas el 3,7 sobre el 48 % que han aumentado en estos tres años. De todos modos, hay que entender que es una política del Gobierno y, si sigue disminuyendo a 300 pesos en estos meses, pues creemos que va a haber un alivio; consideramos que es muy pequeño, pero es un alivio para estos propietarios que aún continúan con los vehículos con combustible a gasolina”, señaló Luponi Sánchez Celemín, presidente de Acoltés.Por su parte, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) también respaldó la reducción del precio de la gasolina, señalando que este combustible equivale al 31 % de los costos finales del transporte intermunicipal.Sin embargo, el gremio expresó su preocupación frente a una eventual alza en el precio del diésel, advirtiendo que esta no debería ocurrir si el Gobierno mantiene coherencia en el manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y se basa en criterios objetivos como el comportamiento del dólar y las referencias internacionales del barril de petróleo.ADITT alertó que nuevos incrementos en el diésel, especialmente en los primeros meses del año, cuando la demanda de pasajeros disminuye y las tarifas tienden a la baja, podrían generar un escenario crítico para el sector, que ya enfrenta altos costos operativos.“Todas estas decisiones en materia de precios, de tarifas, pues digamos el sector está haciendo un ejercicio muy juicioso y riguroso por tomarlas en función de los costos de operación, porque acá obviamente nosotros lo que queremos preservar siempre es el usuario”, afirmó Armando Puerto Polanillo, director económico de ADITT.Con la reducción anunciada, los precios de la gasolina en las principales ciudades del país quedarían así:Bogotá: de 16.491 a 16.191 pesos por galón.Villavicencio: 16.291 pesos.Cali: 16.202 pesos.Medellín: 16.112 pesos.El Gobierno reiteró que esta disminución es solo el primer paso dentro de una estrategia gradual, mientras los sectores productivos esperan que la medida se mantenga en el tiempo y contribuya a estabilizar los costos del transporte y los precios que pagan los colombianos.
El Ministerio de Hacienda confirmó la reducción inicial de 300 pesos por galón en el precio de la gasolina corriente a partir del 1 de febrero. Esta medida, según el Gobierno, responde al saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y a la caída en los precios internacionales del petróleo y del dólar.La disminución, de acuerdo con lo argumentado por el Ejecutivo, se debe principalmente a una baja superior al 17% en el precio del dólar, que pasó de alrededor de 4.400 pesos el año pasado a cerca de 3.700 pesos actuales, y a una caída del 23% en el barril de petróleo, que se ubica en unos 62 dólares. Además, el cierre gradual del déficit del FEPC, acumulado por años de subsidios no focalizados, permite estos ajustes sin generar nueva deuda fiscal, ha dicho el presidente Gustavo Petro. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han destacado que esta decisión técnica busca alinear los precios locales con el mercado internacional de manera responsable.Actualmente, los precios de la gasolina corriente varían por ciudad debido a factores logísticos y tributarios. En Bogotá se ubica en 16.491 pesos por galón, en Medellín en 16.412 pesos, en Cali en 16.502 pesos, en Barranquilla en 16.126 pesos y en Cartagena en 16.083 pesos. Con la reducción de 300 pesos, estos valores descenderían a aproximadamente 16.191 pesos en Bogotá, 16.112 en Medellín, 16.202 en Cali, 15.826 en Barranquilla y 15.783 en Cartagena. Ciudades como Pasto (14.247 pesos actuales) y Cúcuta (14.400 pesos) mantienen precios más bajos, pero también se verán beneficiadas.Bajada gradual del precio de la gasolinaEl Gobierno enfatiza que los recortes serán progresivos, similares a los incrementos previos que elevaron la gasolina por encima de los 16.000 pesos para estabilizar las finanzas públicas. Expertos como Sergio Cabrales y Felipe Campos estiman que, considerando los niveles actuales de petróleo y dólar, el precio ideal rondaría los 13.000 pesos por galón, lo que implicaría reducciones adicionales de hasta 3.000 pesos en total a lo largo del tiempo. Esta estrategia evita fluctuaciones abruptas y prioriza la sostenibilidad fiscal, corrigiendo distorsiones históricas donde la gasolina subsidiaba al diésel.El anuncio llega tras incrementos recientes, como el de 90 pesos por galón en enero de 2026, y responde a la promesa del presidente Gustavo Petro de bajar precios una vez ordenadas las cuentas del FEPC. Durante más de dos años, los consumidores de gasolina han pagado un sobrecosto de 2.000 a 3.000 pesos por galón para compensar subsidios en otros combustibles, situación que ahora se revierte gradualmente.
Se encendieron las alarmas en el país luego que el sector de transporte de carga advirtiera que están en la posibilidad de irse a paro, ante el fuerte incremento en sus costos operativos.El aumento en el precio del diésel, los peajes y el salario mínimo ha inflado los gastos del sector en cerca de un 13 %, mientras que los fletes, lejos de subir, continúan bajando, situación que tiene a los transportadores contra las cuerdas.Así lo confirmó Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, quien explicó que el sector no ha tomado aún la decisión de un paro nacional, pero reconoce que el escenario actual obliga a considerar todas las alternativas.“No estamos afirmando que vamos a paro, pero este incremento en los costos detona una serie de opciones, entre ellas un paro, porque no existe ningún equilibrio entre los gastos y los ingresos del camionero”, señaló.Se sabe que los transportadores se mantienen en asamblea permanente desde agosto de 2024, debido a la falta de soluciones estructurales en las mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte.Quiceno reconoció la voluntad política de la actual ministra, pero aseguró que las decisiones no se han traducido en acciones concretas que impacten la realidad del camionero en las vías del país.El director ejecutivo de la AST advirtió que el reciente aumento del 23 % en el salario mínimo, sumado al incremento de la inflación y otros costos como mantenimiento mecánico, parqueaderos, lavaderos, alimentación, hotelería y combustibles, ha encarecido toda la canasta básica del conductor de transporte de carga. “Todos estos gastos los ha tenido que absorber el propietario del camión con su propio patrimonio. Hoy el camionero está reventado”, afirmó.A esta situación se suma la falta de actualización de los ingresos del sector a través de la plataforma Sicetac, herramienta utilizada para calcular los fletes. Según el gremio, está no se actualiza desde diciembre del año pasado, pese a que los costos siguen aumentando. “El Gobierno incrementa peajes y diésel, pero no ajusta los ingresos de los camioneros, y eso nos deja en total desventaja”, sostuvo Anderson Quiceno.El líder gremial también alertó sobre posibles manifestaciones y bloqueos si no se adoptan medidas inmediatas. Aunque insistió en que el paro no es una decisión tomada, aseguró que los detonantes ya existen y que la inconformidad del sector sigue creciendo. “Si no hay soluciones reales, esto puede desembocar fácilmente en un paro nacional”, advirtió.Finalmente, desde todo este sector de transporte de carga se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que pase de la voluntad política a las acciones concretas y promueva medidas que garanticen ingresos justos y sostenibles para el sector. De lo contrario, advierten que la crisis podría profundizarse en los próximos meses y volver a trasladarse a las carreteras del país.
El inicio del 2026 y los incrementos que ello acarrea no solo ha golpeado los bolsillos de los ciudadanos en general, también gremios como el de los camioneros han alzado la mano para hablar del impacto.Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, advirtió que aunque los valores que se pagan por el transporte de mercancías no han tenido incrementos, los gastos que debe asumir un camionero continúan creciendo. Entre ellos mencionó el alza en peajes, combustibles, aceites, salarios, parqueaderos, lavado de vehículos y costos de nómina, factores que están impactando directamente la estabilidad financiera de quienes viven de esta actividad.“Los ingresos que tienen que ver con el flete no han subido, por el contrario, se han venido bajando, mientras todo lo demás se incrementa. Todo eso hace que el ingreso del camionero siga mucho más a la baja y no se vea reflejado en una solvencia económica que le permita cubrir siquiera sus gastos necesarios y familiares”, aseguró.A estas dificultades se suman los problemas relacionados con el orden público y el deterioro de la infraestructura vial. Según el dirigente, los cierres de carreteras, derrumbes, bloqueos y frentes de obra obligan a tomar desvíos que implican recorridos de hasta 400 kilómetros más, 500.000 pesos adicionales en combustible y un desajuste considerable para el camionero.También señaló que el incremento del salario mínimo genera un efecto en cadena sobre todos los insumos y servicios asociados al transporte de carga. Este ajuste, indicó, eleva automáticamente los costos operativos, mientras que los pagos por flete permanecen iguales o incluso disminuyen, lo que termina afectando el patrimonio de los camioneros y los obliga a reducir gastos esenciales de sus hogares.Quiceno manifestó que las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional no han producido resultados de fondo y que los cambios constantes en la institucionalidad han dificultado la adopción de soluciones reales. En ese contexto, aseguró que el gremio se mantiene en Asamblea Permanente y que, si no se abordan temas estructurales como el precio del combustible, la sobreoferta vehicular y la revisión de tarifas, un paro sigue siendo una alternativa latente antes del cierre del actual gobierno."Nosotros venimos en Asamblea Permanente y hay una serie de alternativas, la última de ellas es un paro. Las cosas están de tal forma que, si se realiza, sería prácticamente la despedida de un gobierno para darle la bienvenida a otro, porque no se han tomado decisiones de fondo frente a los problemas estructurales de los camioneros”, expuso.
Los dueños de carros particulares, vehículos oficiales y vehículos diplomáticos empezarán a pagar diésel a precios internacionales, de acuerdo con una nueva reglamentación del Gobierno nacional. La medida empezará a operar dentro de seis meses en 75 municipios del país, incluyendo a Bogotá.La medida no afectará los precios del diésel para camiones de carga ni para el transporte público, que seguirán recibiendo un diésel subsidiado.En Colombia, el precio del diésel está subsidiado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y se estima que el precio final al consumidor podría estar unos 6.000 pesos por debajo del precio sin subsidiar.El fin de los subsidios se venía anunciando desde hace semanas, pero el Gobierno no había emitido una reglamentación oficial. Aun así, el esquema no operará inmediatamente, sino que tiene una transición de seis meses.“La decisión parte de un diagnóstico claro: durante años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social esencial, lo que generó un alto costo fiscal para el Estado”, señaló el Ministerio de Minas en un comunicado.Este es el listado de municipios en los que aplicará la medida del diéselAntioquiaBarbosaBelloCaldasCopacabanaEnvigadoGirardotaItagüíLa EstrellaMedellínSabanetaAtlánticoGalapaMalamboSoledadBarranquillaPuerto ColombiaBogotá, D.C.BogotáBolívarArjonaCartagena de IndiasClemenciaSanta CatalinaSanta RosaTurbacoTurbanáCórdobaCeretéCiénaga de OroMonteríaSan CarlosSan PelayoCundinamarcaBojacáCajicáChíaCotaEl RosalFacatativáFunzaGachancipáLa CaleraMadridMosqueraSibatéSoachaSopóTabioTenjoTocancipáZipaquiráMagdalenaCiénagaPueblo ViejoSanta MartaZona BananeraRisaraldaDosquebradasLa VirginiaPereiraSanta Rosa de CabalSantanderBucaramangaFloridablancaGirónPiedecuestaTolimaAlvaradoCajamarcaIbaguéPiedrasVenadilloValle del caucaCaliCandelariaJamundíPalmiraYumbo
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
El senador paraguayo Gustavo Leite, del Partido Colorado, arremetió contra el expresidente Santiago Peña, su compañero de partido, a quien calificó de “bandido” y acusó de haber traicionado al país en medio de la crisis de Ueno Bank, el escándalo financiero que dejó a cerca de 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero y que terminó con la destitución y captura del exmandatario. En diálogo con Mañanas Blu, el legislador afirmó que la ciudadanía exige ver a Peña en una cárcel común y que el proceso judicial “recién comienza”.“Nos traicionó a todos los paraguayos, y con más razón a nosotros”, afirmó Leite al explicar por qué cuestiona con dureza a un político de su misma colectividad. Según recordó, el Partido Colorado acogió a Peña en 2016, cuando provenía del partido tradicional de oposición.“Resultó ser un gran impostor. No sé si un caballo de Troya o un impostor”, sostuvo el senador, quien aseguró que en la sesión del Senado en la que se votó la destitución pidió que el exmandatario saliera del cargo “con deshonra”.Partido Colorado debe asumir “el error histórico”, según LeiteEl legislador insistió en que la filiación política no puede servir de escudo ante los hechos investigados. “Da igual que sea mi partido o no, cuando uno comete una traición no importa de qué partido sea”, declaró.Leite fue más allá y señaló la responsabilidad de su propia colectividad: “El Partido Colorado tiene que asumir históricamente el error de haber puesto a un bandido en la presidencia, que tenemos que tener el coraje para sacarlo y que la fiscalía tiene que tener el coraje para meterlo en la cárcel”.Peña fue enviado a prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían acarrear hasta 10 años de cárcel. Además, los fiscales del caso allanaron su vivienda en la ciudad de San Bernardino.Para el senador, sin embargo, la situación de reclusión del expresidente no responde a lo que reclama la ciudadanía. “La gente quiere a Peña no en el regimiento escolta, lo quiere en la cárcel nacional donde van todos los delincuentes comunes”, dijo, y agregó: “La gente lo quiere a Peña sin sonrisa, lo quiere esposado como todos los delincuentes comunes”.Senador anticipa nuevas imputaciones contra Santiago PeñaDe acuerdo con Leite, el caso podría ampliarse en las próximas semanas. El senador afirmó que existen presunciones de que Peña era socio oculto del banco y que la entidad actuó “sin dudas en connivencia con el Ejecutivo”, señalamientos que forman parte de su versión y que deberán ser establecidos por la justicia.“Hay demasiados rastros que van a acelerar otras imputaciones. Aquí creo que no se va a salvar de lavado de dinero y de asociación ilícita”, aseguró.El legislador también se refirió al papel del ente acusador: “Yo dije en mi intervención en el Senado cuando el día de la destitución que el fiscal general del estado tiene la brillante ocasión de ser héroe o villano”.El juicio político que llevó a la salida de Peña se desarrolló en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país, cuando el mandatario había cumplido tres años de gobierno.Las alertas sobre Ueno Bank que no fueron atendidasLeite relató que su distanciamiento con Peña comenzó en marzo de este año, cuando, siendo aún embajador de Paraguay en Estados Unidos, denunció públicamente que durante el gobierno de Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, “no había olor a coima y los proveedores cobraban al día”. Tras esa ruptura, renunció a la embajada y regresó a Asunción.Según el senador, un grupo de legisladores colorados, entre ellos el actual vicepresidente Antonio Barrios, solicitó al Banco Central del Paraguay un informe de 31 puntos sobre la supervisión de la entidad. La respuesta, afirmó, se limitó a invocar el secreto bancario. “El Banco Central, por instrucciones de Peña, nos responde una estupidez, no nos responde nada”, aseguró.El congresista sostuvo que posteriormente se conocieron créditos que calificó de “absolutamente temerarios”, como préstamos de 40 millones de dólares a empresas relacionadas con el grupo del banco que facturaban 10.000 dólares al mes. “Eso ya era un indicio de vaciamiento”, dijo. Añadió que, aun con el banco sometido a un sumario público, la entidad siguió recibiendo fondos estatales, entre ellos recursos de Itaipú.Comisión bicameral para establecer “quién dio la orden”Frente al destino de los recursos públicos depositados en el banco, Leite anunció que impulsará este miércoles en el Senado una comisión bicameral de investigación. “Es para ir al fondo de la cuestión y entender quién dio la orden, y entender quién dio la orden de esconder el déficit, porque es un daño tremendo a la reputación de Paraguay”, explicó.El nuevo Gobierno también busca rastrear el dinero: el vicepresidente Barrios anunció que solicitará cooperación internacional, incluso a Estados Unidos, para establecer el paradero de los recursos y los bonos manejados por la entidad.Así avanza la devolución de ahorros en ParaguayLa crisis de Ueno Bank estalló luego de que la junta del Banco Central sometiera a la entidad a un procedimiento de resolución, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.Mediante una ley especial, el Banco Central reportó en apenas dos días pagos a 1.196.000 personas por unos 160 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Aún quedan pendientes 669.336 cuentas, y cerca de 32.000 pensionados serán trasladados a otras ocho entidades bancarias.Leite explicó que la ley garantiza la devolución de hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, con recursos acumulados desde la última crisis financiera, y dimensionó el impacto: “3 millones de ahorristas para 6 millones de paraguayos, es la mitad del país damnificado”.Qué espera el senador del gobierno de Pedro AllianaSobre el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña y asumió tras la destitución, Leite expresó confianza en un cambio: “Porque o cambiamos o nos cambian”. A su juicio, Alliana, expresidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, “sabrá entender que la gente quiere cambio de verdad”.Al cierre, el senador envió un mensaje de calma. Aseguró que la crisis afecta al 8 % del sistema financiero, que calificó de sólido, solvente y líquido. “Es un hecho aislado, tremendo pero aislado”, afirmó, y destacó que las instituciones dieron cuenta del caso en 72 horas “sin que haya un muerto”.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista:
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.