A través del decreto 0268 del 17 de marzo de 2026, el Gobierno Nacional modificó el alcance de los subsidios a los combustibles en el país y eliminó la aplicación de estos para el diésel para uso industrial.En detalle, la norma establece que los combustibles líquidos derivados del petróleo, es decir ese tipo de diesel, dejarán de recibir el beneficio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles cuando sean utilizados como materia prima para la producción de otros combustibles.Esto incluye su uso en quemadores industriales, ampliamente empleados en actividades como la generación de energía, el sector cementera y diversos procesos térmicos.Este cambio implica que estos combustibles ya no contarán con precios subsidiados o estabilizados por el Estado y ahora su valor será determinado libremente por el mercado, lo que podría traducirse en mayores costos para las empresas que dependen de ellos en sus operaciones.El decreto mantiene excepciones para los combustibles destinados a la mezcla con biocombustibles, como el diésel con biodiésel o la gasolina con etanol.Según el Gobierno, el uso de combustibles subsidiados en procesos industriales venía generando una presión significativa sobre las finanzas públicas pues solo entre enero y abril de 2025, este tipo de consumo habría representado un impacto cercano a los $131 mil millones para dicho Fondo.“Con este decreto el uso industrial del diésel pagará precio pleno y no generará afectación al Fondo de estabilización. No repetiremos los errores de Iván Duque de someter al país a pagar combustibles en lugar de hacer inversión social. También estamos implementando el decreto de Diésel diferencial para que los privados y sus camionetas paguen también Diésel pleno”, escribió el ministro de Minas, Edwin Palma.Además, las autoridades consideran que el subsidio estaba siendo desviado de su propósito de proteger al consumidor final frente a la volatilidad de los precios internacionales y estaba beneficiando a eslabones intermedios de la cadena productiva, un argumento repetido en varias ocasiones por el presidente Gustavo Petro.
Ecopetrol salió al paso a las investigaciones y posibles sanciones anunciadas por el Ministerio de Minas ante el incumplimiento en el envío de diésel (ACPM) a Nariño a través de la vía marítima y desde Reficar.Desde la mañana de este martes, 3 de marzo, el ministerio liderado por Edwin Palma alertó que la compañía no había entregado el volumen requerido para el departamento poniendo en riesgo de desabastecimiento y “ que podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industrial que se abastece de este combustible y deberá ser investigado por las autoridades administrativas y disciplinarias”.Ante esto, la compañía petrolera desmintió a la cartera y aseguró que el suministro de combustibles líquidos desde sus refinerías a nivel nacional y al suroccidente del país se está realizando con total normalidad y cumpliendo la regulación.“Conforme al volumen solicitado a Ecopetrol por los diferentes agentes para cada producto, actualmente la empresa cuenta con los inventarios para atender la demanda de diésel (10 días de inventario), gasolina motor regular (6 días de inventario) y gasolina extra (6 días de inventario)”, detalló la compañía, agregando que están disponibles y asegurados 330.000 barriles de diésel en puertos alternos para atender la demanda nacional.Ecopetrol le recordó al ministerio que las autorizaciones de producto importado a los distribuidores mayoristas se hacen justamente bajo lineamientos emitidos por el Ministerio de Minas y Energía.Cabe recordar que, ante esta situación, el Ministerio de Minas autorizó el transporte terrestre de diésel en carrotanques desde las plantas de Yumbo y Cartago, en el Valle del Cauca, hacia Nariño con el fin de garantizar el suministro de combustibles.“En caso de existir alguna alerta por parte de agentes mayoristas que atienden la demanda con gasolina importada y diésel nacional desde la terminal de Tumaco, Ecopetrol explorará alternativas, dentro de la normatividad aplicable, que permitan la entrega de volúmenes adicionales”, puntualizó Ecopetrol.Finalmente, y ante las investigaciones anunciadas, la compañía señaló que una vez sea notificada ejercerá las acciones de defensa, conforme al régimen legal y regulatorio.
El Gobierno nacional confirmó una disminución gradual del precio de la gasolina, una medida que busca aliviar el impacto en el bolsillo de los colombianos y actuar como herramienta contrainflacionaria. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien aseguró que la reducción será ordenada, sostenible y progresiva, sin afectar la estabilidad fiscal del país.De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la primera rebaja será de 300 pesos por galón y entrará en vigencia a partir del 1 de febrero. La decisión marca un giro en la política de precios del combustible, luego de varios años de incrementos que golpearon y afectaron especialmente al sector transporte.La medida fue bien recibida por los gremios, entre ellos la Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés), que aseguró que esta reducción beneficiará directamente a unos 12.000 vehículos de transporte especial en el país. Según el gremio, el costo de la gasolina representa el 37 % de los gastos operativos, por lo que cualquier disminución tiene un impacto significativo.Desde el gremio recordaron que, desde el inicio del actual Gobierno, el precio de la gasolina pasó de cerca de 9.000 pesos por galón a más de 16.600 pesos en algunas regiones, lo que significó un incremento cercano al 70 %. Según Acoltés, estos aumentos generaron un fuerte impacto financiero en las empresas del sector, especialmente en las pequeñas y medianas, que hoy superan las 2.500 compañías en todo el país.“300 pesos es apenas el 3,7 sobre el 48 % que han aumentado en estos tres años. De todos modos, hay que entender que es una política del Gobierno y, si sigue disminuyendo a 300 pesos en estos meses, pues creemos que va a haber un alivio; consideramos que es muy pequeño, pero es un alivio para estos propietarios que aún continúan con los vehículos con combustible a gasolina”, señaló Luponi Sánchez Celemín, presidente de Acoltés.Por su parte, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) también respaldó la reducción del precio de la gasolina, señalando que este combustible equivale al 31 % de los costos finales del transporte intermunicipal.Sin embargo, el gremio expresó su preocupación frente a una eventual alza en el precio del diésel, advirtiendo que esta no debería ocurrir si el Gobierno mantiene coherencia en el manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y se basa en criterios objetivos como el comportamiento del dólar y las referencias internacionales del barril de petróleo.ADITT alertó que nuevos incrementos en el diésel, especialmente en los primeros meses del año, cuando la demanda de pasajeros disminuye y las tarifas tienden a la baja, podrían generar un escenario crítico para el sector, que ya enfrenta altos costos operativos.“Todas estas decisiones en materia de precios, de tarifas, pues digamos el sector está haciendo un ejercicio muy juicioso y riguroso por tomarlas en función de los costos de operación, porque acá obviamente nosotros lo que queremos preservar siempre es el usuario”, afirmó Armando Puerto Polanillo, director económico de ADITT.Con la reducción anunciada, los precios de la gasolina en las principales ciudades del país quedarían así:Bogotá: de 16.491 a 16.191 pesos por galón.Villavicencio: 16.291 pesos.Cali: 16.202 pesos.Medellín: 16.112 pesos.El Gobierno reiteró que esta disminución es solo el primer paso dentro de una estrategia gradual, mientras los sectores productivos esperan que la medida se mantenga en el tiempo y contribuya a estabilizar los costos del transporte y los precios que pagan los colombianos.
El Ministerio de Hacienda confirmó la reducción inicial de 300 pesos por galón en el precio de la gasolina corriente a partir del 1 de febrero. Esta medida, según el Gobierno, responde al saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y a la caída en los precios internacionales del petróleo y del dólar.La disminución, de acuerdo con lo argumentado por el Ejecutivo, se debe principalmente a una baja superior al 17% en el precio del dólar, que pasó de alrededor de 4.400 pesos el año pasado a cerca de 3.700 pesos actuales, y a una caída del 23% en el barril de petróleo, que se ubica en unos 62 dólares. Además, el cierre gradual del déficit del FEPC, acumulado por años de subsidios no focalizados, permite estos ajustes sin generar nueva deuda fiscal, ha dicho el presidente Gustavo Petro. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han destacado que esta decisión técnica busca alinear los precios locales con el mercado internacional de manera responsable.Actualmente, los precios de la gasolina corriente varían por ciudad debido a factores logísticos y tributarios. En Bogotá se ubica en 16.491 pesos por galón, en Medellín en 16.412 pesos, en Cali en 16.502 pesos, en Barranquilla en 16.126 pesos y en Cartagena en 16.083 pesos. Con la reducción de 300 pesos, estos valores descenderían a aproximadamente 16.191 pesos en Bogotá, 16.112 en Medellín, 16.202 en Cali, 15.826 en Barranquilla y 15.783 en Cartagena. Ciudades como Pasto (14.247 pesos actuales) y Cúcuta (14.400 pesos) mantienen precios más bajos, pero también se verán beneficiadas.Bajada gradual del precio de la gasolinaEl Gobierno enfatiza que los recortes serán progresivos, similares a los incrementos previos que elevaron la gasolina por encima de los 16.000 pesos para estabilizar las finanzas públicas. Expertos como Sergio Cabrales y Felipe Campos estiman que, considerando los niveles actuales de petróleo y dólar, el precio ideal rondaría los 13.000 pesos por galón, lo que implicaría reducciones adicionales de hasta 3.000 pesos en total a lo largo del tiempo. Esta estrategia evita fluctuaciones abruptas y prioriza la sostenibilidad fiscal, corrigiendo distorsiones históricas donde la gasolina subsidiaba al diésel.El anuncio llega tras incrementos recientes, como el de 90 pesos por galón en enero de 2026, y responde a la promesa del presidente Gustavo Petro de bajar precios una vez ordenadas las cuentas del FEPC. Durante más de dos años, los consumidores de gasolina han pagado un sobrecosto de 2.000 a 3.000 pesos por galón para compensar subsidios en otros combustibles, situación que ahora se revierte gradualmente.
Se encendieron las alarmas en el país luego que el sector de transporte de carga advirtiera que están en la posibilidad de irse a paro, ante el fuerte incremento en sus costos operativos.El aumento en el precio del diésel, los peajes y el salario mínimo ha inflado los gastos del sector en cerca de un 13 %, mientras que los fletes, lejos de subir, continúan bajando, situación que tiene a los transportadores contra las cuerdas.Así lo confirmó Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, quien explicó que el sector no ha tomado aún la decisión de un paro nacional, pero reconoce que el escenario actual obliga a considerar todas las alternativas.“No estamos afirmando que vamos a paro, pero este incremento en los costos detona una serie de opciones, entre ellas un paro, porque no existe ningún equilibrio entre los gastos y los ingresos del camionero”, señaló.Se sabe que los transportadores se mantienen en asamblea permanente desde agosto de 2024, debido a la falta de soluciones estructurales en las mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte.Quiceno reconoció la voluntad política de la actual ministra, pero aseguró que las decisiones no se han traducido en acciones concretas que impacten la realidad del camionero en las vías del país.El director ejecutivo de la AST advirtió que el reciente aumento del 23 % en el salario mínimo, sumado al incremento de la inflación y otros costos como mantenimiento mecánico, parqueaderos, lavaderos, alimentación, hotelería y combustibles, ha encarecido toda la canasta básica del conductor de transporte de carga. “Todos estos gastos los ha tenido que absorber el propietario del camión con su propio patrimonio. Hoy el camionero está reventado”, afirmó.A esta situación se suma la falta de actualización de los ingresos del sector a través de la plataforma Sicetac, herramienta utilizada para calcular los fletes. Según el gremio, está no se actualiza desde diciembre del año pasado, pese a que los costos siguen aumentando. “El Gobierno incrementa peajes y diésel, pero no ajusta los ingresos de los camioneros, y eso nos deja en total desventaja”, sostuvo Anderson Quiceno.El líder gremial también alertó sobre posibles manifestaciones y bloqueos si no se adoptan medidas inmediatas. Aunque insistió en que el paro no es una decisión tomada, aseguró que los detonantes ya existen y que la inconformidad del sector sigue creciendo. “Si no hay soluciones reales, esto puede desembocar fácilmente en un paro nacional”, advirtió.Finalmente, desde todo este sector de transporte de carga se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que pase de la voluntad política a las acciones concretas y promueva medidas que garanticen ingresos justos y sostenibles para el sector. De lo contrario, advierten que la crisis podría profundizarse en los próximos meses y volver a trasladarse a las carreteras del país.
El inicio del 2026 y los incrementos que ello acarrea no solo ha golpeado los bolsillos de los ciudadanos en general, también gremios como el de los camioneros han alzado la mano para hablar del impacto.Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, advirtió que aunque los valores que se pagan por el transporte de mercancías no han tenido incrementos, los gastos que debe asumir un camionero continúan creciendo. Entre ellos mencionó el alza en peajes, combustibles, aceites, salarios, parqueaderos, lavado de vehículos y costos de nómina, factores que están impactando directamente la estabilidad financiera de quienes viven de esta actividad.“Los ingresos que tienen que ver con el flete no han subido, por el contrario, se han venido bajando, mientras todo lo demás se incrementa. Todo eso hace que el ingreso del camionero siga mucho más a la baja y no se vea reflejado en una solvencia económica que le permita cubrir siquiera sus gastos necesarios y familiares”, aseguró.A estas dificultades se suman los problemas relacionados con el orden público y el deterioro de la infraestructura vial. Según el dirigente, los cierres de carreteras, derrumbes, bloqueos y frentes de obra obligan a tomar desvíos que implican recorridos de hasta 400 kilómetros más, 500.000 pesos adicionales en combustible y un desajuste considerable para el camionero.También señaló que el incremento del salario mínimo genera un efecto en cadena sobre todos los insumos y servicios asociados al transporte de carga. Este ajuste, indicó, eleva automáticamente los costos operativos, mientras que los pagos por flete permanecen iguales o incluso disminuyen, lo que termina afectando el patrimonio de los camioneros y los obliga a reducir gastos esenciales de sus hogares.Quiceno manifestó que las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional no han producido resultados de fondo y que los cambios constantes en la institucionalidad han dificultado la adopción de soluciones reales. En ese contexto, aseguró que el gremio se mantiene en Asamblea Permanente y que, si no se abordan temas estructurales como el precio del combustible, la sobreoferta vehicular y la revisión de tarifas, un paro sigue siendo una alternativa latente antes del cierre del actual gobierno."Nosotros venimos en Asamblea Permanente y hay una serie de alternativas, la última de ellas es un paro. Las cosas están de tal forma que, si se realiza, sería prácticamente la despedida de un gobierno para darle la bienvenida a otro, porque no se han tomado decisiones de fondo frente a los problemas estructurales de los camioneros”, expuso.
Los dueños de carros particulares, vehículos oficiales y vehículos diplomáticos empezarán a pagar diésel a precios internacionales, de acuerdo con una nueva reglamentación del Gobierno nacional. La medida empezará a operar dentro de seis meses en 75 municipios del país, incluyendo a Bogotá.La medida no afectará los precios del diésel para camiones de carga ni para el transporte público, que seguirán recibiendo un diésel subsidiado.En Colombia, el precio del diésel está subsidiado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y se estima que el precio final al consumidor podría estar unos 6.000 pesos por debajo del precio sin subsidiar.El fin de los subsidios se venía anunciando desde hace semanas, pero el Gobierno no había emitido una reglamentación oficial. Aun así, el esquema no operará inmediatamente, sino que tiene una transición de seis meses.“La decisión parte de un diagnóstico claro: durante años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social esencial, lo que generó un alto costo fiscal para el Estado”, señaló el Ministerio de Minas en un comunicado.Este es el listado de municipios en los que aplicará la medida del diéselAntioquiaBarbosaBelloCaldasCopacabanaEnvigadoGirardotaItagüíLa EstrellaMedellínSabanetaAtlánticoGalapaMalamboSoledadBarranquillaPuerto ColombiaBogotá, D.C.BogotáBolívarArjonaCartagena de IndiasClemenciaSanta CatalinaSanta RosaTurbacoTurbanáCórdobaCeretéCiénaga de OroMonteríaSan CarlosSan PelayoCundinamarcaBojacáCajicáChíaCotaEl RosalFacatativáFunzaGachancipáLa CaleraMadridMosqueraSibatéSoachaSopóTabioTenjoTocancipáZipaquiráMagdalenaCiénagaPueblo ViejoSanta MartaZona BananeraRisaraldaDosquebradasLa VirginiaPereiraSanta Rosa de CabalSantanderBucaramangaFloridablancaGirónPiedecuestaTolimaAlvaradoCajamarcaIbaguéPiedrasVenadilloValle del caucaCaliCandelariaJamundíPalmiraYumbo
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
Desde el 20 de diciembre de 2025, el precio del diésel (ACPM) en Colombia registró un aumento, según la circular publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La entidad dio a conocer los precios de referencia de venta al público que rigen en el país, con valores diferenciados por ciudad.La actualización hace parte del esquema regular de precios que tiene en cuenta los valores fijados por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, y aplica para las principales ciudades del país.¿Cuánto cuesta el diésel en las principales ciudades?Estos son los precios del ACPM por galón vigentes desde el 20 de diciembre de 2025 en 13 ciudades principales:Cali: $11.318Villavicencio: $11.276Pereira: $11.259Manizales: $11.245Medellín: $11.198Bogotá: $11.176Ibagué: $11.167Montería: $11.077Bucaramanga: $10.932Barranquilla: $10.861Cartagena: $10.827Pasto: $10.238Cúcuta: $8.932El precio promedio del ACPM en estas 13 ciudades quedó en $10.885 por galón, un aumento de 100 pesos.Ciudades con el diésel más caro y más baratoMás caro: Cali y Villavicencio aparecen entre las ciudades con el precio más alto del diésel, superando los $11.300 por galón.Más barato: Cúcuta mantiene el valor más bajo del país, con un precio inferior a los $9.000 por galón.¿Por qué subió el precio del diésel?La CREG explicó que los nuevos valores se publican con base en los ingresos al productor definidos por el Gobierno nacional y en los criterios legales vigentes para impuestos y sobretasas. Desde el 20 de diciembre, el ingreso al productor del ACPM quedó establecido en $5.960,02 por galón, lo que incide directamente en el precio final al consumidor.
La economía colombiana se expandió un 2.95% en el mes de octubre, lo que implica una desaceleración frente al mismo mes del año pasado, cuando su expansión había sido del 3.7%, de acuerdo con la información del Indicador de Seguimiento a la Economía del Dane.Las actividades con mayor dinamismo están concentradas en el sector servicios. Por ejemplo, las actividades relacionadas con el gobierno (como salud, educación y servicios sociales) se disparon un 6.8% mientras que el comercio está creciendo un 3.6%. Otros renglones del sector servicio con cifras positivas fueron las actividades inmobiliarias y las financieras.Por su parte, la industria y la construcción tuvieron un crecimiento mucho más tímido. La industria se ha visto impulsada por el crecimiento de la producción de gasolina, diesel, coque, prendas de vestir y equipos de transporte. Sin embargo, sectores como la industria siderúrgica, la molinería y la elaboración de azúcar y panela cayeron.Finalmente en el sector primario de la economía el informe del Dane da cuenta de una enorme desaceleración. Hace un año la suma de agricultura y minería aumentaba un 5.8% hoy el crecimiento conjunto es de apenas 0.3%.Entre enero y octubre la economía ha crecido 2.83% en línea con las expectativas de la mayoría de analistas.
Un carro que llegue a la revisión tecnomecánica con luces en mal estado, desalineadas o que no funcionen correctamente puede ser rechazado, ya que se trata de una de las razones comunes de reprobación durante la inspección, que verifica el estado de las luces de parqueo, direccionales, freno, reversa y las delimitadoras o de posición, según dijo ASOCDA a Blu Radio.Y es que el panorama de alto incumplimiento de la tecnomecánica en Colombia no es menor. De los 22.161.912 vehículos matriculados en el país, más de 10 millones evaden actualmente la revisión, según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Centro de Diagnóstico Automotor.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, mientras que en los últimos cinco años se ha mantenido por encima del 50 % del parque automotor registrado.¿Qué problemas en las luces hacen que rechacen un carro?Entre las fallas que pueden provocar el rechazo están el mal estado, la desalineación o el no funcionamiento de las luces del vehículo.La revisión contempla las luces de:Parqueo.Direccionales.Freno.Reversa.Delimitación.Posición.Por tratarse de elementos utilizados para iluminar la vía o advertir a otros conductores sobre las maniobras del vehículo, una falla en estos componentes puede impedir que el carro obtenga el certificado de la tecnomecánica.Por eso, antes de llevar el vehículo al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), es importante comprobar que las diferentes luces funcionen y que no presenten problemas visibles de estado o alineación.¿En qué regiones están rechazando más vehículos en 2026?Las cifras del informe muestran diferencias importantes entre las regiones del país. San Andrés y Providencia registra el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con un 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.Por tipo de vehículo, las motocicletas son las que acumulan el mayor número de rechazos en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la inspección técnica.El panorama contrasta con el nivel de evasión de la revisión. Amazonas registra la tasa más alta del país, con 96,95 % de evasión, seguido por Guainía, con 93,79 %, y Vichada, con 93,42 %.A nivel municipal también aparecen cifras elevadas: Aguachica alcanza 90,93 % de evasión y La Dorada, 74,48 %.¿Qué pasa si rechazan mi carro en la tecnomecánica?Cuando un vehículo es rechazado, el propietario tiene 15 días calendario para corregir los defectos identificados y volver a presentarlo para una segunda inspección.Si en esa segunda revisión el carro vuelve a incumplir los estándares, el propietario deberá pagar nuevamente el costo de la revisión para poder obtener el certificado.También será necesario realizar una nueva revisión completa y asumir nuevamente el costo del procedimiento si el propietario no presenta el vehículo dentro del plazo de 15 días.Por eso, una falla en las luces no debería dejarse para el momento de la inspección: si alguna está dañada, no funciona, presenta problemas de alineación o tiene algún otro defecto, debe corregirse antes de acudir al CDA.¿Cuántos vehículos tienen la tecnomecánica al día?A pesar del nivel de evasión, el número de vehículos que cumplen con la RTMyEC aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026, 3.810.725 vehículos estaban certificados, frente a 3.629.782 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 180.943 vehículos, equivalente al 5 %.La red de CDA cuenta actualmente con 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 líneas mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados.Sin embargo, la infraestructura disponible permanece ampliamente subutilizada. El porcentaje mensual de vehículos inspeccionados frente a la capacidad autorizada no supera el 10,59 %, según el informe.
La Corte Constitucional estableció una serie de condiciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional al momento de definir la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para 2027, el valor que financia los servicios y tecnologías de salud de los afiliados.En el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 reiteró que el Ministerio de Salud debe demostrar, con información técnica y verificable, que los recursos asignados son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.Uno de los puntos centrales de la decisión es que la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor.La Corte también advirtió que el cálculo de la UPC no puede limitarse a actualizar valores históricos ni estar determinado únicamente por las restricciones presupuestales. El Ministerio de Salud deberá establecer técnicamente cuánto dinero requiere el sistema para garantizar los servicios y tecnologías financiados mediante esta prima.Además, la Sala ordenó identificar y cuantificar el posible rezago acumulado de la UPC, diferenciándolo de factores como problemas de gestión, ineficiencias o dificultades de flujo de recursos de las EPS.La decisión también involucra al Ministerio de Hacienda, al que se le reiteró la obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir las órdenes relacionadas con la financiación del sistema de salud.El Ministerio de Salud tendrá que presentar, a más tardar el 15 de enero de 2027, un informe a la Corte con la metodología utilizada, la calidad de la información, la justificación técnica del valor definido para la UPC y el proceso de participación adelantado.La Corte aclaró que este auto no constituye todavía una evaluación de cumplimiento, sino que establece las condiciones mínimas que deberán observarse para la definición de la UPC de 2027.En contexto, la Sala señaló que la decisión se adopta en un escenario de dificultades en el acceso a los servicios de salud y recordó que las tutelas relacionadas con este derecho aumentaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, según los datos citados en la providencia.
Un devastador movimiento telúrico ocurrido el 16 de noviembre de 1827 destruyó por completo el asentamiento original de la población donde se ubicaba el municipio de Chaparral. Al cumplirse 199 años de este evento histórico, el estudio de la amenaza sísmica en esa zona del país mantiene en alerta a la población de Chaparral.Zonas de subducción y acumulación de energíaLos sismos de mayor magnitud a nivel mundial se originan en contextos geológicos específicos, principalmente en las zonas de subducción, donde el choque entre placas tectónicas genera un proceso continuo de acumulación de fricción y energía. La geóloga Martha Calvache habló para la emisora Ecos del Combeiba 790AM sobre la evaluación de las fuentes sismogénicas y la desinformación asociada a este tipo de eventos."Hay muchos estudios, muchas teorías. Cada vez hay más información de cómo esa energía se va acumulando en zonas mucho más propensas a sismos grandes, muy muy grandes, que son, por ejemplo, la zona donde se acumula toda esta energía porque una placa se choca contra la otra, como son las zonas de subducción", explicó la experta.Frente a la idea extendida de que los eventos telúricos se repiten en intervalos fijos de tiempo, el informe de Calvache desmitifica la posibilidad de fijar fechas o plazos exactos:"Se pretende decir muchas veces que cada 50 años ocurre un sismo, que ya va a ocurrir porque son 49 años que han pasado desde ese sismo y entonces ya va a pasar el otro. La naturaleza y los humanos no llegamos a esas precisiones", aseveró.
La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.
La fuerza pública en Cali llevó a cabo la denominada 'Operación Iron', un despliegue operativo enfocado en golpear las estructuras delictivas radicadas en el sector céntrico de El Calvario y en otras zonas estratégicas de la capital vallecaucana.En dialogo con Mañanas Blu, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el balance definitivo de esta ofensiva e informó que el despliegue permitió neutralizar a siete organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, al robo y a los homicidios.Detalles de la Operación Iron y el impacto en El CalvarioEl mandatario local explicó que las acciones no solo se concentraron en el corazón de la ciudad, sino que se extendieron a sectores como El Vallado, en el oriente, y Meléndez, en la comuna 18.Refiriéndose a los resultados del despliegue policial y militar, Eder afirmó que “esta inicial fue un operativo que se llevó a cabo en el centro de Cali, pero también en el oriente, en el sector del Vallado y en la comuna 18 en el sector de Meléndez y logramos desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al homicidio”.Entre las estructuras desmanteladas o intervenidas en este sector céntrico se encuentran bandas reconocidas en la zona como Los Buitres, La Luna y Los Pascuas.El sector de El Calvario ha sido históricamente catalogado como uno de los principales focos de delincuencia en la ciudad.Sobre la magnitud de este problema, el alcalde Alejandro Eder comparó la situación con zonas críticas de la capital colombiana: “El Calvario es, haga de cuenta, el Bronx en Bogotá... una olla que lleva 50 años de esta manera”.Añadió además la gravedad geográfica de este punto al señalar que “tener la olla donde está en Cali es como si en Bogotá el Bronx quedara en la 78... están en el corazón de la ciudad, en el corazón del motor económico de la ciudad”.Solamente en el sector de El Calvario se ejecutaron cerca de 40 capturas de integrantes de estas bandas dedicadas al expendio de sustancias psicoactivas.Renovación urbana y articulación con el Gobierno NacionalA diferencia de intervenciones pasadas que terminaban en el traslado de la criminalidad a otros barrios, la administración distrital sostiene que esta estrategia estará respaldada por proyectos concretos de transformación física e institucional.El mandatario destacó que ya se encuentra en funcionamiento la sede principal del búnker de la Fiscalía en ese sector, sumado al inicio de la construcción de la Estación Central del MÍO —una infraestructura de 90.000 metros cuadrados— y la edificación de tres torres de vivienda nueva con cerca de 80 apartamentos cada una.Asimismo, Eder enfatizó la importancia de la voluntad política y el respaldo del Gobierno Nacional para ejecutar operaciones de gran escala. Para llevar a cabo esta incursión simultánea en siete puntos de la ciudad, se requirieron más de 100 efectivos, tanquetas y unidades de fuerzas especiales urbanas de las Fuerzas Militares.Con el fin de ratificar la continuidad de la estrategia de seguridad, el mandatario fue categórico al declarar: “esto no es flor de una noche, esto es la primera parte del operativo y vendrán más”.Finalmente, al referirse al impacto de la presencia del presidente de la República y los altos mandos institucionales en el terreno de las operaciones, el alcalde destacó el aspecto psicológico y de respaldo operacional. “Cuando la fuerza pública ve el compromiso de sus gobernantes, comenzando con el presidente de la República, presencia del alcalde, presencia de todos los altos mandos, eso motiva a la tropa”.Escuche aquí la entrevista:
