El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) prendió las alarmas por la situación fiscal del país, pues aunque reconoce que el nuevo presupuesto para 2027 refleja mejor las necesidades reales del gasto, advierte que el déficit y la deuda siguen creciendo, y que Colombia necesita un ajuste estructural y permanente.
El nuevo proyecto de presupuesto para 2027 asciende a $635 billones, equivalentes al 29,9 % del Producto Interno Bruto, es decir, $59,2 billones más que la propuesta inicial presentada en julio, es decir, la del gobierno anterior.
El aumento reconoce gastos que no estaban completamente financiados, entre ellos salud, pensiones, nómina pública, subsidios de gas y energía, universidades y el fondo de combustibles. Pero el CARF advierte que el problema va mucho más allá del presupuesto.
Para 2027, el Gobierno y el Comité proyectan un déficit de 4,5 % del PIB, muy por encima del 0,5 % que se había previsto inicialmente. Además, el déficit total se acercaría al 10 % del PIB, y la deuda neta llegaría a 67 % del PIB, cerca del límite establecido por la regla fiscal.
Y hay riesgos adicionales, mayores gastos en salud y pensiones, el impacto del fenómeno de El Niño y los recursos que se necesitarán para atender la emergencia por el terremoto. Además, un mayor nivel de deuda puede traducirse en mayores primas de riesgo, tasas de interés y necesidades de financiamiento, generando un círculo que complique todavía más las cuentas fiscales.
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Por eso el Carf dice que el país necesita un ajuste fiscal estructural creíble y permanente, tanto por el lado del gasto como en los ingresos. El Gobierno había anunciado un ajuste equivalente a 2.2 % del PIB, pero el comité advierte que la corrección no puede depender de medidas temporales o aplazamientos.
“Corresponde al Gobierno presentar oportunamente las alternativas de ajuste; su decisión requerirá de la aprobación del Congreso de la República y de la participación responsable de los demás actores institucionales y de la sociedad. La sostenibilidad de las finanzas públicas es un principio constitucional y un bien público de todos los colombianos, por lo que las medidas necesarias para preservarla no pueden postergarse”, puntualizó el comité.