El presidente Abelardo De La Espriella anunció el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante el complejo panorama fiscal en Colombia de cara al 2027, con un faltante cercano a los 200 billones de pesos entre los proyectos proyectados y los gastos previstos, decisión que, según expertos, ha sido acertada por parte del Gobierno en medio de las negociaciones.Para Mauricio Cárdenas, exministro de Haciendo, esta decisión es acertada en medio de la situación que atraviesa el país. Según dijo, en diálogo con Recap de Blu Radio, el problema es gracias al "gobierno de Gustavo Petro" y esta reacción temprana es la acertada para "evitar problemas para el país", además que "es la peor situación fiscal de la historia de Colombia"."En 1999, el gobierno de ese momento, liderado por Andrés Pastrana, heredó una crisis fiscal que venía del gobierno anterior. Tuvo una tragedia también, un terremoto, y tuvo la necesidad de apelar al Fondo Monetario Internacional para financiarse. Esa fue la última vez que nosotros tuvimos un programa con el Fondo Monetario Internacional. Después Colombia fue mejorando y mejorando mucho, al punto de que el Fondo Monetario le dijo, mire, le voy a dar la tarjeta de crédito platino, la mejor, la que tengo para los mejores clientes", dijo."Cayeron en el gota a gota internacional"Colombia perdió la flexibilidad de acceder a préstamos de manera sencilla con el FMI, según Cárdenas, porque el expresidente Petro no cuidó la regla fiscal al mantener el gasto por encima de los ingresos por lo que suspendieron la tarjeta que tenía el paús. "El déficit fiscal de Colombia es enorme, la deuda de Colombia ha subido mucho, y lo peor es que la tasa de interés que está pagando la República de Colombia hoy está en un 13%. Hoy, hoy el gobierno para endeudarse a 10 años tiene que pagar 13%. Hace 8 o 10 años era el 6%. Entonces mucha deuda, tasas de interés muy altas, y un déficit fiscal gigantesco, eso solo se resuelve con un programa muy serio en el que el Fondo Monetario nos preste barato", detalló.El acuerdo del FMI debe favorecer la economía colombiana de una manera favorable, pues el gobierno anterior venía pagando en tasas de interés de hasta el 15 % por uno, una tentación que, dice, pone el "gota a gota internacional" en el cual terminó cayendo el expresidente Petro."Cayó realmente en manos del gota a gota internacional para poderse financiar. Colocaron los bonos a quienes los pedían con esas condiciones, con una tasa del 15%. El fondo nos va a prestar al 4 %, entonces es muy atractivo tomar la plata barata del fondo al 4 % para pagar anticipadamente créditos caros contratados al 15 %, y nos vamos a ahorrar, si vamos a pedir 20 mil millones de dólares, nos ahorramos 10 % al año, o sea, 2 mil millones de dólares. Imagínense lo que significa ahorrarse 2 mil millones de dólares, esos son 7 billones de pesos, y con eso usted resuelve problemas grandes como el de la salud", añadió.Refinanciación y ahorro en interesesEl plan en discusión plantea solicitar un programa por USD 20.000 millones bajo la figura de la PLL. A diferencia de otros instrumentos, la PLL no entrega la totalidad de los recursos en un solo desembolso, sino por tramos sujetos a revisiones periódicas sobre las metas de ajuste fiscal del país.Sustitución de tasa: cambiar deuda contratada al 15% por financiamiento del FMI cercano al 4%.Ahorro anual: la reducción de 10 puntos porcentuales en el costo de la deuda representaría un margen de USD 2.000 millones anuales (alrededor de 7 billones de pesos colombianos).Destino de los fondos: el alivio en el pago de intereses liberaría espacio en el presupuesto nacional para atender sectores prioritarios como la salud y la infraestructura regional.
Formalmente, el Gobierno acaba de pedirle a la Corte Constitucional que modere los efectos fiscales de su decisión sobre la reforma pensional, que estableció el 1.º de abril de 2027 como fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que fueron declaradas exequibles.Acuérdense: la reforma pensional fue aprobada durante el gobierno anterior y posteriormente demandada, entre otros motivos, por la senadora Paloma Valencia. Después de un proceso judicial que se extendió durante varios años, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-264 de 2026, declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 y estableció que esas disposiciones comenzarán a regir el 1.º de abril de 2027. Algunos artículos y apartes, sin embargo, fueron devueltos a la Cámara de Representantes para que se subsanen los problemas de trámite identificados por la Corte.¿Qué es lo nuevo? El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó formalmente ante la Corte una solicitud para que se abra un Incidente de Impacto Fiscal, dentro del expediente de la reforma pensional.Este es un mecanismo que permite discutir ante la Corte las consecuencias económicas de una decisión judicial y la manera en que debe cumplirse teniendo en cuenta la sostenibilidad fiscal. La Corte debe estudiar la solicitud, pero eso no significa que tenga que aceptar los argumentos del Gobierno. En este caso, el ministerio pide expresamente la apertura del incidente frente a la Sentencia C-264 de 2026.Según el Ministerio de Hacienda, la decisión de la Corte cambia de manera importante las proyecciones fiscales del Estado hacia el futuro en especial cuando se habla de las obligaciones de financiación y en los recursos que deberán movilizarse para la implementación del nuevo sistema pensional. También advierte que, según las estimaciones de la cartera, la entrada en vigencia de la reforma podría generar requerimientos adicionales de recursos del orden de $5 billones, en un escenario fiscal que el propio Ministerio describe como de alta rigidez y con necesidad de ajustes.“... a la fecha no existe para el Gobierno nacional una certeza absoluta sobre las implicaciones fiscales de la reforma, pues existen algunos puntos cuya discusión o eventual declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad pueden modificar el escenario actuarial, prestacional y financiero”.El Gobierno, en otras palabras, le está diciendo a la Corte: la decisión judicial se debe cumplir, pero hay que revisar cómo hacerlo para que sus efectos sean compatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas y con la programación presupuestal de la nación. De hecho, esa es la finalidad que expresamente plantea el ministerio en su solicitud.La decisión queda ahora en manos de la Corte Constitucional: primero, tendrá que tramitar la solicitud de incidente y, posteriormente, determinar qué efectos puede tener frente a la sentencia.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) prendió las alarmas por la situación fiscal del país, pues aunque reconoce que el nuevo presupuesto para 2027 refleja mejor las necesidades reales del gasto, advierte que el déficit y la deuda siguen creciendo, y que Colombia necesita un ajuste estructural y permanente.El nuevo proyecto de presupuesto para 2027 asciende a $635 billones, equivalentes al 29,9 % del Producto Interno Bruto, es decir, $59,2 billones más que la propuesta inicial presentada en julio, es decir, la del gobierno anterior.El aumento reconoce gastos que no estaban completamente financiados, entre ellos salud, pensiones, nómina pública, subsidios de gas y energía, universidades y el fondo de combustibles. Pero el CARF advierte que el problema va mucho más allá del presupuesto.Para 2027, el Gobierno y el Comité proyectan un déficit de 4,5 % del PIB, muy por encima del 0,5 % que se había previsto inicialmente. Además, el déficit total se acercaría al 10 % del PIB, y la deuda neta llegaría a 67 % del PIB, cerca del límite establecido por la regla fiscal.Y hay riesgos adicionales, mayores gastos en salud y pensiones, el impacto del fenómeno de El Niño y los recursos que se necesitarán para atender la emergencia por el terremoto. Además, un mayor nivel de deuda puede traducirse en mayores primas de riesgo, tasas de interés y necesidades de financiamiento, generando un círculo que complique todavía más las cuentas fiscales.Por eso el Carf dice que el país necesita un ajuste fiscal estructural creíble y permanente, tanto por el lado del gasto como en los ingresos. El Gobierno había anunciado un ajuste equivalente a 2.2 % del PIB, pero el comité advierte que la corrección no puede depender de medidas temporales o aplazamientos.“Corresponde al Gobierno presentar oportunamente las alternativas de ajuste; su decisión requerirá de la aprobación del Congreso de la República y de la participación responsable de los demás actores institucionales y de la sociedad. La sostenibilidad de las finanzas públicas es un principio constitucional y un bien público de todos los colombianos, por lo que las medidas necesarias para preservarla no pueden postergarse”, puntualizó el comité.
Colombia fue en 2024 el país de la OCDE en el que más disminuyó la fiscalidad, a contracorriente de la tendencia general, y eso básicamente por una rebaja sustancial del impuesto de sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios.En su informe anual sobre las reformas fiscales publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) explica que la fiscalidad en Colombia disminuyó ese año en 2,21 puntos de PIB cuando en los 36 países miembros para los que hay datos preliminares aumentó de media cuatro décimas, del 33,7 % al 34,1 % del PIB.En ese mismo ejercicio, los otros países de la organización en los que más cayó la fiscalidad fueron Corea del Sur (1,54 puntos de PIB), Noruega (1,44 puntos) y Nueva Zelanda (0,83 puntos).En el caso de Colombia, el descenso general se explica en buena medida por una caída de los ingresos por el impuesto de sociedades (de 1,77 puntos de PIB) a lo que se añadieron bajas importantes en los impuestos a la propiedad (0,31 puntos).Esas reducciones contrastan con la evolución en Lituania, que fue el miembro en el que más aumentó el peso de los impuestos en 2024 (2,4 puntos de PIB más), seguido de Eslovenia (1,93 puntos).España fue uno de los 22 países de la OCDE en que se incrementó ese año la fiscalidad, en concreto en 0,27 puntos de PIB, y eso por subidas del impuesto sobre la renta (0,18 puntos), del impuesto de sociedades (0,07 puntos) y de las cotizaciones sociales (0,07 puntos) que sólo fueron compensadas por caídas en los impuestos a la propiedad (0,01 puntos) y al consumo, como el IVA (0,05 puntos).Los autores del estudio, que en esta edición incluía datos no sólo de la organización, sino de 92 jurisdicciones en total, indican que en el conjunto de la OCDE la tasa de fiscalidad desde 1990 ha permanecido bastante estable, fluctuando entre el 33 % y el 34 % del PIB, aunque varía significativamente entre unos y otros países.De hecho, los países de altos ingresos suelen tener un nivel de fiscalidad más elevado, por encima del 30 %, mientras que los de ingresos medios rondan el 20 %.Los autores del informe señalan que en 2025 por tercer año consecutivo el tipo del impuesto de sociedades en los países de la OCDE permaneció estable, lo que confirma que se puso fin a la tendencia a la baja de los dos decenios precedentes.Aunque las tasas del impuesto de sociedades han subido en algunos países, la base impositiva en muchos casos ha disminuido con exenciones a diversos tipos de inversiones, sobre todo en la transición energética, en tecnologías o en investigación.En un movimiento que se ha constatado en los años más recientes, más países incrementaron en 2025 los impuestos a los bancos o a otras entidades financieras, como Israel (lo anunció en diciembre), Bélgica, Colombia, Italia, Eslovaquia o Polonia.
El próximo Gobierno de Colombia recibirá una economía marcada por un elevado déficit fiscal, altos niveles de endeudamiento y un reducido margen de maniobra para ajustar el gasto público. Así lo advirtió Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, durante una entrevista en El Radar, en la que analizó los principales desafíos económicos que tendrá que enfrentar la administración de Abelardo De La Espriella.Para Meléndez, el problema fiscal no tiene una solución inmediata y exigirá decisiones que vayan más allá de un simple recorte presupuestal. “El nuevo Gobierno está recibiendo un problema grande que no es de fácil solución. Y que no va a poder arreglar de un día para otro”, señaló.Uno de los principales retos, explicó, será recuperar la confianza de los mercados mediante una política de mayor disciplina fiscal. El elevado endeudamiento obliga al Estado a financiarse a tasas altas, lo que aumenta la presión sobre las cuentas públicas.“El reto es volver a poner las finanzas públicas en una senda virtuosa, de manera que lleguemos a un nivel de deuda que sea sostenible y que la señal a los mercados sea de que hay una disciplina fiscal”, afirmó la economista.Sin embargo, Meléndez advirtió que el margen para reducir el gasto es limitado debido a las llamadas inflexibilidades presupuestales. Rubros como las pensiones y la salud tienen una dinámica de crecimiento que dificulta realizar recortes significativos sin modificaciones estructurales.Por eso, consideró que no sería realista esperar que el próximo Gobierno resuelva por completo el desequilibrio fiscal durante sus cuatro años de mandato. “No debemos esperar o exigirle a este Gobierno que en 4 años retorne totalmente al equilibrio ideal, porque no va a ser posible”, sostuvo. A su juicio, lo que sí debe exigirse es que la nueva administración envíe señales claras de orden y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.A este panorama se suman obligaciones que podrían aumentar las necesidades de gasto. La directora de Fedesarrollo mencionó las deudas pendientes con los sectores de salud y energía, así como el deterioro de la seguridad y posibles fallos judiciales contra la Nación relacionados con infraestructura de transporte.Más ingresos, una de las clavesAnte las dificultades para reducir sustancialmente el gasto, Meléndez planteó que el ajuste fiscal también tendrá que pasar por una estrategia para aumentar los ingresos del Estado. En ese sentido, señaló que Colombia deberá buscar mecanismos para impulsar el crecimiento económico, revisar la tributación y, en el mediano plazo, recuperar fuentes de ingresos asociadas a la explotación de petróleo y gas.También abrió la puerta a una nueva discusión sobre el impuesto al valor agregado (IVA), uno de los asuntos que previsiblemente generará mayor debate político y social.La economista explicó que no todas las exenciones actuales del IVA necesariamente benefician a los hogares de menores ingresos. Por ello, propuso revisar aquellas que favorecen a sectores con capacidad de pago y mantener mecanismos de compensación para evitar que una eventual ampliación del impuesto afecte a las familias más vulnerables.“Yo eliminaría las exenciones que claramente no están asociadas con las familias más pobres sin pensarlo dos veces”, afirmó.Según Meléndez, las exenciones tributarias representan un costo significativo para las finanzas públicas. En la entrevista señaló que las exenciones del IVA y de los impuestos de renta corporativa y personal suman más de ocho puntos del PIB, mientras que las correspondientes al IVA representan por sí solas cerca de seis puntos del PIB.La directora de Fedesarrollo insistió en que cualquier modificación al IVA tendría que diseñarse cuidadosamente y acompañarse de mecanismos de devolución para los hogares de menores ingresos. “Hay mecanismos a través de los cuales a esas mismas familias se les puede devolver el gasto adicional que hacen en IVA”, explicó.Su argumento parte de una visión integral del sistema tributario: no necesariamente cada impuesto debe ser progresivo por separado, sino que el conjunto de impuestos y gasto público debe contribuir a redistribuir ingresos.“Lo que nos importa es que todo el sistema de tributación y gasto como un todo sea progresivo”, afirmó.El debate que plantea Meléndez anticipa una de las discusiones económicas centrales del próximo Gobierno: cómo cerrar el déficit fiscal sin profundizar las dificultades sociales ni frenar la actividad económica. Para Fedesarrollo, la respuesta no estaría únicamente en recortar el gasto, sino en combinar una mayor disciplina presupuestal con nuevas fuentes de ingresos, crecimiento económico y una revisión de las exenciones tributarias.La tarea, según la economista, será compleja y requerirá decisiones graduales. Más que una solución inmediata, el próximo Gobierno tendrá que construir una ruta que permita recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas y, al mismo tiempo, preservar los recursos necesarios para atender las necesidades sociales y económicas del país.
La Contraloría General de la República advirtió que las actuales presiones fiscales ponen en riesgo la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación para 2026 y alertó sobre un escenario de mayores dificultades para las finanzas públicas, marcado por menores ingresos, un incremento acelerado del endeudamiento y una ejecución presupuestal que, según el órgano de control, compromete la estabilidad fiscal del país. El análisis fue elaborado con base en la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 y en el seguimiento permanente que realiza la entidad a la deuda pública.Según el informe, con corte al 16 de junio de 2026, el Presupuesto General de la Nación asciende a $555,72 billones. De ese monto, el Gobierno había recaudado $252,68 billones, por lo que aún quedaban pendientes por financiar cerca de $303 billones, equivalentes al 54,5 % del presupuesto total. Para la Contraloría, esta situación representa un importante desafío para garantizar los recursos que permitan cumplir todas las obligaciones del Estado durante lo que resta de la vigencia fiscal.Uno de los principales puntos de preocupación es el comportamiento del recaudo tributario. El presupuesto fue aprobado con una meta de ingresos por impuestos de $321,46 billones, cifra que incluía los tributos creados durante la emergencia decretada en diciembre de 2025, que ya dejaron de estar vigentes, así como los impuestos establecidos en la emergencia de febrero de 2026. Sin embargo, el propio Gobierno reconoció en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que esa meta no podrá alcanzarse y redujo la proyección de recaudo a $294,28 billones.La Contraloría señaló que incluso esa nueva meta enfrenta dificultades. Con corte al 16 de junio, el recaudo tributario efectivo ascendía a $138,17 billones, lo que refleja, por ahora, un déficit cercano a $32 billones frente al comportamiento esperado para esa fecha. Además, advirtió que existe un desfase entre las cifras utilizadas en la programación presupuestal y las contempladas en la programación fiscal, lo que incrementa la incertidumbre sobre la financiación del presupuesto durante el resto del año.El organismo de control explicó que mientras el Presupuesto General mantiene una expectativa de recaudo de $321,46 billones, la revisión del Plan Financiero de 2026 fijó la meta en $291,36 billones y el Marco Fiscal de Mediano Plazo la estableció en $294,28 billones. Esa diferencia implica un ajuste de $27,18 billones respecto de la meta presupuestal inicial y, según la Contraloría, si el Gobierno no logra obtener nuevas fuentes de ingresos, tendrá que reducir el gasto público al menos en esa misma cantidad para mantener el equilibrio de las cuentas fiscales.El informe también revela una revisión significativa de las perspectivas de ingresos del Gobierno Nacional Central. Mientras el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado en 2025 proyectaba ingresos equivalentes al 18,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, la actualización reduce esa estimación al 16,1 % del PIB. Esto representa una disminución de $25,4 billones en los ingresos esperados frente a las previsiones realizadas un año atrás.Ante este panorama, la Contraloría insistió en que resulta indispensable fortalecer el rigor técnico en las proyecciones de ingresos y en la construcción de los supuestos fiscales para reducir la necesidad de realizar ajustes presupuestales durante la ejecución del presupuesto. La entidad también recordó que este es el último Marco Fiscal de Mediano Plazo de la actual administración y sostuvo que las decisiones necesarias para corregir el déficit estructural y recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas quedarán, en buena medida, en manos del próximo gobierno, el cual deberá combinar medidas sobre ingresos, gasto y crecimiento económico.El organismo también expresó preocupación por el bajo nivel de ejecución de la inversión pública en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico y el bienestar de la población. Con corte al 25 de junio, el sector Transporte registraba una ejecución presupuestal de apenas el 10,8 %, mientras que Salud alcanzaba el 9,48 %. A esto se suma que, al cierre de mayo, seguía pendiente de pago el 48 % de las reservas presupuestales de inversión y el 38 % de las reservas presupuestales de funcionamiento constituidas durante 2025, situación que continúa ejerciendo presión sobre la disponibilidad de caja del Gobierno nacional.En materia de deuda pública, la Contraloría reiteró que un déficit primario, es decir, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos antes del pago de intereses, tiene como consecuencia un aumento del endeudamiento. Por esa razón, insistió en la necesidad de alcanzar un equilibrio presupuestal mediante mayores ingresos tributarios, una reducción del gasto primario y una ejecución eficiente, eficaz y austera de los recursos públicos para evitar que el peso de la deuda continúe aumentando.El análisis también cuestiona algunos de los supuestos incluidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Gobierno proyecta que entre 2028 y 2037 la economía colombiana crecerá por encima de su PIB potencial, escenario que podría generar presiones inflacionarias y obligar al Banco de la República a mantener tasas de interés más altas para controlar la inflación. La Contraloría considera discutible esa hipótesis al señalar que un crecimiento promedio proyectado del 2,8 % anual podría resultar insuficiente para reducir la deuda pública, disminuir el desempleo y absorber el mayor costo financiero derivado de tasas de interés elevadas.Las cifras de ejecución presupuestal también muestran que el servicio de la deuda continúa concentrando una parte importante de los recursos públicos. Con corte al 25 de junio de 2026, este rubro registraba una ejecución del 47,1 %, el gasto de funcionamiento alcanzaba el 41,4 % y la inversión apenas llegaba al 29,1 %. Para la Contraloría, esta distribución evidencia la creciente presión que ejerce el pago de la deuda sobre las finanzas del Estado y limita el margen para acelerar proyectos de inversión.En cuanto a la actividad económica, la entidad advirtió que durante el primer trimestre de 2026 el crecimiento del país se desaceleró hasta el 2,2 %. También señaló que factores climáticos, como el fenómeno de El Niño, podrían afectar el desempeño del sector agropecuario durante el resto del año. Además, estimó que el gasto público podría seguir sosteniendo parte de la actividad económica mientras se materializan los ajustes fiscales asociados al cambio de administración y a las decisiones que adopte el nuevo gobierno nacional.
El próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas más deterioradas de lo que se había previsto y tendrá el reto de implementar un ajuste fiscal estructural para evitar una pérdida de confianza de los mercados y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Esa es la principal advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), cuyo presidente, Carlos Ramírez, aseguró que el país enfrenta un escenario que exige medidas permanentes tanto por el lado de los ingresos como del gasto.Durante una entrevista concedida a Blu Radio, Ramírez explicó que el déficit fiscal proyectado para 2026 supera las estimaciones conocidas hasta ahora y compromete la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo."Las finanzas públicas siguen en déficit y el déficit que se va a presentar este año es mayor incluso al previsto por el Gobierno", afirmó. Según explicó, las proyecciones del CARF indican que el país cerraría el año con un déficit cercano a cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que calificó como "francamente insostenible" debido a que impulsa un crecimiento acelerado del endeudamiento.El Comité Autónomo de la Regla Fiscal es un organismo técnico e independiente encargado de evaluar el cumplimiento de la regla fiscal y emitir recomendaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Aunque sus conceptos no son vinculantes, sirven como referencia para inversionistas, organismos internacionales y autoridades económicas.Ramírez explicó que cuando el CARF habla de un ajuste estructural no se refiere únicamente a un recorte temporal del gasto, sino a cambios permanentes que permitan fortalecer las cuentas públicas."Quiere decir que se puedan lograr ingresos que sean permanentes, que no sean variables como los del petróleo", señaló. Agregó que también se requieren modificaciones en el gasto público mediante cambios legales y, en algunos casos, ajustes normativos que permitan hacer más sostenible el manejo de las finanzas del Estado.Entre los aspectos mencionados figuran revisiones a algunas políticas de subsidios y medidas encaminadas a mejorar el equilibrio entre ingresos y gastos. El economista insistió en que el objetivo es construir una base fiscal menos dependiente de factores externos como la cotización internacional del petróleo o la tasa de cambio.Consultado sobre si ese panorama obligaría al nuevo gobierno a promover una reforma tributaria, pese a la promesa de campaña de no aumentar impuestos, Ramírez respondió que el fortalecimiento de los ingresos constituye apenas uno de los frentes que deberán atenderse."Hay que atacar por lo menos cuatro frentes: los ingresos, los gastos, el costo de la deuda y mayor crecimiento económico", explicó. Añadió que el componente tributario es una posibilidad, aunque aclaró que existen otras alternativas como fortalecer la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y buscar mayores ingresos derivados de la actividad del sector de hidrocarburos.En la entrevista también se abordó el estado real de las finanzas que heredará la nueva administración. Frente a esa inquietud, Ramírez sostuvo que la situación resulta más compleja de lo que reflejaban las previsiones iniciales."Sí, es más serio", respondió al ser consultado sobre si el panorama fiscal es más delicado que el reportado previamente. Explicó que, tras el fracaso de la ley de financiamiento presentada el año anterior, se esperaba un recorte del gasto equivalente a cerca de dos puntos del PIB. Sin embargo, indicó que dicho ajuste no se ha materializado."Como ese recorte no se ha dado y el nivel de gastos no se ha disminuido, pues la situación cada día es más grave", manifestó. El presidente del CARF también recordó que las experiencias internacionales muestran que los procesos exitosos de consolidación fiscal comparten un elemento central: la credibilidad."El elemento más esencial es una ruta creíble", afirmó. Según explicó, un plan de ajuste que sea alcanzable y se cumpla genera confianza entre quienes financian al Estado, facilita la estabilidad de la deuda pública y mejora las condiciones para mantener el acceso al crédito.Otro de los temas abordados fue la propuesta del presidente electo y de su fórmula vicepresidencial de eliminar el impuesto del cuatro por mil. Sobre ese punto, Ramírez aclaró que el CARF no tiene competencia para pronunciarse sobre la política tributaria específica de cada gobierno, aunque reconoció que ese gravamen ha sido objeto de cuestionamientos técnicos debido a su impacto sobre las transacciones financieras.No obstante, advirtió que una eventual eliminación del impuesto tendría que estar acompañada de nuevas fuentes de recursos. "Si está dentro de las políticas del nuevo gobierno reducir este impuesto, debería ser inmediatamente compensado con otros nuevos ingresos", puntualizó.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una fuerte advertencia sobre el manejo de la deuda pública del Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de la histórica colocación de títulos TES realizada la semana pasada por 6 billones de pesos y con tasas cercanas al 15 %.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el contralor cuestionó que el Gobierno siga ampliando su capacidad de endeudamiento pese al elevado costo financiero que esto implica.“¿De qué le sirve a usted estar pagando la deuda, pero liberando el cupo para endeudarse más y endeudarse a un mayor costo?”, afirmó Rodríguez. El funcionario explicó que la Contraloría ha venido emitiendo funciones de advertencia desde hace meses por el deterioro de las finanzas públicas y el crecimiento del servicio de la deuda.“La sostenibilidad fiscal está en riesgo”Según Rodríguez, en 2025 el servicio de la deuda alcanzó los 105 billones de pesos, equivalentes al 23 % del gasto público total, cinco puntos porcentuales más que en 2021.El contralor aseguró que el principal problema es que el Estado está gastando más de lo que recibe y no existe un plan estructural para corregir el desbalance fiscal. “No se trata de satanizar la deuda, sino de mirar para qué se está endeudando el país”, sostuvo. Además, alertó que parte importante de los nuevos recursos estaría siendo utilizada para cubrir gastos de funcionamiento, pago de nómina e intereses de deuda, y no para inversión pública.Contraloría investiga operación de TESRodríguez confirmó que el ente de control abrió un presunto hallazgo disciplinario y pidió explicaciones al Ministerio de Hacienda sobre la operación financiera de la semana pasada.La emisión de TES por 6 billones de pesos llamó la atención del mercado porque una parte de la deuda fue colocada a tasas cercanas al 15 %, un nivel considerado históricamente alto por analistas económicos.“Estamos pagando muchísimo por nuestros endeudamientos y esto en el mediano y largo plazo podría ser insostenible”, advirtió el contralor. El jefe del organismo de control también alertó sobre problemas de caja en el Estado. Según explicó, en abril el Gobierno necesitaba cerca de 25 billones de pesos para cubrir operación y funcionamiento, pero solo contaba con alrededor de 7 billones.“Las consecuencias se verán en los próximos años”Durante la entrevista, Rodríguez insistió en que las advertencias de la Contraloría no tienen motivaciones políticas, sino técnicas, y pidió al Gobierno asumir con mayor seriedad el manejo de las finanzas públicas.“Las consecuencias no se van a ver ahora; se van a ver en dos o tres años o en el próximo gobierno”, señaló. El contralor también relacionó la presión fiscal con deudas acumuladas en sectores como salud, subsidios de energía, medicamentos y contingencias judiciales, que, según dijo, están aumentando la fragilidad financiera del Estado colombiano.Las advertencias de la ContraloríaLa Contraloría alertó que las recientes emisiones de TES se hicieron con tasas de interés más altas, lo que aumenta el costo futuro de la deuda pública.Advirtió un deterioro en las condiciones de financiamiento del Gobierno Nacional tras la colocación de 6 billones de pesos en TES el 13 de mayo de 2026.Señaló que el aumento de las tasas podría incrementar la carga del servicio de la deuda y presionar aún más las finanzas públicas.Expresó preocupación por la apreciación del franco suizo frente al dólar, que podría elevar costos financieros y reducir beneficios cambiarios esperados por el Gobierno.Cuestionó la ampliación de los mecanismos de sobreadjudicación de deuda autorizados por el Ministerio de Hacienda, al considerar que podrían incentivar un mayor endeudamiento.Alertó que las tasas de TES de corto plazo están por encima de las de largo plazo, una situación atípica que refleja desconfianza del mercado sobre la estabilidad fiscal del país.Indicó que, si continúan las emisiones de deuda bajo las actuales tasas, podría verse comprometida la meta de déficit fiscal de 2026, fijada en -5,1 % del PIB.Advirtió que el déficit fiscal incluso podría superar el nivel de 2025, cuando cerró en -6,4 % del PIB.Confirmó una observación con presunta incidencia disciplinaria relacionada con el manejo de la deuda pública durante 2025.Manifestó preocupación por la concentración de vencimientos de deuda en 2026, 2029 y 2030.Alertó sobre la persistencia de déficits primarios en un contexto de altas tasas de interés y bajo crecimiento económico.Señaló que la deuda y los intereses siguen creciendo mientras los ingresos del Estado no aumentan al mismo ritmo.Advirtió que el mayor nivel de ejecución del Presupuesto General de la Nación corresponde actualmente al pago de deuda (37,5 %), mientras la inversión pública apenas llega al 19 %.Cuestionó la baja ejecución de recursos de inversión y aseguró que esto pone en riesgo la reactivación económica y el cumplimiento de metas sociales.
En medio del debate sobre la crisis de las finanzas públicas que enfrenta el país, los candidatos presidenciales coincidieron en que la prioridad no sería una nueva reforma tributaria, sino un fuerte recorte del gasto público.La discusión partió de un diagnóstico común: “El 7 de agosto del 26 se va a levantar el tapete y vamos a encontrar algo que ya estamos previendo, es una situación con un déficit fiscal gigantesco”. Ante ese panorama, la pregunta fue directa: ¿es más importante reducir el gasto público que aumentar el recaudo con una nueva tributaria?Luna: “No le voy a dar ese papayazo”El primero en responder fue David Luna, quien aseguró que el país puede ajustar 50 billones de pesos en los próximos cuatro años.“50 billones de pesos se puede ajustar el gasto en nuestro país en los próximos cuatro años, obviamente reduciendo dobles competencias, reduciendo subsidios y, lo más importante, reduciendo las corbatas politiqueras”, afirmó.Agregó que es clave “recuperar la regla fiscal” y sostuvo que una nueva reforma sería inviable políticamente: “Hacer una nueva reforma tributaria, más allá de que sería la número 14 en los últimos años, es un imposible desde el punto de vista político (…) Yo no les voy a dar ese papayazo”.Gaviria: menos burocracia central y más regionesPor su parte, Aníbal Gaviria planteó una reducción de la burocracia central como eje de su estrategia.“Una disminución de la burocracia tiene que ser una de las primeras tareas del próximo gobierno”, señaló, y propuso trasladar competencias y recursos a departamentos y municipios “sin crecer la burocracia en ellos”.Para Gaviria, la descentralización y la autonomía serían “la verdadera reforma fiscal” que permitiría aliviar el peso del Estado central.Cárdenas: “La única opción es recortar el gasto”El exministro Mauricio Cárdenas fue enfático en que el hueco fiscal no se puede cubrir con impuestos.“No hay cómo conseguir 50 billones de pesos con reformas tributarias. Esa opción simplemente no existe (…) La única opción es recortar el gasto”, afirmó.Propuso eliminar contratos de prestación de servicios —“Son 191.000 contratistas. Eso no se necesita. Ahí hay 8 billones de pesos”— y reducir tasas de interés de la deuda: “Petro está pagando tasas del 14 %, nosotros las podemos poner en el 7 %. Ahí hay otros 10 billones”.Advirtió que, de no hacerse ajustes, “viene una crisis económica brutal si no paramos esto a tiempo”.Vicky Dávila: corrupción y préstamo empresarialLa candidata Vicky Dávila centró su propuesta en combatir la corrupción. “El primer chorro que vamos a tapar es el de la corrupción. 60 billones de pesos, dice la Contraloría, que cada año se van a los bolsillos de los corruptos”, afirmó.Además, propuso un préstamo voluntario del 1 % de los ingresos de grandes empresas para fortalecer la seguridad: “Nos van a prestar, y la vamos a invertir en drones, en cámaras, en que los policías tengan sus uniformes y su armamento”.Frente a las críticas, aclaró: “No es para tapar el hueco fiscal (…) Eso se tapa reduciendo el despilfarro y acabando con la corrupción”.Oviedo: eficiencia antes que recorteEl exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo matizó la discusión y habló de eficiencia.“La reforma tributaria no es el mecanismo de cada cuatro años para tapar el hueco fiscal”, dijo, pero advirtió que más que reducir el tamaño del Estado, hay que hacerlo más eficiente.Señaló que el gasto público representa cerca del 38 % del PIB, frente al 45 % de la OCDE, y cuestionó la viabilidad del 1 % empresarial: “No va a dar para verdaderamente tapar el hueco fiscal que tenemos en 2027”.Peñalosa y Galán: fin al despilfarro y modernizaciónEl exalcalde Enrique Peñalosa habló de “un despilfarro gigantesco” y cuestionó la ejecución de grandes obras. “Aquí lo que ha habido es un despilfarro politiquero e irresponsable”, afirmó.En tanto, Juan Manuel Galán pidió romper con el modelo de reformas tributarias constantes: “Tenemos que acabar con ese modelo de cada 18 meses hacer una reforma tributaria”. Propuso modernizar la Dian, lo que —según dijo— podría aumentar el recaudo entre 12 % y 14 %.Paloma Valencia: bajar impuestos y reducir ministeriosFinalmente, la senadora Paloma Valencia sostuvo que Colombia tiene “los impuestos más altos de toda la OCDE” y que eso ahuyenta la inversión.“Vamos a bajar los impuestos y vamos a reducir el Estado. De 19 ministerios vamos a pasar a 12”, aseguró, al anunciar fusiones de entidades para lograr un “Estado pequeño y eficiente”.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un organismo independiente del gobierno que tiene la función legal de revisar el cumplimiento de las metas de déficit, advirtió que el faltante de recursos para cumplir con las metas de 2026 puede llegar a ser de por lo menos 31.1 billones de pesos.Aunque el gobierno dijo en enero que podríamos cerrar el año con un déficit estructural positivo, los análisis del comité apuntan en una dirección diferente. Para el Carf, los gastos de la nación podrían ser iguales o superiores a los del año pasado."En ausencia de medidas con efectos permanentes para aumentar ingresos o reducir gastos, la posición fiscal estructural del país seguiría deteriorándose y la deuda retomaría una senda alcista, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, el retorno al cumplimiento de la Regla Fiscal, y menoscabando la estabilidad macroeconómica como un todo. Es urgente que el Gobierno, el Congreso de la República y la sociedad civil en general acuerden medidas estructurales para revertir la crítica situación fiscal", señaló el Carf.El comité calcula que, como mínimo, se requiere un recorte al presupuesto de 16.8 billones de pesos y advierte que controlar la caja o simplemente congelar partidas es insuficiente. El congelamiento y el control de la caja han sido dos de las estrategias utilizadas por el gobierno desde 2024 para tratar de mantener el equilibrio de las cuentas.El deterioro de las cuentas fiscales ya llevó a que el país perdiera un grado adicional en sus calificaciones de riesgo por parte de Fitch Ratings a BB, lo que aleja aún más al país del grado de inversión.A mediano plazo, el reto es todavía mayor; a medida que nos alejamos de la 'senda' marcada por la ley, es más difícil volver a ella. El Comité sugiere que se requiere un paquete de medidas especiales para dar confianza a los mercados, entre ellas reformas al gasto público o el uso del 'aval fiscal' para atender la presión que crea la aprobación de nuevas leyes en el Congreso.Por ejemplo, en los próximos años las finanzas del gobierno se verán presionadas por el aumento del salario mínimo, la reforma laboral, la reforma pensional e incluso la reforma a las transferencias para las regiones (Sistema General de Participaciones).
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este lunes formalmente las normas de la era de Joe Biden que ampliaban las protecciones contra la discriminación sexual para incluir la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas de Estados Unidos.La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó en un comunicado que la medida elimina del registro federal la regulación de 2024 y restablece las normas aprobadas durante el primer mandato de Trump, que el Gobierno lleva aplicando desde enero de 2025.La norma de Biden, aprobada en 2024, interpretó por primera vez de forma explícita que la prohibición de discriminación por razón de sexo del Título IX también abarcaba la orientación sexual y la identidad de género.La regulación protegía así a estudiantes y empleados de centros educativos financiados con fondos federales frente a ese tipo de discriminación.El Título IX, una ley federal aprobada en 1972, prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas educativos que reciben financiación federal.La regulación de 2024 también amplió la definición de acoso basado en el sexo para incluir, entre otras conductas, el acoso por orientación sexual o identidad de género, además de agresiones sexuales, violencia en las parejas, violencia doméstica y acoso.Con la decisión anunciada este lunes, el Departamento de Educación vuelve formalmente a las normas de 2020, que establecían una definición más limitada del acoso sexual y mayores garantías de debido proceso para los estudiantes acusados.De acuerdo con medios locales, el cambio es limitado porque el Gobierno de Trump ya había dejado de aplicar las normas de Biden desde enero de 2025, después de que varios tribunales las bloquearan y posteriormente las anularan.
Cayó en pleno casco urbano de Tibú, Norte de Santander, alias 'Pollo', señalado cabecilla de comisión de la estructura 33 de las disidencias de las Farcy presunto implicado en el homicidio de Mónica Beltrán, la menor que habría sido víctima de reclutamiento forzado.El operativo permitió ubicarlo tras labores de inteligencia militar. En el procedimiento le encontraron una pistola 9 milímetros, un proveedor y munición.Según las autoridades, alias 'Pollo' llevaba más de cuatro años en las filas de esta estructura y habría escalado hasta convertirse en uno de sus cabecillas en la zona.Su nombre aparece ahora ligado a una serie de hechos violentos en el Catatumbo: desplazamientos forzados, secuestros, extorsiones, intimidaciones y homicidios. También es señalado de participar en ataques con drones cargados con explosivos contra la Fuerza Pública y civiles.El brigadier general César Augusto Martínez Páez, comandante de la Segunda División del Ejército, confirmó que el capturado estaría relacionado con el asesinato de la menor.“Este sujeto se desempeñaba como cabecilla de comisión de la Subestructura Jorge Suárez Briceño, de la Estructura 33, y estaría profundamente involucrado con el homicidio de una menor de edad en Tibú, quien habría sido víctima de reclutamiento forzado”, afirmó.Las autoridades también investigan su posible participación en la retención de habitantes de Pacheli y Versalles, dos corregimientos de Tibú.Alias 'Pollo' quedó a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones para establecer su responsabilidad en estos hechos.
La defensa de la familia de Luz Mery Tristán recibió con conformidad la decisión de segunda instancia que dejó en 500 meses de prisión la condena contra Gustavo Andrés Ricci por el asesinato de la reconocida deportista colombiana. Así lo explicó en Recap Blu el abogado Luis Hernán Valero, quien señaló que el objetivo de la representación de víctimas siempre fue demostrar que se trató de un feminicidio agravado y no de otra modalidad de homicidio.“Lo que siempre se pretendió es que fuera un feminicidio agravado”, aseguró el abogado.Valero explicó que la reducción de la pena, que pasó de 525 a 500 meses, obedeció a la aplicación del artículo 61 del Código Penal y a la dosificación realizada por el tribunal. Sin embargo, destacó que la decisión mantuvo la calificación del crimen como feminicidio agravado. “Lo más importante y por eso nosotros estamos de acuerdo con la decisión es que quedó plenamente demostrado, y así también lo ratificó el tribunal en segunda instancia, es que fue un feminicidio agravado”, afirmó. Las pruebas contra el feminicidaSegún el abogado, durante el proceso se logró establecer que Ricci actuó con intención de matar y puso a Tristán en un estado de indefensión.Uno de los aspectos centrales del proceso estuvo relacionado con el comportamiento que, según las pruebas presentadas en juicio, el condenado habría mantenido durante años con Luz Mery Tristán. Valero mencionó testimonios, pruebas periciales y conversaciones encontradas en el iPad de la deportista como elementos que permitieron documentar episodios de violencia. “La amenazaba permanentemente, la cohibía de ser, de ser mujer, de ser ella”, sostuvo el abogado, quien agregó que también se demostró que la habría obligado a cambiar aspectos de su vida cotidiana y restringido sus relaciones personales.De acuerdo con su relato, las pruebas periciales no encontraron alcohol ni drogas en Tristán y los análisis sobre el arma utilizada establecieron que debía ser accionada tiro a tiro.“Los peritos demostraron que la pistola que usaba tenía que percutar tiro a tiro, lo que demostró pues que lo que quiso fue dispararle a ella”, señaló Valero.En cuanto al delito relacionado con la tenencia de armas de fuego, explicó que en segunda instancia fue retirado de la condena luego de que se acreditara la existencia de permisos para las armas y se aplicara el principio de in dubio pro reo.Sobre el desarrollo del proceso judicial, Valero destacó el trabajo realizado por la Fiscalía y la representación de las víctimas. También sostuvo que durante el caso la defensa presentó argumentos que no fueron acogidos por los tribunales. Para la familia de Luz Mery Tristán, el fallo representa el cierre de una etapa especialmente difícil del proceso judicial. Valero explicó que los familiares tuvieron que volver a escuchar durante las audiencias los detalles de los hechos y las pruebas presentadas.Finalmente, Valero hizo un llamado a las mujeres que puedan estar atravesando situaciones de violencia física o psicológica. A partir de su experiencia en este caso, recomendó prestar atención a las señales de alerta y denunciar las agresiones.
El Baloto y Baloto Revancha realizan este lunes 28 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.Números ganadores del Baloto y RevanchaLa combinación ganadora del Baloto de este lunes 28 de septiembre de 2026 es:BalotoSuper Balota: RevanchSuper Balota: ¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?Para este lunes, 28 de septiembre de 2026, el acumulado del Baloto es de $60.400 millones.Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $3.000 millones.Ambos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.Los participantes pueden consultar los resultados y verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales del operador.
MiLoto realiza este lunes 28 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este lunes 28 de septiembre de 2026 es: Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $220 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este lunes, 28 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $200 millones.Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, por lo cual quedó en $200 millones para el sigueinte sorteo, de acuerdo con la mecánica del juego.Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.