Colombia fue en 2024 el país de la OCDE en el que más disminuyó la fiscalidad, a contracorriente de la tendencia general, y eso básicamente por una rebaja sustancial del impuesto de sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios.En su informe anual sobre las reformas fiscales publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) explica que la fiscalidad en Colombia disminuyó ese año en 2,21 puntos de PIB cuando en los 36 países miembros para los que hay datos preliminares aumentó de media cuatro décimas, del 33,7 % al 34,1 % del PIB.En ese mismo ejercicio, los otros países de la organización en los que más cayó la fiscalidad fueron Corea del Sur (1,54 puntos de PIB), Noruega (1,44 puntos) y Nueva Zelanda (0,83 puntos).En el caso de Colombia, el descenso general se explica en buena medida por una caída de los ingresos por el impuesto de sociedades (de 1,77 puntos de PIB) a lo que se añadieron bajas importantes en los impuestos a la propiedad (0,31 puntos).Esas reducciones contrastan con la evolución en Lituania, que fue el miembro en el que más aumentó el peso de los impuestos en 2024 (2,4 puntos de PIB más), seguido de Eslovenia (1,93 puntos).España fue uno de los 22 países de la OCDE en que se incrementó ese año la fiscalidad, en concreto en 0,27 puntos de PIB, y eso por subidas del impuesto sobre la renta (0,18 puntos), del impuesto de sociedades (0,07 puntos) y de las cotizaciones sociales (0,07 puntos) que sólo fueron compensadas por caídas en los impuestos a la propiedad (0,01 puntos) y al consumo, como el IVA (0,05 puntos).Los autores del estudio, que en esta edición incluía datos no sólo de la organización, sino de 92 jurisdicciones en total, indican que en el conjunto de la OCDE la tasa de fiscalidad desde 1990 ha permanecido bastante estable, fluctuando entre el 33 % y el 34 % del PIB, aunque varía significativamente entre unos y otros países.De hecho, los países de altos ingresos suelen tener un nivel de fiscalidad más elevado, por encima del 30 %, mientras que los de ingresos medios rondan el 20 %.Los autores del informe señalan que en 2025 por tercer año consecutivo el tipo del impuesto de sociedades en los países de la OCDE permaneció estable, lo que confirma que se puso fin a la tendencia a la baja de los dos decenios precedentes.Aunque las tasas del impuesto de sociedades han subido en algunos países, la base impositiva en muchos casos ha disminuido con exenciones a diversos tipos de inversiones, sobre todo en la transición energética, en tecnologías o en investigación.En un movimiento que se ha constatado en los años más recientes, más países incrementaron en 2025 los impuestos a los bancos o a otras entidades financieras, como Israel (lo anunció en diciembre), Bélgica, Colombia, Italia, Eslovaquia o Polonia.
El próximo Gobierno de Colombia recibirá una economía marcada por un elevado déficit fiscal, altos niveles de endeudamiento y un reducido margen de maniobra para ajustar el gasto público. Así lo advirtió Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, durante una entrevista en El Radar, en la que analizó los principales desafíos económicos que tendrá que enfrentar la administración de Abelardo De La Espriella.Para Meléndez, el problema fiscal no tiene una solución inmediata y exigirá decisiones que vayan más allá de un simple recorte presupuestal. “El nuevo Gobierno está recibiendo un problema grande que no es de fácil solución. Y que no va a poder arreglar de un día para otro”, señaló.Uno de los principales retos, explicó, será recuperar la confianza de los mercados mediante una política de mayor disciplina fiscal. El elevado endeudamiento obliga al Estado a financiarse a tasas altas, lo que aumenta la presión sobre las cuentas públicas.“El reto es volver a poner las finanzas públicas en una senda virtuosa, de manera que lleguemos a un nivel de deuda que sea sostenible y que la señal a los mercados sea de que hay una disciplina fiscal”, afirmó la economista.Sin embargo, Meléndez advirtió que el margen para reducir el gasto es limitado debido a las llamadas inflexibilidades presupuestales. Rubros como las pensiones y la salud tienen una dinámica de crecimiento que dificulta realizar recortes significativos sin modificaciones estructurales.Por eso, consideró que no sería realista esperar que el próximo Gobierno resuelva por completo el desequilibrio fiscal durante sus cuatro años de mandato. “No debemos esperar o exigirle a este Gobierno que en 4 años retorne totalmente al equilibrio ideal, porque no va a ser posible”, sostuvo. A su juicio, lo que sí debe exigirse es que la nueva administración envíe señales claras de orden y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.A este panorama se suman obligaciones que podrían aumentar las necesidades de gasto. La directora de Fedesarrollo mencionó las deudas pendientes con los sectores de salud y energía, así como el deterioro de la seguridad y posibles fallos judiciales contra la Nación relacionados con infraestructura de transporte.Más ingresos, una de las clavesAnte las dificultades para reducir sustancialmente el gasto, Meléndez planteó que el ajuste fiscal también tendrá que pasar por una estrategia para aumentar los ingresos del Estado. En ese sentido, señaló que Colombia deberá buscar mecanismos para impulsar el crecimiento económico, revisar la tributación y, en el mediano plazo, recuperar fuentes de ingresos asociadas a la explotación de petróleo y gas.También abrió la puerta a una nueva discusión sobre el impuesto al valor agregado (IVA), uno de los asuntos que previsiblemente generará mayor debate político y social.La economista explicó que no todas las exenciones actuales del IVA necesariamente benefician a los hogares de menores ingresos. Por ello, propuso revisar aquellas que favorecen a sectores con capacidad de pago y mantener mecanismos de compensación para evitar que una eventual ampliación del impuesto afecte a las familias más vulnerables.“Yo eliminaría las exenciones que claramente no están asociadas con las familias más pobres sin pensarlo dos veces”, afirmó.Según Meléndez, las exenciones tributarias representan un costo significativo para las finanzas públicas. En la entrevista señaló que las exenciones del IVA y de los impuestos de renta corporativa y personal suman más de ocho puntos del PIB, mientras que las correspondientes al IVA representan por sí solas cerca de seis puntos del PIB.La directora de Fedesarrollo insistió en que cualquier modificación al IVA tendría que diseñarse cuidadosamente y acompañarse de mecanismos de devolución para los hogares de menores ingresos. “Hay mecanismos a través de los cuales a esas mismas familias se les puede devolver el gasto adicional que hacen en IVA”, explicó.Su argumento parte de una visión integral del sistema tributario: no necesariamente cada impuesto debe ser progresivo por separado, sino que el conjunto de impuestos y gasto público debe contribuir a redistribuir ingresos.“Lo que nos importa es que todo el sistema de tributación y gasto como un todo sea progresivo”, afirmó.El debate que plantea Meléndez anticipa una de las discusiones económicas centrales del próximo Gobierno: cómo cerrar el déficit fiscal sin profundizar las dificultades sociales ni frenar la actividad económica. Para Fedesarrollo, la respuesta no estaría únicamente en recortar el gasto, sino en combinar una mayor disciplina presupuestal con nuevas fuentes de ingresos, crecimiento económico y una revisión de las exenciones tributarias.La tarea, según la economista, será compleja y requerirá decisiones graduales. Más que una solución inmediata, el próximo Gobierno tendrá que construir una ruta que permita recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas y, al mismo tiempo, preservar los recursos necesarios para atender las necesidades sociales y económicas del país.
La Contraloría General de la República advirtió que las actuales presiones fiscales ponen en riesgo la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación para 2026 y alertó sobre un escenario de mayores dificultades para las finanzas públicas, marcado por menores ingresos, un incremento acelerado del endeudamiento y una ejecución presupuestal que, según el órgano de control, compromete la estabilidad fiscal del país. El análisis fue elaborado con base en la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 y en el seguimiento permanente que realiza la entidad a la deuda pública.Según el informe, con corte al 16 de junio de 2026, el Presupuesto General de la Nación asciende a $555,72 billones. De ese monto, el Gobierno había recaudado $252,68 billones, por lo que aún quedaban pendientes por financiar cerca de $303 billones, equivalentes al 54,5 % del presupuesto total. Para la Contraloría, esta situación representa un importante desafío para garantizar los recursos que permitan cumplir todas las obligaciones del Estado durante lo que resta de la vigencia fiscal.Uno de los principales puntos de preocupación es el comportamiento del recaudo tributario. El presupuesto fue aprobado con una meta de ingresos por impuestos de $321,46 billones, cifra que incluía los tributos creados durante la emergencia decretada en diciembre de 2025, que ya dejaron de estar vigentes, así como los impuestos establecidos en la emergencia de febrero de 2026. Sin embargo, el propio Gobierno reconoció en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que esa meta no podrá alcanzarse y redujo la proyección de recaudo a $294,28 billones.La Contraloría señaló que incluso esa nueva meta enfrenta dificultades. Con corte al 16 de junio, el recaudo tributario efectivo ascendía a $138,17 billones, lo que refleja, por ahora, un déficit cercano a $32 billones frente al comportamiento esperado para esa fecha. Además, advirtió que existe un desfase entre las cifras utilizadas en la programación presupuestal y las contempladas en la programación fiscal, lo que incrementa la incertidumbre sobre la financiación del presupuesto durante el resto del año.El organismo de control explicó que mientras el Presupuesto General mantiene una expectativa de recaudo de $321,46 billones, la revisión del Plan Financiero de 2026 fijó la meta en $291,36 billones y el Marco Fiscal de Mediano Plazo la estableció en $294,28 billones. Esa diferencia implica un ajuste de $27,18 billones respecto de la meta presupuestal inicial y, según la Contraloría, si el Gobierno no logra obtener nuevas fuentes de ingresos, tendrá que reducir el gasto público al menos en esa misma cantidad para mantener el equilibrio de las cuentas fiscales.El informe también revela una revisión significativa de las perspectivas de ingresos del Gobierno Nacional Central. Mientras el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado en 2025 proyectaba ingresos equivalentes al 18,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, la actualización reduce esa estimación al 16,1 % del PIB. Esto representa una disminución de $25,4 billones en los ingresos esperados frente a las previsiones realizadas un año atrás.Ante este panorama, la Contraloría insistió en que resulta indispensable fortalecer el rigor técnico en las proyecciones de ingresos y en la construcción de los supuestos fiscales para reducir la necesidad de realizar ajustes presupuestales durante la ejecución del presupuesto. La entidad también recordó que este es el último Marco Fiscal de Mediano Plazo de la actual administración y sostuvo que las decisiones necesarias para corregir el déficit estructural y recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas quedarán, en buena medida, en manos del próximo gobierno, el cual deberá combinar medidas sobre ingresos, gasto y crecimiento económico.El organismo también expresó preocupación por el bajo nivel de ejecución de la inversión pública en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico y el bienestar de la población. Con corte al 25 de junio, el sector Transporte registraba una ejecución presupuestal de apenas el 10,8 %, mientras que Salud alcanzaba el 9,48 %. A esto se suma que, al cierre de mayo, seguía pendiente de pago el 48 % de las reservas presupuestales de inversión y el 38 % de las reservas presupuestales de funcionamiento constituidas durante 2025, situación que continúa ejerciendo presión sobre la disponibilidad de caja del Gobierno nacional.En materia de deuda pública, la Contraloría reiteró que un déficit primario, es decir, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos antes del pago de intereses, tiene como consecuencia un aumento del endeudamiento. Por esa razón, insistió en la necesidad de alcanzar un equilibrio presupuestal mediante mayores ingresos tributarios, una reducción del gasto primario y una ejecución eficiente, eficaz y austera de los recursos públicos para evitar que el peso de la deuda continúe aumentando.El análisis también cuestiona algunos de los supuestos incluidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Gobierno proyecta que entre 2028 y 2037 la economía colombiana crecerá por encima de su PIB potencial, escenario que podría generar presiones inflacionarias y obligar al Banco de la República a mantener tasas de interés más altas para controlar la inflación. La Contraloría considera discutible esa hipótesis al señalar que un crecimiento promedio proyectado del 2,8 % anual podría resultar insuficiente para reducir la deuda pública, disminuir el desempleo y absorber el mayor costo financiero derivado de tasas de interés elevadas.Las cifras de ejecución presupuestal también muestran que el servicio de la deuda continúa concentrando una parte importante de los recursos públicos. Con corte al 25 de junio de 2026, este rubro registraba una ejecución del 47,1 %, el gasto de funcionamiento alcanzaba el 41,4 % y la inversión apenas llegaba al 29,1 %. Para la Contraloría, esta distribución evidencia la creciente presión que ejerce el pago de la deuda sobre las finanzas del Estado y limita el margen para acelerar proyectos de inversión.En cuanto a la actividad económica, la entidad advirtió que durante el primer trimestre de 2026 el crecimiento del país se desaceleró hasta el 2,2 %. También señaló que factores climáticos, como el fenómeno de El Niño, podrían afectar el desempeño del sector agropecuario durante el resto del año. Además, estimó que el gasto público podría seguir sosteniendo parte de la actividad económica mientras se materializan los ajustes fiscales asociados al cambio de administración y a las decisiones que adopte el nuevo gobierno nacional.
El próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas más deterioradas de lo que se había previsto y tendrá el reto de implementar un ajuste fiscal estructural para evitar una pérdida de confianza de los mercados y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Esa es la principal advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), cuyo presidente, Carlos Ramírez, aseguró que el país enfrenta un escenario que exige medidas permanentes tanto por el lado de los ingresos como del gasto.Durante una entrevista concedida a Blu Radio, Ramírez explicó que el déficit fiscal proyectado para 2026 supera las estimaciones conocidas hasta ahora y compromete la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo."Las finanzas públicas siguen en déficit y el déficit que se va a presentar este año es mayor incluso al previsto por el Gobierno", afirmó. Según explicó, las proyecciones del CARF indican que el país cerraría el año con un déficit cercano a cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que calificó como "francamente insostenible" debido a que impulsa un crecimiento acelerado del endeudamiento.El Comité Autónomo de la Regla Fiscal es un organismo técnico e independiente encargado de evaluar el cumplimiento de la regla fiscal y emitir recomendaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Aunque sus conceptos no son vinculantes, sirven como referencia para inversionistas, organismos internacionales y autoridades económicas.Ramírez explicó que cuando el CARF habla de un ajuste estructural no se refiere únicamente a un recorte temporal del gasto, sino a cambios permanentes que permitan fortalecer las cuentas públicas."Quiere decir que se puedan lograr ingresos que sean permanentes, que no sean variables como los del petróleo", señaló. Agregó que también se requieren modificaciones en el gasto público mediante cambios legales y, en algunos casos, ajustes normativos que permitan hacer más sostenible el manejo de las finanzas del Estado.Entre los aspectos mencionados figuran revisiones a algunas políticas de subsidios y medidas encaminadas a mejorar el equilibrio entre ingresos y gastos. El economista insistió en que el objetivo es construir una base fiscal menos dependiente de factores externos como la cotización internacional del petróleo o la tasa de cambio.Consultado sobre si ese panorama obligaría al nuevo gobierno a promover una reforma tributaria, pese a la promesa de campaña de no aumentar impuestos, Ramírez respondió que el fortalecimiento de los ingresos constituye apenas uno de los frentes que deberán atenderse."Hay que atacar por lo menos cuatro frentes: los ingresos, los gastos, el costo de la deuda y mayor crecimiento económico", explicó. Añadió que el componente tributario es una posibilidad, aunque aclaró que existen otras alternativas como fortalecer la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y buscar mayores ingresos derivados de la actividad del sector de hidrocarburos.En la entrevista también se abordó el estado real de las finanzas que heredará la nueva administración. Frente a esa inquietud, Ramírez sostuvo que la situación resulta más compleja de lo que reflejaban las previsiones iniciales."Sí, es más serio", respondió al ser consultado sobre si el panorama fiscal es más delicado que el reportado previamente. Explicó que, tras el fracaso de la ley de financiamiento presentada el año anterior, se esperaba un recorte del gasto equivalente a cerca de dos puntos del PIB. Sin embargo, indicó que dicho ajuste no se ha materializado."Como ese recorte no se ha dado y el nivel de gastos no se ha disminuido, pues la situación cada día es más grave", manifestó. El presidente del CARF también recordó que las experiencias internacionales muestran que los procesos exitosos de consolidación fiscal comparten un elemento central: la credibilidad."El elemento más esencial es una ruta creíble", afirmó. Según explicó, un plan de ajuste que sea alcanzable y se cumpla genera confianza entre quienes financian al Estado, facilita la estabilidad de la deuda pública y mejora las condiciones para mantener el acceso al crédito.Otro de los temas abordados fue la propuesta del presidente electo y de su fórmula vicepresidencial de eliminar el impuesto del cuatro por mil. Sobre ese punto, Ramírez aclaró que el CARF no tiene competencia para pronunciarse sobre la política tributaria específica de cada gobierno, aunque reconoció que ese gravamen ha sido objeto de cuestionamientos técnicos debido a su impacto sobre las transacciones financieras.No obstante, advirtió que una eventual eliminación del impuesto tendría que estar acompañada de nuevas fuentes de recursos. "Si está dentro de las políticas del nuevo gobierno reducir este impuesto, debería ser inmediatamente compensado con otros nuevos ingresos", puntualizó.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una fuerte advertencia sobre el manejo de la deuda pública del Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de la histórica colocación de títulos TES realizada la semana pasada por 6 billones de pesos y con tasas cercanas al 15 %.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el contralor cuestionó que el Gobierno siga ampliando su capacidad de endeudamiento pese al elevado costo financiero que esto implica.“¿De qué le sirve a usted estar pagando la deuda, pero liberando el cupo para endeudarse más y endeudarse a un mayor costo?”, afirmó Rodríguez. El funcionario explicó que la Contraloría ha venido emitiendo funciones de advertencia desde hace meses por el deterioro de las finanzas públicas y el crecimiento del servicio de la deuda.“La sostenibilidad fiscal está en riesgo”Según Rodríguez, en 2025 el servicio de la deuda alcanzó los 105 billones de pesos, equivalentes al 23 % del gasto público total, cinco puntos porcentuales más que en 2021.El contralor aseguró que el principal problema es que el Estado está gastando más de lo que recibe y no existe un plan estructural para corregir el desbalance fiscal. “No se trata de satanizar la deuda, sino de mirar para qué se está endeudando el país”, sostuvo. Además, alertó que parte importante de los nuevos recursos estaría siendo utilizada para cubrir gastos de funcionamiento, pago de nómina e intereses de deuda, y no para inversión pública.Contraloría investiga operación de TESRodríguez confirmó que el ente de control abrió un presunto hallazgo disciplinario y pidió explicaciones al Ministerio de Hacienda sobre la operación financiera de la semana pasada.La emisión de TES por 6 billones de pesos llamó la atención del mercado porque una parte de la deuda fue colocada a tasas cercanas al 15 %, un nivel considerado históricamente alto por analistas económicos.“Estamos pagando muchísimo por nuestros endeudamientos y esto en el mediano y largo plazo podría ser insostenible”, advirtió el contralor. El jefe del organismo de control también alertó sobre problemas de caja en el Estado. Según explicó, en abril el Gobierno necesitaba cerca de 25 billones de pesos para cubrir operación y funcionamiento, pero solo contaba con alrededor de 7 billones.“Las consecuencias se verán en los próximos años”Durante la entrevista, Rodríguez insistió en que las advertencias de la Contraloría no tienen motivaciones políticas, sino técnicas, y pidió al Gobierno asumir con mayor seriedad el manejo de las finanzas públicas.“Las consecuencias no se van a ver ahora; se van a ver en dos o tres años o en el próximo gobierno”, señaló. El contralor también relacionó la presión fiscal con deudas acumuladas en sectores como salud, subsidios de energía, medicamentos y contingencias judiciales, que, según dijo, están aumentando la fragilidad financiera del Estado colombiano.Las advertencias de la ContraloríaLa Contraloría alertó que las recientes emisiones de TES se hicieron con tasas de interés más altas, lo que aumenta el costo futuro de la deuda pública.Advirtió un deterioro en las condiciones de financiamiento del Gobierno Nacional tras la colocación de 6 billones de pesos en TES el 13 de mayo de 2026.Señaló que el aumento de las tasas podría incrementar la carga del servicio de la deuda y presionar aún más las finanzas públicas.Expresó preocupación por la apreciación del franco suizo frente al dólar, que podría elevar costos financieros y reducir beneficios cambiarios esperados por el Gobierno.Cuestionó la ampliación de los mecanismos de sobreadjudicación de deuda autorizados por el Ministerio de Hacienda, al considerar que podrían incentivar un mayor endeudamiento.Alertó que las tasas de TES de corto plazo están por encima de las de largo plazo, una situación atípica que refleja desconfianza del mercado sobre la estabilidad fiscal del país.Indicó que, si continúan las emisiones de deuda bajo las actuales tasas, podría verse comprometida la meta de déficit fiscal de 2026, fijada en -5,1 % del PIB.Advirtió que el déficit fiscal incluso podría superar el nivel de 2025, cuando cerró en -6,4 % del PIB.Confirmó una observación con presunta incidencia disciplinaria relacionada con el manejo de la deuda pública durante 2025.Manifestó preocupación por la concentración de vencimientos de deuda en 2026, 2029 y 2030.Alertó sobre la persistencia de déficits primarios en un contexto de altas tasas de interés y bajo crecimiento económico.Señaló que la deuda y los intereses siguen creciendo mientras los ingresos del Estado no aumentan al mismo ritmo.Advirtió que el mayor nivel de ejecución del Presupuesto General de la Nación corresponde actualmente al pago de deuda (37,5 %), mientras la inversión pública apenas llega al 19 %.Cuestionó la baja ejecución de recursos de inversión y aseguró que esto pone en riesgo la reactivación económica y el cumplimiento de metas sociales.
En medio del debate sobre la crisis de las finanzas públicas que enfrenta el país, los candidatos presidenciales coincidieron en que la prioridad no sería una nueva reforma tributaria, sino un fuerte recorte del gasto público.La discusión partió de un diagnóstico común: “El 7 de agosto del 26 se va a levantar el tapete y vamos a encontrar algo que ya estamos previendo, es una situación con un déficit fiscal gigantesco”. Ante ese panorama, la pregunta fue directa: ¿es más importante reducir el gasto público que aumentar el recaudo con una nueva tributaria?Luna: “No le voy a dar ese papayazo”El primero en responder fue David Luna, quien aseguró que el país puede ajustar 50 billones de pesos en los próximos cuatro años.“50 billones de pesos se puede ajustar el gasto en nuestro país en los próximos cuatro años, obviamente reduciendo dobles competencias, reduciendo subsidios y, lo más importante, reduciendo las corbatas politiqueras”, afirmó.Agregó que es clave “recuperar la regla fiscal” y sostuvo que una nueva reforma sería inviable políticamente: “Hacer una nueva reforma tributaria, más allá de que sería la número 14 en los últimos años, es un imposible desde el punto de vista político (…) Yo no les voy a dar ese papayazo”.Gaviria: menos burocracia central y más regionesPor su parte, Aníbal Gaviria planteó una reducción de la burocracia central como eje de su estrategia.“Una disminución de la burocracia tiene que ser una de las primeras tareas del próximo gobierno”, señaló, y propuso trasladar competencias y recursos a departamentos y municipios “sin crecer la burocracia en ellos”.Para Gaviria, la descentralización y la autonomía serían “la verdadera reforma fiscal” que permitiría aliviar el peso del Estado central.Cárdenas: “La única opción es recortar el gasto”El exministro Mauricio Cárdenas fue enfático en que el hueco fiscal no se puede cubrir con impuestos.“No hay cómo conseguir 50 billones de pesos con reformas tributarias. Esa opción simplemente no existe (…) La única opción es recortar el gasto”, afirmó.Propuso eliminar contratos de prestación de servicios —“Son 191.000 contratistas. Eso no se necesita. Ahí hay 8 billones de pesos”— y reducir tasas de interés de la deuda: “Petro está pagando tasas del 14 %, nosotros las podemos poner en el 7 %. Ahí hay otros 10 billones”.Advirtió que, de no hacerse ajustes, “viene una crisis económica brutal si no paramos esto a tiempo”.Vicky Dávila: corrupción y préstamo empresarialLa candidata Vicky Dávila centró su propuesta en combatir la corrupción. “El primer chorro que vamos a tapar es el de la corrupción. 60 billones de pesos, dice la Contraloría, que cada año se van a los bolsillos de los corruptos”, afirmó.Además, propuso un préstamo voluntario del 1 % de los ingresos de grandes empresas para fortalecer la seguridad: “Nos van a prestar, y la vamos a invertir en drones, en cámaras, en que los policías tengan sus uniformes y su armamento”.Frente a las críticas, aclaró: “No es para tapar el hueco fiscal (…) Eso se tapa reduciendo el despilfarro y acabando con la corrupción”.Oviedo: eficiencia antes que recorteEl exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo matizó la discusión y habló de eficiencia.“La reforma tributaria no es el mecanismo de cada cuatro años para tapar el hueco fiscal”, dijo, pero advirtió que más que reducir el tamaño del Estado, hay que hacerlo más eficiente.Señaló que el gasto público representa cerca del 38 % del PIB, frente al 45 % de la OCDE, y cuestionó la viabilidad del 1 % empresarial: “No va a dar para verdaderamente tapar el hueco fiscal que tenemos en 2027”.Peñalosa y Galán: fin al despilfarro y modernizaciónEl exalcalde Enrique Peñalosa habló de “un despilfarro gigantesco” y cuestionó la ejecución de grandes obras. “Aquí lo que ha habido es un despilfarro politiquero e irresponsable”, afirmó.En tanto, Juan Manuel Galán pidió romper con el modelo de reformas tributarias constantes: “Tenemos que acabar con ese modelo de cada 18 meses hacer una reforma tributaria”. Propuso modernizar la Dian, lo que —según dijo— podría aumentar el recaudo entre 12 % y 14 %.Paloma Valencia: bajar impuestos y reducir ministeriosFinalmente, la senadora Paloma Valencia sostuvo que Colombia tiene “los impuestos más altos de toda la OCDE” y que eso ahuyenta la inversión.“Vamos a bajar los impuestos y vamos a reducir el Estado. De 19 ministerios vamos a pasar a 12”, aseguró, al anunciar fusiones de entidades para lograr un “Estado pequeño y eficiente”.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un organismo independiente del gobierno que tiene la función legal de revisar el cumplimiento de las metas de déficit, advirtió que el faltante de recursos para cumplir con las metas de 2026 puede llegar a ser de por lo menos 31.1 billones de pesos.Aunque el gobierno dijo en enero que podríamos cerrar el año con un déficit estructural positivo, los análisis del comité apuntan en una dirección diferente. Para el Carf, los gastos de la nación podrían ser iguales o superiores a los del año pasado."En ausencia de medidas con efectos permanentes para aumentar ingresos o reducir gastos, la posición fiscal estructural del país seguiría deteriorándose y la deuda retomaría una senda alcista, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, el retorno al cumplimiento de la Regla Fiscal, y menoscabando la estabilidad macroeconómica como un todo. Es urgente que el Gobierno, el Congreso de la República y la sociedad civil en general acuerden medidas estructurales para revertir la crítica situación fiscal", señaló el Carf.El comité calcula que, como mínimo, se requiere un recorte al presupuesto de 16.8 billones de pesos y advierte que controlar la caja o simplemente congelar partidas es insuficiente. El congelamiento y el control de la caja han sido dos de las estrategias utilizadas por el gobierno desde 2024 para tratar de mantener el equilibrio de las cuentas.El deterioro de las cuentas fiscales ya llevó a que el país perdiera un grado adicional en sus calificaciones de riesgo por parte de Fitch Ratings a BB, lo que aleja aún más al país del grado de inversión.A mediano plazo, el reto es todavía mayor; a medida que nos alejamos de la 'senda' marcada por la ley, es más difícil volver a ella. El Comité sugiere que se requiere un paquete de medidas especiales para dar confianza a los mercados, entre ellas reformas al gasto público o el uso del 'aval fiscal' para atender la presión que crea la aprobación de nuevas leyes en el Congreso.Por ejemplo, en los próximos años las finanzas del gobierno se verán presionadas por el aumento del salario mínimo, la reforma laboral, la reforma pensional e incluso la reforma a las transferencias para las regiones (Sistema General de Participaciones).
En medio de un debate nacional sobre el déficit fiscal y el aumento del gasto público, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, aseguró que el incremento en el presupuesto no representa un derroche, sino una inversión social estratégica en sectores como educación, salud y salarios dignos para los colombianos.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Molina explicó que la percepción de “gasto excesivo” no considera que la mayor parte de los recursos se destinan a programas sociales y obligaciones legales adquiridas por el Estado. “El 90% del gasto del gobierno central es inflexible y responde a sentencias judiciales o a rentas de destinación específica. Esto incluye educación, salud y remuneraciones que garantizan la dignidad de los trabajadores, como soldados y médicos internos”, detalló.La directora también se refirió a las críticas sobre el aumento de la nómina estatal y la creación de nuevos cargos. Frente a esto, Molina explicó que la recomposición del gasto público ha trasladado recursos de inversión a funcionamiento, con el objetivo de asegurar la continuidad de proyectos sociales, como la gratuidad de la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y la mejora de la red hospitalaria pública, incluyendo el Hospital San Juan de Dios, que recibió 167.000 millones de pesos del Gobierno nacional.Sobre la acusación de que la política de economía expansiva del presidente Gustavo Petro incrementa el gasto sin control, Molina señaló que estas medidas buscan reactivar la economía y generar productividad. “Es como cuando una familia pide un crédito para comprar vivienda: incrementa su gasto, pero al final obtiene un activo que genera beneficio a largo plazo. El gasto público social funciona de manera similar”, argumentó.En cuanto al déficit fiscal, Molina explicó que la cifra estructural supera los 110 billones de pesos y que medidas como los decretos de emergencia económica, por 1,6 billones de pesos, solo representan una parte limitada del esfuerzo financiero. Según la directora, el Gobierno busca financiar el gasto social mediante una estructura tributaria progresiva, aplicando mayores impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos, aunque esta estrategia ha sido objeto de debate en el Congreso y entre economistas.Durante la entrevista, la periodista planteó varias preguntas sobre la legitimidad del aumento del gasto público, la política de economía expansiva y la refinanciación de deuda, temas que Molina abordó vinculando los incrementos de gasto con la necesidad de sostener programas sociales y reactivar la economía. Sin embargo, no se presentó un consenso claro sobre si estas decisiones impactan positivamente o generan mayores riesgos fiscales.
La Contraloría General de la República advirtió que el nivel de endeudamiento del Gobierno nacional bajo la administración del presidente Gustavo Petro, aunque no ha vulnerado la regla fiscal vigente, podría afectar la capacidad de pago del país en los próximos años.Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general, explicó en entrevista con Mañanas Blu que, pese al cumplimiento de los límites legales, las obligaciones financieras proyectadas para los próximos periodos demandarán un esfuerzo fiscal cada vez mayor.“El endeudamiento total del Gobierno está hoy en el 57% del PIB, por debajo del tope máximo del 71%, pero el problema es la inflexibilidad del presupuesto”, señaló Zuluaga en entrevista con Néstor Morales. Según el funcionario, el 92% del Presupuesto General de la Nación tiene compromisos fijos, entre ellos el servicio de la deuda, el Sistema General de Participaciones, las pensiones y el gasto de funcionamiento. “Si en 2029 hay que pagar en promedio 7,9 billones de pesos, con solo un 8% de recursos disponibles para inversión, el esfuerzo fiscal será enorme”, advirtió.Operación de bonos y liquidez del EstadoEl informe del ente de control se concentró en dos operaciones recientes de deuda: una en diciembre de 2025, por 23 billones de pesos, y otra en enero de 2026, por cerca de 4.950 millones de dólares. Sobre la primera, la Contraloría aclaró que “no implicó la emisión de nueva deuda”, ya que correspondió a la venta de TES a la firma Pimco, con el propósito de fortalecer la liquidez del Gobierno. Esa transacción cumplió —según el organismo— con todas las normas y autorizaciones legales.Sin embargo, el panorama cambia con la segunda operación. La emisión de bonos externos por 4.950 millones de dólares registrada en enero de este año sí representa nuevo endeudamiento, destinado a cubrir las necesidades financieras incluidas en el Presupuesto General de la Nación para 2026. “Esa operación está asfixiando la capacidad de pago en los próximos años; si no mejora la economía, podríamos tener cero recursos para inversión social dentro de una década”, afirmó Zuluaga.El vicecontralor subrayó que la emisión de deuda fue necesaria, en parte, por el bajo nivel de caja con que cerró el Gobierno en diciembre pasado: “A finales de 2025, la caja era apenas de 1,4 billones. No había liquidez suficiente para cumplir todas las obligaciones de pago, por eso se recurrió a la venta del portafolio de TES”.Riesgos fiscales para 2029, 2031 y 2033El mayor punto de alerta del informe está en el calendario de pagos de la deuda pública. La Contraloría advierte que entre 2029 y 2033 se concentrarán vencimientos por cerca de 89,6 billones de pesos, correspondientes a bonos globales, TES B (en pesos y en UVR) y Títulos de Solidaridad emitidos durante la pandemia.“El Estado tendrá que hacer un manejo fiscal muy riguroso si quiere evitar una presión insostenible sobre las finanzas públicas”, advierte el documento. Además, el informe pone de relieve que el crecimiento del gasto en funcionamiento y en la operación estatal también incrementa la rigidez presupuestal. “Del gobierno Duque al gobierno Petro, el costo de funcionamiento subió de 83 a 89 billones de pesos. Si seguimos ampliando el aparato estatal, la flexibilidad del presupuesto se reduce y la deuda se vuelve más pesada de manejar”, advirtió el vicecontralor.La respuesta del presidente PetroDesde sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro reaccionó al informe asegurando que su administración no ha incurrido en endeudamiento irresponsable. “El endeudamiento que hicimos no es nueva deuda, solo lo hicimos para pagar la deuda vieja”, escribió el mandatario, insistiendo en que las operaciones recientes están enmarcadas en las normas fiscales y buscan aprovechar la baja en las tasas de interés internacionales.Zuluaga, no obstante, matizó esa afirmación. “Tiene razón el presidente en que la operación de diciembre no implicó nueva deuda, pero la de enero sí representa endeudamiento adicional. Ambas cumplen la norma fiscal, pero las alertas van al futuro: el país debe prepararse para el peso del servicio de la deuda en los años venideros”.Un desafío fiscal inmediatoLa Contraloría concluye que, aunque el endeudamiento aún se mantiene dentro de límites sostenibles, el margen de maniobra del país es cada vez menor. Un menor recaudo tributario, como el evidenciado en 2025 —cuando los ingresos estuvieron 9,5% por debajo de la meta—, agrava las presiones sobre el gasto público y aumenta el riesgo fiscal.“Cada gobierno incrementa el endeudamiento y el gasto de funcionamiento, y si no crece la economía al ritmo necesario, los futuros gobiernos tendrán que escoger entre pagar la deuda o invertir en la gente”, resumió el vicecontralor Zuluaga, al insistir en la necesidad de una gestión responsable y sostenida de las finanzas públicas.
El Gobierno nacional le está exigiendo mayores dividendos a su propia holding financiera, el Grupo Bicentenario, en medio de la aguda crisis fiscal que afronta el país.Inicialmente el Gobierno esperaba recibir unos 800.000 millones de pesos en utilidades de sus entidades financieras, pero cambió de planes y ahora está exigiendo que se liberen reservas de años anteriores y se entreguen otros 300.000 millones de pesos en dividendos. En total el Gobierno recibirá 1.1 billones en dividendos.Según los documentos oficiales del Departamento Nacional de Planeación esta decisión "constituye una medida adicional y complementaria que contribuirá parcialmente a aliviar las presiones de liquidez y a financiar el presupuesto de la vigencia. Esta decisión se enmarca en el conjunto de acciones adoptadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el propósito de restablecer las condiciones fiscales y asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones del Gobierno nacional".Las medidas del Gobierno hasta ahora han incluido la suspensión de la regla fiscal (que impone límites al gasto del Gobierno) y la declaratoria del estado de emergencia económica que permitió la expedición de una reforma tributaria de 11 billones vía decreto.Los recursos saldrán en su mayoría de la liberación de reservas del Fondo Nacional del Ahorro.El Gobierno asegura que la operación no pondrá en peligro la solidez financiera del Grupo Bicentenario.El Grupo Bicentenario es la holding de entidades financieras propiedad del Gobierno nacional. Hacen parte de ella tres fiduciarias (Fiducoldex, Fiduagraria y Fiduprevisora), así como el Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, Positiva, entre otros.
El terremoto pasó, pero la emergencia todavía no termina. La Procuraduría General de la Nación exhortó de manera urgente a las alcaldías y gobernaciones de los territorios afectados por el sismo del pasado 10 de agosto a completar y verificar la información sobre los damnificados y los daños ocasionados por el terremoto.Y es que, según la Procuraduría, con corte al 3 de septiembre, de los 501 municipios afectados identificados en 16 departamentos, solo 124 habían cargado el reporte a la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, EDAN, mientras 377 continuaban pendientes, pese a que el plazo para el cierre del Registro Único de Damnificados, RUD, venció el 4 de septiembre.El llamado está dirigido a las autoridades de 14 departamentos y busca que se actualicen de inmediato el RUD y la EDAN, tras el sismo de magnitud 7,4, con epicentro San José del Palmar, Chocó.Precisamente, esta demora genera preocupación porque estos registros permiten establecer quiénes fueron realmente damnificados, cuáles fueron los daños y qué necesidades tiene cada territorio, información fundamental para orientar la ayuda humanitaria.Pero además hay una alerta por inconsistencias encontradas en algunos registros enviados, situación advertida por la UNGRD. Debido a esto la Procuraduría pidió corregir estos errores para evitar que las ayudas terminen en manos de personas que no son damnificadas.Frente a este panorama, exhortó a las alcaldías a completar y verificar el RUD y el EDAN, corregir inconsistencias y reportar dificultades técnicas. A la par, le solicitó a las gobernaciones consolidar la información y apoyar a los municipios con menor capacidad institucional.Finalmente, la Procuraduría exhortó a la UNGRD y a las demás entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo a mantener la asistencia técnica y avanzar en la consolidación de la evaluación de daños. El objetivo es que la información sea completa y confiable para orientar correctamente la atención y recuperación tras el sismo.
Más de 3.000 personas llegarán a Bogotá los próximos 3 y 4 de octubre para participar en Money Mastery Event 2026, un encuentro que reunirá a más de 40 expertos nacionales e internacionales alrededor de temas como educación financiera, inversión, emprendimiento, negocios, generación de nuevas fuentes de ingreso y construcción de patrimonio.La sexta edición del evento se desarrollará en la Universidad ECCI y contará con la participación de empresarios, inversionistas, emprendedores, periodistas, influenciadores, actores y otras figuras públicas. La agenda está diseñada tanto para personas que ya tienen experiencia en el mundo financiero como para quienes buscan acercarse por primera vez a conceptos relacionados con la inversión y el manejo del dinero.El encuentro es creado por Daniel Rodríguez, CEO; el actor Ian Valencia, COO; y Víctor Hugo Gómez Valencia, COO, quienes plantean Money Mastery como un espacio para acercar conocimientos financieros a públicos con diferentes niveles de experiencia y, al mismo tiempo, facilitar la conexión entre personas, proyectos y empresas.Educación financiera para quienes buscan nuevas fuentes de ingresoUno de los ejes de Money Mastery Event 2026 será la búsqueda de alternativas para administrar el dinero una vez alcanzado el ahorro y explorar diferentes posibilidades de inversión.Durante las dos jornadas se abordarán preguntas relacionadas con cómo comenzar a invertir, qué alternativas existen para generar ingresos adicionales y de qué manera es posible ampliar los conocimientos financieros sin necesidad de abandonar las actividades laborales actuales.La programación incluirá contenidos relacionados con mercados, inversión, bienes raíces, emprendimiento, negocios y generación de ingresos. La organización destaca que el evento no está pensado únicamente para inversionistas experimentados. Quienes todavía no han comenzado a invertir podrán familiarizarse con conceptos básicos y conocer diferentes alternativas, mientras que los asistentes con experiencia tendrán la oportunidad de explorar nuevas perspectivas y opciones para diversificar.De acuerdo con las cifras entregadas por los organizadores, las cinco ediciones anteriores han reunido a más de 3.800 asistentes. Además, desde 2021, el ecosistema relacionado con el evento habría participado en la movilización de más de 40.000 millones de pesos en inversiones inmobiliarias.Para 2026, la meta es superar las 3.000 personas en una sola edición, lo que representaría la mayor convocatoria proyectada desde el comienzo del encuentro.Networking y oportunidades de negocioEl networking será otro de los componentes principales de Money Mastery Event. La programación permitirá que durante dos días coincidan empresarios, inversionistas, emprendedores, profesionales y representantes de distintas industrias. El propósito es facilitar conversaciones que puedan derivar en nuevos contactos, alianzas, proyectos y oportunidades de negocio, además del intercambio de experiencias sobre inversión y emprendimiento.Uno de los testimonios relacionados con este componente es el de Juan Pablo Osorio, creador de Juanpa Invierte, quien participó en una de las primeras ediciones del evento. En ese momento, Osorio ya tenía experiencia en inversión inmobiliaria, pero buscaba fortalecer la forma de comunicar sus conocimientos y ampliar su red de contactos. Para aprovechar el espacio de networking, llegó con cerca de 1.000 tarjetas de presentación que comenzó a distribuir entre los asistentes.“Desde que llegué me puse a repartir todas las tarjetas para hacer contactos. Cuando salí, las personas sabían quién era Juan Pablo Osorio y qué era Juanpa Invierte”, recuerda.Según su testimonio, aquella experiencia tuvo posteriormente un impacto en el desarrollo de su proyecto. Actualmente, asegura que Juanpa Invierte supera los 500.000 seguidores en redes sociales y cuenta con más de 550 estudiantes inversionistas. También participa como speaker en diferentes escenarios relacionados con el sector inmobiliario.“Desde entonces no falto al Money Mastery Event, porque conozco a alguien nuevo, hago negocios con alguien nuevo, me relaciono con alguien nuevo y creo que ahí está la magia de este evento”, afirma Osorio.La experiencia de los asistentesEl valor de las conexiones también es destacado por otros participantes del encuentro. Santiago, uno de los asistentes recurrentes, señala que el evento le permitió comprender la importancia de relacionarse con otras personas y permanecer en espacios enfocados en el aprendizaje.“Me di cuenta de que las conexiones, la información y estar en un espacio de crecimiento es vital para cualquier persona”, asegura. De acuerdo con su experiencia, después de participar en el evento comenzó a aplicar nuevos conocimientos y obtuvo mayor claridad para tomar decisiones relacionadas con sus finanzas y sus inversiones.Estos testimonios hacen parte de la apuesta del encuentro por combinar la formación con espacios de interacción directa entre los participantes.¿Por qué lo llaman el “Black Friday de las inversiones”?Money Mastery Event utiliza el concepto de “Black Friday de las inversiones” para describir la concentración, durante dos jornadas, de expertos, empresarios, inversionistas, emprendedores y diferentes alternativas relacionadas con el mundo financiero.La propuesta busca que los asistentes no se limiten a escuchar conferencias, sino que también puedan conocer distintas opciones, formular preguntas, contrastar información y establecer contactos antes de tomar sus propias decisiones financieras. El evento tendrá lugar el 3 y 4 de octubre de 2026 en la Universidad ECCI de Bogotá y contará con más de 40 expertos nacionales e internacionales.La organización proyecta una asistencia superior a las 3.000 personas para esta sexta edición.Las personas interesadas en participar pueden consultar la programación y adquirir sus entradas mediante los canales oficiales de Money Mastery Event 2026 y a través de atrapalo.com.co.Datos clave de Money Mastery Event 2026Fechas: 3 y 4 de octubre de 2026.Lugar: Universidad ECCI, Bogotá.Expertos: más de 40 nacionales e internacionales.Asistencia proyectada: más de 3.000 personas.Temas: inversión, educación financiera, bienes raíces, emprendimiento, negocios y generación de ingresos.Edición: sexta.
Silvio Mauricio Ospina Lemus, alias 'Pedro', fue capturado en Cali en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Sijín de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, en cumplimiento de una solicitud de extradición elevada por una Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.Ospina Lemus es requerido por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos. El procedimiento se realizó en un apartamento ubicado en Ciudadela Calle Real de Pascancho, en Cali, Valle del Cauca.De acuerdo con el requerimiento internacional, alias Pedro habría cumplido un papel como presunto bróker e intermediario para una organización criminal de alcance transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.Uno de los roles que le atribuyen estaría relacionado con el manejo de los recursos generados por la red. Según el requerimiento, Ospina Lemus habría intervenido en las transacciones relacionadas con cargamentos de clorhidrato de cocaína y se habría encargado de actividades asociadas con la logística, el financiamiento y el blanqueo de capitales.La hipótesis de las autoridades estadounidenses señala que el presunto intermediario no tendría que entrar en contacto directo con la mercancía para cumplir estas funciones, sino que habría participado en las operaciones relacionadas con el movimiento de los recursos y la coordinación de las transacciones.El requerimiento también señala que Ospina Lemus habría utilizado mecanismos destinados a mantener sus actividades a la sombra, entre ellos tecnologías encriptadas, empresas fachada y sistemas financieros que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizados para ocultar los recursos presuntamente ilícitos.La captura se produjo luego de que las autoridades colombianas recibieran la solicitud de extradición de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, que lo requiere para responder por los cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos.Tras el procedimiento, Silvio Mauricio Ospina Lemus quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites correspondientes para definir su eventual extradición a Estados Unidos.
La defensa del exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko Gómez’, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que lo escuche en declaración jurada dentro de la indagación por el episodio registrado en el piso 26 de la Procuraduría General de la Nación, donde fue hallado un proyectil e impactos en los ventanales.La petición fue presentada mediante una carta dirigida a la Fiscal general por el abogado Juan Felipe Criollo, apoderado de Gómez Cerchar. En el documento, el defensor cuestionó los señalamientos que públicamente han relacionado a su representado con estos hechos y pidió que la investigación avance con elementos técnicos que permitan establecer objetivamente lo ocurrido.Los hechos fueron informados el 2 de septiembre de 2026 al presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente fueron vinculados públicamente con la condena proferida contra Juan Francisco Gómez Cerchar el 29 de abril de 2026.“Esta narrativa mediática ha derivado en señalamientos infundados que pretenden atribuir a mi representado la condición de responsable o determinador de tales conductas”, afirmó la defensa en la comunicación dirigida a la Fiscalía.Por esta razón, el abogado solicitó que Gómez Cerchar sea citado y escuchado en declaración jurada. Según explicó, la petición busca que el exgobernador pueda entregar su versión frente a los señalamientos que se han realizado en su contra.La defensa también pidió celeridad en la indagación y la práctica de pruebas técnicas sobre la evidencia recolectada en la sede de la Procuraduría. Entre las solicitudes está un estudio balístico de los proyectiles, fragmentos, casquillos y demás elementos encontrados, con el propósito de establecer el calibre, el tipo de munición y las características del arma que habría sido utilizada.Además, el abogado pidió que se adelante un estudio de trayectoria balística para determinar el punto de origen de los disparos.La solicitud busca que estos análisis permitan establecer, mediante evidencia técnica, qué ocurrió en el piso 26 de la Procuraduría y cuál habría sido el origen de los proyectiles que impactaron los ventanales.Finalmente, la defensa dejó una constancia frente a versiones que señalaban que la familia de Juan Francisco Gómez Cerchar tendría previsto abandonar el país. El abogado Juan Felipe Criollo aseguró que esa información es falsa y manifestó que Bibiana Bacci García y sus hijos permanecerán en Colombia.
La Cancillería, a través del jefe de su Oficina Asesora Jurídica Interna, Andrés Darío Sarmiento Lamus, solicitó formalmente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclarar y adicionar la medida cautelar que frenó la ejecución del nuevo modelo de expedición de pasaportes.El recurso interpuesto ante el magistrado ponente Moisés Rodrigo Mazabel busca resolver un problema operativo: obtener autorización judicial para usar el inventario existente de libretas entregadas por la Casa de la Moneda de Portugal a la Imprenta Nacional, evitando así una parálisis del servicio durante los tres meses que tomará estructurar un esquema alternativo y dar cumplimiento al auto.Entre los principales argumentos presentados por la Cancillería está en que actualmente, la Imprenta Nacional de Colombia cuenta con un stock de libretas de pasaportes antes que los convenios fueran suspendidos, y que requieren ser personalizadas para asegurar “la prestación continua, regular e ininterrumpida del servició público de expedición de pasaportes”.Según la Cancillería, los trámites administrativos, presupuestales, contractuales, operativos, tecnológicos y logísticos necesarios para garantizar la continuidad del servicio podrían tardar alrededor de tres meses.Ante esto, el ministerio considera necesario poder utilizar y personalizar las libretas que ya están disponibles, mientras se adelanta el proceso para establecer un nuevo esquema que permita garantizar la prestación continua del servicio.Frente a la solicitud de aclaración, la Cancillería le pregunta al Tribunal cómo deben proceder el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional frente a las libretas disponibles y solicita que se autorice expresamente su utilización mientras se completan los trámites necesarios.