El presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de justicia, Iván Cancino, firmaron dos resoluciones que autorizan las extradiciones de alias ‘Allende Perilla’ y de ‘Larry Changa’.Es importante recordar que ‘Allende’ es un cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que hizo parte de las mesas de diálogo en la paz total del anterior gobierno. En este momento, ‘Allende’ se encuentra prófugo de la justicia.“Conceptúa favorablemente la solicitud de extradición elevada por el gobierno de Estados Unidos de América respecto al ciudadano colombiano Allende Perilla para que comparezca a juicio en la corte distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir”, se lee en la resolución.La otra extradición que fue confirmada en las últimas horas es la de Larry Amury Álvarez, conocido como ‘Larry Changa’, un jefe del Tren de Aragua que es requerido por la justicia chilena por los delitos de asociación ilícita y por dos secuestros.‘Larry Changa’ fue detenido durante un operativo en el Quindío, donde se escondía con una identidad falsa, se hacía pasar por comerciante y tenía el propósito de extender las redes de esa organización.El Ministerio de Defensa explicó que el fundador del Tren de Aragua llegó con documentos falsos a Colombia en 2022, procedente de Chile, donde lideraba la banda y cometió varios delitos.
La muerte de Ronald Ojeda en Santiago de Chile, a manos de presuntos agentes que posteriormente fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, llevó a la justicia de ese país a abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido. Las pesquisas apuntaron a una presunta conexión con el régimen de Nicolás Maduro y, específicamente, con Diosdado Cabello, señalado de estar detrás de la operación contra el exmilitar venezolano.Después de varios meses de investigación, la justicia chilena acusó formalmente a Cabello de, presuntamente, cooperar con integrantes del Tren de Aragua para cometer delitos en distintos países de Latinoamérica y perseguir a personas que habían desertado del régimen venezolano.“Las conexiones que puedan haber con el gobierno de Nicolás Maduro vienen dadas por una cuestión previa, que es la investigación por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno. A partir de ahí se hacen una serie de diligencias y lo que va apareciendo es que este secuestro y este homicidio fue un acto concertado y, en este caso particular, ejecutado por el Tren de Aragua”, explicó el fiscal del caso en diálogo con Noticias Caracol.Las pruebas sobre la presunta relación entre Diosdado Cabello y el Tren de AraguaDe acuerdo con el fiscal, la investigación cuenta con elementos que apuntarían a la existencia de pagos relacionados con el encargo, aunque todavía falta establecer con precisión los montos y los mecanismos utilizados para entregar el dinero.“Lo que tenemos claridad es que hubo un encargo y ese encargo lo dio Diosdado Cabello con los niveles superiores del Tren de Aragua, que se les pagó la mitad al inicio del trabajo, como ellos llaman, y que la otra parte se pagaría al final”, señaló el funcionario.El fiscal explicó que existen versiones contradictorias sobre el pago final. Mientras algunos involucrados sostienen que el dinero fue entregado, otros aseguran que la cúpula del Tren de Aragua se quedó con los recursos debido a que consideró que el operativo había sido ejecutado de manera incorrecta.Según su relato, el 25 de febrero, cuatro días después del secuestro y asesinato de Ojeda, los participantes en el operativo fueron citados a una videoconferencia y reprendidos por miembros de la estructura criminal identificados como Carlos Bobby y El Turco.“Lo que hemos visto, que es similar, es concretamente que en este caso se produce una vinculación del sistema político o de gobierno con una organización terrorista o criminal transnacional que en este caso es el Tren de Aragua. Es como la cooperación que nosotros llamamos en nuestro país público o privada, pero en este caso es pública criminal en ese sentido en que la organización criminal cumple las funciones de ser el brazo armado en este caso del gobierno y tengo entendido que es un poco lo que ocurre con Nicolás Maduro en Estados Unidos en lo que dice relación con el narcotráfico y otras actividades delictuales, que es lo mismo que ocurre con el exteniente venezolano Ronald Ojeda en Chile”, añadió.
La Policía Nacional capturó a 17 personas señaladas de pertenecer al Tren de Aragua durante un operativo desarrollado en diferentes sectores de Bogotá y otras dos ciudades del país. De acuerdo con el reporte de Eduard Porras, de El Ojo de la Noche, varios de los detenidos estarían relacionados con los ataques con explosivos registrados durante las últimas noches contra instalaciones policiales en la localidad de Kennedy.El procedimiento incluyó allanamientos y registros simultáneos en las localidades de Engativá, Kennedy, Los Mártires y Santa Fe, además de acciones en otras dos capitales del país. La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que las autoridades analizaron 40 horas de videos de seguimiento antes de ejecutar los operativos.Según lo informado por la Policía, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por delitos relacionados con terrorismo, fabricación y porte de armas y explosivos, municiones de uso restringido, extorsión y tráfico de estupefacientes, de acuerdo con las circunstancias atribuidas a cada uno.¿Qué encontraron durante el operativo contra el Tren de Aragua?Los allanamientos permitieron incautar más de 20 kilos de estupefacientes, 360 tabletas de insumos y precursores utilizados para drogas sintéticas, dos armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y 18 teléfonos celulares.La Secretaría de Seguridad también reportó el hallazgo de 50 ampolletas de fentanilo, que estaban ocultas en el techo de una de las viviendas intervenidas.Las autoridades señalaron que la revisión de antecedentes permitió establecer que varios de los detenidos registraban anotaciones judiciales relacionadas con fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.Eduard Porras señaló que entre los 17 capturados habría personas relacionadas con los ataques con granadas contra instalaciones de la Policía en Kennedy.El general Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, explicó que durante las investigaciones se recopilaron elementos materiales probatorios que permitieron poner a los detenidos a disposición de las autoridades competentes.De acuerdo con la información entregada por la Policía, los ataques con explosivos habrían sido una represalia del Tren de Aragua por los operativos adelantados contra integrantes y cabecillas de esa organización criminal.La Secretaría de Seguridad agregó que entre los capturados estarían quienes participaron materialmente en un ataque contra las estaciones de Policía y de Bomberos de Kennedy. También indicó que algunos de los detenidos son señalados de amenazar y extorsionar a ciudadanos y comerciantes de la capital.Todos los capturados permanecen a disposición de la Fiscalía, entidad que deberá adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.Noche accidentada en Bogotá y CundinamarcaComo complemento a la información sobre el operativo, Eduard Porras también reportó un accidente de tránsito en la vía Mondoñedo-Mosquera, en el que murió un motociclista y su compañera sentimental resultó gravemente herida.Según el reporte, un vehículo particular habría embestido la motocicleta y posteriormente el conductor del automóvil se habría retirado del lugar. En el carro fueron encontradas varias cajas de cerveza y, de acuerdo con Porras, no fue localizado el SOAT, por lo que la atención médica de la mujer lesionada, trasladada a Bogotá, se estaría realizando con el seguro de la motocicleta.Porras también informó sobre otro accidente en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, donde un camión habría cruzado un semáforo sin detenerse a tiempo y terminó involucrando a cuatro motocicletas. Ocho personas fueron trasladadas en ambulancias a centros asistenciales y, según el reporte, dos presentaban heridas de gravedad.La Policía de Tránsito adelanta las verificaciones para establecer las circunstancias de ambos accidentes y determinar las responsabilidades correspondientes.
Al menos 60 conductores de transporte informal que trabajaban en los sectores de Bosa El Recreo y el Portal Las Américas habrían sido víctimas de una red de extorsión atribuida al Tren de Aragua, que les exigía dinero para permitirles continuar trabajando en estas zonas del suroccidente de Bogotá.Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados se habrían presentado desde febrero de 2024 hasta agosto de 2026 y cada conductor debía entregar entre $28.800 y $35.500 para completar una cuota semanal de aproximadamente 1'300.000.Las amenazas llegaban principalmente a través de videollamadas y servicios de mensajería instantánea. Allí, los integrantes de la estructura advertían a las víctimas que podían “atentar contra sus vidas o las de sus familiares, quemar sus vehículos o incluso, expulsarlos de las rutas” en las que trabajaban si se negaban a realizar los pagos.¿Cómo recogían el dinero?La investigación permitió establecer que la estructura habría obligado a uno de los conductores a recoger el dinero de varios trabajadores de la zona y posteriormente transferirlo a billeteras virtuales.Después de realizar la operación, debía enviar el comprobante mediante mensaje de texto y destruir el soporte físico, una práctica que, según las autoridades, buscaba dificultar el seguimiento de los recursos.Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que las labores investigativas permitieron establecer la existencia de una estructura conformada por aproximadamente 14 personas, cuyos integrantes tendrían funciones específicas dentro de la organización.“Varias personas presuntamente vinculadas al grupo denominado Tren de Aragua se concertaron de manera organizada y permanente haciendo actividades dirigidas a obtener dinero mediante el constreñimiento e intimidación de conductores de transporte informal”, señaló la Fiscalía.Tras recopilar los elementos de prueba, las autoridades capturaron a 10 presuntos integrantes de la organización, quienes, de acuerdo con la investigación, se encargaban de coordinar las exigencias económicas, recibir los recursos, retirar determinadas sumas y posteriormente distribuir el dinero entre otras personas de la estructura.Los procedimientos fueron realizados por unidades del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, Barranquilla y Tunja, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, mientras continúa el proceso judicial para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los capturados.
Dos ciudadanos venezolanos señalados de pertenecer al Tren de Aragua y requeridos por autoridades de Estados Unidos y Chile permanecen a disposición de las autoridades colombianas, mientras avanzan los procesos para definir su extradición.Se trata de Jeanmar Millán, alias ‘La Diabla’, y Carlos Ariza Danieles, alias ‘Cecilio’, quienes fueron capturados en diferentes operativos realizados en Bucaramanga durante 2026.En el caso de ‘La Diabla’, su captura ocurrió el 13 de junio, cuando se movilizaba en un bus de la empresa Omega con destino a Bogotá. El procedimiento se realizó en el kilómetro 12 de la vía a Cúcuta, en jurisdicción de Bucaramanga.Millán tenía una circular roja de Interpol solicitada por el estado de Nebraska, Estados Unidos, donde es requerida por los delitos de lavado de activos y fraude fiscal. De acuerdo con la información de las autoridades, también es señalada de manejar parte de las rentas criminales del Tren de Aragua.Tras su captura, se inició el proceso correspondiente para su extradición a Estados Unidos.El segundo caso corresponde a Carlos Ariza Danieles, alias ‘Cecilio’, capturado el 20 de agosto durante un operativo conjunto de la Policía y Migración Colombia en inmediaciones de la avenida Quebradaseca, en el sector de MegaMall.El hombre se movilizaba en un bus de la empresa Concorde con destino a Medellín y fue ubicado mediante el sistema de reconocimiento facial BIDMAP.‘Cecilio’ era buscado por la justicia chilena mediante una circular roja de Interpol, producto de una orden de captura emitida por un juzgado de Santiago de Chile. Es requerido por los delitos de secuestro y secuestro extorsivo y es señalado de participar en el secuestro de un empresario en Viña del Mar.Según la información entregada por las autoridades, Ariza Danieles también estaría relacionado con el Tren de Aragua. Al igual que en el caso de ‘La Diabla’, tras su captura se puso en marcha el proceso de extradición para que responda ante la justicia del país que lo requiere.
Luego de meses de investigación, la justicia de Chile acusó formalmente a Diosdado Cabello de, presuntamente, cooperar y trabajar de la mano con el Tren de Aragua para cometer crímenes en distintos países de Latinoamérica y perseguir a desertores del régimen venezolano. Sin embargo, el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago fue el hecho que desencadenó una investigación más amplia sobre los posibles vínculos del Gobierno de Nicolás Maduro con organizaciones criminales y grupos armados.Noticias Caracol investigó el caso y reveló cómo, según las pesquisas, el régimen de Nicolás Maduro habría establecido alianzas con guerrillas, organizaciones criminales y otros actores para perseguir, secuestrar y asesinar a opositores y desertores en distintos puntos del continente. Entre los grupos señalados aparece el ELN, que habría participado en algunas de estas operaciones.ELN y Tren de Aragua, los señalados por sus vínculos con el régimen de Nicolás MaduroLa denominada operación Cacería, revelada por Noticias Caracol, expuso los presuntos nexos entre funcionarios del régimen venezolano y organizaciones criminales. La investigación se remonta al 13 de diciembre de 2023, cuando Ronald Ojeda y otros opositores venezolanos se reunieron en Cúcuta para analizar posibles estrategias para sacar del poder a Nicolás Maduro.De acuerdo con la investigación, la Dirección de Inteligencia de Venezuela ya habría establecido contacto con el ELN para localizar a los opositores, secuestrarlos en Cúcuta y posteriormente entregarlos al otro lado de la frontera.Ojeda no asistió a aquella reunión y logró evitar el operativo. Tras conocer lo ocurrido, decidió abandonar Colombia y emprender un viaje hacia el sur del continente.“Ojeda toma un bus hasta Rumichaca y empieza a bajar a Ecuador, a Perú y luego hasta Chile. Todo el recorrido lo hace por tierra”, relató a Noticias Caracol un testigo que pidió mantener su identidad en reserva.Meses después, en Chile, un grupo de hombres que se hicieron pasar por policías llegó hasta el apartamento de Ojeda para sacarlo del lugar. Según las investigaciones, los responsables pertenecían al Tren de Aragua y habrían sido contratados para ejecutar la operación. La justicia chilena ha señalado a Diosdado Cabello como uno de los presuntos responsables de coordinarla.Las dudas sobre la actuación de la justicia colombianaPese a las evidencias conocidas posteriormente, en Colombia no se habría adelantado una investigación sobre estos hechos. Fueron las pesquisas desarrolladas en Chile las que permitieron establecer posibles conexiones entre organizaciones criminales, grupos armados y funcionarios del régimen venezolano.Durante cerca de dos años, las autoridades chilenas siguieron diferentes pistas para identificar a los responsables del crimen. La investigación terminó involucrando a personas y redes con conexiones en países como Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.Alias ‘Gocho’ y alias ‘Botija’, señalados como presuntos implicados directos en el asesinato de Ronald Ojeda, fueron capturados por Interpol Colombia. Chile solicitó su extradición al gobierno de Gustavo Petro, pero el proceso no avanzó inicialmente. En agosto pasado, el Gobierno colombiano aprobó finalmente su traslado a Chile.¿Qué puede pasar con Diosdado Cabello?La investigación también abre interrogantes sobre el futuro judicial de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del Gobierno venezolano.“Creo que el señor sabe que sus días están contados y que este incidente puede ser usado por Estados Unidos para habilitar su captura y extradición, sea a Chile o a Estados Unidos”, explicó el profesor y experto en seguridad y defensa Jairo Libreros.La atención también está puesta sobre Delcy Rodríguez, quien ha mantenido a Cabello dentro de la estructura de poder del Gobierno venezolano. Una eventual acusación formal contra el dirigente podría aumentar las tensiones entre Caracas y Washington, especialmente teniendo en cuenta las acusaciones que pesan sobre Cabello y la recompensa ofrecida por Estados Unidos por información que permita su captura.
Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua, capturados por su presunta participación en el homicidio del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá, la Fiscalía expuso testimonios y audios que dan cuenta de la estructura y el funcionamiento que, según los declarantes, tendría esta organización criminal en la capital.De acuerdo con los testimonios presentados por la fiscal del caso, Giovanni San Vicente, identificado por los declarantes como ‘el Viejo’, sería quien estaría al frente del Tren de Aragua tanto en Venezuela como en Colombia. En Bogotá, según los testigos, alias ‘Osmer’ ocuparía el segundo nivel de mando y recibiría instrucciones para la ejecución de diferentes actividades delictivas. Uno de los testimonios señaló “Ese es Giovanni San Vicente, o ‘el Viejo’. Está al mando encargado de todo el Tren de Aragua, tanto en Venezuela como en Colombia. En Bogotá tiene la causa Osmer. Todas las órdenes de homicidio, hurto, secuestro y extorsiones las tiene que dar Giovanni a Osmer. Nadie puede hacer nada sin que él lo autorice”.El mismo testigo aseguró ante la Fiscalía que los recursos de la organización en Bogotá provendrían de actividades como venta de drogas, extorsiones, robos, sicariatos y secuestros. También describió un sistema de pagos para quienes participarían en esas actividades.“En Bogotá los recursos se obtienen de la venta de droga, la extorsión, los robos, los sicariatos, los secuestros. Como te decía, sí, yo salí a robar, le tenía que dar la mitad a Osmer. En el caso de los taquilleros, ellos tienen un sueldo, le dan 1.000.000 de pesos mensuales. Depende cómo le vayan las ventas. A los sicarios también les pagan”, afirmó.Sobre las extorsiones, otro de los testimonios expuestos durante la diligencia señaló que los comerciantes serían uno de los principales objetivos. “A todo el mundo. Todo aquel que tenga un negocio y quien no pague, se le hace un atentado o se le echan tiros a los negocios. Llegan a los negocios, hablan con el dueño. Si el dueño dice que sí, no pasa nada. Pero si en la segunda vez hacen caso omiso, se le meten al negocio y le roban todo. O si no, le hacen tiros al negocio”, relató el testigo.La Fiscalía también presentó audios obtenidos a través de un agente encubierto, en los que, según la exposición realizada durante la audiencia, aparecería Giovanni San Vicente hablando sobre el control territorial y su capacidad para ordenar homicidios.“Sí, eso es, mira, hermano, ya aquí todos los policías me agarran panitas mías en todos lados. ¿Y qué es lo que es, Giovanni? Porque yo soy un hombre serio. ¿Qué es lo que es, Giovanni? Bogotá me pertenece en su totalidad, no hay una olla ahí que no sea mía. Y las que no son mías, voy y le mato al que la tiene, ¿sabes? Sí. Lo autorizo hasta cinco muertes diarias, 10 muertes diarias allá. No, esas muertes que usted ve por ahí soy yo, el que sepa”, se escucha en el audio presentado por la Fiscalía.Los testimonios también describieron la manera en la que, según los declarantes, se ejecutarían los homicidios y qué ocurriría posteriormente con los cuerpos de las víctimas.“La gran mayoría de las veces hay una persona encargada de poner a la persona que van a matar para que lleguen los sicarios y lo maten. Cuando es una persona muy esquiva, se le hace seguimiento hasta llegar a un punto donde dé la pata”, relató uno de los testigos.Ante la pregunta sobre el destino de los cuerpos después de los homicidios, el declarante afirmó que dependería de las circunstancias del crimen. Según su testimonio, en algunos casos los cuerpos permanecerían en el lugar, mientras que en otros serían introducidos en elementos como bolsas, maletas o recipientes, y mencionó el uso de ácido como una de las formas que, según él, utilizaría la organización para intentar evitar la identificación o dejar rastros.Otro testigo aseguró conocer un lugar en el sector de Patio Bonito donde, según su relato, se realizarían algunas de estas prácticas.“Yo sé un lugar donde pican a las personas o las meten en unos barriles con ácido. Eso queda en el hotel Dubai de Patio Bonito por la 38. Ese hotel tiene como 10 pisos y es de color negro. Eso es de acá, en Bogotá. No sé qué habitación lo hacen”, afirmó.El testigo explicó que su conocimiento provenía de una conversación que, según dijo, sostuvo con alias ‘Tun Tun’, uno de los presuntos integrantes de la organización. También manifestó que los hoteles serían utilizados porque pasarían desapercibidos y aseguró que la dueña del establecimiento estaría amenazada.
La Fiscalía, en articulación con la DEA, localizó en Manizales, Caldas, a Richard José Espinal Quintero, alias ‘Coty’, y Henderson Adrián Villarroel Luque, señalados como cabecillas del grupo delincuencial transnacional conocido como ‘Tren de Aragua’.El procedimiento se realizó en atención a notificaciones rojas de Interpol emitidas contra los dos ciudadanos venezolanos, quienes son requeridos por la justicia de su país por cargos relacionados con terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.La Fiscalía señaló que alias ‘Coty’ figuraba en la lista OFAC de Estados Unidos y que sería el principal articulador del componente de narcotráfico de la organización. Según la investigación, tendría a su cargo la coordinación de envíos de clorhidrato de cocaína desde Colombia, Venezuela y otros países de Latinoamérica con destino a Estados Unidos, Centroamérica y Europa.En el caso de Henderson Adrián Villarroel Luque, el ente investigador sostuvo que estaría al frente de una estructura armada y que tendría funciones relacionadas con la obtención y el tráfico de armamento para la organización ilegal.Las autoridades realizaron la localización de los dos ciudadanos en Manizales en cumplimiento de las notificaciones rojas de Interpol. Los requerimientos judiciales corresponden a investigaciones adelantadas en Venezuela por conductas relacionadas con actividades de la organización delincuencial.
La Fiscalía imputará este viernes a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua, capturados por su presunta participación en el homicidio del profesor Kevin Santiago Ángel, ocurrido en Bogotá. La audiencia de legalización de los allanamientos ya fue realizada y durante esa diligencia el ente investigador expuso elementos de la hipótesis que relaciona a los detenidos con el crimen.De acuerdo con la investigación, el trabajo comunitario que desarrollaba Kevin Santiago Ángel con jóvenes de la localidad de Kennedy para alejarlos de la criminalidad y del tráfico de estupefacientes habría generado incomodidad dentro de la estructura delincuencial. Para los investigadores, estas actividades sociales habrían afectado los intereses ilícitos de la organización y estarían relacionadas con el ataque contra el docente.Entre las labores que adelantaba la víctima se encontraban proyectos dirigidos a prevenir la criminalidad y las actividades de narcomenudeo entre los jóvenes de la localidad. La hipótesis de la Fiscalía señala que el Tren de Aragua habría considerado al profesor como una persona que interfería en sus actividades.Kevin Santiago Ángel fue asesinado en mayo y posteriormente su cuerpo fue encontrado al interior de una maleta. Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, integrantes de la organización delincuencial habrían utilizado un engaño para conseguir que el profesor acudiera hasta el lugar donde posteriormente habría sido asesinado.Durante la audiencia de legalización de los allanamientos, la Fiscalía también expuso los presuntos roles que habrían cumplido algunos de los capturados dentro de la estructura investigada.Según el ente acusador, Osmer Josué Castillo Urbaneza sería señalado como uno de los presuntos cabecillas y habría tenido una participación determinante en las conductas investigadas. Luis Alberto Camejo González, alias ‘El Panadero’, sería señalado como presunto coautor.En el caso de Gacelis Nairoby Sojo Lira, alias ‘Alondra’, la Fiscalía sostuvo que tendría como función acercarse o seducir a las víctimas para facilitar las acciones de la estructura. Frente a Raúl Antonio Pérez Pérez, alias ‘Tun Tun’, el ente investigador hizo referencia a declaraciones de testigos que lo señalarían como “destacado picador, desmembrador de cuerpos”.Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis expuesta por la Fiscalía y deberán ser valoradas dentro del proceso judicial, bajo las garantías procesales y la presunción de inocencia.La representación de víctimas, en cabeza del abogado Diego González, manifestó su rechazo al aplazamiento de la imputación de cargos contra los ocho procesados. La diligencia tuvo que ser aplazada debido a que Osmer Josué Castillo Urbaneja, alias ‘Osmer’, no pudo ser conectado porque se encontraba en otra audiencia de juicio oral.Castillo Urbaneja permanece recluido en La Dorada, Caldas, y enfrenta un proceso en el que, de acuerdo con lo expuesto por la representación de víctimas, es señalado como articulador de acciones violentas y del narcomenudeo en el sur de Bogotá.
La Fiscalía avanzó en la investigación por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel, ocurrido en mayo en el suroccidente de Bogotá, y anunció la captura de ocho personas que serían presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ y que estarían relacionadas con el crimen. De acuerdo con la hipótesis investigativa, el trabajo comunitario que desarrollaba la víctima con jóvenes de la localidad de Kennedy para alejarlos de la criminalidad y del tráfico de estupefacientes habría generado incomodidad dentro de la estructura delincuencial y se habría convertido en el motivo para atentar contra su vida.Las evidencias recopiladas por la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía indican que el ‘Tren de Aragua’ habría considerado al docente como una persona que afectaba sus intereses ilícitos debido a las actividades sociales que adelantaba en la localidad. Entre ellas se encontraban proyectos dirigidos a prevenir la criminalidad y las actividades de narcomenudeo entre los jóvenes. Kevin Santiago Ángel fue asesinado en mayo y posteriormente su cuerpo fue encontrado al interior de una maleta. Según la hipótesis de la Fiscalía, integrantes de la organización delincuencial habrían utilizado un engaño para lograr que el profesor acudiera hasta el lugar donde posteriormente habría sido asesinado.Como resultado de las labores investigativas, fueron identificadas ocho personas presuntamente vinculadas con los hechos. Siete de las capturas se materializaron en Bogotá y en Pamplona, Norte de Santander, mientras que una octava persona fue notificada de la orden judicial cuando se encontraba privada de la libertad en la cárcel de La Dorada, en Caldas.Entre los capturados se encuentra un hombre conocido con el alias de ‘Osmer’, quien, según la Fiscalía, sería uno de los cabecillas de la estructura delincuencial y estaría encargado de articular el cobro de extorsiones y otras actividades delictivas en el suroccidente de Bogotá.En el grupo de capturados también hay dos personas que serían coordinadores de zona y otras cinco que, de acuerdo con la investigación, habrían cumplido diferentes funciones relacionadas con la logística y ejecución del crimen.La Fiscalía sostiene que la participación de los integrantes de la estructura habría tenido diferentes niveles y funciones dentro del plan que terminó con el asesinato del docente. La investigación busca establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los señalados y determinar su grado de participación en los hechos.Los ocho capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, escenario en el que la Fiscalía General de la Nación solicitará la legalización de las actuaciones correspondientes y formulará imputación por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
