El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) prendió las alarmas por la situación fiscal del país, pues aunque reconoce que el nuevo presupuesto para 2027 refleja mejor las necesidades reales del gasto, advierte que el déficit y la deuda siguen creciendo, y que Colombia necesita un ajuste estructural y permanente.El nuevo proyecto de presupuesto para 2027 asciende a $635 billones, equivalentes al 29,9 % del Producto Interno Bruto, es decir, $59,2 billones más que la propuesta inicial presentada en julio, es decir, la del gobierno anterior.El aumento reconoce gastos que no estaban completamente financiados, entre ellos salud, pensiones, nómina pública, subsidios de gas y energía, universidades y el fondo de combustibles. Pero el CARF advierte que el problema va mucho más allá del presupuesto.Para 2027, el Gobierno y el Comité proyectan un déficit de 4,5 % del PIB, muy por encima del 0,5 % que se había previsto inicialmente. Además, el déficit total se acercaría al 10 % del PIB, y la deuda neta llegaría a 67 % del PIB, cerca del límite establecido por la regla fiscal.Y hay riesgos adicionales, mayores gastos en salud y pensiones, el impacto del fenómeno de El Niño y los recursos que se necesitarán para atender la emergencia por el terremoto. Además, un mayor nivel de deuda puede traducirse en mayores primas de riesgo, tasas de interés y necesidades de financiamiento, generando un círculo que complique todavía más las cuentas fiscales.Por eso el Carf dice que el país necesita un ajuste fiscal estructural creíble y permanente, tanto por el lado del gasto como en los ingresos. El Gobierno había anunciado un ajuste equivalente a 2.2 % del PIB, pero el comité advierte que la corrección no puede depender de medidas temporales o aplazamientos.“Corresponde al Gobierno presentar oportunamente las alternativas de ajuste; su decisión requerirá de la aprobación del Congreso de la República y de la participación responsable de los demás actores institucionales y de la sociedad. La sostenibilidad de las finanzas públicas es un principio constitucional y un bien público de todos los colombianos, por lo que las medidas necesarias para preservarla no pueden postergarse”, puntualizó el comité.
El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, aseguró en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que el sector de la edificación en Colombia atraviesa un escenario complejo, agravado por los estragos del reciente terremoto.El dirigente gremial informó que las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) reflejan que la construcción de edificaciones registró una caída superior al 3 % en el segundo trimestre, completando 12 trimestres consecutivos de contracción.Frente a la atención de la emergencia, Herrera enfatizó que los mecanismos tradicionales de subsidios no bastan para cubrir la magnitud de los daños que dejó el movimiento telúrico."La política ordinaria de Mi Casa Ya, por ejemplo, de vivienda de interés social, no es suficiente para atender la tragedia del sismo", afirmó el líder gremial.Herrera explicó que es "urgente que se unifique la metodología para la recolección de la información" que califica el deterioro de los inmuebles, lo que permitirá definir los costos definitivos y las modalidades de intervención para cerca de 130.000 viviendas afectadas.Rediseño de la política pública e inversiónEl presidente de Camacol sostuvo que el costo de la reposición y reparación de las estructuras impactadas por el sismo se estima en 24,5 billones de pesos, dentro de una reconstrucción total proyectada en 30 billones.Indicó que el Ministerio de Hacienda debe definir las fuentes de financiación, recalcando que el proceso "claramente va a requerir gasto público" sumado a los aportes del sector privado.Para la movilización de capitales, el vocero propuso revisar los presupuestos de inversión no ejecutados en distintas entidades, flexibilizar los recursos de regalías e impulsar el esquema de obras por impuestos. Manifestó que esta última herramienta debería aplicarse "más allá de los municipios PDET a los municipios afectados".Trámites y licencias de construcciónEn materia de ordenamiento territorial, Herrera señaló la necesidad de agilizar los trámites de licenciamiento sin descuidar la revisión de los cálculos estructurales. Asimismo, instó a promover proyectos de renovación urbana y habilitar suelo seguro, recordando los riesgos de la edificación informal."Entre el año 2005 y el año 2018, por lo menos 1.600.000 viviendas en Colombia se construyeron sin cumplir requisitos legales", aseveró Herrera para argumentar la importancia de mantener la cultura de la planeación y la construcción sismorresistente.Finalmente, frente a las tasas de interés para créditos de construcción, que se ubican cerca del 15 %, Herrera señaló que existe una restricción tanto de oferta como de demanda. Mencionó que se debe entablar un diálogo con el sistema financiero para explorar opciones de reducción de tasas que ayuden a dinamizar la recuperación económica y habitacional.
La economía colombiana mantiene un desempeño estable y manejable pese a la presión por los recientes eventos sísmicos y el elevado déficit fiscal del país.Así lo sostuvo Richard Francis, codirector de Soberanos para las Américas y director senior en Fitch Ratings, durante una entrevista concedida al programa 'Mañanas Blu 10:30'."En términos económicos me parece que al menos la economía está más o menos bien", afirmó Francis, al enfatizar que el panorama actual no es un desastre.La calificadora proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,7% para este año, aunque prevé retos por un déficit fiscal cercano al 7 % del PIB.Para el próximo año, la firma estima una desaceleración de la economía con un crecimiento del 2 %, atribuible principalmente al impacto de las altas tasas de interés de la política monetaria.Fitch Ratings insistió en que el país necesita concretar una estrategia fiscal de largo alcance para detener el incremento del endeudamiento público respecto al PIB."Un ajuste del 3 % del PIB no se puede llegar en solamente un año. Sabemos que va a ser algo de dos o tres o tal vez cuatro años. Entonces, por eso un plan sería importante por nosotros", explicó el analista.El especialista indicó que "la economía no está en una recesión" y agregó que el proceso de estabilización se puede lograr si las políticas públicas se aplican de forma gradual."Yo pienso que no, la economía no es un desastre, es manejable, se puede ajustar de una manera poco a poco y se puede llegar a una estabilización de deuda en términos de PIB", afirmó Francis.Respecto al valor del dólar en el mercado local, el representante de Fitch Ratings señaló que la fortaleza de la moneda responde principalmente al amplio diferencial entre las tasas de interés internas y externas.Francis puntualizó que la cotización actual está influenciada por "la política monetaria" y por las expectativas generadas en torno a las decisiones que adopte el nuevo Gobierno nacional.En materia de financiamiento, la agencia calificadora descartó problemas de liquidez o acceso a recursos para la nación, tanto en los mercados internacionales como en el plano local.El acceso a capitales "no es un riesgo" en el corto plazo porque Colombia conserva fuentes disponibles, una sólida relación con organismos multilaterales y un mercado local con suficiente profundidad, concluyó el directivo.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los resultados preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) por departamentos correspondientes al año 2025. Es un mapa que separa a los territorios que impulsan el motor productivo nacional de aquellos que luchan por mantener sus indicadores a flote.A nivel nacional, la economía registró un crecimiento general del 2,6% durante 2025. Este comportamiento positivo estuvo motivado principalmente por el fuerte dinamismo del sector de comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, que creció un 4,7%. Asimismo, la administración pública, educación y salud aportó un incremento del 4,0%, consolidándose estos sectores de servicios como los grandes motores que impulsaron el resultado del país.Los datos del Dane confirman la alta concentración de la producción en el territorio nacional. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca agruparon cerca de la mitad del PIB de Colombia. Al sumar a Santander, Cundinamarca y Atlántico, estas seis economías concentraron el 67,3% del total nacional, demostrando que la generación de valor en el país depende estructuralmente de estos centros urbanos e industriales.En el balance positivo por regiones para 2025, Bogotá se consolidó como el principal referente al crecer un 3,5%. El dinamismo de la capital estuvo motivado por el comercio y los servicios de comida (5,5%), la administración pública (3,9%) y las actividades artísticas y de entretenimiento, que se dispararon un 7,9%. Junto a la capital, los departamentos de Risaralda (3,2%), Antioquia (3,0%) y Tolima (3,0%) superaron el promedio nacional, impulsando la actividad productiva.A la par los datos muestran señales negativas en sectores estratégicos. La actividad de la construcción retrocedió un -2,7% y la explotación de minas y canteras sufrió una grave caída del -6,6% a nivel nacional. El desplome de la minería y las canteras afectó drásticamente el desempeño global, restando un impulso significativo al crecimiento que venían mostrando los sectores de servicios.Este retroceso impactó directamente a cinco departamentos que cerraron con variaciones negativas. Casanare registró una caída del -2,2%, Arauca del -1,9% y La Guajira del -1,6%. Putumayo (-1,3%) y Cesar (-1,1%) también decrecieron. El comportamiento negativo de estas economías estuvo motivado de manera directa por las caídas en la explotación de minas y canteras y la parálisis en el sector de la construcción.Mientras Bogotá lideró la tabla con 471.209 miles de millones de pesos y Antioquia le siguió con 277.082 miles de millones, en el extremo opuesto se ubicaron Guainía con 672 miles de millones y Vaupés con apenas 520 miles de millones de pesos dejando en evidencia la capacidad productiva entre las regiones.Frente al PIB por habitante, donde el promedio nacional se situó en 34,9 millones de pesos, las diferencias son igualmente críticas. Bogotá encabezó este indicador con 59,3 millones de pesos por persona, seguida por Casanare y Santander. Por otra parte, departamentos como Chocó, Vaupés, Guainía y Vichada, 8,9 millones, evidencian los niveles más bajos de ingresos por habitante.
El próximo Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo fiscal gigantesco y mucho más importante que el de cualquier otra administración hasta ahora para evitar que el país termine quebrado, advirtió el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Juan Carlos Ramírez.El Carf calcula que se necesita un ajuste fiscal de 4% a 5% del PIB durante los próximos 4 o 6 años, en comparación con el 1% del PIB en los que se ha reducido el déficit durante los ajustes más importantes que se han hecho en el país."La situación por tanto es muy difícil. So pena de entrar en un camino de, si no se hiciera, inestabilidad, insostenibilidad de la deuda que conduce a una situación de default o quiebra si no se logra ese ajuste", dijo Ramírez durante su presentación en el Congreso Asofondos en Cartagena.Según el funcionario el ajuste va a requerir una mezcla de mayores ingresos, menores gastos, gestión de la deuda entre otros esfuerzos."El choque no puede ser absolutamente abrupto porque si fuera abrupto tiene un impacto sobre crecimiento económico, que es una de las variables o de las dinámicas importantes, precisamente, para volver a lograr esa sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero la gradualidad debe ser fuerte y creíble, porque también la forma como los mercados financieros podrán abaratar el costo del endeudamiento", agregó.El Carf asegura que hoy la situación es tan crítica que ni siquiera basta con cumplir la regla fiscal."Tendremos que llegar a un nivel de balance primario positivo de al menos un punto del PIB en forma sostenida durante 5, 6, 7 años y hacia adelante. Hemos llegado a un punto tan crítico que ni siquiera cumplir la regla fiscal nos garantiza poder asegurar la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo", indicó.La debilidad de las finanzas públicas en Colombia ha llevado a que el país haya sido degradado en su calificación crediticia en agencias como Moody's y Standard & Poors, además de haber perdido el acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional.Necesitamos un 'sustico fiscal': exministro CarrasquillaPor su parte el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que la grave situación fiscal del país ha pasado 'de agache' y no ha generado la preocupación que debería, especialmente en el Gobierno."Si usted le pregunta a cualquier persona, el problema fiscal es entre muy pequeñito e inexistente, como usted bien lo decía ahorita. Yo creo que un sustico fiscal nos convendría, como le conviene a un fumador, digamos, tener un asma o algo así que le obligue a dejar el cigarrillo antes de que llegue el problema de fondo. Nosotros somos como un enfermo, nosotros estamos fumando felices, y somos fumadores, nos parece chévere, la fiesta está chévere, y que nos dé un ataque de tos sería bastante bueno y nos forzaría a tomar las medidas de fondo", aseguró.
El gobierno nacional redujo su meta de déficit fiscal para este año, pasando del 6,2 % del PIB en junio a 5,1 % en la actualización del Plan Financiero.El Plan Financiero es un documento que resume las proyecciones del gobierno, especialmente en lo relacionado con el endeudamiento de la nación y la necesidad de buscar recursos en el mercado local e internacional.Por ejemplo, hoy el gobierno nacional ya no espera 318 billones de pesos en ingresos tributarios como el año pasado, sino 291,3 billones de pesos. Hay que tener en cuenta que, desde la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Congreso de la República hundió una reforma tributaria que buscaba recaudar unos 26 billones de pesos en impuestos.En las nuevas proyecciones, la deuda de la nación se mantiene prácticamente estable frente a los niveles del año pasado (58,7 % del PIB). Esta proyección ya ha sido criticada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que considera que el recaudo efectivo de impuestos será menor y que es necesario recortar el presupuesto nacional, ya que el simple aplazamiento no es suficiente para cerrar la brecha.“El escenario fiscal contempla medidas de manejo del gasto, dentro de las cuales se incluye una estrategia de gestión eficiente del PAC y/o un aplazamiento de gasto”, señaló el Ministerio de Hacienda al entregar el documento.El PAC, o Plan Anual de Caja, es la programación de pagos del gobierno nacional a las distintas entidades que dependen del presupuesto y fue la herramienta utilizada el año pasado para mantener los gastos bajo control. Por eso, el aplazamiento de gastos consiste en el congelamiento de recursos a través de un decreto presidencial. Sin embargo, el CARF estima que ninguna de las dos medidas es suficiente para la situación de este año.
Un reciente estudio sectorial de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la viabilidad financiera de la educación superior en el país. De las 34 universidades públicas nacionales, solo una logra ser autosostenible, así lo confirmó Andrey Rodríguez, contralor delegado para asuntos educativos."De las 34 universidades públicas nacionales, una sola de ellas logra ser autosostenible. Las otras 33 dependen exclusivamente de los recursos que se les gira del Gobierno nacional. De lo contrario no podrían funcionar", indicó Rodríguez en Mañanas Blu.El origen del déficitRodríguez explicó que la raíz del problema está en cómo se calculaban los incrementos presupuestales desde 1992."Veníamos con una fórmula que actualiza los índices de educación superior por IPC. Esa fórmula llevó a que cerca de 18 billones de pesos no llegaran a las universidades públicas", explicó Rodríguez.Con la nueva ley, se busca usar un índice del DANE que refleje la realidad."Se llama básicamente así, índice de incremento de costos de educación superior, que permite reflejar en mayor realidad cómo crecen los costos", explicó. Disparidad de costos por estudianteEl estudio revela cifras "absolutamente disímiles" entre lo que recibe una universidad por alumno y lo que realmente le cuesta formarlo."'A la Universidad Nacional sacar ese estudiante a nivel de egresos le cuesta casi el triple de lo que recibe. En el caso de La Universidad de Antioquia le cuesta un estudiante cerca de 29 millones de pesos, pero solo recibe cerca de 7 millones y medio", explicó. Esta brecha financiera limita severamente la capacidad de las instituciones para invertir en infraestructura e investigación, así como para ampliar la cobertura educativa.Una nueva esperanza legislativaPara mitigar esta situación, se espera la sanción presidencial de una ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30.1. Los costos ahora se ajustarán mediante el Índice de Incremento de Costos de Educación Superior manejado por el DANE, reflejando mejor la realidad del sector.2."El proyecto de ley busca llegar más o menos a 0.5% del PIB", indicó Rodríguez.Escuche la entrevista aquí:
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, advirtió en Mañanas Blu 10:30 AM que el crecimiento reciente del país está cimentado en bases frágiles. Según dijo, aunque el PIB del tercer trimestre creció 3,6 %, su mayor avance en tres años, “lo que estamos viendo es insostenible en el tiempo”. Sostuvo que el impulso proviene del consumo público, no de la inversión.Mejía explicó qué sectores jalonaron la cifra. Sin embargo, afirmó que este comportamiento está atado a un “gasto público excesivo que estimula la demanda agregada”, una situación que, a su juicio, no puede prolongarse sin ajustes profundos.El economista comparó la situación fiscal de Colombia con la de Estados Unidos. Señaló que ambos países enfrentan presiones, pero destacó dos diferencias claves. “Estados Unidos emite el dólar; Colombia emite el peso, que en cualquier momento de nerviosismo deja de mantener la gente”, afirmó. Además, indicó que la potencia norteamericana “ha invertido fuertemente en tecnología”, mientras que en Colombia no se observa una estrategia similar.Según Mejía, estas diferencias hacen que la sostenibilidad fiscal estadounidense sea mayor, pese a sus problemas. En contraste, enfatizó que Colombia podría entrar en una “crisis fiscal profunda” si el próximo Gobierno no anuncia, desde el primer día, un ajuste contundente. “Los mercados están esperando al nuevo presidente”, explicó, y por eso aún no reaccionan con pánico.Aseguró que los inversionistas internacionales dan un compás de espera hasta que se conozca el equipo económico del candidato ganador. “El marco de espera está hasta que haya presidente elegido y un anuncio certero sobre cómo será ese ajuste fiscal”, puntualizó. De no ocurrir, advirtió, la estabilidad podría quebrarse rápidamente.Mejía también se refirió a factores externos que han sostenido el consumo en el país. Mencionó el ingreso de remesas, el impacto del narcotráfico y hasta el máximo histórico del precio del oro como elementos que “ayudan a financiar un consumo interno que supera las capacidades reales de la economía”.En materia de empleo, celebró que la economía esté generando puestos de trabajo, pero alertó sobre su calidad. La cifra razonable de crecimiento anual es del 1 %, dijo, pero “el 50 % del empleo generado es informal”. Recordó que durante la pandemia el 80 % del empleo creado era formal, por lo que este deterioro vuelve a mostrar la fragilidad de la recuperación.Finalmente, Mejía envió un mensaje a los aspirantes presidenciales: “La primera pregunta es cómo va a ser el ajuste fiscal”. Para el director de Fedesarrollo, sin una hoja de ruta clara en este frente, el crecimiento —por ahora positivo— difícilmente podrá sostenerse.
A pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026, el turismo se consolida como uno de los temas centrales en la conversación sobre el desarrollo del país. Más allá de ser una actividad económica, hoy representa una oportunidad estratégica para diversificar ingresos, generar empleo y fortalecer la identidad cultural colombiana en un contexto marcado por la digitalización y los cambios en las formas de viajar.Según cifras del DANE y del World Travel and Tourism Council (WTTC), el turismo aporta alrededor del 2 % del PIB nacional y genera cerca de 900.000 empleos directos, con ingresos que superan los US$10.000 millones anuales. Solo en el último año, esta industria dejó más de $40 billones en la economía nacional, una cifra comparable a cuatro reformas tributarias.El crecimiento del sector plantea un desafío urgente para los próximos gobernantes: diseñar políticas públicas sostenibles, digitales e inclusivas que permitan aprovechar el potencial del país. En el centro de ese debate se encuentra un tema clave: las rentas vacacionales y los alojamientos alternativos, un segmento que impulsa la descentralización del turismo y fortalece las economías locales.Incluso, durante la tercera edición de Expohost, el principal encuentro latinoamericano sobre turismo digital, rentas cortas y economía colaborativa.
La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Piedad Urdinola, entregó detalles en Recap Blu sobre cómo está la economía colombiana luego de conocerse que creció 2,1 % en el segundo trimestre de 2025. De hecho, señaló que los estudios revelan que el Producto Interno Bruto (PIB) en el país mejoraría si se distribuyeran las labores domésticas y no solo tuvieran que realizarlas las mujeres.Durante la entrevista, Urdinola explicó que las cargas de cuidado y trabajo no remunerado, tradicionalmente asumidas por las mujeres, reducen su participación plena en el mercado laboral. Según datos del Dane, estas tareas representan alrededor del 25 % de la producción doméstica. Si se formalizaran como parte de la economía de mercado y se garantizaran condiciones laborales a quienes prestan servicios de cuidado, el país no solo aumentaría sus ingresos, sino que también liberaría mano de obra femenina, lo cual tendría un impacto positivo en el crecimiento económico."Hay un estudio de la CEPAL que se hizo para varios países de América Latina y pronostica precisamente eso. Dependiendo del país, esto puede llegar a aportar hasta 5 puntos del PIB. En el caso colombiano, si nosotros medimos las labores domésticas como lo hacemos desde nuestra cuenta satélite del trabajo no remunerado, está alrededor del 25 %, eso es lo que pesa toda la producción doméstica no remunerada. Ahora, si lo volvemos una actividad de mercado, tenemos ese aporte del trabajo no remunerado medido como una actividad de mercado, pero también la liberación de la mano de obra de estas mujeres que entrarían a ser parte de la cadena productiva del país", explicó Urdinola.Mejores sectores económicos en este trimestreDe acuerdo con el Dane, la economía colombiana tuvo un crecimiento del 2,1 % en su medición original y del 2,5 % en cifras desestacionalizadas. Los sectores que más impulsaron este resultado fueron comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, con un repunte del 5,6 % que aportó 1,1 puntos porcentuales al PIB. Dentro de este grupo, la mayor dinámica se registró en los restaurantes, gastrobares y servicios de alimentación fuera del hogar.El segundo sector con mayor crecimiento fue agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 3,8 % de aumento, jalonado por flores, frutas, aves, bovinos y porcinos. En tercer lugar se ubicaron las actividades de administración pública, defensa, educación y salud, favorecidas por el aumento del pie de fuerza, pagos de retroactivos y la expansión tanto de la educación privada como de la pública.¿Qué pasa con el carbón?Por otro lado, la directora del Dane advirtió que la explotación de minas y canteras registró una caída del 10,2 %, siendo una de las ramas más afectadas en el trimestre. En este retroceso incidió principalmente la extracción de petróleo y gas natural, con una disminución del 6,9 %, y la minería de minerales metalíferos, que se redujo en 20 % por la menor demanda internacional de oro.En el caso del carbón, la producción cayó un 14,6 %, lo que restó 2,9 puntos porcentuales al PIB. Urdinola explicó que la caída no responde únicamente a las restricciones de exportación hacia Israel, sino a una tendencia global de menor consumo. Europa, especialmente Alemania, ha avanzado en su transición energética y ya no demanda carbón, mientras que mercados como China y Corea del Sur prefieren proveedores más cercanos en Asia debido a los costos de transporte.
En diálogo con Mañanas Blu, la viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, señaló que existen nuevas evidencias que apuntarían a que, si bien las disidencias de la Segunda Marquetalia fueron los autores materiales del magnicidio de Uribe Turbay, hay nexos políticos entre los determinadores. Tarazona sostuvo que una persona, a la que no identifica públicamente, habría entregado información días antes del magnicidio, en la que señalaba que Miguel Uribe Turbay, así como otros precandidatos del Centro Democrático, corrían el riesgo de sufrir un atentado; que la orden habría salido desde el Congreso de la República y que el dinero para organizar el atentado habría salido desde Venezuela.En ese sentido, durante la entrevista, leyó los chats que existen entorno a las advertencias que se hicieron antes sobre el atentado que le perpetuarían a Miguel Uribe, en la misma lectura de los chat nombra directamente a Marcos Calarcá. En desarrollo...
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Barichara, Santander, Milton Edilson Chaparro Jiménez, por presuntas irregularidades en el suministro de agua para consumo humano durante 2024, cuando el municipio afrontaba problemas de desabastecimiento.Según informó el Ministerio Público, la investigación busca establecer si el mandatario permitió captar y utilizar agua de la fuente denominada La Chorrera, ubicada en el predio Lote 4 de la vereda Santa Helena, de propiedad de un particular, después de que se declarara la calamidad pública por la falta de agua potable en el municipio.La Procuraduría también indaga si, para ese momento, sobre la fuente hídrica existía una medida preventiva ambiental impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que habría sido desconocida al permitir el uso del recurso.Otro de los aspectos que busca esclarecer el organismo de control es si la extracción de agua se autorizó sin contar con la concesión, el permiso o la autorización ambiental exigida por la autoridad competente.Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta del alcalde como grave, a título de culpa grave.La formulación de cargos hace parte del proceso disciplinario con el que se busca determinar si el mandatario incurrió en alguna irregularidad en el manejo del recurso hídrico.
Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante del Cartel de Cali y hermano del fallecido narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’, envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella para formalizar su disposición de colaborar con el Estado en la identificación y recuperación de bienes que estarían relacionados con estructuras patrimoniales irregulares del extinto grupo criminal.En el documento, Herrera explicó que su intención es aportar información sobre activos, sociedades y estructuras económicas que han sido objeto de investigaciones durante décadas. La primera etapa de la colaboración, según lo expuesto en la comunicación, comprende información sobre más de 1.000 bienes ubicados en Colombia y otros países.“La finalidad de esta autorización es permitir que la Presidencia de la República tenga conocimiento institucional de esta decisión y pueda, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañar las iniciativas estatales que correspondan respecto de la recuperación, destinación social y eventual utilización de los bienes que lleguen legítimamente a favor del Estado”, señaló Herrera en la carta.El exintegrante del Cartel de Cali manifestó que su decisión busca contribuir a los esfuerzos institucionales relacionados con la recuperación de activos y la superación de las consecuencias asociadas a la violencia. En ese sentido, afirmó: “Esta determinación corresponde a mi voluntad de contribuir, en este momento histórico del país, a un proceso de reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional”.En otro apartado, Herrera sostuvo que pretende que los bienes relacionados con esas estructuras patrimoniales queden bajo conocimiento y control de las autoridades competentes. “El propósito es que bienes cuya historia se ha prolongado durante décadas y que han sido objeto de controversias, violencia y procesos patrimoniales puedan ser puestos definitivamente bajo conocimiento y control de las instituciones competentes del Estado”, expresó.La carta también expone su intención de contribuir al esclarecimiento de la historia de los activos vinculados al denominado ‘Clan Herrera’. “Una de las razones principales por las cuales adopto esta determinación es mi voluntad de contribuir a que cese definitivamente la violencia asociada históricamente a los bienes vinculados al denominado ‘Clan Herrera’”, afirmó.La comunicación dirigida al presidente se suma a la declaración que Ramiro Herrera presentó ante la Fiscalía General de la Nación, en la que formalizó su voluntad de entregar información para avanzar en los procesos de extinción de dominio. En ese documento, aseguró que comparecía para adelantar una “colaboración eficaz, directa, voluntaria y verificable con el Estado colombiano”.Herrera precisó que la información comprende bienes en Colombia y en el exterior, documentación histórica y original, sociedades, inversiones y personas naturales y jurídicas. También señaló que su intención es que los datos puedan ser contrastados con los expedientes y registros disponibles.“Mi voluntad es aportar los elementos que se encuentren en mi conocimiento para que toda la información pueda ser verificada independientemente por la Fiscalía General de la Nación, confrontándola con los expedientes, registros públicos y privados, documentos originales y demás elementos materiales probatorios legalmente disponibles”, indicó.La colaboración anunciada se conoce después de que la Fiscalía impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros al servicio de ‘Pacho Herrera’. Las medidas incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.De acuerdo con la investigación, durante años se habrían utilizado personas y empresas de diferentes sectores económicos para ocultar y administrar activos, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades.La carta de Ramiro Herrera plantea una colaboración que abarca información sobre bienes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, el propio exintegrante del Cartel de Cali dejó claro que la decisión sobre cada activo corresponde a las autoridades: “Será exclusivamente la autoridad competente la que determine la procedencia jurídica de cada activo y si existe fundamento para adelantar o culminar procesos de extinción de dominio”.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 14 de octubre de 2026:La Profe Mónica, profesora y creadora de contenido educativo con más de 2 millones de seguidores.En Tutoriales Radiales pasó el periodista, escritor y conferencista Germán Díaz Sossa.Escuche el programa completo acá:
El número de vehículos sin SOAT vigente en Colombia se duplicó en los últimos diez años. Entre 2016 y septiembre de 2026, el país pasó de tener 5,3 millones de vehículos sin este seguro obligatorio a 10,7 millones, mientras el parque automotor creció de 13 millones a 22,6 millones de unidades, de acuerdo con un análisis de la empresa de inteligencia de negocios Intempo.El estudio, elaborado a partir de los registros históricos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), encontró que la tasa de evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) aumentó del 40,6 % en 2016 al 47,3 % en 2026. Además, el indicador se ha mantenido entre el 47 % y el 49 % durante los últimos seis años, según el informe.Uno de los datos más relevantes es la participación de las motocicletas en esta problemática. Aunque representan el 64 % del parque automotor colombiano, concentran el 78 % de los vehículos sin SOAT vigente, equivalentes a 8,3 millones de unidades. Intempo también señala que una motocicleta tiene el doble de probabilidad de estar en mora con este seguro que un automóvil particular.Millones de vehículos no tienen SOAT ni técnico-mecánicaLa falta del seguro obligatorio coincide, en numerosos casos, con el incumplimiento de otro requisito: la revisión técnico-mecánica (RTM). De los 18,8 millones de vehículos que, según el estudio, ya están obligados a contar con ambos documentos, 9,8 millones, equivalentes al 52,4 %, no tienen ninguno de los dos al día.En el otro extremo, 8 millones de vehículos, el 42,6 %, mantienen vigentes tanto el SOAT como la revisión técnico-mecánica. Otros 936.000, cerca del 5 %, cuentan solamente con uno de los dos requisitos.El análisis también identificó 1,4 millones de vehículos registrados que nunca han tenido SOAT ni han realizado la revisión técnico-mecánica. Esta cifra corresponde a unidades que figuran en los registros, pero que no han acreditado el cumplimiento de ninguna de las dos obligaciones.Para Santiago Caballero, gerente general de Intempo, estos datos muestran que la pérdida de continuidad en el seguro puede estar relacionada con el abandono de otros trámites obligatorios.“Los datos demuestran que cuando un propietario deja vencer el seguro, al poco tiempo abandona también la revisión”, explicó Caballero. El directivo agregó que las campañas centradas en recordar un trámite a la vez no alcanzan a responder a la dimensión del problema.La primera revisión técnico-mecánica, un momento claveEl estudio identifica la llegada de la primera revisión técnico-mecánica como un punto crítico para la continuidad del SOAT. Durante los primeros años de vida de un vehículo, el 89 % de los propietarios renueva el seguro de manera consistente. Sin embargo, cuando llega la edad legal para realizar la primera RTM, la cobertura cae al 46 %.De los 4,3 millones de vehículos que nunca han acudido a un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), 2,7 millones, equivalentes al 63 %, sí tuvieron SOAT alguna vez mientras eran nuevos.La tendencia también plantea un desafío para los próximos años. Según Intempo, hay 3,9 millones de vehículos jóvenes próximos a cumplir la edad para su primera revisión técnico-mecánica. Este grupo supera en un millón de unidades al registrado en 2024 y representa un segmento que el sector deberá observar para evitar un mayor incumplimiento.Conductores tardan 52 días en renovar el SOATEl informe encontró otro comportamiento entre quienes sí vuelven a comprar el seguro obligatorio: en promedio, pasan 52 días entre el vencimiento de la póliza y su renovación.Este dato refleja que tener SOAT en distintos momentos del año no significa necesariamente mantener una cobertura continua. El periodo señalado corresponde al promedio calculado por el estudio y no constituye un plazo de gracia para circular sin seguro vigente.La diferencia entre tipos de servicio también resulta significativa. En el transporte público, la evasión del SOAT se ubica en el 23,6 %, frente al 47,8 % del servicio particular. Intempo relaciona esta brecha con la existencia de controles empresariales, tarjetas de operación y mecanismos de supervisión de las flotas.
