El Ministerio de Comercio y el Gobierno nacional ya tienen lista una fórmula con la que pretenden convencer a Estados Unidos de reversar el incremento de aranceles de productos colombianos del 10% al 12,5%: se trata de prohibir por decreto la importación de productos hechos con trabajo forzoso y darle a la Dian herramientas para investigar y frenar la entrada de productos cuando tenga sospechas razonables de uso de trabajo forzoso.
Vale recordar que desde marzo de este año Colombia estaba advertida de la posibilidad de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) terminara sancionando al país con mayores aranceles por no adoptar medidas efectivas para la prohibición del trabajo forzoso en Colombia. Es más: a finales de junio tanto el Consejo Gremial Nacional como Amcham le habían sugerido al gobierno firmar un decreto con la prohibición. Pero no pasó nada.
La ministra de Comercio, Diana Morales, envió una carta a la Dian pidiendo que se expidiera un decreto antes del 6 de julio, pero el país ni siquiera llegó a tener un borrador de la iniciativa y desde el 23 de julio muchos de los productos colombianos comenzaron a pagar los aranceles adicionales.
El decreto sobre trabajo forzoso en Colombia que está a punto de firmarse le dará a la Dian la posibilidad de tomar acciones incluso si un producto ha sido fabricado solo parcialmente con trabajo forzoso o si simplemente fue transformado, para evitar que la responsabilidad termine siendo 'diluida' en las cadenas de suministro global. Además, la Dian podrá usar listados indicativos de países, sectores y regiones, respecto de los cuales exista información objetiva, verificable y suficiente sobre posibles riesgos de trabajo forzoso u obligatorio.
El análisis del gobierno actual apunta a que, aunque la Constitución ya prohíbe la esclavitud y la servidumbre, productos fabricados fuera del país a partir de esa servidumbre podían circular libremente en el territorio nacional. Eso es lo que se va a prohibir con este decreto.
Como resultado de la medida, el gobierno aspira también a una "reducción de la exposición del país frente a futuras medidas comerciales basadas en criterios similares, considerando que el estándar se ha incorporado ya en acuerdos comerciales y en la política comercial de socios relevantes".
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Una vez se firme el decreto, le quedará a la Cancillería colombiana la tarea de exponer el caso colombiano ante el USTR y buscar un cambio en la tarifa arancelaria.