El abogado Juan Pablo Naranjo, de la firma Naranjo Abogados, ha iniciado una acción constitucional de grupo contra las entidades financieras en Colombia con el fin de que se indemnice a los ciudadanos por el cobro del impuesto del 4x1000, debido a la falta de implementación de un sistema de interconexión que facilitara las exenciones tributarias.
Indemnización para los pequeños contribuyentes
Naranjo dijo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que la acción jurídica busca beneficiar a la mayoría de los colombianos, específicamente a los pequeños contribuyentes que no movilizan más de 18 millones de pesos mensuales en sus cuentas.
“Lo que nosotros buscamos con esta demanda es que se indemnice a todos los colombianos afectados, que esos impuestos que entidades financieras recaudaron les sean indemnizados por parte de estas entidades”, indicó Naranjo.
El jurista enfatizó que la responsabilidad recae exclusivamente en la banca privada y no en el Estado.
“Nosotros no estamos en ningún momento demandando al gobierno ni pidiendo al gobierno que devuelva la plata, nuestra demanda lo que pretende es que los bancos respondan a los colombianos”, aclaró, argumentando que las entidades debieron coordinarse para implementar el sistema lo antes posible.
Críticas a la inacción bancaria
El núcleo de la demanda es el incumplimiento de la Ley 2277 de 2022, la cual establecía un plazo perentorio de dos años para que los bancos coordinaran un sistema que permitiera la exención del impuesto en múltiples cuentas.
Naranjo cuestionó la capacidad técnica de la banca frente a su falta de voluntad:
“Las entidades bancarias tienen la capacidad de identificar en milisegundos transacciones financieras a nivel nacional y no han podido en 2 años coordinarse para implementar un sistema”, explicó.
A pesar de que algunas instituciones afirman estar preparadas, la falta de una interconexión total ha impedido que el beneficio llegue al ciudadano. Para el abogado, la excusa tecnológica es insuficiente:
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“Los que deben coordinarse son el sector privado. Aquí las entidades públicas no tenemos una responsabilidad de coordinación”, señaló.
Finalmente, el abogado destacó el impacto que este impuesto tiene en las familias colombianas, mencionando que los aproximadamente 800,000 pesos anuales que se cobran podrían ayudar a una madre cabeza de hogar a pagar el transporte de sus hijos.
“Es inaudito que de verdad los bancos todavía en Colombia no se coordinen para el mayor beneficio de los consumidores”, concluyó.
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