Desde abril, la Contraloría General de la República viene advirtiendo sobre el deterioro de las finanzas públicas. En su informe más reciente, con corte a marzo de 2026, el organismo de control señala que el Gobierno Nacional ya destina más recursos al servicio de la deuda, es decir, al pago de capital e intereses, que a la inversión en obras, hospitales, colegios y otros proyectos para el país.
La alerta ocurre en medio de un escenario de mayor presión sobre las cuentas públicas. La inflación llegó al 5,56% en marzo y el Banco de la República mantiene su tasa de interés en 11,25%, lo que encarece el crédito y también aumenta el costo de financiar la deuda del Estado.
A esto se suma un déficit fiscal equivalente al 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda que ya representa el 57,2% de lo que produce Colombia en un año. El problema de los ingresos también pesa, según alerta la Contraloría, pues para 2025, el Gobierno esperaba recaudar $304,8 billones en impuestos, pero terminó recibiendo $271,9 billones, casi $33 billones menos de lo previsto.
La Contraloría además llamó la atención sobre el costo de renovar la deuda. Según el informe, en los canjes realizados durante 2025 y 2026 el Gobierno ha entregado títulos con tasas de interés superiores a las de los que recibe a cambio. En otras palabras, al renovar obligaciones, el Estado estaría asumiendo deuda cada vez más costosa. Las tasas que paga actualmente superan el 13% para obligaciones de corto plazo y llegan al 14% en el largo plazo.
La dependencia del endeudamiento también ha aumentado. En 2023, los créditos representaban el 16% de los ingresos del Gobierno y para 2025, esa proporción llegó al 27%. Es decir, más de una cuarta parte de los recursos que recibe el Estado proviene de nueva deuda.
La diferencia frente a la inversión es todavía más evidente al revisar el presupuesto. En 2021, por cada peso gastado por el Gobierno, 18 centavos se destinaban al pago de deuda y 15 a inversión. Para 2025, el servicio de la deuda pasó a representar 23 centavos, mientras la inversión cayó a 11.
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Para 2026, el presupuesto contempla $100,45 billones para pagar la deuda, frente a $88,4 billones destinados a inversión pública. Y, de acuerdo con las proyecciones citadas por la Contraloría, la brecha podría aumentar en 2027, pues dicen que el servicio de la deuda llegaría a $149,9 billones, mientras la inversión bajaría a $82,9 billones.
El organismo de control también identificó otros compromisos que presionan las finanzas del Estado. Entre ellos están deudas de las EPS por cerca de $39,6 billones, obligaciones de regímenes especiales de pensiones por $15,6 billones y cerca de $133 billones pendientes para la reparación de víctimas del conflicto. Además, estima que se requieren recursos por unos $32 billones para llevar energía a 1,3 millones de viviendas que aún no tienen acceso al servicio.
Ante este panorama, la Contraloría plantea cinco prioridades para el próximo Gobierno: reconocer y organizar todas las obligaciones pendientes, aumentar los ingresos permanentes mediante un mejor recaudo y control de la evasión, mejorar la eficiencia del gasto, acelerar la ejecución presupuestal y mantener la disciplina fiscal.