Desde que terminaron las elecciones, el Gobierno Petro ha firmado 14.414 contratos por 4,5 billones de pesos, lo que implica un incremento del 22,5 % frente a lo que ocurría con otros gobiernos al cierre de su mandato, según el informe de la Contraloría General de la República.
La mayor parte de los contratos identificados por la Contraloría son contratos directos, es decir, contratos a dedo sin licitación. Las entidades en la mira son la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior.
Sin embargo, lo que más le preocupa a la Contraloría es que esos contratos no tengan respaldo suficiente en recursos de la Nación. Vale recordar que el presupuesto de este año está desfinanciado.
La reforma tributaria del año pasado por 26 billones de pesos se cayó y aunque el Gobierno ha tratado de compensar la situación con el recaudo de la declaratoria de emergencia por lluvias, no se ha hecho un recorte formal y ese ajuste es una tarea que le queda al gobierno entrante.
"Adoptar decisiones de transferencias, asignaciones presupuestales y nuevos compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente profundiza las presiones sobre la caja del Gobierno Nacional, compromete el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, incrementa las necesidades de endeudamiento y genera una potencial afectación al patrimonio público", señaló el ente de control.
El anuncio de la Contraloría se da a dos semanas del inicio de la administración de Abelardo De La Espriella, que ya anunció un plan severo de austeridad y la presentación de una reforma tributaria en septiembre.
La función de advertencia busca prevenir el daño a los recursos públicos y hacer un seguimiento más estrecho a la situación de riesgo. Sin embargo, no le permite a la entidad parar la contratación ni garantizar que la administración saliente moderará el ritmo de firmas de nuevos contratos.
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"La entidad tiene el deber de advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar el patrimonio público y, de materializarse estos, adelantar las actuaciones de responsabilidad fiscal que correspondan", señaló la Contraloría.
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