El presidente Gustavo Petro anunció que solicitará al ministro de Hacienda declarar insubsistente a Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, argumentando que la funcionaria tuvo una incapacidad médica relacionada con "razones psiquiátricas".
El pronunciamiento del mandatario se produjo a través de su cuenta en la red social X, pocas horas después de que Rodríguez concediera una entrevista a Noticias RCN en la que aseguró haber denunciado al interior del Gobierno una presunta red de tráfico de influencias encabezada por Juliana Guerrero y otras personas.
En su publicación, Petro cuestionó a los medios de comunicación por entrevistar a la funcionaria y afirmó: "No entiendo una prensa que no averigua a quien entrevista y le faltan el respeto incluso como paciente. Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido". El jefe de Estado agregó que, según él, la prensa "buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente psiquiátrica".
Petro asegura que existe una incapacidad médica de Angie Rodríguez
En el mismo mensaje, el presidente publicó un documento que demostraría una incapacidad médica de Rodríguez. "Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de hacienda declarar insubsistente a la directora del fondo de adaptación por incompetente".
Petro también vinculó la controversia con el manejo de los recursos del Fondo Adaptación y defendió la destinación de esos dineros. "Todo el asunto de la prensa revienta porque dije que los dineros del fondo de adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el mega niño que es megasequía en Diciembre. Esa es una prioridad vital y el dinero se utiliza es para las prioridades y la vida no para coqueteos con paramilitares, o intentar mantener puestos no merecidos o lograr camionetas de seguridad para toda la familia".
Las denuncias de Angie Rodríguez
El pronunciamiento del mandatario se conoce después de que Angie Rodríguez afirmara que había advertido al interior del Gobierno sobre una presunta red de tráfico de influencias relacionada con Juliana Guerrero.
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La directora del Fondo Adaptación aseguró: "Yo le había advertido al interior del gobierno, fui la única funcionaria pública del gobierno que lo denunció. Sí, ella pidió mi cabeza al igual que otras mujeres, porque eso es una red. Ella, sin ser funcionaria pública, ejercía presión en varias entidades para cobrar y pedir puestos, quitar y poner gente como ama y señora. Y yo obviamente me opuse, como me opuse a su nombramiento como viceministra de Juventudes".
Rodríguez sostuvo además que las presuntas actuaciones no se limitaban a Juliana Guerrero y mencionó a Gabriela Muñoz.
No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz
Cuando fue consultada sobre el papel que, según ella, desempeñaba Muñoz, respondió: "Es el mismo modus operandi".
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También pidió retirar a Juliana Guerrero
Durante la entrevista, Rodríguez aseguró que le solicitó directamente al presidente Petro retirar a Juliana Guerrero de la representación de la Universidad Popular del Cesar.
Y es que ella es la representante de la Universidad Popular del César. Yo le dije al presidente, presidente, hay que cambiarla. Eso es impresentable que una persona con todo este prontuario siga siendo la delegada
Al ser consultada sobre por qué el mandatario no tomó esa decisión, respondió: "No sé, pero no me firmó el decreto".
Fiscalía abre investigación formal contra Juliana Guerrero y su hermana
Este lunes, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez y su hermana, Verónica Guerrero Jiménez, con el propósito de establecer si incurrieron en posibles irregularidades relacionadas con la contratación pública, según confirmó la entidad tras las revelaciones conocidas durante el pasado fin de semana.
La investigación quedó en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que ya ordenó las primeras labores de policía judicial para recolectar material probatorio y verificar la información conocida hasta el momento.
Las indagaciones fueron iniciadas a partir de una publicación de la revista Semana, que reunió testimonios de empresarios, conversaciones de WhatsApp, audios y comprobantes de consignaciones bancarias que, según el medio, darían cuenta de un presunto esquema para gestionar contratos con entidades del Estado.
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De acuerdo con esa publicación, los hechos habrían comenzado durante el segundo semestre de 2024 y tendrían como protagonistas a empresarios de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander, quienes aseguraron haber confiado en las hermanas Guerrero con la expectativa de obtener contratos públicos.
Empresarios denuncian millonarios pagos
Según los testimonios recopilados, los empresarios debían cancelar inicialmente un millón de pesos para acceder a una primera reunión. Posteriormente, quienes buscaban avanzar en las supuestas gestiones debían entregar 200 millones de pesos, además del 10 % del valor de cada contrato que eventualmente fuera adjudicado.
La información señala que parte de esos recursos habría sido entregada inicialmente por intermedio de David Trespalacios, descrito como un allegado de las investigadas. Sin embargo, tras desacuerdos entre las partes, las hermanas habrían comenzado a recibir directamente los recursos en sus cuentas bancarias.
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Los denunciantes sostienen que, pese a los pagos realizados, los contratos prometidos nunca fueron adjudicados y tampoco se produjo la devolución del dinero entregado.
Más de $600 millones habrían sido entregados
Tres empresarios afirman haber consignado más de 600 millones de pesos dentro de este presunto esquema, sin obtener los resultados ofrecidos ni recuperar los recursos entregados.
La documentación divulgada incluye conversaciones relacionadas con posibles proyectos de acueducto en el departamento del Cesar, iniciativas de mejoramiento de vivienda y procesos de contratación en diferentes entidades del Gobierno nacional. Entre las instituciones mencionadas aparecen los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, así como la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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