La Contraloría lanzó una alerta sobre la financiación de las pensiones en Colombia. De acuerdo con un análisis de la Delegada para el Sector Trabajo, se necesitarían más de $4,2 billones adicionales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pensionales durante 2026.
El organismo de control encontró un desbalance entre el comportamiento utilizado para proyectar el presupuesto y el incremento que finalmente tuvo el salario mínimo. Mientras las estimaciones presupuestales contemplaban un crecimiento cercano al 7,5 %, el aumento efectivo del salario mínimo fue del 23 %.
Esta diferencia habría generado un incremento no previsto en las obligaciones que debe atender el sistema pensional, particularmente en las mesadas que están vinculadas al salario mínimo. El presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para este año contempló gastos por $75,58 billones. De ese total, $72,80 billones fueron destinados al pago de pensiones y jubilaciones.
Una parte importante de estos recursos proviene directamente del Presupuesto General de la Nación. Para 2026 se habían contemplado $33,7 billones en aportes nacionales, equivalentes al 44,6 % de la financiación prevista.
Según el análisis de la Contraloría, la ejecución de esos recursos asciende a los mismos $33,7 billones. Es decir, si las transferencias ya fueron efectivamente giradas, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de los recursos nacionales que estaban inicialmente presupuestados. El problema estaría entonces en que las obligaciones aumentaron por encima de las previsiones utilizadas al momento de elaborar el presupuesto.
La Contraloría aclaró que el hecho de que exista un posible faltante no significa que actualmente se hayan suspendido los pagos de las pensiones. La advertencia está relacionada con la necesidad de garantizar recursos adicionales para cubrir las obligaciones que se generaron durante la vigencia.
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Por esta razón, el organismo de control pidió al Gobierno Nacional prever y disponer los recursos necesarios para evitar que las mayores obligaciones pensionales afecten el cumplimiento de los pagos.