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Crisis azucarera pasa factura: tres empresas del grupo La Cabaña serán liquidadas

La decisión fue adoptada luego de que las propias empresas solicitaran terminar la reorganización al no lograr un acuerdo con sus acreedores dentro de los plazos legales.

Grupo La Cabaña
Grupo La Cabaña.
Foto: Suministradas

La Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de Ingenio La Cabaña S.A., Agroindustrias del Cauca S.A. y Alimentos Derivados de la Caña S.A., compañías del Grupo La Cabaña dedicadas a la producción y transformación de derivados de la caña de azúcar en Guachené, norte del Cauca. La medida pone fin al proceso de reorganización empresarial que adelantaban las sociedades bajo la Ley 1116 de 2006.

La Cabaña tiene influencia económica y social en municipios como Caloto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villa Rica, Corinto, Miranda, Suárez y Buenos Aires, por lo que la decisión genera expectativa sobre sus efectos en el norte del Cauca.

Según mencionaron las sociedades, la situación no responde a una causa aislada ni a la inviabilidad del negocio en sí mismo, sino a la combinación de factores económicos, financieros, climáticos y operativos que afectaron su capacidad de recuperación.

Entre las principales razones señaladas por las compañías se encuentran la profunda crisis que atraviesa el sector azucarero, la dificultad para acceder a nuevos recursos de capital de trabajo, las restricciones de liquidez y problemas de orden público en la región. A esto se sumaron condiciones climáticas adversas que impactaron la productividad de los cultivos y redujeron los niveles de sacarosa, afectando los resultados de la operación.

Durante los cuatro meses establecidos por la Ley 1116 para negociar un acuerdo de reorganización, el grupo La Cabaña presentó diversas alternativas a las entidades financieras, principales acreedoras del proceso. Entre ellas figuraban la fusión de las empresas del grupo, períodos de gracia hasta 2030, plazos de pago de 10 y 16 años, mecanismos de financiación para capital de trabajo y la subordinación de algunas deudas. Sin embargo, la mayoría de los acreedores consideró que las propuestas no eran viables.

La compañía también argumentó que los procesos judiciales en curso y la falta de respaldo del gremio azucarero agravaron las dificultades financieras. Incluso, dos grupos familiares accionistas realizaron préstamos por más de 52.500 millones de pesos durante 2025 para sostener la operación, recursos que resultaron insuficientes frente al deterioro económico y que limitaron la posibilidad de nuevos aportes.

A las dificultades financieras se sumaron factores macroeconómicos que golpearon los ingresos del ingenio. Entre ellos, la caída de hasta un 12 % en el precio nacional del azúcar, la reducción de la tasa representativa del mercado, el descenso de los precios internacionales del producto y una disminución histórica en los niveles de sacarosa. Solo estos factores representaron impactos superiores a los 58.000 millones de pesos en los resultados de la compañía.

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Con la apertura de la liquidación judicial, un liquidador será designado para administrar los activos y adelantar el proceso de pago a los acreedores, conforme al orden legal establecido.

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