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Endeudarse en Colombia se ha vuelto una situación común para miles de ciudadanos. Los altos intereses, la inestabilidad laboral y los gastos asociados a vivienda, educación o consumo llevan a que muchas personas no logren cumplir con sus cuotas a tiempo. Sin embargo, cuando las obligaciones se incumplen de manera reiterada, las consecuencias pueden ser más severas de lo que muchos imaginan.
La ley colombiana contempla mecanismos para que los acreedores recuperen su dinero, incluso mediante medidas que afectan directamente el salario del deudor. Este escenario genera preocupación entre quienes atraviesan dificultades financieras y temen ver reducidos sus ingresos mensuales.
Uno de los puntos que más inquieta a los deudores es la posibilidad de que les embarguen hasta la mitad del sueldo. Para muchos, no poder pagar una cuota ya es complicado, pero perder el 50 % del ingreso puede agravar aún más la situación. Esta práctica es legal, aunque solo aplica en circunstancias específicas.
El Código Sustantivo del Trabajo establece que el salario mínimo legal, en principio, es inembargable. No obstante, existen dos excepciones claras:
En estos casos, el embargo puede alcanzar hasta el 50 % de los ingresos del trabajador. La norma no solo contempla el salario base, sino también otros conceptos que se devengan mensualmente, como horas extras, recargos nocturnos, dominicales y comisiones. Para muchos hogares, esta medida representa un impacto directo en su estabilidad económica.
El Código General del Proceso es la norma que regula los embargos en el país y define los escenarios en los que se pueden aplicar. De manera general, existen tres tipos principales de embargo:
En otros casos, como las deudas con la DIAN, la Contraloría u otras entidades de cobro estatal, la ley permite embargar la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal vigente.
No todo está perdido para quien enfrenta un proceso de embargo. La legislación colombiana también protege ciertos bienes considerados esenciales para garantizar una vida digna. Entre ellos se encuentran el salario mínimo legal, el auxilio de cesantías, las indemnizaciones por accidente de trabajo y los bienes de uso personal, como ropa, muebles básicos y utensilios de cocina.
Asimismo, son inembargables los bienes de familia, los derechos de uso y habitación y otros elementos expresamente protegidos por la ley. Ante cualquier proceso, los expertos recomiendan buscar asesoría legal y explorar acuerdos de pago, ya que negociar a tiempo puede evitar que la situación termine afectando de manera directa el ingreso mensual.
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