Tener una deuda pendiente con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puede convertirse en un problema para los contribuyentes, especialmente cuando a la obligación principal se suman sanciones e intereses de mora que incrementan el monto que deben pagar. Sin embargo, una nueva medida del Gobierno nacional contempla un alivio para quienes tienen obligaciones pendientes.La medida hace parte del paquete tributario expedido después del terremoto del 10 de agosto de 2026 y tiene una particularidad importante, el beneficio sobre las sanciones aplica a contribuyentes de todo el país, no únicamente a las personas que resultaron afectadas por el desastre.Morosos podrán pagar solo el 15 % de sus sanciones ante la DIANEl Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026 estableció una reducción del 85 % de las sanciones para determinados contribuyentes que tengan obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias en mora al 10 de agosto de 2026.En otras palabras, quienes cumplan las condiciones establecidas podrán pagar únicamente el 15 % del valor de la sanción que les corresponda.Además de la reducción, el decreto establece una tasa especial de interés moratorio del 4,5 % anual, que se aplicará para las obligaciones cobijadas por la medida.Para acceder al beneficio, el contribuyente deberá ponerse al día con la obligación o cumplir con las actuaciones correspondientes dentro del plazo establecido. La fecha límite es el 19 de noviembre de 2026.El valor de la sanción después de aplicar la reducción no podrá ser inferior a la sanción mínima que corresponda para el año gravable respectivo.¿Quiénes pueden beneficiarse?La medida está dirigida a contribuyentes, responsables, agentes retenedores, garantes y deudores solidarios que tengan obligaciones en mora a la fecha establecida por el decreto y cumplan los demás requisitos.El alivio también puede aplicarse a determinados saldos pendientes relacionados con facilidades o acuerdos de pago que ya estaban vigentes cuando entró en vigor la norma.Sin embargo, no todas las obligaciones necesariamente están cobijadas. La aplicación depende de las condiciones específicas establecidas en el Decreto Legislativo 1419, por lo que cada contribuyente debe revisar su situación antes de hacer el trámite.El beneficio contempla a quienes tengan declaraciones tributarias pendientes de presentar correspondientes a obligaciones anteriores al 10 de agosto de 2026.Quienes cumplan los requisitos podrán presentar esas declaraciones hasta el 19 de noviembre y acceder a la reducción de la sanción por extemporaneidad, que quedaría en el 15 % del valor correspondiente, además de la tasa especial de intereses establecida.También se podrán corregir determinadas declaraciones que hayan sido presentadas antes del 10 de agosto cuando la modificación implique un mayor valor a pagar, una reducción del saldo a favor o una disminución de pérdidas líquidas.¿Qué pasa con quienes tienen procesos contra la DIAN?El decreto también estableció beneficios para algunos contribuyentes que actualmente tienen procesos ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.En los procesos que se encuentren en única o primera instancia, será posible conciliar bajo las condiciones previstas, con una reducción del 85 % de las sanciones, su actualización e intereses, siempre que se cumplan los requisitos y se pague el 100 % del impuesto discutido, además del porcentaje restante.En los procesos que estén en segunda instancia, la reducción prevista es de hasta el 80 % sobre sanciones, actualización e intereses.Otros alivios están dirigidos a las zonas afectadasAunque el descuento de sanciones tiene alcance nacional, el decreto también contempla medidas exclusivas para contribuyentes ubicados en las zonas afectadas por el terremoto.Entre ellas está la posibilidad de solicitar facilidades de pago de hasta 24 meses sin garantía. También podrán existir acuerdos de hasta 36 meses con garantía personal para determinadas obligaciones que no superen las 6.000 UVT, equivalentes a $314.244.000 en 2026.Quienes ya tenían un acuerdo de pago con la DIAN y tuvieron dificultades para cumplirlo como consecuencia del desastre podrán solicitar, por una sola vez, la reprogramación de las cuotas exigibles entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2026, hasta por 12 meses.Contribuyentes podrán donar sus saldos a favorOtra de las medidas permite que los contribuyentes de todo el país donen total o parcialmente a la nación los saldos a favor reconocidos por la DIAN, con el propósito de contribuir a financiar la atención, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.Esta posibilidad estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 y, bajo las condiciones establecidas, puede dar lugar al descuento tributario correspondiente.Además, las personas afectadas por el terremoto que reciban determinadas donaciones o ayudas en especie podrán acceder a un tratamiento tributario especial. Los beneficios que cumplan los requisitos podrán considerarse ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional hasta un acumulado de 2.600 UVT por beneficiario, equivalentes a $136.172.400.Por ahora, la fecha que deben tener presente los contribuyentes que quieran acogerse a los principales alivios es el 19 de noviembre de 2026, cuando vence el plazo para hacer buena parte de las actuaciones contempladas en el decreto.
Comprar en el mes de Amor y Amistad utilizando la tarjeta de crédito o solicitar un préstamo de consumo saldrá más barato en Colombia. De acuerdo con la Resolución 1260 de 2026 emitida por la Superintendencia Financiera, la tasa de usura para la modalidad de consumo y ordinario bajó al 29,24 % efectivo anual para el mes de septiembre.Este límite, que fija el cobro máximo de interés remuneratorio y de mora que pueden aplicar los establecimientos bancarios en el país, registra una reducción con respecto al periodo anterior, alivianando el costo del endeudamiento familiar.La medida adoptada por la autoridad regulatoria impacta de forma directa las compras con tarjetas, los avances de dinero y las líneas de crédito personales adquiridas durante el noveno mes del año.Así quedó el Interés Bancario Corriente para septiembreLa Superintendencia Financiera confirmó que, tras consolidar la información reportada por los bancos entre el 31 de julio y el 21 de agosto de 2026, el Interés Bancario Corriente para crédito de consumo y ordinario se certificó en 19,49 % efectivo anual.Esta cifra estará vigente entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026 e implica una disminución de 28 puntos básicos (0,28 %) frente a la tasa del 19,77 % que rige durante agosto. Dado que la tasa de usura equivale a 1,5 veces el interés bancario corriente, el tope legal máximo bajó hasta el 29,24 %.Para las familias y usuarios del sistema financiero, esto significa que las compras de regalos, salidas o viajes con tarjeta de crédito durante las festividades de Amor y Amistad diferidas a varias cuotas generarán un costo menor por concepto de intereses frente a los meses previos.Tasas de usura fijadas para otras modalidades de créditoLa certificación expedida por el organismo de control también definió los límites de cobro para las demás líneas de financiamiento que operan en el país durante septiembre:Crédito de consumo de bajo monto: tasa de usura del 66,87 % (interés bancario en 44,58 %).Crédito productivo de mayor monto: tasa de usura del 41,88 % (interés bancario en 27,92 %).Crédito productivo rural: tasa de usura del 32,64 % (interés bancario en 21,76 %).Crédito productivo urbano: tasa de usura del 57,92 % (interés bancario en 38,61 %).Crédito popular productivo rural: tasa de usura del 67,20 % (interés bancario en 44,80 %).Crédito popular productivo urbano: tasa de usura del 88,13 % (interés bancario en 58,75 %).El ente regulador recordó que cobrar intereses por encima de los límites fijados incurre en la infracción del delito de usura contemplado en la legislación penal colombiana.
A propósito de la radicación del Presupuesto General de la Nación para 2027, expertos analizaron en Mañanas Blu la situación económica en el país, entre esos, el déficit presupuestario inesperado que alcanza cifras históricas, atribuido a compromisos no registrados previamente en salud, pensiones y servicio de la deuda. Los especialistas destacaron que el gobierno actual busca la transparencia financiera al sincerar estas cuentas, aunque esto genere incertidumbre en los mercados y una devaluación del peso.César Pabón, director de investigaciones de Corfi Colombiana, expresó el desconcierto generalizado del sector analítico al advertir que la magnitud del hueco fiscal superó cualquier proyección previa. "La primera reacción que todos los analistas tuvimos es que incluso en nuestros peores escenarios, que nosotros hemos sido bastante insistentes en los problemas que habían en las cuentas que dejó la administración pasada, no contemplamos estos niveles", señaló Pabón. Desde la perspectiva técnica, José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), explicó que el Gobierno enfrenta una paradoja comunicacional compleja. "Al incorporar los faltantes del presupuesto que incluyen temas como pensiones, como salud y sobre todo un rubro que realmente es quizás escandaloso de de hasta 37 billones de pesos más en servicio de la deuda que no estaban incorporados en el presupuesto, pues el recorte del gasto pues pasa de agache", afirmó López.En la acera política, la radicación del presupuesto por 634 billones de pesos también ha provocado intensos debates. El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático e integrante de la Comisión Cuarta de presupuesto, manifestó que aunque el Congreso entiende la claridad de los gastos y celebra la honestidad de sincerar las cuentas del Estado, existe una profunda incertidumbre sobre el origen de los recursos para cubrirlos.Escuche aquí los análisis:
El debate del Presupuesto General de la Nación entra en una semana clave en el Congreso de la República, marcado por la urgente necesidad de un ajuste fiscal, el elevado costo del servicio de la deuda heredada y la apremiante reconstrucción de las regiones afectadas por el reciente terremoto. El senador Christian Garcés se pronunció detalladamente sobre el panorama financiero y los retos de reactivación económica que enfrenta el actual gobierno de Abelardo De La Espriella.El acierto de devolver el presupuesto y el peso de la deudaA pesar de que el inicio del gobierno ha sido atropellado debido a la magnitud de la catástrofe y a que aún no se concluyen los nombramientos de varios funcionarios, el senador Garcés celebró que el Legislativo haya devuelto el proyecto presupuestal inicial. "Celebro y estoy muy contento como senador que la decisión de haber devuelto el presupuesto fue acertada porque ahora tenemos un documento ajustado a la realidad", afirmó, contrastando la situación con la de la administración anterior, donde "le dijimos a Gustavo Petro que el presupuesto estaba inflado y no lo ajustaban".No obstante, la financiación de este nuevo presupuesto plantea serias preocupaciones para el país, ya que cerca del 40% de los recursos totales se destinarían al servicio e intereses de la deuda pública. Garcés atribuyó esta asfixia financiera a las decisiones del gobierno pasado: "Tratar de salir de esa deuda mala que Petro nos metió con unas tasas demasiado elevadas... el gotagota que estaba pagando el gobierno nacional". Ante esta situación, el congresista propone que el Congreso debata la posibilidad de aplazar el pago de capital para poder redireccionar esos recursos a la inversión que tanto demandan los colombianos.Funcionamiento vs. Inversión: El dilema del CongresoEl reajuste presupuestal, aunque responsable en sus líneas generales, trae consigo una disminución en la inversión real en los territorios, un punto que generará malestar entre los legisladores. Sin embargo, Garcés señaló que recortar los gastos de funcionamiento es una tarea sumamente compleja debido a las rigideces legales. "Lo que está creciendo son los salarios, pero los salarios es porque es por ley. Las pensiones crecen, pero es porque es por ley y eso está ahorcando la inversión en nuestro país", explicó.Esta situación se ve agravada por la reducción en la perspectiva del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la cual se proyecta ahora en un 1.8%, una cifra menor al 2.2% previsto inicialmente por la administración de Petro. El reto principal, según Garcés, radica en generar una reactivación económica y recuperar la confianza inversionista sin cargar con más impuestos al sector productivo.El punto de mayor tensión legislativa se concentra en los recursos asignados para atender los estragos del terremoto, estimados por la ANIF en cerca de 30 billones de pesos a nivel nacional, con una afectación de 19 billones de pesos específicamente en el Valle del Cauca. Garcés calificó de "bajo" el presupuesto asignado al Ministerio de Vivienda, que cuenta con 6.5 billones de pesos, de los cuales solo 3 billones corresponden a inversión real.Escuche aquí la entrevista:
El presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Juan Carlos Ramírez, lanzó una seria advertencia tras la radicación del proyecto de presupuesto general presentado por el gobierno entrante del presidente Abelardo De La Espriella.Según el dirigente, el plan de gastos de 635 billones de pesos planteado para el próximo año marca un camino inviable para el país al no corregir la senda de déficit y endeudamiento.Una senda de endeudamiento inviableRamírez detalló que, ante la falta de nuevos ingresos tributarios, la única alternativa para cubrir el elevado nivel de gasto propuesto será recurrir al crédito público. Esto dispararía la deuda nacional de un ya crítico 61% al cierre de este año, hasta un alarmante 67% del Producto Interno Bruto (PIB) para el próximo año. Este porcentaje representaría un endeudamiento total cercano a los 1.300 billones de pesos.Al respecto, el presidente del CARF advirtió de manera tajante:"Evidentemente si no hay nuevos ingresos, financiar ese gasto requiere un endeudamiento mayor que nos llevaría a niveles del 67%... Eso equivaldría prácticamente a tener un un endeudamiento de 1300 billones de pesos y ya muy cerca de los límites eh insostenibles".Déficit histórico y el "tigre sin dientes"El presupuesto radicado es 59,3 billones de pesos superior al que había sido presentado por la administración saliente, lo que presiona el incremento del déficit fiscal.El presidente de la entidad estima que el déficit total del país escalará a niveles de entre el 9,5% y el 10% del PIB, un escenario fiscal sin precedentes en la historia nacional."Llegaríamos a una cifra de déficit total de alrededor de 10% del PIB, 9 y 5 10% del PIB, algo que el país no ha conocido, ni siquiera en las épocas más críticas de pandemia o de crisis internacional y que marca ya un camino insostenible del gasto público", señaló Ramírez. Además, el directivo cuestionó la viabilidad de financiar la operación estatal sin una reforma que incremente el recaudo, señalando que pretender una reforma fiscal que no aumente impuestos es "básicamente un tigre sin dientes". Bajo esta coyuntura, el pago de intereses de la deuda se incrementará a niveles inmensos, representando entre cuatro y cinco puntos del PIB, y obligando a que el 14,8% del presupuesto total se destine exclusivamente al servicio de la deuda.Con respecto a la posibilidad de retornar a los límites de la regla fiscal en el corto plazo, Ramírez coincidió con las declaraciones del viceministro Juan Sebastián Betancur sobre la imposibilidad de un ajuste inmediatoBajo la actual "cláusula de escape", cumplir con la regla exigiría un recorte fiscal de cuatro puntos del PIB (aproximadamente 80 billones de pesos) en un solo año."Eso obviamente se revela como un una situación imposible. Por lo tanto, ese ajuste eh es necesario en un periodo un poco más largo", explicó el funcionario.El proyecto de presupuesto inicia ahora su discusión en las comisiones económicas del Congreso de la República, con plazos límite fijados entre septiembre y octubre para su debate y aprobación definitiva.Escuche aquí la entrevista:
Luego del fuerte terremoto que azotó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, que generó caos en ciudades como Quibdó, Manizales, Pereira y Cali, decenas de personas han perdido la vida y miles de edificaciones han sido afectadas, dejando a miles de personas sin un lugar dónde vivir, pues sus hogares quedaron afectados y casi inhabitables.Ante ello, una de las dudas que más han surgido entre los sobrevivientes está relacionada con qué pasará con los créditos que estaban pendientes de pago ante una catástrofe de esta magnitud, que ha dejado a muchos sin nada. En redes sociales se ha hablado de que el banco no perdona la deuda; sin embargo, existe una alternativa para responder por ella sin sufrir más de lo que ya se ha sufrido.De acuerdo con lo explicado por el usuario @soycarloscarvajal en Instagram, la alternativa para enfrentar una situación en la que se le debe al banco un crédito de vivienda y ocurre un desastre natural es acudir al seguro de vivienda que se paga mes a mes.¿Cómo funciona el seguro de vivienda?Según cifras conocidas, son más de 12.500 viviendas destruidas y cerca de otras 75.000 averiadas en todo el territorio nacional debido al terremoto, por lo que la deuda con los bancos es un tema que le ha quitado el sueño a muchos.Ante ello, el abogado Juan Pablo Sánchez afirmó que el seguro tiene "la obligación contractual y legal de indemnizar al tomador asegurado". Según el especialista, si el inmueble tiene alguna hipoteca, el seguro tendrá que responder por el saldo restante del crédito y el resto será entregado al tomador y asegurado. Es decir, si su vivienda tiene un valor comercial de 300 millones y debe al banco 100 millones, el seguro pagará lo que se le debe al banco y el restante al propietario, es decir, 200 millones.Sin embargo, Sánchez explica que, para acogerse a esto, es necesario agotar todas las instancias y lo primero será avisar del siniestro dentro de los tres días siguientes, notificando detalles como "ubicación, fechas y detalle de lo ocurrido, así como también deberá entregar registros fotográficos para demostrar la ocurrencia del siniestro". Según señala, esta medida se acoge a los artículos 1075 a 1077 del Código de Comercio y, cumpliendo con esto, la empresa aseguradora deberá hacer el pago dentro del mes siguiente al aviso.¿Qué documentos requiere para cobrar el seguro de vivienda?Adicionalmente, durante el programa Casa Blu, Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura, señaló cuáles son los documentos que necesita para hacer el cobro correspondiente del seguro, además de la información anteriormente señalada. "Con la cédula es suficiente, en el caso de Sura con la cédula es suficiente, ya con eso nosotros buscamos en la información interna", afirmó Escobar.Adicionalmente, afirmó que las pólizas no solamente cubren en caso de terremotos, sino que existen varios tipos y que pueden activarse para cualquier situación: "También hay coberturas de asistencia que asisten para daños menores, y están todas las pólizas de arrendamiento, las personas que viven alquiladas, que también pueden usar cuando tienen daños menores", explicó.Otro detalle que aclara Juan David es el tiempo para reclamar el seguro. Si bien en redes y en otros lugares apuntan a que son solo durante los primeros tres días, el vocero de Sura señala que esa información es errónea: "Es totalmente falso. Por ley uno tiene como usuario un periodo de hasta dos años para que no se aplique prescripción, que es el término técnico y jurídico".¿Qué pasa si la aseguradora no responde?Muchos colombianos suelen manifestar situaciones en las que las aseguradoras no responden o, en dado caso, complican las solicitudes. Ante ello, el abogado Juan Pablo Sánchez reveló cuál es el proceso que se debe realizar para que el trámite se haga sin complicaciones."Si la empresa de Seguro no paga, el tomador y/o asegurado deberá presentar su queja ante el Defensor del Consumidor Financiero; así como también podrá iniciar una reclamación ante un Juez de la República para lo que dispone de dos años contados desde la fecha en que dio el aviso de siniestro porque sería el momento en que se entiende, tuvo conocimiento de este".Es decir, si la empresa de seguros no responde, lo que se debe hacer es acudir a un juez para que, en derecho, condene el pago de la indemnización.
En medio de la compleja situación que enfrenta el sistema de salud en Colombia, en las últimas horas la Clínica El Rosario informó que sus servicios de urgencias atraviesan una alta demanda que supera su capacidad habitual de atención, una situación que, según explicó la institución, puede generar mayores tiempos de espera durante el proceso de triaje y el acceso a los servicios."Nuestros servicios de urgencias enfrentan una demanda que supera la capacidad habitual de atención, lo que puede generar mayores tiempos de espera durante el proceso de triaje y el acceso a los servicios", señaló la clínica en un comunicado.El pronunciamiento se suma al de otros centros asistenciales de Medellín que en los últimos días han advertido sobre la creciente presión en sus servicios de urgencias. Uno de ellos es el Hospital San Vicente Fundación, que reportó niveles de saturación sostenidos por encima del 300 % de su capacidad operativa y de expansión.Según indicó el centro asistencial, esta sobrecarga ha provocado que algunos pacientes lleven más de cinco días a la espera de la definición de su atención o de la asignación de una cama.“Esto significa que hay un gran número de pacientes que llevan más de cinco días a la espera de definición de atención o a la ubicación en una camilla. Ante este escenario, nuestro talento humano continúa haciendo su mayor esfuerzo para disminuir los riesgos en la salud de los pacientes y brindar una atención segura y de calidad”, señaló Alejandro Marín Valencia, líder de Urgencias Adultos del Hospital San Vicente Fundación.Ante este panorama, los centros asistenciales pidieron a los pacientes acudir a las urgencias de alta complejidad únicamente cuando existan situaciones que representen un riesgo inminente para la vida.La alerta se suma a la emitida recientemente por la Clínica CES, que reportó una ocupación superior al 170 % en su servicio de urgencias, y por la Clínica Universitaria Bolivariana, que informó una ocupación de hasta el 200 % en el área de Obstetricia, principalmente por la llegada de pacientes que podrían ser atendidas inicialmente en servicios de atención primaria.
Comprar con tarjeta de crédito o solicitar un préstamo de consumo en Colombia será más costoso durante agosto. La Superintendencia Financiera certificó el Interés Bancario Corriente en 19,77% efectivo anual, lo que representa un incremento de 58 puntos básicos respecto al 19,19% vigente en julio.Con este reajuste, el límite máximo legal que los bancos pueden cobrar a los usuarios por usura sube al 29,66 % efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. La cifra refleja un aumento de 87 puntos básicos frente al techo de 28,79 % establecido para julio.Lea también: Banco de la República mantiene la tasa de interés en 12,0 % para agostoEl ajuste fijado por el organismo de control mediante la Resolución 1139 de 2026 impactará de manera directa el bolsillo de los consumidores a la hora de financiar sus compras o diferir cuotas.¿Por qué suben las compras con tarjeta de crédito?La tasa de usura es el valor máximo permitido por la ley que una entidad financiera o un particular puede cobrar como interés remuneratorio o de mora.Al subir el Interés Bancario Corriente al 19,77 %, los bancos comerciales ajustan automáticamente sus techos de cobro para el plástico.Si usted realiza compras a cuotas o se retrasa en el pago del pago mínimo durante agosto, las entidades financieras le aplicarán tasas de interés más altas que las cobradas durante el mes anterior.Tasas y límites vigentes para agosto de 2026La certificación emitida por la Superintendencia Financiera detalla las tasas máximas permitidas según la modalidad de crédito:Modalidad de CréditoInterés Bancario CorrienteTasa Máxima de UsuraConsumo y ordinario (Tarjetas de crédito)19,77%29,66%Consumo de bajo monto43,64%65,46%Productivo urbano39,78%59,67%Productivo rural22,37%33,56%Popular productivo urbano59,31%88,97%Popular productivo rural45,70%68,55%Recomendaciones para cuidar su bolsillo en agostoFrente al incremento en los costos de financiamiento, expertos aconsejan adoptar medidas de cautela financiera:Evite diferir compras a varias cuotas: realice sus consumos a una sola cuota para evitar el cobro de intereses.Revise el pago de mora: incurrir en mora durante este mes implicará pagar la tasa límite del 29,66 % anual.Compare entidades: aunque el tope máximo es del 29,66 %, no todos los bancos cobran la tasa límite; revise qué entidad ofrece un interés inferior.
Luego de la publicación del informe que revela que la Nueva EPS llega al cambio de Gobierno con pérdidas por $4.8 billones y deudas por $22.5 billones, el presidente Gustavo Petro rápidamente reaccionó a través de su cuenta de X, asegurando que la mitad de la deuda de la Nueva EPS corresponde a la nación, es decir 11 billones de pesos y la otra mitad le corresponde a privados.El mandatario saliente, aseguró, “el ministro de Hacienda debe por la salud del pueblo reconocer la deuda que corresponde al estado y volverla deuda pública nacional y pagarla como un proyecto estratégico de la Nación”.Además, lanzó señalamientos y agregó que “Esos 11 billones de pesos que debe pagar el estado, es el costo social que recae sobre el pueblo por la deshonrosa administración, dice él, que Vargas Lleras ejerció en la conducción de la junta directiva, salen muy caros los señores, y sus maneras neoliberales de gobernar”.Incluso finalizó con que lo amenazaron con extradición como uno de los responsables del desfalco. “Mi cuenta del saqueo ya va por los 30 billones de pesos en la salud, la mitad del déficit primario de la nación y así quieren hacerlo pagar a los pobres”, dijo.Hay que decir que la radicación se da después de cinco intervenciones a la entidad. Los informes de los estados financieros del 2023 y 2024 revelan deudas superiores a $22 billones, facturas pendientes por revisar y un patrimonio negativo de $10,6 billones de pesos.
Tener una deuda con entidades financieras no siempre significa que el banco pueda darse el lujo de cobrar el valor que desee. En Colombia existe una norma que protege a los consumidores y limita uno de los cobros que más dudas genera entre quienes están en mora.Si bien las entidades cuentan con herramientas como reportes en centrales de riesgo o títulos valores para respaldar las obligaciones, la legislación establece condiciones específicas para aplicar los llamados gastos de cobranza. Si esas reglas no se cumplen, el usuario tiene la posibilidad de exigir que dicho cobro no le sea aplicado.Ley impide cobrar gastos de cobranza sin una real gestiónLa Ley 1328 de 2009 establece que las entidades financieras deben abstenerse de cobrar gastos de cobranza prejudicial cuando no hayan realizado una gestión adecuada para recuperar la cartera vencida.De acuerdo con el artículo 7 de esa norma, las entidades deben desplegar una actividad real de cobro antes de que ese costo sea trasladado al consumidor. Adicionalmente, el banco está obligado a informar previamente el valor que pretende cobrar por dicho concepto.Es decir, caer en mora no significa que la entidad pueda aplicar automáticamente un cargo adicional a la deuda.¿Cuándo los bancos sí pueden cobrar gastos de cobranza?La Superintendencia Financiera ha señalado que estos gastos corresponden a las acciones realizadas para recuperar una obligación vencida y no constituyen una sanción por el retraso en el pago.Por su parte, la Notaría 19 de Bogotá indica que se trata de los costos derivados de las gestiones efectuadas por el acreedor o por un tercero autorizado para obtener el pago de la deuda.Es decir, el cobro solo puede proceder si existe una actividad comprobable de recuperación de cartera y el consumidor haya tenido conocimiento previo del cobro.Deudores son protegidos frente a gestiones del cobroLas normas de protección del consumidor financiero también fijan límites sobre la forma en que deben realizarse estas gestiones.La Personería de Bogotá, con fundamento en el Decreto 2331 de 1998, ha recordado que la mora no justifica el cobro automático de honorarios o gastos de cobranza. Además, señala que en créditos hipotecarios, préstamos educativos y microcréditos este tipo de cobros está prohibido.Sumado a esto, la Ley 2300 de 2023, conocida como la ‘Ley Dejen de Fregar’, exige que las gestiones de cobranza se realicen de manera respetuosa y en horarios adecuados.Debido a ello, quienes tengan una deuda pueden revisar si el banco cumplió con todos los requisitos legales antes de aceptar el cobro de gastos de cobranza, ya que la ley protege al consumidor frente a prácticas abusivas.
El Gobierno de Venezuela informó este jueves que las operaciones en el puerto de La Guaira, el estado más devastado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, ya se han restablecido en casi su totalidad a tres meses de este evento natural."Se pudieron recuperar las operaciones y hoy en día están en un poco más del 96, 97 % (...). Las operaciones marítimas ya están casi en su totalidad recuperadas", dijo el ministro de Transporte Francisco Garcés, en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).Garcés indicó que el puerto de La Guaira sufrió daños tras el doble terremoto, por lo que hay "algunas zonas de la infraestructura que ameritan un proyecto importante de recuperación", sin dar más detalles.Sobre Maiquetía, el principal aeropuerto de Venezuela que sirve Caracas, reiteró que una de las pistas ya fue reparada, pero otra sufrió daños más severos y su fase de arreglo "va a llevar un tiempo importante"."El aeropuerto de Maiquetía concentra un poco más del 70 % de las operaciones nacionales e internacionales", subrayó Garcés.El aeropuerto reactivó el 1 de septiembre sus operaciones con terminales temporales, después de que sus principales instalaciones resultaran gravemente afectadas por los terremotos.Al menos 19 aerolíneas, 11 de ellas internacionales, están operando en las terminales temporales, como las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra, la portuguesa TAP, la estadounidense American Airlines, la panameña Copa Airlines, la colombiana Avianca y LATAM Colombia (filial de la chilena LATAM Airlines).Los terminales temporales tienen una capacidad para un total de 2.168 personas, 720 de ellas en el área de salidas internacionales y 496 en el de llegadas, según la estatal Agencia Venezolana de Noticias.
David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG y actualmente recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, presentó ante la Fiscalía una retractación de los señalamientos que había hecho en febrero pasado contra el actual presidente Abelardo de la Espriella y quien para entonces era candidato.El documento hace parte de la actuación originada por la querella presentada por De la Espriella y allí Murcia reconoce que varias de las afirmaciones realizadas durante una entrevista con el periodista Daniel Coronell no corresponden a la realidad.Murcia, explica por ejemplo, que antes de la entrevista recibió expectativas relacionadas con una eventual salida de prisión.“Dichas manifestaciones estuvieron precedidas de expectativas que me fueron planteadas desde sectores cercanos al gobierno nacional anterior, relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y a la posibilidad de acceder, por esa vía, a mi libertad”, escribió.Murcia agregó que el prolongado tiempo que ha permanecido privado de la libertad influyó en su disposición al momento de hablar y que esas circunstancias lo llevaron a formular señalamientos que ahora reconoce como carentes de sustento fáctico.La retractación abarca, entre otros asuntos, las acusaciones relacionadas con los honorarios que De La Espriella recibió por su trabajo como abogado de DMG Holding y por la defensa penal de Murcia en las cuales planteó dudas sobre esos recursos.Ahora, en su nueva versión, asegura que correspondieron al pago por los servicios profesionales prestados y no existió “apropiación indebida de dinero alguno en mi perjuicio”.“Los honorarios profesionales que pagué al doctor Abelardo De La Espriella correspondieron a la justa contraprestación por las gestiones jurídicas que efectivamente prestó”, señaló el documento.Murcia también se retracta de la afirmación según la cual De la Espriella le habría solicitado dinero para entregarlo a congresistas con el propósito de influir en un trámite legislativo relacionado con el transporte de dinero en efectivo.“El doctor De la Espriella en ningún momento me solicitó, insinuó o propuso suma de dinero destinadas a ofrecer dádivas a congresistas o a cualquier servidor público con el fin de incidir en trámite legislativo alguno”.La retractación incluye además otros señalamientos, entre ellos la supuesta apropiación de cerca de 5.000 millones de pesos, la recepción de prebendas del Gobierno y una eventual participación en dinero incautado a DMG. Sobre este último punto, Murcia afirma que “no es cierto que el Doctor Abelardo de la Espriella haya recibido parte del dinero incautado a la empresa DMG”.Ante esto, Murcia solicitó que su nueva versión sea incorporada formalmente al expediente y que se tengan en cuenta los efectos legales correspondientes.Al cerrar su escrito, Murcia insiste en que la retractación responde a su decisión de corregir lo dicho y explicar las circunstancias que rodearon sus declaraciones.“Formulo esta manifestación de manera libre, consciente e informada, sin apremio alguno, con el único propósito de esclarecer ante la administración de justicia la verdad real de los hechos”, afirma.
Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña' y cabecilla de los Comandos de Frontera, será extraditado en la madrugada de este viernes a Estados Unidos, donde es pedido por delitos relacionados con el narcotráfico.El traslado se dará luego de que en agosto pasado, el presidente Abelardo De la Espriella firmara la resolución en medio de un paquete de decisiones con las que desmontó el llamado proyecto de la paz total del anterior gobierno.Alias 'Araña', es uno de los principales jefes de esta facción de las disidencias, una estructura armada con presencia principalmente en el sur del país. Su historia criminal comenzó años antes de su participación en los diálogos de paz: en 2008 hizo parte de la banda Los Rastrojos y en 2010 fue condenado a cerca de 30 años de prisión por delitos que incluían homicidio y concierto para delinquir agravados, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.Sin embargo, su situación cambió durante el proceso de implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado y la entonces guerrilla de las Farc. En 2017, Rojas fue designado como gestor de paz y salió de prisión para participar en actividades relacionadas con la implementación del acuerdo. Después de ese proceso, terminó vinculado nuevamente a estructuras armadas ilegales y llegó a ocupar una posición de mando dentro de los Comandos de Frontera.Durante el gobierno de Gustavo Petro, alias 'Araña' volvió a tener un papel oficial dentro de un proceso de negociación. Fue reconocido como representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura que participaba en la llamada paz total. Desde esa posición hizo parte de las conversaciones con delegados del Gobierno y participó en discusiones sobre el desescalamiento de la violencia, sustitución de cultivos ilícitos y transformaciones en los territorios donde opera esa organización.Uno de los asuntos que se discutieron durante esas conversaciones fue la posibilidad de establecer zonas de ubicación temporal para integrantes de la organización y avanzar en procesos de sustitución voluntaria de cultivos de coca. El Gobierno también consideraba que Rojas tenía influencia suficiente sobre los Comandos de Frontera para ayudar a cumplir algunos de los compromisos alcanzados en la mesa.Pero mientras participaba en las negociaciones, Estados Unidos lo buscaba por una investigación relacionada con narcotráfico. De acuerdo con información de Interpol y con el expediente conocido por las autoridades colombianas, la justicia estadounidense lo señala de participar en una organización dedicada a producir y transportar cocaína desde Colombia hacia otros países, con destino final a Estados Unidos.El 12 de febrero de 2025, después de terminar un ciclo de conversaciones de paz en Bogotá, Rojas fue capturado por agentes del CTI en un hotel de Bogotá. Su captura generó una controversia entre el Gobierno y la Fiscalía, pues mientras el Ejecutivo defendía su condición dentro del proceso de paz, las autoridades judiciales señalaban que la circular roja de Interpol permitía ejecutar la captura solicitada por Estados Unidos.El 23 de octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición de Rojas hacia Estados Unidos. Posteriormente, el Gobierno de Petro concedió la extradición, pero en noviembre de ese año suspendió temporalmente su ejecución, argumentando que debía tenerse en cuenta su participación y los compromisos adquiridos dentro del proceso de paz.La situación cambió en agosto de 2026, cuando el Gobierno de Abelardo De La Espriella ordenó hacer efectiva la extradición de Rojas a Estados Unidos. Esa decisión puso fin a la suspensión que había mantenido detenida su entrega y reactivó el procedimiento para que fuera puesto a disposición de las autoridades estadounidenses.A este expediente se sumaron nuevos señalamientos en Colombia. En septiembre de 2026, la Fiscalía imputó a Rojas por su presunta responsabilidad en 16 homicidios ocurridos entre 2020 y 2024 en Caquetá. Según la investigación, habría ordenado ataques contra líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y otras personas señaladas por los Comandos de Frontera como colaboradoras de grupos rivales o de las autoridades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, recibieron este jueves en la Casa Blanca al presidente chino, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, con motivo de una cena de Estado en su honor.La cena se celebra después de la reunión a puerta cerrada que ambos mandatarios mantuvieron por la mañana en el Despacho Oval para abordar las tensiones entre las dos mayores potencias del mundo, incluidos los aranceles, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán y la inteligencia artificial.A la llegada del mandatario chino, decenas de manifestantes se concentraron frente a la Casa Blanca con pancartas y consignas como "Xi Jinping, no eres bienvenido" y "Libertad para el Tíbet".Xi y su esposa llegaron a bordo de una limusina presidencial china Hongqi N701y el mandatario vestía una chaqueta formal de color gris oscuro, de estilo Mao, mientras que Peng Liyuan lucía un vestido rojo burdeos que combinaba elementos de la tradición china con líneas sencillas, un estilo que ha elegido en otras apariciones oficiales en el extranjero.El menú, que fusiona las tradiciones culinarias de ambas naciones, consta de un primer plato de verduras, una lubina con costra de sésamo y berenjena asada con salsa verde y un postre de cremoso de vainilla y helado de miel de las colmenas de la Casa Blanca.Entre los invitados a la cena, que se celebra en el Salón Este de la Casa Blanca, hay varios líderes empresariales estadoundienses, como el de Amazon, Jeff Bezos; el de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el de Apple, Tim Cook; el de Nvidia, Sam Altman; el de OpenAi, Sam Altman.A diferencia del viaje que llevó a cabo Trump en mayo a Pekín, Xi no viajó a Washington acompañado de una delegación de empresarios.La cena comenzará con un brindis de Schramsberg Blanc De Noir, un vino espumoso californiano de la misma bodega a la que pertenecía el vino con el que el presidente Richard Nixon y el primer ministro Zhou Enlai brindaron en 1972 en el primer viaje de un líder estadounidense a China.Aunque Trump es abstemio, el presidente estadounidense dio un sorbo a una copa como gesto de cortesía durante el banquete que Xi ofreció el pasado mayo con motivo de su visita a Pekín.Está previsto que en la cena de gala se ofrezcan varias actuaciones, entre las que destaca la del tenor Christopher Macchio, uno de los cantantes favoritos de Trump quien ya actuó en su investidura presidencial en enero de 2025.También habrá presentaciones de músicos militares del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y del Ejército de los Estados Unidos.La de Xi es la primera visita de Estado que lleva a cabo a la Casa Blanca desde 2015, cuando se reunió ahí con el entonces presidente Barack Obama.Se trata del segundo cara a cara entre Trump y Xi en lo que va del año, tras el viaje que el republicano hizo el pasado mayo a Pekín.
Tras varias solicitudes al Invías e incluso una tutela que fijó un plazo de máximo un mes para su apertura, en el Urabá antioqueño hay alivió tras la habilitación del paso por el puente provisional sobre el río San Juan tras las afectaciones del frente frío en la subregión a inicios de febrero.No obstante, el puente metálico clave para la comunicación entre San Juan de Urabá y Arboletes opera por ahora con algunas restricciones de horarios por cuenta de la construcción que avanza de las rampas de acceso a la infraestructura, una solicitud que había sido planteada a la administración departamental por parte Julia Medrano, alcaldesa de San Juan de Urabá."Pedirle de corazón a la secretaría de infraestructura departamental, a nuestro gobernador, el doctor Andrés Julián, que sea la gobernación de Ancieque la que se encargue de aquí en adelante de hacer esos accesos, porque definitivamente en Colombia no ha sido posible llegar a un acuerdo para que no se permite más la comunidad", indicó la mandataria.Por ahora el paso para peatones y vehículos de máximo dos toneladas se mantiene a lo largo del día durante tres momentos por dos horas: entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana, entre las 11:00 de la mañana 1:00 de la tarde y entre las 3:00 y 5:00 de la tarde.Por su parte, entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana del día siguiente hay cierre permanente del puente para avanzar en las labores de adecuación de lo que está pendiente.Habitantes, transportadores y comerciantes de la zona han celebrado la entrada en funcionamiento de este paso que ofrece mayor seguridad frente alternativas que venían utilizando como planchones, donde exponían su vidas en medio de al menos tres accidentes registrados en los últimos meses.