¿Es posible ajustar el IPC y no el salario mínimo de 2026 en las empresas de seguridad?

A dos semanas de haber empezado a regir el nuevo salario mínimo, que subió 23 % y quedó en dos millones de pesos con auxilio de transporte, la discusión ya se siente en los bolsillos. En conjuntos residenciales, entidades públicas y empresas privadas crece la pregunta sobre cuánto subirán las cuotas de administración y los servicios de vigilancia.El debate se avivó luego de un mensaje del presidente Gustavo Petro en el que pidió a las asambleas de propiedad horizontal no ajustar la vigilancia con base en el salario mínimo, sino en el IPC. El tema fue analizado este 14 de enero en Recap Blu, con la participación de Raquel Garavito, presidenta ejecutiva de Fedeseguridad, el gremio que agrupa a las empresas del sector.¿Se puede subir la vigilancia solo con el IPC en 2026?La respuesta del gremio fue directa. “Lo que se dice no se puede”, afirmó Garavito, al explicar que la tarifa de vigilancia privada es regulada por el Estado desde 2002. Cada año, la Superintendencia de Vigilancia define una fórmula que “está tasada en salarios mínimos”, por lo que aplicar otro criterio “no es posible porque es ilegal”.Garavito también rechazó la idea de que las empresas de seguridad tengan márgenes amplios. “El 85 % de los costos se generan por el factor humano”, explicó, y precisó que las utilidades suelen estar entre el 2 % y el 4 %. “Decir que los dueños ganan el doble por cada vigilante no es cierto”, añadió.Impacto del salario mínimo y la reforma laboral en la seguridad privadaEl aumento del salario mínimo no llegó solo. A esto se suman la reducción de la jornada laboral, el incremento de horas nocturnas y el mayor pago de dominicales y festivos. Según Fedeseguridad, el impacto combinado podría llevar el ajuste total del servicio hasta cerca del 31,5 % en el primer semestre.La alerta no es menor. “Podríamos tener impactados cerca de 15.000 empleos formales”, advirtió Garavito, señalando el riesgo de informalidad si algunos contratantes buscan tarifas por debajo de lo legal. “Si les ofrecen una tarifa más baja, duden, porque eso significa ilegalidad”, recalcó.Cuotas de administración, empleo y el riesgo de la informalidadEl gremio insistió en que el problema no se limita a conjuntos residenciales. Alcaldías, colegios, aeropuertos, centros comerciales y sistemas de transporte también dependen de la vigilancia privada. Por eso, la idea de reemplazar personal por tecnología no siempre es viable.“¿Cómo hace uno para cambiar la vigilancia en un aeropuerto?”, planteó Garavito, al defender el papel del factor humano en un sector que genera cerca de 400.000 empleos en el país.Mientras avanzan las discusiones sobre desindexación, el mensaje del sector es claro: las reglas están definidas por ley y cualquier ajuste debe hacerse dentro de ese marco, con el empleo y la legalidad como líneas rojas.