Un presupuesto que arranca con un faltante de $30,2 billones, aumenta los recursos destinados al pago de la deuda y reclasifica programas sociales bajo el rubro de paz en los recursos destinados a las regiones.
Una de las principales señales de preocupación que deja el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 es el fuerte incremento en el costo de la deuda pública. El Gobierno propone destinar $115 billones únicamente al pago de intereses y obligaciones ya adquiridas, $15,8 billones más que en 2026, cuando ese rubro fue de $99,2 billones.
En términos prácticos, cerca de 21 de cada 100 pesos que ingresen al Estado se destinarán exclusivamente a pagar deudas, reduciendo el margen para financiar nuevos programas e inversiones.
La segunda alerta es que el presupuesto nace desfinanciado. Aunque el Gobierno proyecta ingresos por $545,5 billones, solicita autorización para gastar $575,7 billones, lo que deja un faltante de $30,2 billones.
La nueva reforma tributaria, radicada el 20 de julio, pretende recaudar $21,9 billones durante 2027, pero esa cifra no alcanza para cubrir completamente la diferencia, por lo que el Gobierno seguirá dependiendo de otras fuentes de financiación y de la cláusula de escape de la Regla Fiscal, lo que le permitiría aumentar temporalmente el endeudamiento para evitar recortes inmediatos en el funcionamiento del Estado.
Una tercera señal está en la forma cómo se financiará ese déficit. El proyecto contempla obtener $181,1 billones mediante recursos de capital, de los cuales $92 billones provendrán de crédito interno y $33,5 billones de crédito externo.
Frente a 2026, el crédito interno aumenta de $85,2 billones a $92 billones, mientras el endeudamiento externo disminuye de $57,7 billones a $33,5 billones. Esto significa que el Estado dependerá mucho más de recursos obtenidos dentro del país, principalmente mediante la emisión de Títulos de Tesorería (TES).
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Esa mayor demanda de recursos en el mercado local podría elevar las tasas de interés y reducir la disponibilidad de crédito para hogares y empresas, al competir con el sector privado por la financiación.
Otro aspecto que llama la atención es el aumento del presupuesto para la construcción de paz, que pasa de $16,9 billones en 2026 a $170,5 billones en 2027. Sin embargo, el incremento no corresponde íntegramente a recursos nuevos. El proyecto reclasifica como gasto para la paz programas que ya existían, especialmente recursos de salud y educación financiados mediante el Sistema General de Participaciones.
Con ese cambio, el Gobierno busca blindar esos recursos frente a eventuales ajustes fiscales y garantizar su ejecución en medio de las restricciones presupuestales derivadas del creciente peso de la deuda y del déficit fiscal.
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El proyecto será discutido por el Congreso, que tendrá plazo hasta el 15 de agosto para solicitar ajustes al Gobierno. La administración de Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto, podrá presentar modificaciones hasta el 15 de septiembre. El presupuesto deberá quedar aprobado, junto con la distribución de los recursos, antes del 20 de octubre.
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