Luz Stella Murgas asumió la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en un momento complejo para la economía colombiana, pues el país registra su nivel de inversión más bajo en más de seis décadas y las finanzas públicas atraviesan una situación crítica. Para Corficolombiana, entre los principales frentes de trabajo de la nueva presidenta están impulsar la inversión, contribuir al ajuste fiscal y reconstruir la relación entre el Gobierno y los empresarios.
César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, felicitó a Murgas por su nombramiento y destacó su perfil para liderar uno de los gremios empresariales más influyentes del país. Sobre las prioridades de su gestión, señaló que “primero está el ajuste fiscal: sin duda alguna, la ley de rescate fiscal tiene que ser una prioridad, donde la voz del sector empresarial va a ser muy relevante para ver cómo puede mediar y ayudar en esta causa, tan necesaria en un momento en que las finanzas públicas están al filo del precipicio”.
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La magnitud del desafío también fue expuesta por Ana Milena López, presidenta de Corficolombiana, durante el foro de sostenibilidad del Grupo Aval. “Hoy la tasa de inversión de nuestro país está en 16 % del PIB, su mínimo histórico en más de 60 años. Colombia tiene necesidades de inversión en infraestructura cercanas a los 150 billones de pesos y, al mismo tiempo, observa cómo proyectos estratégicos para la seguridad energética avanzan mucho más lento de lo previsto”, afirmó.
López agregó que solo cerca del 20 % de la capacidad de generación eléctrica planeada en los últimos años ha entrado en operación y que más del 60 % de los proyectos de transmisión presenta retrasos. A este panorama se suman, según Pabón, las dificultades que enfrenta el sector privado para sacar adelante nuevas inversiones. En particular, advirtió que la consulta previa y las licencias ambientales “pasaron de ser un aliado a convertirse en un enemigo de la inversión”.
La consulta previa es un derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes cuando un proyecto puede afectar directamente sus territorios, actividades o formas de vida. Sin embargo, según explicaron los expertos, entre 2020 y 2026 ingresaron 283 nuevos proyectos a este proceso, más del doble del promedio registrado entre 2005 y 2015.
El tercer reto será recuperar el diálogo entre el Gobierno y el sector privado. Pabón considera que esa interlocución se ha deteriorado en los últimos años y que la ANDI deberá contribuir a restablecerla. “Esa voz cooperante entre el sector privado y el sector público es muy importante para este momento donde, diríamos, no solamente una gran incertidumbre en el país, sino en el mundo entero”, concluyó.