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"O pagamos nómina o impuestos": Consejo Gremial por impuesto al patrimonio

A pesar de la suspensión parcial, persisten dudas sobre el futuro del impuesto. Empresas y universidades se enfrentan a un “limbo jurídico”, sin claridad sobre si deberán pagar cuotas futuras o si habrá devoluciones por los montos ya cancelados.

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Dinero Colombia.
Foto: archivo Blu Radio.

La reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender parcialmente el impuesto al patrimonio para ciertos sectores ha desatado una fuerte reacción en el aparato productivo colombiano. Mientras las entidades sin ánimo de lucro y empresas en liquidación reciben un alivio temporal, los gremios advierten que la medida sigue representando una amenaza directa para la estabilidad financiera de miles de empresas.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, fue enfática en entrevista con Mañanas Blu: “Era elegir entre pagar la nómina o pagar el impuesto”.

Impacto del impuesto al patrimonio en las empresas

Aunque la Corte dio un primer paso al suspender parcialmente el cobro, Gutiérrez considera que la decisión es insuficiente. Según explicó, el decreto que sustenta este impuesto presenta vacíos estructurales y no cumple con los procedimientos legales necesarios para su implementación.

“Hay unos cuestionamientos de fondo que persisten y afectan a todo el aparato productivo del país”, señaló la dirigente gremial, quien además cuestionó la justificación del recaudo estimado en 8,4 billones de pesos.

El impacto no distingue tamaños empresariales. De acuerdo con el Consejo Gremial, el impuesto afecta tanto a grandes compañías como a pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales poseen activos superiores a los 10.000 millones de pesos, pero carecen de liquidez inmediata.

Gutiérrez ejemplificó el caso del sector energético: “Hay proyectos de generación solar que están en construcción, sin ingresos, y hoy no tienen con qué pagar ese impuesto”. Esta situación podría frenar inversiones estratégicas, especialmente en un contexto de transición energética y ante fenómenos climáticos como El Niño.

Empresas en crisis: entre salarios y obligaciones fiscales

Uno de los puntos más críticos expuestos por el gremio es la falta de planeación tributaria. El impuesto, según denuncian, fue implementado sin dar margen a las empresas para reorganizar sus finanzas.

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Se decreta un día y a los cuatro días siguientes se causa. Esto no tiene ningún tipo de lógica económica
afirmó Gutiérrez.

La consecuencia directa ha sido una decisión dramática para muchas compañías: priorizar el pago de salarios sobre el cumplimiento fiscal. “Muchas decidieron pagar la nómina”, confirmó la presidenta del Consejo Gremial.

Este escenario, según analistas, no solo compromete la estabilidad de las empresas, sino que también pone en riesgo el empleo y la competitividad del país en el mediano plazo.

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Universidades privadas: alivio parcial y persistente incertidumbre

En contraste, las universidades privadas —catalogadas como entidades sin ánimo de lucro— recibieron un respiro tras la suspensión provisional de la segunda cuota del impuesto.

Óscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, explicó que la medida representa un alivio significativo para el sector educativo. “Se quedan congelados cerca de 70 mil millones de pesos, lo que permite aliviar la contratación de docentes y la infraestructura académica”, señaló.

El impacto previo, sin embargo, ya había sido considerable. Muchas instituciones tuvieron que destinar recursos provenientes de matrículas estudiantiles para cumplir con la primera cuota del impuesto, afectando directamente la operación académica.

Lo que hicieron las universidades fue coger parte de ese recurso y pagarlo en un impuesto, porque era la única manera de cumplir
explicó Domínguez.

Un panorama de incertidumbre jurídica y económica

A pesar de la suspensión parcial, persisten dudas sobre el futuro del impuesto. Empresas y universidades se enfrentan a un “limbo jurídico”, sin claridad sobre si deberán pagar cuotas futuras o si habrá devoluciones por los montos ya cancelados.

Además, el recaudo del gobierno ha estado por debajo de lo esperado. De los 4 billones proyectados para la primera cuota, apenas se lograron recaudar cerca de 2,4 billones, lo que evidencia dificultades en la capacidad de pago del sector empresarial.

Desde el Consejo Gremial insisten en la necesidad de una revisión integral. “Ojalá la Corte adopte una solución definitiva que no afecte la inversión, el empleo y la competitividad”, concluyó Gutiérrez.

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