Según el auto del Ministerio Público desde que se presentó la crisis energética actual debido fenómeno de El Niño, que causó sequía en nuestro territorio, se tuvo que acudir a las termoeléctricas para la generación de energía, sin embargo por problemas de infraestructura, producción y distribución del gas que estas utilizan para su funcionamiento, tuvieron que acudir al uso de combustible líquido lo que generó un mayor valor, porque los costos operacionales aumentaron y para muchos de los generadores se convirtió en inviable su funcionamiento financieramente.
“La Procuraduría General de la Nación inició actuaciones de carácter preventivo a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, desde el año 2012, lo que permitió un conocimiento concreto de la situación y así mismo del riesgo y de las advertencias que en el sector se habían hecho con anterioridad”, explicó el Ministerio Público.
En el informe se menciona que el gobierno contempló la posibilidad de hacer un incremento en la tarifa, que se destinaría para cubrir parte del déficit de los generadores térmicos con combustible, para quienes los costos de operación no compensaban lo que recibirían como remuneración por la generación. Sin embargo, la procuraduría considera que existió una omisión de los servidores encargados de ajustar oportunamente las políticas o regulatorios pertinentes “y al no tomar medidas efectivas y oportunas en relación con las alternativas para afrontar las fallas del mercado del gas natural, si desde antes del año 2008 el sector venía previendo el declive de la producción de gas, de la inexistencia de nuevos hallazgos y de la imposibilidad de que los productores de gas atienda la demanda estacional”.
Por esta situación, se ordenó la investigación disciplinaria en contra de los ex comisionados expertos de la CREG y su director, para determinar su posible responsabilidad en el manejo regulatorio en materia de precios de escasez y cargo por confiabilidad, pues estos aspectos son de mayor relevancia dentro de la crisis energética que afronta el país.
Así, como en el manejo regulatorio en lo que respecta a la posibilidad de que los autogeneradores del sistema eléctrico pudieran comercializar sus excedentes de producción; en el análisis y adopción oportuna de las medidas advertidas por el sector energético que eventualmente pudieron prever la situación actual del sistema y en la regulación y participación en el proyecto que concibió la planta de regasificación y las causas que generaron la demora de su entrada en funcionamiento.
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