A imputación de cargos comando central del ELN por atentado en la General Santander

La Fiscalía citó, para el próximo 28 de febrero a audiencia de imputación de cargos, a cuatro integrantes del denominado comando central (COCE) del ELN y a tres personas más que harían parte de la Dirección Nacional de esa guerrilla, como presuntos responsables del atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, perpetrado el 17 de enero del 2019.Vea aquí: Investigación disciplinaria a dos generales por atentado en escuela General SantanderEn las diligencias, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado solicitará al juez de control de garantías que los investigados sean procesados en contumacia por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y destrucción de institución educativa.Los integrantes del ELN que serán imputados son del Coce: Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo’ Beltrán; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’.De la Dirección Nacional son Luz Amanda Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’, representante del Frente de Guerra Nororiental en la Dirección Nacional del ELN; Juan de Dios Lizarazo Astroza, alias ‘Alirio Sepúlveda’ o David Piñata, representante del Frente de Guerra Oriental en la Dirección Nacional del ELN; y María Consuelo Tapias.Según la Fiscalía, por la presunta participación de estas siete personas en el atentado que dejó 22 cadetes muertos y varios heridos, se logró la expedición de las respectivas órdenes de captura internacionales y los solicitó formalmente en extradición. Las autoridades colombianas están a la espera de una respuesta de Cuba para que se haga efectivo el pedido.Sobre el proceso de extinción del dominio, el 2 de septiembre de 2019, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, ocuparon 20 bienes con fines de extinción de dominio y pusieron fin a una actividad comercial de venta de lácteos que habría servido para acciones criminales del ELN, como el atentado a la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander.Los analistas identificaron incrementos patrimoniales injustificados, ganancias ocasionales, compra y traspasos de inmuebles a precios muy por debajo de los valores comerciales, entre otras maniobras comerciales que nunca fueron reportadas y daban cuenta del flujo de capital ilícito.