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La demanda, auspiciada por la fundación Dilo Colombia, advierte que los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023 fueron incorporados de manera subrepticia, sin relación con los objetivos de la norma ni un análisis riguroso en el Congreso. Para los demandantes, este movimiento legislativo representa una grave irregularidad que podría sentar un peligroso precedente en la distribución de los recursos públicos.
El escándalo creció cuando, en medio de un panorama de estrechez fiscal, el presidente del CNE declaró que las elecciones de 2026 estaban en riesgo por falta de dinero. Sus palabras generaron alarma y desconcierto, pues no quedó claro cómo ni quién en el Gobierno había permitido el incremento presupuestal de la entidad, es decir, quién estuvo detrás de este “regalo” presupuestal. La situación obligó al registrador nacional a intervenir, desmintiendo cualquier riesgo electoral y aclarando que la Registraduría, y no el CNE, es la única responsable de garantizar el proceso democrático. Además, enfatizó que el Gobierno Nacional ha cumplido con el traslado de los recursos necesarios.
Ahora, con la Corte Constitucional admitiendo la demanda, el país está a la espera de un fallo que podría tumbar esta cuestionada norma. Si se declara inconstitucional, el CNE perdería su nueva autonomía presupuestal y volvería a depender de la Registraduría para manejar sus recursos.
La decisión marcará un precedente clave sobre cómo se legislan las asignaciones presupuestales y hasta dónde pueden llegar las maniobras políticas en el manejo del dinero público.
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