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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Cristian Camilo Valencia Hurtado, señalado de agredir con un arma cortopunzante y causarle la muerte a su compañera sentimental y a sus dos hijastras, una de ellas menor de edad. Los cuerpos sin vida fueron hallados al interior de un inmueble el pasado 24 de marzo en el barrio Atalayas, en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el caso presenta antecedentes que evidenciarían un historial de violencia intrafamiliar previo al crimen. Durante la audiencia, la representante del ente acusador señaló que existía “una medida de protección previa vigente decretada a favor de la víctima directa y esto es del año 2024, la cual evidencia que el Estado ya había identificado un escenario de riesgo frente a lo imputado”.
La fiscal también expuso que había antecedentes verificables de violencia física, psicológica y amenazas con arma blanca que, según la investigación, reflejaban un patrón reiterado de agresión. En ese sentido, indicó que existían “antecedentes verificables de violencia física, psicológica y amenazas con arma blanca que reflejan un patrón de dominación, control y agresión en el ámbito intrafamiliar”. Asimismo, detalló que se habían presentado denuncias formales previas que evidenciarían la continuidad de la violencia ejercida por el hoy imputado.
Entre esos antecedentes, la funcionaria mencionó una denuncia del 28 de abril de 2024 en la que la víctima manifestó haber sido coaccionada sexualmente por el procesado. Según lo expuesto en audiencia, la denunciante habría señalado que el hombre, bajo los efectos de sustancias psicoactivas, la obligó a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad. La fiscal explicó que en ese caso se registraron “actos de acceso carnal y actos sexuales forzados”.
Igualmente, se mencionó otra denuncia radicada el 21 de febrero de 2025, en la que se describió un episodio de violencia extrema. Según la Fiscalía, en ese hecho el imputado habría ingresado de manera violenta a la vivienda, agredido a la víctima físicamente y amenazado su integridad con un cuchillo. En relación con estos antecedentes, la fiscal sostuvo que “tenemos una denuncia del 21 de febrero del 2025 en las que se describe un episodio de violencia física extrema, privación de la libertad, amenazas con arma blanca y control coercitivo en el que el imputado ingresó de manera violenta a la vivienda, agrede a la víctima con puños y patadas, la intimida con un cuchillo, la retira, le retira sus medios de comunicación y le impide salir sometiéndola a un estado de dominación y temor constante, además de amenazarla en caso de que llegara a denunciar no solamente atentar contra la vida de ella sino también contra el de sus hijas”. La funcionaria agregó que estas denuncias “no son hechos aislados”.
Durante la audiencia, la fiscal del caso detalló la forma en la que se habrían perpetrado los hechos. Según explicó, el imputado “procedió a agredir por arma cortopunzante a las tres, ocasionándole múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, particularmente en zonas vitales, las cuales le produjeron la muerte a las tres mujeres”. Asimismo, precisó que el intervalo exacto de tiempo en el que ocurrieron las muertes aún no ha sido determinado por los investigadores. En ese sentido, indicó que “es importante o es fundamental dejar la claridad de que la ventana de la muerte de las víctimas no se encuentra en este momento determinada por parte del temporal comprendido entre el viernes 20 de marzo del 2026, que es la última fecha en que se tiene noticias de las víctimas, y el día 24 de marzo del 2026, cuando son halladas por las autoridades y sus familiares”.
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