A medida que se acerca la radicación del escrito de acusación contra el ciudadano británico Foster Martinson, señalado por la Fiscalía del feminicidio de Natalia Villalba, de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, se conocen nuevos elementos incorporados al expediente.De acuerdo con la investigación, Villalba habría autorizado previamente el ingreso de Martinson al inmueble, donde ella permanecía de manera temporal. El extranjero, presuntamente, se habría registrado en el libro de visitantes con un nombre distinto, con el propósito de dificultar su posterior identificación.La hipótesis de la Fiscalía indica que, una vez verificó que la mujer se encontraba sola, Martinson le habría propinado múltiples golpes con un objeto contundente hasta causarle la muerte. Posteriormente, habría introducido el cuerpo en una maleta y lo habría trasladado hasta la ducha del baño, donde abrió la llave.La investigación también señala que el hombre habría realizado maniobras para eliminar rastros de sangre, cambiado la ropa con la que ingresó al inmueble y depositado las prendas en una bolsa que posteriormente habría arrojado al ducto de basuras del edificio. Estos movimientos, de acuerdo con el expediente, quedaron registrados en las cámaras de seguridad.Precisamente, uno de los elementos conocido por Blu Radio, corresponde al testimonio de un reciclador que trabajaba en la zona norte de Bogotá y que habría revisado las canecas de basura del edificio el 19 de junio, un día después del crimen. El hombre aseguró haber encontrado una bolsa negra que contenía un pantalón de jean de color claro, doblado y con manchas rojizas y abundante líquido.En su declaración, incorporada al expediente, manifestó: “El día 19 de junio, como a la 1:30 de la tarde, cuando me encontraba realizando mi labor de reciclaje en el edificio, en las canecas destinadas para la basura, en una de ellas. Voy a observar las bolsas de basura más o menos como en la mitad. Observo una bolsa de color negro, la cual procedo a abrirla para observar el contenido, y allí veo que dentro de la misma hay un pantalón de jean color claro, el cual estaba doblado y estaba con manchas de color rojas, como de sangre, llenas como de agua, con bastante líquido y como sangre”.Otro de los testimonios corresponde a la mujer encargada del aseo del apartamento que habría sido utilizado mediante Airbnb. La trabajadora relató que encontró un casco y una carpeta azul y que intentó obtener respuesta desde el baño, donde posteriormente fue encontrada la maleta con el cuerpo de Villalba.La mujer señaló que inicialmente observó el lugar con normalidad, con ropa femenina, tacones y un abrigo. Sin embargo, posteriormente habría advertido manchas en la habitación. “Seguido detallé la habitación y me percaté que el cubre lecho estaba manchado de sangre, también al lado derecho de la cama. En ese momento me asusté detallando el piso, estaba mal limpiado, se notaba un color opaco, se notaba que era sangre mal limpiada”, relató.A estos elementos se suma otra investigación que la Fiscalía adelanta contra Martinson a partir de una denuncia presentada por un ciudadano extranjero identificado como Cameron Gregory. El caso está relacionado con hechos que, de acuerdo con el relato presentado por el denunciante, habrían ocurrido entre mayo y junio de 2026, cuando ambos compartían alojamiento.En una audiencia de control posterior, el fiscal expuso que Gregory manifestó haber tenido inconvenientes con Martinson por el pago del hospedaje y que, durante ese periodo, habría experimentado episodios que atribuyó a un posible suministro de sustancias. Según la denuncia citada por la Fiscalía, el ciudadano afirmó que en varias ocasiones se despertaba después de dormir durante más de 15 horas, se sentía mareado y presentaba dolores en zona genital.El denunciante también expresó sospechas sobre un posible acceso de Martinson a su cuenta de WhatsApp y señaló que este habría abandonado el lugar después de que la propietaria le advirtiera sobre la importancia de acudir a la Policía. Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia y son materia de investigación.Martinson fue capturado el 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular y un computador, elementos que, de acuerdo con la Fiscalía, resultan relevantes para el avance del expediente por el feminicidio de Natalia Villalba.
La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Sebastián Alejandro Mota Muete, señalado de causar la muerte de la madre de su expareja sentimental durante hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre en la localidad de Kennedy, en Bogotá.De acuerdo con la investigación, el procesado habría acudido a la vivienda de su expareja y, en medio de una discusión, presuntamente intentó agredirla con un arma cortopunzante. Los gritos de auxilio de la mujer habrían alertado a su madre, quien intervino para protegerla y, en ese momento, habría sido atacada por el señalado agresor.Después de los hechos, Mota habría intentado escapar por los tejados de las viviendas del sector. Sin embargo, fue alcanzado y capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional.Durante la investigación, la Fiscalía recopiló elementos que, según el ente acusador, darían cuenta de presuntos comportamientos violentos previos contra la expareja del procesado. Entre estos hechos estaría un supuesto seguimiento a la mujer en su lugar de trabajo y actos de control relacionados con su forma de vestir y las personas con las que se relacionaba.La Fiscalía también señaló que, en una oportunidad, el procesado presuntamente le habría causado una fractura en la nariz a su expareja.De acuerdo con los elementos expuestos por el ente acusador, la madre de la expareja también habría sido víctima de violencia psicológica. La investigación sostiene que el procesado presuntamente la obligaba a presenciar las agresiones que habría cometido contra su hija.Estos antecedentes fueron incorporados al proceso para sustentar la hipótesis de violencia que habría rodeado los hechos ocurridos el 15 de septiembre, cuando la madre de la expareja intervino ante el supuesto intento de agresión contra su hija.Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Sebastián Alejandro Mota Muete los delitos de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio. El primero está relacionado con la muerte de la madre de su expareja y el segundo con el presunto ataque contra la mujer. Los cargos formulados por la Fiscalía no fueron aceptados por el procesado.
La Fiscalía acusó a Carlos Mario Rodríguez por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento, como presunto responsable de la muerte de la politóloga Ana María Meza, de 36 años, en hechos ocurridos el pasado 25 de enero en el norte de Bogotá.Durante la sustentación de la acusación, el fiscal del caso expuso que la relación sentimental entre Rodríguez y la víctima habría estado marcada por un contexto de violencia basada en género, con episodios de control, dominación y agresiones relacionados, entre otros aspectos, con la autonomía sexual de la mujer. “Durante esa relación, Carlos Mario ejerció sobre Ana María actos reiterados de control, dominación y violencia relacionados, entre otros aspectos, con el ejercicio de su autonomía sexual. La insultaba mediante expresiones denigrantes referidas a su condición de mujer y a su sexualidad. Asumía comportamientos posesivos, dañaba objetos de su propiedad y la sometió a actos de humillación relacionados con el apoyo económico que le proporcionaba. También habría ejercido violencia física en su contra”, señaló el fiscal.La Fiscalía también expuso antecedentes que, según su investigación, evidenciarían episodios previos de violencia. “En octubre del 2025, la sacudió de manera violenta hasta hacerla caer. En diciembre de ese 2025, intentó asfixiarla durante una discusión”, sostuvo el delegado.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el 24 de enero de 2026 la pareja asistió a una reunión social y posteriormente se trasladó al apartamento de Rodríguez. Después de que las demás personas abandonaron el inmueble, ambos permanecieron solos.La Fiscalía sostiene que, durante ese episodio, Rodríguez presuntamente atacó a Ana María, la golpeó y la sometió mediante maniobras de asfixia. El fiscal aseguró que el procesado actuó “en un contexto de dominación y reproche frente al ejercicio de la sexualidad de la víctima” y posteriormente “procedió a agredirla físicamente, sujetándola por los brazos y muñecas, propinándole golpes en el rostro”.Durante la audiencia, el ente acusador indicó que la mujer intentó defenderse y que, en medio de esa acción, se produjo la ruptura de varias uñas en ambas manos. Según la Fiscalía, posteriormente el procesado “la sometió mediante maniobras de asfixia por sofocación, obstruyéndole la boca y la nariz, lo que le generó hipoxia cerebral aguda, con la consecuente alteración progresiva de su estado de conciencia y disminución de su capacidad de resistencia y defensa”.La investigación sostiene que, una vez la mujer quedó inconsciente, habría sido víctima de acceso carnal violento. Posteriormente, según la Fiscalía, Rodríguez habría lanzado el cuerpo desde la ventana del quinto piso del apartamento y realizado acciones para intentar presentar la muerte como un suicidio.El fiscal también cuestionó que el procesado no hubiera pedido ayuda después de los hechos y señaló que habría permanecido en el apartamento durante las horas siguientes.“Carlos Mario no solicitó auxilio para la familia. No informó de lo ocurrido a las autoridades, no comunicó la situación a sus familiares. Durante las horas siguientes, permaneció en el apartamento y realizó actos orientados a ocultar lo ocurrido y presentar la muerte como resultado de una decisión propia de la víctima”, afirmó el fiscal.
La audiencia de acusación contra José David López Celis, procesado por el feminicidio de Laura Valentina Lozano, fue aplazada para octubre luego de que su defensa solicitara tiempo para definir un preacuerdo o allanamiento a cargos, después de un acercamiento con la Fiscalía.Laura Valentina Lozano, de 21 años, era estudiante universitaria y patinadora artística. Fue asesinada en la madrugada del 21 de febrero en el norte de Bogotá. José David López fue capturado en agosto, después de que inicialmente hubiera quedado en libertad tras ser detenido en flagrancia. Durante la audiencia, el abogado defensor Carlos Cantillo explicó que la solicitud surgió a partir de una conversación con los padres del procesado, quienes le manifestaron que su hijo había pedido explorar las posibilidades de un preacuerdo o de un allanamiento a cargos.“Obedece a una conversación que sostuve con los papás de José David, donde me manifestaban que él les había dicho que se explorara esas dos posibilidades, mirar un preacuerdo o la posibilidad de un allanamiento a cargos”, explicó el abogado.Cantillo agregó que posteriormente se reunió con López Celis para conocer directamente su posición y que, tras hablar con la fiscal del caso, recibió información sobre las condiciones que eventualmente tendría un preacuerdo. Sin embargo, señaló que todavía debía volver a conversar con su defendido para que este tomara una decisión conociendo las implicaciones. La representación de víctimas, encabezada por la abogada María Fernanda Chica, cuestionó que estos acercamientos no le hubieran sido comunicados y manifestó que ya había tenido conocimiento de un contacto previo que no había prosperado. Frente a esto, la Fiscalía explicó que, al no existir todavía una decisión del procesado, no consideró necesario formalizar dicha información ante las demás partes.La discusión llevó a una precisión de la Procuraduría sobre las posibilidades jurídicas en este caso. La procuradora Patricia Chávez advirtió que, por tratarse de un feminicidio, no es posible negociar un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias.“Un llamado de atención tanto a la Fiscalía como al señor defensor, en atención a que en este tipo de procesos y de acuerdo a lo establecido en la Ley Rosa Elvira Cely, no es posible porque tiene expresa prohibición legal, no podrá celebrarse preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias”, señaló.La representante del Ministerio Público explicó que la alternativa que puede evaluar el procesado es un allanamiento a cargos, que constituye una decisión unilateral y debe ser manifestada directamente por él.“Lo único que se puede estar hablando es un posible allanamiento, y esa decisión es de carácter unilateral del procesado”, sostuvo la procuradora, quien pidió permitir una nueva oportunidad para que la defensa converse con López Celis y, si no existe allanamiento, continuar con el trámite ordinario del proceso. La juez coincidió en que no es viable un preacuerdo y explicó que un eventual allanamiento podría realizarse en diferentes momentos del proceso, siempre que el procesado lo manifieste de manera expresa, libre, consciente y voluntaria.“Para el caso que nos ocupa, tal y como lo ha referido el representante del Ministerio Público, pues, no podría darse viabilidad frente a un preacuerdo”, indicó la juez.La funcionaria agregó que, frente a un eventual allanamiento, corresponde al despacho verificar que se cumplan las condiciones legales para su validación. Por ahora, la audiencia de acusación quedó aplazada para octubre, cuando se definirá si López Celis manifiesta su voluntad de aceptar cargos o si continúa el trámite de acusación en su contra.La juez también hizo un llamado para que exista comunicación entre la Fiscalía y la representación de víctimas sobre los acercamientos o decisiones que puedan producirse durante el proceso, con el propósito de que esta última conozca las actuaciones que se adelanten.
José Rojas Lárez fue enviado a prisión por decisión de un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de feminicidio y actos sexuales como presunto responsable de la muerte de Ana Lucía González, una niña venezolana de 8 años.Los hechos se originaron el 14 de septiembre de 2026 en Mosquera, Cundinamarca, donde, de acuerdo con la hipótesis presentada en las audiencias, Rojas Lárez sostuvo una discusión violenta con Luz González, hermana de la menor y su pareja. Durante el altercado habría causado destrozos en la vivienda y amenazado al núcleo familiar, situación que llevó a la mujer a acudir a un CAI para pedir protección.En ese contexto, el procesado habría aprovechado la ausencia de su pareja para llevarse a la niña en una motocicleta. La reconstrucción del recorrido, realizada a partir de cámaras de seguridad y de la identificación del casco que portaba, permitió establecer un trayecto desde el sector de Porvenir Río, en Mosquera, por la Calle 13 y posteriormente hacia Casandra, en Fontibón, donde habría permanecido en un inmueble. Al día siguiente, la menor habría sido trasladada hasta el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar.El cuerpo de Ana Lucía fue encontrado el 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias. Los elementos expuestos durante las audiencias señalaron la asfixia como causa de muerte y también hicieron referencia a presuntas agresiones y conductas de carácter sexual previas, entre ellas la exposición de las partes íntimas del procesado ante la niña.Al sustentar la medida de aseguramiento, el juez hizo énfasis en la hipótesis de que la menor habría sido utilizada para causarle un daño a su hermana, dentro de lo que calificó jurídicamente como violencia vicaria.“La hipótesis investigativa que este despacho valora provisionalmente, con el estándar de inferencia razonable exigido en esta sede, es el ejercicio de una forma de violencia de género de una crueldad extrema, que la doctrina y la jurisprudencia han denominado violencia vicaria”, señaló el juez.El despacho explicó que esta forma de violencia ocurre cuando el daño no se dirige directamente contra la mujer, sino contra personas, afectos o bienes significativos para ella, con el propósito de causarle sufrimiento.“La violencia vicaria es aquella en la que el daño no se dirige directamente a la mujer, sino que se desplaza hacia personas, afectos o bienes que le son significativos, con el propósito de causarle un sufrimiento que, de otra forma, no podría infringirse con la misma intensidad”, sostuvo.En su argumentación, el juez señaló además que la menor no habría tenido un conflicto propio con el procesado y que, por ello, la hipótesis de la Fiscalía apunta a que habría sido utilizada como instrumento para afectar a su hermana.“Instrumentalizó el cuerpo y la vida de la hermana de la menor, una niña de 8 años, para causarle un dolor que sería permanente e irreparable. La niña no tenía conflicto con él, no había nada entre él y ella, era el afecto más vulnerable de su expareja, y por eso fue elegida”, afirmó.El juez también resaltó que la perspectiva de género debe ser aplicada en la valoración del caso y, particularmente, en la determinación del peligro para las víctimas.“La lectura con perspectiva de género no es un adorno retórico en este proceso, es un mandato de la jurisprudencia constitucional y de los estándares internacionales de derechos humanos que este despacho está obligado a aplicar”, manifestó.Finalmente, al justificar la decisión de enviar a Rojas Lárez a prisión, el juez hizo referencia a la obligación estatal de adoptar medidas frente a hechos que involucren homicidio y violencia sexual contra una menor de edad.“Una medida de aseguramiento dictada en el marco de un proceso por el homicidio y la violencia sexual contra una niña de 8 años es precisamente una de esas medidas que el Estado está obligado a adoptar”, concluyó.El juez agregó que Luz González, como presunta víctima de violencia vicaria intrafamiliar también debe recibir protección y sostuvo que el Estado colombiano debe investigar, judicializar y sancionar estos hechos con perspectiva de género.
La representación de víctimas en el caso de Ana Lucía González se pronunció luego de la decisión judicial que ordenó enviar a prisión a José Rojas Lárez, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en Bogotá.La Fiscalía confirmó durante las audiencias que la causa de muerte de la niña fue asfixia y señaló que existen elementos relacionados con posibles actos sexuales cometidos en su contra. Por estos hechos, Rojas Lárez fue imputado por los delitos de feminicidio y actos sexuales, a partir de elementos de la investigación y de episodios previos relatados sobre la menor, como la exposición de las partes íntimas del imputado a la víctima.Daniel Solarte, abogado de la familia y representante de víctimas por parte de Erazo y Solarte Abogados, aseguró que la familia de Ana Lucía permanece afectada por lo ocurrido y destacó la decisión judicial de imponer una medida de aseguramiento contra el procesado.“La familia de Ana Lucía se encuentra devastada. Si bien recibimos con muy buenos ojos la noticia de la captura del señor responsable de estos hechos y su posterior judicialización, terminando en una medida de aseguramiento, en nada de eso mengua el dolor y la tristeza que siente su familia, porque no fue una muerte normal, no fue una muerte tranquila, sino, por el contrario, se nota que hubo violencia, hubo premeditación”, señaló.El abogado también explicó que aún están pendientes resultados de Medicina Legal y de los cuerpos técnicos de investigación, que podrían aportar nuevos elementos.“Algo que fue muy evidente del trabajo de la Fiscalía, incluso lo tuvo en cuenta el juez en su alegación para decidir la medida de aseguramiento, es que, en efecto, estamos a expensas de que Medicina Legal, los cuerpos técnicos de investigación de la Fiscalía, nos entreguen nuevos informes, nueva información pericial, sobre todo corroborada, para poder engrandecer esa acusación contra esa persona que perpetró estos lamentables hechos”, y señaló que estos nuevos elementos podrían permitir una adición a la imputación, particularmente frente a la investigación sobre un posible abuso sexual, una vez se cuente con los resultados de los exámenes forenses que están pendientes.Sobre la posibilidad de que otras personas estén vinculadas a lo ocurrido, Solarte indicó que, por ahora, no existe información clara sobre terceras personas, aunque la Fiscalía adelanta verificaciones sobre los lugares en los que estuvo el procesado y analiza información de un teléfono celular que le pertenecía.“Por el momento, no tenemos información clara sobre terceras personas que hayan intervenido en la materialización de este crimen”, sostuvo el abogado, quien explicó que los análisis del dispositivo podrían aportar información sobre otras personas eventualmente vinculadas a la investigación.Finalmente, la representación de víctimas hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para revisar las políticas frente a los delitos cometidos contra menores de edad y planteó que se analice un eventual endurecimiento de las penas.“No hay ninguna justificación, no hay señalamiento externo que valga frente a la descomposición social, que es evidente en cuanto están siendo nuestros niños el objeto de conductas totalmente reprochables por parte de personas que realmente están desviando su comportamiento hacia estos crímenes atroces”, afirmó Solarte.El abogado agregó que el mensaje institucional debe ser de “tolerancia 0” frente a estas conductas y sostuvo que, pese al marco legal existente, debe analizarse si las medidas actuales resultan suficientes para prevenir este tipo de delitos.
Un juez de control de garantías ordenó enviar a la cárcel a José Rojas Lares, ciudadano venezolano de 29 años, señalado como el presunto responsable del feminicidio agravado y actos sexuales agravados en contra de la niña Ana Lucía González, de 8 años de edad.Durante la audiencia pública, la fiscal del caso presentó una estremecedora reconstrucción de los hechos ocurridos tras la desaparición de la menor en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.Según la información expuesta por el ente acusador, el crimen se habría desencadenado por una presunta venganza luego de una discusión entre el procesado y su pareja sentimental, hermana mayor de la víctima.El recorrido detallado por la FiscalíaLa fiscal del caso reveló ante el despacho judicial cómo se ejecutó el traslado de la menor a través de la capital del país antes de su muerte."La sube en la moto, la traslada allí en esa moto del municipio de Mosquera y entran a la ciudad de Bogotá por la localidad de Fontibón. Allí en Bogotá, ese día 14 de septiembre, la deja", detalló la representante de la Fiscalía durante la diligencia.De acuerdo con el relato fiscal, el acusado regresó al día siguiente para concretar el ataque en el sur de la ciudad."Al día siguiente, 15 de septiembre, retorna nuevamente a la ciudad de Bogotá. Y entre las 10 y 11 de la mañana de ese día recoge a la menor del lugar donde la había dejado y es llevada al barrio Juan José Rondón de la localidad de Ciudad Bolívar. Y estando a solas con esta, presuntamente le causa la muerte", precisó la fiscal.Secuestro tras violencia intrafamiliar y rapto en motoLa investigación judicial estableció que la hermana de la víctima era sometida a maltratos físicos, violencia psicológica y dependencia económica en el apartamento donde convivían en Mosquera.El 14 de septiembre, tras destruir objetos del inmueble y amenazar a la familia, el agresor aprovechó que su pareja acudió a un CAI a solicitar ayuda para raptar a la niña.Las cámaras de seguridad registraron el momento en que se llevó a la menor en una motocicleta portando el casco de su pareja, elemento clave para su identificación.Posteriormente, el cuerpo de la niña fue hallado en un túnel de alcantarillado con signos preliminares de asfixia, mientras que el señalado agresor fue capturado cuando pretendía huir hacia Medellín.El llamado de la familia y el reporte de Medicina LegalEn medio de la diligencia, Luz González, hermana mayor de la niña, pidió la máxima sanción penal para el procesado, quien no aceptó los cargos imputados por el ente acusador."Queremos justicia, que este crimen no quede impune. Ella solo era una niña, era un angelito que recién estaba empezando a vivir. Quiero que lo condenen para siempre", expresó la familiar. La menor se encontraba en Colombia de vacaciones y tenía previsto regresar en los próximos días al estado Zulia, en Venezuela, para reiniciar sus clases.Este caso se produce en medio de una alerta emitida por el Instituto Nacional de Medicina Legal por el aumento de la violencia contra la niñez en el país.Según datos entregados por el director de la entidad, Ariel Cortés, durante el primer semestre de 2025 se contabilizaron 884 muertes de menores de 17 años, cifra que ascendió a 947 casos en el mismo periodo de 2026. En materia de homicidios infantiles, la estadística pasó de 313 registros en el primer semestre de 2025 a 339 en los primeros seis meses de 2026.
Una discusión habría desencadenado el homicidio de una niña de 11 años y, horas después, el de su madre, en hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre en un inmueble del barrio Betania, en la localidad de Usme, en Bogotá. Por estos hechos, Donis David Fonseca, un hombre de 44 años, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y fue enviado a un centro carcelario con medida de aseguramiento.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, el hombre habría asfixiado a la menor cuando se disponía a salir hacia el colegio, como represalia contra su madre por una discusión que se había presentado previamente. Horas después, cuando la mujer regresó de trabajar, el señalado agresor presuntamente le manifestó que tenía una sorpresa, le vendó los ojos y posteriormente la atacó con un arma cortopunzante, causándole la muerte.La Fiscalía señaló que, después de los dos homicidios, el hombre habría limpiado las manchas de sangre con el propósito de ocultar evidencias. Posteriormente, durante la madrugada del 9 de septiembre, al parecer cambió de ropa a las víctimas y ubicó sus cuerpos en los asientos delantero y trasero del vehículo.Según la investigación, el hombre emprendió inicialmente un recorrido hacia La Guajira, pero hacia el mediodía regresó a Bogotá y continuó su desplazamiento hacia Villavicencio, Meta.El recorrido terminó en inmediaciones de Chipaque, Cundinamarca, donde fue capturado en flagrancia luego de que varios ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos personas dentro del automotor que no respondían a sus llamados.Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.Durante las audiencias, el hombre aceptó los cargos. Posteriormente, un juez de control de garantías determinó que deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
El tiempo que ha transcurrido desde el asesinato de Magnolia Rivera no solo ha prolongado el dolor de su familia. También tiene otra preocupación que ahora tiene nombre propio: el riesgo de que el caso termine en la impunidad.Rivera, de 53 años, fue asesinada en febrero de 2025 en una vivienda del barrio San Isidro, en Itagüí. La investigación señala como presunto responsable a su expareja sentimental, Héctor León Cañas, quien habría atacado a la mujer con un arma cortopunzante y posteriormente habría intentado quitarse la vida.Sin embargo, mientras el juicio avanza, el presunto agresor permanece en libertad luego de que se produjera el vencimiento de términos. Para la familia de Magnolia, esa situación representa una segunda carga: además de afrontar su dolorosa ausencia, debe esperar por una decisión judicial que todavía parece estar lejos de producirse. Así lo aseguró Katherin Suárez, hija de la víctima."A transcurrir más de un año sin una audiencia. Entonces, me parece una negligencia de parte del juzgado de Itaú y que todo esto esté pasando y que estén dejando estos asesinos en libertad, porque, pues, nosotros teníamos todo muy organizado y estábamos a la espera. Entonces, ahorita yo tengo que soportar que el asesino de mi madre esté libre por culpa de ellos", expuso. El proceso continúa en etapa de juicio, pero el calendario judicial prevé una espera por más de un año. Los alegatos finales fueron programados para octubre de 2027, mientras que el fallo está previsto para comienzos de 2028.Así, la preocupación de los allegados a la víctima no está en que el el caso llegue a juicio, sino a que la demora termine debilitando las posibilidades de obtener justicia.
Las autoridades de Santander elevaron a 40 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar, ubicar y capturar al responsable de la muerte de Génesis Grineydis Rojas García, una mujer de 30 años, de nacionalidad venezolana, asesinada el pasado primero de septiembre en Barrancabermeja.La Gobernación de Santander anunció que aportará 30 millones de pesos, que se suman a los 10 millones ofrecidos inicialmente por la Alcaldía de Barrancabermeja, con el propósito de fortalecer la búsqueda del responsable y avanzar en el esclarecimiento del caso. La información puede ser entregada a través de la línea 123, bajo reserva.Génesis fue atacada con un arma cortopunzante al interior de una vivienda ubicada en el barrio Tres Unidos, comuna Uno de Barrancabermeja. Tras la agresión, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas falleció.Primeras investigacionesApuntan como principal señalado a quien habría sido su expareja sentimental. De acuerdo con los reportes conocidos, el hombre habría ingresado a la vivienda, donde presuntamente atacó a la mujer en repetidas ocasiones y posteriormente escapó del lugar.Uno de los elementos que ahora hacen parte de la investigación es que, según información publicada por medios locales, Génesis contaba desde el primero de julio con una orden de alejamiento contra su expareja, luego de presuntos episodios de maltrato psicológico. Este antecedente es materia de verificación por parte de las autoridades y podría ser relevante para establecer las circunstancias que rodearon el crimen.Le puede interesar: Barrancabermeja ofrece $10 millones por información sobre feminicidio de Génesis RojasDurante la agresión también se encontraba en la vivienda un adolescente de 14 años, hijo de la víctima, quien habría presenciado lo ocurrido. Tras el crimen, la Patrulla Púrpura activó la ruta de protección para el menor y se dispuso su acompañamiento institucional, con intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El caso es investigado como presunto feminicidio, teniendo en cuenta las circunstancias de la muerte y el vínculo que habría existido entre la víctima y el principal señalado. Autoridades departamentales indicaron, además, que Génesis dejó cuatro hijos.Tras conocerse el crimen, la Alcaldía de Barrancabermeja había dispuesto inicialmente una recompensa de 10 millones de pesos y reforzó los controles en las entradas y salidas de la ciudad para intentar localizar al presunto agresor. También anunció acompañamiento psicosocial para los familiares de la víctima.Ahora, con el incremento de la recompensa, la Gobernación busca ampliar las posibilidades de obtener información que permita ubicar al señalado responsable. Paralelamente, fue convocado un consejo extraordinario de seguridad de la mujer, con el objetivo de revisar el caso y articular acciones entre las instituciones encargadas de atender y prevenir las violencias contra las mujeres en Santander.La secretaria de Mujer y Equidad de Género de Santander, Waleska Quintero, señaló que este espacio permitirá coordinar las acciones institucionales y revisar las rutas de atención disponibles para las mujeres que enfrenten situaciones de violencia.
Estos fueron los temas tratados este 25 de septiembre, en Recap Blu:Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, habló sobre la extradición de alias 'Araña', las polémicas declaraciones de David Murcia Guzmán y el proceso de la fallida paz total.Las últimas imágenes de alias 'Araña' antes de du extradición y la advertencia del presidente Abelardo De La Espriella a Iván Márquez.El mandatario De La Espriella también respondió a quienes lo cuestionaron por portar un arma: "Que sigan criticando, que eso me impulsa".Se mantiene la cadena perpetua contra Daniel Sancho por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta.Sobrevivientes del accidente del avión que transportaba al equipo de Chapecoense volvieron al lugar del sinietro casi 10 años después.
MiLoto realiza este viernes 25 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este viernes 25 de septiembre de 2026 es: 36 - 18 - 10 - 08 - 31.Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $160 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este viernes, 25 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto es de $160 millones.Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, de acuerdo con la mecánica del juego.Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
El excomisionado de paz Otty Patiño aseguró en Recap Blu que durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro nunca conoció de un eventual ofrecimiento de una gestoría de paz a David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG. Esta declaración se produjo luego de que Murcia se retractara de varios señalamientos contra el actual presidente Abelardo De La Espriella y afirmara que, antes de realizar esas acusaciones, recibió expectativas relacionadas con una posible salida de prisión mediante esa figura.En entrevista con Recap Blu, Patiño sostuvo que las decisiones relacionadas con las gestorías de paz eran conocidas y consultadas dentro de la Consejería de Paz, pero afirmó que el nombre de Murcia Guzmán nunca estuvo sobre la mesa.“No tengo la menor idea, porque todas las gestorías de paz eran comunicadas, eran, digamos, consultadas con nosotros. En ningún momento a nosotros como Consejería nunca se nos consultó nada sobre este señor”, manifestó el exfuncionario.Patiño también cuestionó que Murcia hubiera sido considerado para una eventual gestoría, al señalar que, desde su perspectiva, no tenía relación con procesos de paz.“Lo cual además me parece absurdo porque este señor no tiene nada que ver con procesos de paz”, afirmó. Choque de afirmacionesFrente a las declaraciones contradictorias del condenado, el excomisionado agregó que Murcia "hoy dice una cosa, mañana dice otra”.Ante la pregunta de si en algún momento, durante su paso por la Consejería de Paz, tuvo conocimiento de un ofrecimiento a Murcia Guzmán, Patiño fue enfático en negarlo."Jamás. Y por supuesto considero que el presidente Petro jamás pensó ni manifestó en esa posibilidad de darle una consejería de paz a este señor", agregó.Las declaraciones se conocen después de que Murcia presentara ante la Fiscalía una retractación de los señalamientos que había realizado contra Abelardo De La Espriella. Según el documento, el condenado afirmó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de obtener su libertad. Finalmente, Patiño rechazó que las gestorías de paz hubieran funcionado como un supuesto “cheque en blanco” para quienes recibieron esa condición.“Y si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó el excomisionado.
TransMilenio anunció una operación especial para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de BTS, que se realizarán el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, en Bogotá.Desde las 10:00 p. m., ocho rutas especiales estarán disponibles en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena, con destino a diferentes portales y estaciones de la ciudad.Desde Campín–UAN saldrán cuatro rutas:Portal NortePortal AméricasPortal SubaPortal EldoradoDesde Movistar Arena estarán disponibles otras cuatro rutas hacia:Portal UsmePortal 20 de JulioPortal 80Portal SurLos servicios funcionarán de acuerdo con la demanda de pasajeros. La operación habitual de las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena finalizará a las 10:00 p. m. y, entre las 10:00 p. m. y las 11:00 p. m., estas estaciones estarán habilitadas únicamente para facilitar la evacuación de los asistentes.Como alternativa, los usuarios podrán utilizar Universidad Nacional, si salen por Campín–UAN, y 7 de Agosto, si salen por Movistar Arena.¿Cómo llegar al concierto?Para llegar al estadio, TransMilenio contará con 13 rutas troncales en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena. En Movistar Arena estarán disponibles las rutas 4, B72, D21, G30, L25, C25, C30, H21 y H72.En Campín–UAN funcionarán las rutas 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25.Además, TransMiZonal tendrá 39 rutas con paraderos cercanos al estadio El Campín, ubicados en la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24.TransMilenio recomienda a los asistentes recargar con anticipación la tarjeta tullave, planear el viaje mediante TransMiApp y consultar los canales oficiales de la entidad para revisar horarios y recorridos.La entidad también señaló que los despachos de las rutas especiales se ajustarán según la cantidad de pasajeros durante la salida de los conciertos.
“Ni en el tarimazo ni en la fiesta que tuvieron ellos hubo muertos, pero en una política equivocada de guerra sí hay muchos muertos”, afirmó Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, al referirse a las polémicas que rodearon algunos episodios de la llamada paz total. En entrevista con Recap Blu, Patiño reconoció que durante un proceso de paz pueden cometerse errores, pero defendió la necesidad de priorizar el diálogo frente a una estrategia basada exclusivamente en la confrontación armada.El exfuncionario respondió por situaciones como el denominado ‘tarimazo’ en La Alpujarra y una fiesta realizada por integrantes de estructuras criminales en la cárcel de Itagüí. Patiño aclaró que no justifica ninguno de esos hechos y sostuvo que estos no fueron provocados directamente por la Consejería de Paz.“No, no lo estoy justificando de ninguna manera”, respondió, antes de explicar que, desde su perspectiva, los errores cometidos durante una búsqueda de paz deben analizarse teniendo en cuenta sus consecuencias.Patiño también defendió la estrategia de negociación adelantada durante el Gobierno Petro y rechazó la afirmación de que la paz total hubiera sido simplemente un mecanismo para permitir que los grupos ilegales continuaran delinquiendo. Según explicó, durante su gestión hubo procesos que avanzaron en diferentes niveles, aunque reconoció que algunos, como el del ELN y el Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco, terminaron fracasando."Había varios procesos que fueron fallidos, como el caso del ELN, digamos, donde ellos demostraron que no había voluntad de paz. Y el proceso con el Estado Mayor Conjunto FARC, fundamentalmente al mando del señor Iván Mordisco, que en el Cauca decidió más bien lanzarse a la guerra que hacer parte, digamos, de un proceso de paz. Los demás, en los demás procesos había avances, en los otros 8 o 9 procesos que estábamos adelantando, que además tenían la característica de que eran muy territorializados, allí hubo avances considerables en cada uno de distintas maneras", afirmó.Frente a las críticas sobre las denominadas gestorías de paz, el excomisionado negó que estas figuras hubieran sido utilizadas como una “carta blanca” para delinquir o como instrumentos de política electoral. Aseguró que quienes recibían esa condición tenían obligaciones y debían presentar planes de acción que posteriormente eran evaluados. “Si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó.