La Fiscalía logró la judicialización de Marjedis María Morales, Andrés Fabián Sandoval Padilla y Leidy Viviana Maturana, señalados de contactar a ciudadanos nacionales y extranjeros mediante aplicaciones de citas para ganarse su confianza, concretar encuentros y posteriormente suministrarles sustancias tóxicas con el propósito de dejarlos inconscientes y desocupar sus cuentas bancarias. En total, lograron apoderarse de más de 130 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, entre los años 2024 y 2025 Morales y Sandoval Padilla habrían identificado a sus víctimas simulando interés sentimental, con el fin de generar confianza y lograr que acudieran a residencias ubicadas en Bogotá. Una vez en los inmuebles, según los elementos materiales probatorios, los procesados habrían suministrado bebidas alteradas con sustancias tóxicas que dejaron a las víctimas en estado de indefensión.
La Fiscalía indicó que, tras provocar la pérdida de conciencia de las víctimas, los presuntos responsables tomaban posesión de sus productos financieros, los cuales eran utilizados para realizar compras y transferencias electrónicas. Como resultado de estas acciones, se habrían efectuado movimientos por más de 85 millones de pesos, recursos que, según las autoridades, fueron sustraídos de las cuentas bancarias de las personas afectadas.
En cuanto a Leidy Viviana Maturana Rivillas, la investigación señala que habría utilizado perfiles falsos en plataformas digitales para contactar, al menos, a cuatro ciudadanos extranjeros. Según el expediente, los encuentros eran pactados en establecimientos públicos, hoteles y residencias en Bogotá, donde presuntamente suministraba sustancias tóxicas diluidas en bebidas. Posteriormente, aprovechando el estado de somnolencia en el que quedaban las víctimas, se habría apoderado de sus teléfonos celulares y de aproximadamente 47 millones de pesos.
Las autoridades señalaron que, con base en los elementos materiales probatorios recaudados, los tres procesados serán acusados por los delitos de hurto calificado y agravado, transferencia no consentida de activos y hurto por medios informáticos.
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