Tras la reciente liberación del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por vencimiento de términos, su defensa, liderada por el abogado penalista Alejandro Carranza, lanzó en Mañanas Blu, duras críticas contra el proceder de la Fiscalía General de la Nación.
Carranza sostiene que el ente acusador está utilizando el proceso judicial como una herramienta política para deslegitimar al Gobierno y sus reformas en un contexto electoral.
El vencimiento de términos y la salida de CESPO
La libertad del exministro se produjo luego de que la Fiscalía superara los 120 días reglamentarios para radicar el escrito de acusación. Según explicó Carranza, el plazo venció el 31 de marzo, pero la Fiscalía solo radicó el documento el 7 de abril, justo en medio de la audiencia solicitada por la defensa.
El abogado señaló que la medida de aseguramiento anterior fue desproporcionada, considerando la edad (76 años) y el estado de salud de Bonilla, quien salió de su centro de reclusión "muy golpeado" y con una "gripa muy severa".
Respecto al retraso de la Fiscalía, Carranza fue enfático: “La Fiscalía tenía 120 días para radicar el escrito acusación contado desde el primero de diciembre... Fue una pequeña ventana en la que se abrió ese espacio y por eso la magistrada ordenó la libertad”.
Denuncia de "criminalización" de funciones ministeriales
El núcleo de la defensa radica en que las acciones por las que se acusa a Bonilla —como gestionar proyectos y participar en debates presupuestales— son parte de sus deberes constitucionales.
Carranza argumenta que la Fiscalía busca construir una narrativa de corrupción para atacar la estabilidad del Ejecutivo. “Aquí lo que pasó... es que intentan criminalizar las funciones de un ministro para tejer una historia que sirva en época de elecciones y atacar la reforma laboral”, afirmó el jurista.
Según su análisis, el ente acusador busca una condena que sugiera que “se compró la gobernabilidad” para así invalidar las reformas aprobadas en el Congreso. Para Carranza, el manejo del presupuesto está reglado y un ministro no tiene la capacidad de asignar contratos a discreción: “El ministro de Hacienda de Colombia... no son determinadores del gasto, no son autoridades para contratar... la Fiscalía no puede probar ni un solo contrato que el ministro haya dado a nadie”.
La defensa sostiene que los tiempos de la Fiscalía no son accidentales. Carranza cuestionó por qué, si los hechos ocurrieron hace tiempo, la imputación se hizo en diciembre, calculando la vacancia judicial y la proximidad de debates electorales. Al ser consultado sobre si acusaba formalmente a la Fiscalía de actuar con fines políticos, respondió: “Sí, señor... el hecho de criminalizar las actuaciones de un ministro... todo eso tiene que ver”.
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Finalmente, la defensa se prepara para la audiencia de acusación programada para el 29 de abril. Carranza adelantó que demostrarán cómo los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla son falsos y forman parte de un concierto para proteger a terceros, mencionando específicamente al congresista Wadith Mansur.
“La Fiscalía puede decir hasta misa... nosotros también tenemos evidencias... para poder decir y señalar con toda la claridad que las actividades de un ministro no se pueden criminalizar”, concluyó.
Escuche aquí la entrevista:
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