En diálogo con Mañanas Blu, el apoderado legal de la firma DLH Legal Group, en representación de varios dirigentes políticos y excongresistas de partido Comunes, entre ellos Luis Alberto Albán, conocido en el proceso de paz como Marcos Calarcá, respondió categóricamente a las recientes denuncias públicas realizadas por María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay.
El jurista enfatizó que, si bien la defensa respeta profundamente el dolor de la víctima y su derecho a buscar la verdad, lanzar acusaciones públicas sin una verificación previa por parte de las autoridades judiciales constituye una vulneración al debido proceso.
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Respeto a las víctimas, pero rechazo al juicio público prematuro
El abogado de la firma DLH Legal Group fijó la posición jurídica de los dirigentes señalados, manifestando en primer lugar sus respetos hacia los familiares del extinto senador: “Bueno, en primer lugar quiero manifestar nuestro profundo respeto a la memoria del senador Miguel Uribe por su familia y por el derecho que tiene la víctimas a conocer toda la verdad”.
Sin embargo, hizo una clara distinción entre el legítimo derecho a denunciar y la emisión de juicios de valor en medios de comunicación: “No venimos a cuestionar el derecho de María Claudia Tarazona a reclamar justicia. Tampoco pretendemos impedir que la fiscalía investigue ninguna hipótesis... Pero una cosa es investigar una denuncia y otra muy distinta es convertirla anticipadamente en una condena pública”.
Asimismo, subrayó el principio constitucional de presunción de inocencia e individualidad de las conductas: “Recordamos que la responsabilidad penal en Colombia es individual. No se determina por una antigua militancia, un nombre, un alias o una asociación política. Se establece mediante pruebas legalmente obtenidas y una decisión de autoridad judicial competente”.
Acciones legales ante la Fiscalía y solicitud de traslado de pruebas
Frente a las declaraciones de Tarazona respecto a supuestos chats y elementos probatorios entregados al ente investigador, la defensa confirmó que ya solicitó oficialmente a la Fiscalía General de la Nación la entrega y traslado formal del material mencionado para su correspondiente evaluación jurídica.
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En palabras del abogado: “Siento que es una irresponsabilidad en este caso las declaraciones que está haciendo, señalar sin las pruebas que estén dentro de la fiscalía y acusar a nuestro grupo de protegidos”.
La representación legal aclaró que se presentaron los poderes correspondientes ante el despacho fiscal para manifestar su total disposición a colaborar con las pesquisas: “El día de ayer lo hicimos con los poderes que tenemos en la firma. Ahí está el comunicado donde le expresamos a la señora fiscal que nos preocupa la situación y que estamos prestos a responder a cualquier investigación que se genere sobre estos hechos”.
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De igual forma, el jurista indicó que requieren conocer de primera mano el expediente: “solicitamos a la Fiscalía que nos hiciera traslado el día de ayer para ver la valoración judicial a lo que ella está diciendo y manifestando públicamente”.
Al ser consultado sobre la situación actual de Luis Alberto Albán (Marcos Calarcá), el jurista desmintió de manera tajante cualquier vínculo de su representado con el magnicidio: “lógicamente que él no tiene nada que ver con ese magnicidio”.. Igualmente, reiteró que Albán se encuentra en el país, respondiendo y cumpliendo estrictamente con los requerimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Él está cumpliendo con el acuerdo de paz en el proceso de la JEP”.
Escuche aquí la entrevista:
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