El Juzgado 131 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá autorizó la publicación de edictos para emplazar formalmente a varios cabecillas de la Segunda Marquetalia, investigados por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La decisión permite a la Fiscalía avanzar con el trámite para intentar lograr su comparecencia y, si no se presentan una vez agotado el procedimiento, solicitar que sean declarados como personas ausentes.Entre los investigados se encuentran Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever; Kendry Téllez Álvarez, alias Yako; Gener García Molina, alias Jhon 40; Jhon Jairo Bedoya, alias Rumba; Alberto Cruzlobo, alias Enrique Marulanda, y Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo.Durante la audiencia, la fiscal Elsa Reyes explicó ante la juez las diferentes actuaciones adelantadas por las autoridades para intentar ubicar a los investigados y hacer efectivas las órdenes de captura que pesan en su contra y la circular de interpol.Según la Fiscalía, hasta el momento no ha sido posible establecer su paradero.“En primer lugar, estas órdenes de captura fueron publicadas en medios de comunicación, se ofreció una recompensa y está vigente una recompensa por información que conduzca a la captura de estas personas, pero hasta el momento no ha sido posible la materialización”, explicó la fiscal.La funcionaria detalló que la Fiscalía y la Policía Judicial realizaron búsquedas en diferentes bases de datos y entidades públicas y privadas con el propósito de encontrar información que permitiera establecer dónde se encuentran los investigados.“Se han realizado búsquedas selectivas en base de datos en diferentes entidades como, Datacrédito, Migración Colombia, empresas de telefonía celular, EPS, Supergiros y Efecty, Sura, Davivienda, Bancolombia, entre otras. Los resultados obtenidos en estas diferentes búsquedas fueron objeto de verificación por parte de la Policía Judicial con el fin de establecer alguna dirección o algún sitio que pudiera ser objeto de ubicación de estas personas sin que hasta el momento haya sido posible”, señaló Reyes.La fiscal también explicó que las autoridades consultaron otras entidades y que, de acuerdo con la información obtenida durante las labores investigativas, los cabecillas de la estructura no estarían ubicados en territorio colombiano.“Pero lo que se ha encontrado es que de acuerdo con las fuentes, aparece información relacionada con que estos indiciados aparentemente se encontrarían en zonas rurales de frontera o aún en otros países como Venezuela, donde se estarían resguardando de las autoridades colombianas solamente vendrían a Colombia a cometer algunas actividades delictivas”, afirmó.Según la Fiscalía, mientras los integrantes de base de la estructura permanecerían en Colombia, sus principales dirigentes no estarían en el país. La fiscal agregó que las autoridades también hicieron consultas ante la Procuraduría y la Contraloría, sin obtener resultados que permitieran establecer su ubicación.La Fiscalía sostuvo además que las labores de búsqueda no se detendrán con la publicación de los edictos y que la Policía Judicial deberá continuar con las verificaciones de manera periódica.“Esta orden a Policía Judicial se expidió con la indicación de que estas verificaciones tienen que ser realizadas de manera constante e ininterrumpida hasta que se haya emitido sentido de fallo por parte del juez de la causa. Cada seis meses los investigadores presentan resultados del rastreo”, explicó la fiscal.Precisamente, el emplazamiento constituye, de acuerdo con la Fiscalía, una herramienta para hacer público el requerimiento de las autoridades y permitir que los investigados comparezcan al proceso antes de avanzar hacia una eventual declaración de persona ausente.“Como última herramienta con la que cuenta la administración de justicia para hacer de público conocimiento el requerimiento de la Fiscalía y dar la oportunidad a que estas personas comparezcan. Y una vez se agote ese trámite de emplazamiento y cumplidos estos requisitos, se proceda a declararlos persona ausente”, sostuvo Reyes durante la audiencia.La representación de las víctimas respaldó la solicitud de la Fiscalía y consideró que las autoridades han agotado diferentes mecanismos para intentar ubicar a los integrantes de la Segunda Marquetalia.“Desde la representación de víctimas de los familiares, este representante considera, en la misma línea del representante del Ministerio Público, que la Fiscalía ha agotado todas las vías y esfuerzos propiamente por dar con el paradero, por lograr ubicar, esas personas relacionadas con la Segunda Marquetalia”, manifestó el representante de las víctimas.“No obstante, si esto no ha logrado materializarse, no ha sido propiamente por tema de la Fiscalía, ha sido por la dificultad que presentan estos sujetos desde el Estado, al margen de la legalidad, en la clandestinidad, inclusive se tienen indicios de que puede que no estén en Colombia”, señaló.La representación de las víctimas insistió en la necesidad de que el proceso avance y respaldó el emplazamiento como la actuación que corresponde en este momento.“No obstante, es importante que en aras del proceso y de los graves señalamientos que realizó en su momento quien está hoy ya condenado, Simeón Pérez, logremos avanzar en el proceso, no podemos quedarnos en este punto, y pues considera directamente pues que el deber ser que tenemos que tener en este punto es realizar ese emplazamiento como una última instancia”, concluyó.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó la libertad condicionada de Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias 'Yako', quien es investigado por su presunta participación en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, el compareciente continúa sometido a la justicia transicional, pues la decisión de la Sala de Amnistía o Indulto se fundamentó en el incumplimiento grave de sus obligaciones ante el tribunal.Según la decisión, Téllez Álvarez permaneció más de 16 meses sin comparecer ante la Jurisdicción ni estar disponible para las autoridades. Además, no mantuvo actualizada la información necesaria para establecer su paradero y no presentó una justificación válida para explicar su prolongada ausencia.Por estos hechos, la JEP ordenó revocar el beneficio de libertad condicionada que tenía en relación con un proceso por secuestro extorsivo agravado, cometido durante su pertenencia a las antiguas Farc.La decisión no significó su expulsión de la Jurisdicción ni se tomó como una declaración de responsabilidad por el magnicidio. La Sala evaluó el incumplimiento de sus deberes como compareciente, mientras que las investigaciones por posibles delitos posteriores al Acuerdo de Paz deben seguir su curso ante las autoridades competentes.¿Cuáles son los indicios en contra de alias Yako por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?La Fiscalía investiga a Kendry Téllez Álvarez por su presunta participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá. Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentra el testimonio de Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo'.Según esa declaración, Yako se identificaba como integrante de la Segunda Marquetalia y habría cumplido labores de dirección, inteligencia y logística para preparar el atentado. El testigo también lo señaló de coordinar acciones relacionadas con Katherine Andrea Martínez, quien habría recibido y entregado el arma utilizada por el menor de edad que disparó contra el senador.Además, aseguró que, después del crimen, Téllez Álvarez habría ordenado trasladar el arma al departamento del Caquetá para ocultarla de las autoridades.La Fiscalía también recopiló análisis técnicos de ubicación de teléfonos celulares e información extraída de dispositivos electrónicos. Estos elementos hacen parte de la hipótesis investigativa y sustentaron la orden de captura emitida el 2 de marzo de 2026.No obstante, la decisión de la JEP no resuelve la responsabilidad penal de Yako por estos hechos. Dicha determinación corresponde a la justicia ordinaria, que deberá establecer su eventual participación en el magnicidio.Cabe destacar que la captura de alias Yako por su presunta participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay no implicaría automáticamente su expulsión de la JEP, sin embargo, su situación podría volver a ser examinada por la Jurisdicción a partir de los elementos que se conozcan sobre el caso y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.La JEP tendría que evaluar si existen fundamentos para determinar un incumplimiento adicional de sus compromisos con el sistema de justicia transicional y si procede una eventual expulsión. Mientras tanto, la investigación penal por el magnicidio debe avanzar ante la justicia ordinaria, sin que su permanencia en la JEP impida que las autoridades competentes hagan efectiva la orden de captura.
En El Radar de este sábado, 24 de octubre de 2026, Ricardo Ospina abordó las protestas sociales en Europa, impulsadas por la crisis de vivienda y el costo de vida, y la presentación del libro Magnicidios, del exconsejero presidencial José Obdulio Gaviria. También se analizó el panorama electoral de Brasil y las causas del descontento entre los jóvenes europeos.Teresita Aya, analista internacional, examinó las manifestaciones en España y Francia, relacionadas con la inflación, el deterioro del Estado de bienestar y las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda. Además, analizó la disputa electoral en Brasil entre Flavio Bolsonaro y Lula da Silva: "Sabemos que la violencia no es la respuesta, pero es que si no hay violencia no nos escuchan".José Obdulio Gaviria, exconsejero presidencial y autor, presentó su libro Magnicidios: cómo opera la maquinaria mortal de la criminalidad política, que recorre hechos de la historia colombiana desde el atentado contra Simón Bolívar hasta el caso de Miguel Uribe Turbay. También abordó las investigaciones sobre los casos de Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán y Álvaro Gómez Hurtado, y la responsabilidad atribuida a la Segunda Marquetalia.Escuche el programa completo aquí:
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que, en el marco de sus competencias, examine posibles responsabilidades de excongresistas mencionados en la información aportada por María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025.La decisión fue adoptada el 20 de octubre de 2026, luego de que Tarazona entregara información y comunicaciones que, según la Fiscalía, están siendo examinadas para establecer su autenticidad, origen y eventual relación con los hechos y las personas mencionadas.Los seis excongresistas del movimiento político Comunes que han sido mencionados recientemente por María Claudia son Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’.La determinación fue informada en una respuesta de la Fiscalía al Ministerio de Justicia, que el 19 de octubre solicitó profundizar la investigación por el magnicidio y verificar nuevas revelaciones públicas relacionadas con el caso.En el documento, la entidad señaló que la investigación no se limita a la identificación y judicialización de los autores materiales del homicidio. También explicó que continúa desarrollando otras líneas investigativas para establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existen otras personas relacionadas con el crimen.Para adelantar estas labores, la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá creó, mediante la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, un Grupo de Tareas Especiales encargado de la investigación y judicialización del homicidio de Uribe Turbay. El equipo está coordinado por el jefe de la Unidad de Vida e Integridad Personal de esa seccional y cuenta con cuatro fiscales adicionales, así como con investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional, a través de la SIJIN y la DIJIN.La Fiscalía aseguró que la investigación ha continuado y que el equipo fue fortalecido con expertos para avanzar en las distintas hipótesis. También indicó que la información entregada por Tarazona, junto con la representación de víctimas, está siendo incorporada al proceso bajo reserva judicial.“En el marco de sus competencias y con la debida reserva para preservar la investigación, la Fiscalía General de la Nación incorpora y trabaja sobre la información aportada por la señora María Claudia Tarazona”, señaló la entidad en su respuesta al Ministerio de Justicia.La institución agregó que está verificando los datos relacionados con las comunicaciones, sus fuentes, su autenticidad y su origen, además de la posible conexión con el magnicidio y con las personas mencionadas. Asimismo, indicó que espera ofrecer respuestas a la familia de Miguel Uribe Turbay y al país en un término razonable.La compulsa de copias fue ordenada con fundamento en los artículos 186 y 235 de la Constitución Política, según explicó la Fiscalía. Con este trámite, la información se pone en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que examine lo correspondiente dentro de sus atribuciones.La Fiscalía reiteró que continuará con las diligencias para esclarecer el asesinato y establecer posibles responsabilidades con respaldo probatorio.
En medio de las solicitudes judiciales por el gobierno se suma la petición del ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González, solicitó formalmente a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo Garzón, profundizar la investigación por el magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay. La petición busca esclarecer todos los aspectos del crimen y determinar quiénes lo planearon, financiaron y ordenaron.“La investigación no puede darse por esclarecida únicamente con la identificación de quienes ejecutaron materialmente el homicidio. Colombia necesita conocer toda la verdad: quién dio la orden, quién la transmitió, quién consiguió el dinero, quién facilitó la ejecución y si alguien se valió de su posición o de recursos públicos para hacer posible este asesinato”, señaló Iván Cancino por medio del comunicado.La solicitud se conoció después de que María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, divulgara el 15 de octubre de 2026 mensajes que, según explicó, recibió y entregó a las autoridades. En esas comunicaciones se menciona a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’, y se habla de un posible atentado y de una supuesta orden originada en el Senado.Por una parte, el primer punto pide a la Fiscalía comprobar la autenticidad de los mensajes, chats, correos, fotografías y advertencias divulgados por María Claudia Tarazona. La investigación deberá establecer su origen, fechas, remitentes y destinatarios, además de contrastarlos con otras pruebas para determinar su valor dentro del proceso.Lo que lleva a que se investigue la posible relación de Luis Alberto Albán Urbano, alias ‘Marcos Calarcá’, con la preparación del magnicidio. También propone remitir la información pertinente a la Corte Suprema de Justicia para que determine si le corresponde fuero constitucional en su condición de excongresista.En otro punto, el ministro solicitó verificar la identidad, ubicación y posible participación de Enrique Marulanda. Asimismo, pide examinar sus eventuales vínculos con alias ‘John 40’, la minería ilegal y posibles fuentes de financiación, sin asumir que estas conexiones estén demostradas.Otro aspecto clave es determinar si servidores públicos o particulares con acceso a información institucional pudieron facilitar el atentado o incurrir en omisiones penalmente relevantes. Asimismo, la Fiscalía deberá verificar la versión sobre una supuesta orden originada en el Congreso, sin dar por demostrada esa hipótesis antes de contar con evidencia suficiente.El Ministerio solicita, además, revisar las amenazas, alertas y solicitudes de protección presentadas antes del atentado, comparándolas con las respuestas de las autoridades. El propósito es establecer si hubo fallas institucionales o conductas que deban investigarse y determinar si las advertencias previas fueron atendidas oportunamente.Pero para ello, desde el gobierno se pide proteger a testigos, fuentes e investigadores, preservar las pruebas que puedan perderse y establecer si existen otros delitos.Finalmente, el Ministerio solicita a la Fiscalía informar, respetando la reserva legal, si estas líneas de investigación ya hacen parte del expediente y qué dependencia coordina su desarrollo.El Ministerio de Justicia insiste en que el magnicidio debe esclarecerse hasta sus últimas consecuencias, sin condenar a nadie a partir de titulares ni convertir versiones periodísticas en sentencias.
El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios, defendió su denuncia sobre algunos elementos exhibidos en el Museo Nacional, en Bogotá, que, según su interpretación, presentan una visión incompleta de la historia de los grupos armados y de las víctimas del conflicto colombiano.En entrevista con Recap Blu, el cabildante explicó que visitó el museo junto a su esposa y sus tres hijas, todas menores de seis años. Durante el recorrido por el segundo piso, encontró referencias al M-19, las FARC y el ELN que consideró problemáticas por la manera en que, a su juicio, se presentaba a estas organizaciones sin destacar suficientemente los delitos cometidos y el sufrimiento de sus víctimas.“Colombia no puede seguir tolerando que los victimarios posen de víctimas en nuestra historia”, afirmó Barrios al explicar la publicación que realizó en sus redes sociales y que, según relató, llegó hasta el presidente de la República.Andrés Barrios pide visibilizar a las víctimas del conflicto armadoEl concejal insistió en que su cuestionamiento no busca desconocer los procesos de paz, sino ampliar la representación de los hechos violentos y sus consecuencias en las exposiciones del Museo Nacional.“Yo creo que repetiremos nuestra historia si no la conocemos. Pero contémosla completa, o sea, contemos la película completa del M-19”, manifestó durante la entrevista.Barrios también mencionó el reclutamiento de menores, los secuestros y los asesinatos atribuidos a las guerrillas como hechos que, en su opinión, deben tener mayor presencia en la narración histórica. Además, aseguró que su crítica se dirige a cualquier organización que haya ejercido violencia, independientemente de su orientación política.Polémica por la representación de la comunidad LGBTIOtro de los temas abordados fue la presencia de símbolos y elementos relacionados con la diversidad sexual en el museo. El concejal cuestionó que estos objetos compartieran espacio con la exposición histórica y planteó que las instituciones culturales deben representar distintas realidades sociales.Aunque reconoció avances en materia de derechos de las personas de la comunidad LGBTI, sostuvo que su postura responde a una crítica más amplia a lo que denomina “wokismo”.“Hay discriminación, todas las discriminaciones las tenemos que combatir”, señaló, al argumentar que las políticas públicas deben atender diferentes formas de exclusión.Barrios se pronuncia sobre el caso de Miguel Uribe TurbayDurante la conversación, el concejal también se refirió al asesinato de su amigo Miguel Uribe Turbay y expresó preocupación por el avance de la investigación judicial.“Aquí solo se ha avanzado con unos autores materiales, pero faltan los autores intelectuales, y lo que el país quiere es justicia. Lo que el país quiere es verdad”, afirmó.Finalmente, señaló que, si se comprobara la participación de exintegrantes de las FARC en el magnicidio, el acuerdo de paz quedaría seriamente cuestionado, una conclusión que planteó de manera hipotética durante la entrevista.Escuche la entrevista acá:
En diálogo con Mañanas Blu, el apoderado legal de la firma DLH Legal Group, en representación de varios dirigentes políticos y excongresistas de partido Comunes, entre ellos Luis Alberto Albán, conocido en el proceso de paz como Marcos Calarcá, respondió categóricamente a las recientes denuncias públicas realizadas por María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay. El jurista enfatizó que, si bien la defensa respeta profundamente el dolor de la víctima y su derecho a buscar la verdad, lanzar acusaciones públicas sin una verificación previa por parte de las autoridades judiciales constituye una vulneración al debido proceso. Respeto a las víctimas, pero rechazo al juicio público prematuroEl abogado de la firma DLH Legal Group fijó la posición jurídica de los dirigentes señalados, manifestando en primer lugar sus respetos hacia los familiares del extinto senador: “Bueno, en primer lugar quiero manifestar nuestro profundo respeto a la memoria del senador Miguel Uribe por su familia y por el derecho que tiene la víctimas a conocer toda la verdad”. Sin embargo, hizo una clara distinción entre el legítimo derecho a denunciar y la emisión de juicios de valor en medios de comunicación: “No venimos a cuestionar el derecho de María Claudia Tarazona a reclamar justicia. Tampoco pretendemos impedir que la fiscalía investigue ninguna hipótesis... Pero una cosa es investigar una denuncia y otra muy distinta es convertirla anticipadamente en una condena pública”. Asimismo, subrayó el principio constitucional de presunción de inocencia e individualidad de las conductas: “Recordamos que la responsabilidad penal en Colombia es individual. No se determina por una antigua militancia, un nombre, un alias o una asociación política. Se establece mediante pruebas legalmente obtenidas y una decisión de autoridad judicial competente”.Acciones legales ante la Fiscalía y solicitud de traslado de pruebasFrente a las declaraciones de Tarazona respecto a supuestos chats y elementos probatorios entregados al ente investigador, la defensa confirmó que ya solicitó oficialmente a la Fiscalía General de la Nación la entrega y traslado formal del material mencionado para su correspondiente evaluación jurídica.En palabras del abogado: “Siento que es una irresponsabilidad en este caso las declaraciones que está haciendo, señalar sin las pruebas que estén dentro de la fiscalía y acusar a nuestro grupo de protegidos”.La representación legal aclaró que se presentaron los poderes correspondientes ante el despacho fiscal para manifestar su total disposición a colaborar con las pesquisas: “El día de ayer lo hicimos con los poderes que tenemos en la firma. Ahí está el comunicado donde le expresamos a la señora fiscal que nos preocupa la situación y que estamos prestos a responder a cualquier investigación que se genere sobre estos hechos”.De igual forma, el jurista indicó que requieren conocer de primera mano el expediente: “solicitamos a la Fiscalía que nos hiciera traslado el día de ayer para ver la valoración judicial a lo que ella está diciendo y manifestando públicamente”.Al ser consultado sobre la situación actual de Luis Alberto Albán (Marcos Calarcá), el jurista desmintió de manera tajante cualquier vínculo de su representado con el magnicidio: “lógicamente que él no tiene nada que ver con ese magnicidio”.. Igualmente, reiteró que Albán se encuentra en el país, respondiendo y cumpliendo estrictamente con los requerimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Él está cumpliendo con el acuerdo de paz en el proceso de la JEP”.Escuche aquí la entrevista:
Luego de que en entrevista con Mañanas Blu, la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, revelara el chat en el que se plantea que el excongresista del partido Comunes, Luis Alberto Albán o Marcos Calarcá, habría sido el determinador del magnicidio del precandidato presidencial, el Gobierno nacional se pronunció en cabeza del ministro del Interior, Rodrigo Lara.“La decisión del Gobierno es llegar hasta los máximos responsables de ese execrable crimen que nos ha golpeado y nos ha conmovido tanto. Lo que sí exigimos es que se investigue y se llegue al fondo”, aseguró Lara.Su posición se suma a la del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien pedirá a la Fiscalía que se acelere la línea de investigación sobre esta hipótesis y se defina al responsable intelectual.“He solicitado y lo haré en el marco del Consejo de Política Criminal el dialogar con el fiscal encargado para pedirle celeridad y se aclare esta situación, que insisto, es de toda gravedad", agregó Henríquez.
El Gobierno Nacional emitió su primer pronunciamiento oficial tras las impactantes declaraciones entregadas por María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.La tensión política en el país se intensificó luego de que Tarazona señalara a Marcos Calarcá, excabecilla de la extinta guerrilla de las Farc, como uno de los presuntos determinadores del asesinato. Ante la gravedad de estos señalamientos, tanto el Ejecutivo como la dirigencia del Congreso han reaccionado solicitando celeridad y rigurosidad a las autoridades judiciales. Revelaciones de María Claudia Tarazona y la nueva hipótesisDurante una entrevista concedida en horas de la mañana en Mañanas Blu, María Claudia Tarazona dio a conocer detalles de alta relevancia sobre el magnicidio de su esposo, Miguel Uribe Turbay. Según la información revelada por la viuda, existen indicios que vinculan directamente al exguerrillero y excongresista del partido Comunes, Marcos Calarcá, como determinador intelectual del crimen. Esta declaración abre una línea de investigación de máxima sensibilidad que busca esclarecer si la orden para ejecutar el magnicidio fue emitida directamente desde el recinto del Congreso de la República. Posición del Gobierno Nacional y del ministro Rodrigo Lara RestrepoDesde el Capitolio Nacional, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, fijó la postura oficial de la administración del presidente Abelardo De La Espriella. Pese a manifestar su reserva frente a emitir opiniones sobre asuntos que corresponden estrictamente al ámbito judicial, el ministro enfatizó que el Gobierno está plenamente comprometido con el esclarecimiento total de los hechos. Lara Restrepo calificó el atentado como un crimen execrable que conmocionó al país y aseveró que los esfuerzos estatales están enfocados en ubicar y capturar a los responsables. Escuche aquí el informe:
En diálogo con Mañanas Blu, la viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, señaló que existen nuevas evidencias que apuntarían a que, si bien las disidencias de la Segunda Marquetalia fueron los autores materiales del magnicidio de Uribe Turbay, hay nexos políticos entre los determinadores. Tarazona sostuvo que una persona, a la que no identifica públicamente, habría entregado información días antes del magnicidio, en la que señalaba que Miguel Uribe Turbay, así como otros precandidatos del Centro Democrático, como Paloma Valencia, corrían el riesgo de sufrir un atentado; que la orden habría salido desde el Congreso de la República y que el dinero para organizar el atentado habría salido desde Venezuela.En ese sentido, durante la entrevista, leyó los chats que existen entorno a las advertencias que se hicieron antes sobre el atentado que le perpetuarían a Miguel Uribe, en la misma lectura de los chat nombra directamente a Marcos Calarcá. Según Tarazona, la información fue entregada oportunamente a la Fiscalía General de la Nación con fotografías, nombres propios y la debida cadena de custodia, sin que hasta el momento la entidad haya abierto una línea de investigación formal sobre este señalamiento.El texto del mensaje que vincula al CongresoDurante la conversación, Tarazona leyó de manera textual el chat transmitido desde el departamento del Caquetá, el cual le fue remitido como una alerta temprana antes de que se perpetrara el magnicidio: "Ese m*** de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados Comandos para ir a hacer el atentado. Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a ellos. Yo le creo 100%. Por eso he intentado comunicarme con usted, pero ha sido imposible. Me dice que la orden salió del Senado. La fuente está metido allá adentro, el cual se comunica conmigo cuando él me dice que está y que sabe que va a pasar. Por eso le digo a usted, para que tengan cuidado y para que extremen sus medidas de seguridad".Posteriormente, tras consumarse el ataque contra Uribe Turbay, la misma fuente remitió un segundo mensaje cuestionando el esquema de protección del político: "¿Dónde p** estaba el esquema de Miguel? Se los dije que lo iban a matar".Tarazona hizo énfasis en que la pista entregada a los investigadores no se trata de una información infundada ni anónima: "Aquí no hay anónimos, en toda la cadena no hay anónimos. Todo tiene nombre y apellido y foto".Tensa reunión con la Fiscalía y reclamos por falta de avancesLa viuda de Uribe Turbay detalló el reciente y tenso encuentro que sostuvo con la Fiscal General de la Nación, en el que expresó su frustración por la falta de resultados concretos a más de un año del crimen. Uno de los puntos centrales de su reclamo fue la ausencia de una imputación formal contra Augusto Rodríguez por las fallas operativas en la seguridad de su esposo. Sobre este intercambio con la jefa del organismo de control, Tarazona relató: "Llevamos un año tratando de entender por qué no se ha hecho la imputación formal a Augusto Rodríguez, teniendo nosotros sobre la mesa toda la cadena de errores que cometió y de negligencia que hubo frente a la seguridad de Miguel. Y la respuesta de ella es: procesalmente no había cómo imputar a Augusto". Pistas en el Caquetá, dinero desde Venezuela e interrogatorios sin respuestaTarazona argumentó que existen coincidencias objetivas entre la advertencia previa recibida en abril y los hallazgos recaudados en el expediente. Entre ellas, destacó la confirmación de que la financiación del crimen procedía de Venezuela en moneda nacional: "Hay una tremenda coincidencia entre la fecha en la que se hace la advertencia, el hecho de que la plata haya salido de Venezuela y cómo efectivamente ya dentro del curso del proceso se estableció que la plata sí vino de Venezuela". Si bien las indagaciones señalan a la Segunda Marquetalia como ejecutora material, Tarazona reiteró que los determinadores intelectuales están en otra instancia y criticó que la Fiscalía aún no haya interrogado al informante clave identificado en el Caquetá. Además, denunció el silencio sobre las declaraciones de alias 'Araña' (Comandos de Frontera) y alias 'Águila' (mano derecha de Sarco Aldinever), dos capturados que rindieron interrogatorio antes de ser extraditados a Estados Unidos. "Alias Araña es detenido y le hacen un interrogatorio para determinar la planeación, la financiación, la estructura que se dio frente al magnicidio de Miguel y la Fiscalía aún no nos ha dicho qué pasó en este interrogatorio... La segunda persona que también rinde un interrogatorio es alias Águila... debió dar información y estamos a la espera de que la Fiscalía nos informe qué arrojó estos dos interrogatorios". Finalmente, María Claudia Tarazona expresó que mantendrá su exigencia de justicia para evitar que sus hijos tengan que asumir el costo emocional y la búsqueda de respuestas durante décadas, como ha ocurrido históricamente con los familiares de otros líderes asesinados en el país. Escuche aquí la entrevista:
El Partido Comunes rechazó los señalamientos relacionados con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y negó cualquier vinculación con el crimen, luego de las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del lider político. A través de un comunicado, la colectividad cuestionó las afirmaciones y reiteró su compromiso con el cumplimiento del acuerdo de paz de La Habana.En el documento, el partido aseguró que sus integrantes han sido objeto de una campaña de ataques, desinformación y estigmatización; además agregaron que estas acusaciones se han dirigido contra su presidente, Rodrigo Londoño, otros dirigentes de la organización y miembros de la bancada en el Congreso de la República.La colectividad también cuestionó las actuaciones del Gobierno nacional frente a la implementación del acuerdo de paz. De acuerdo con el comunicado, desde la bancada gubernamental se estaría impulsando una ofensiva para revertir aspectos relacionados con el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz. Asimismo, mencionaron la solicitud de retirar el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, un punto que incluyó entre sus preocupaciones.Frente a los señalamientos sobre el asesinato de Uribe Turbay, el partido rechazó las declaraciones atribuidas a Tarazona y defendió su compromiso con la paz. En el comunicado, sostuvieron que no ha incumplido lo pactado hace una década y afirmaron que sus actuaciones se han desarrollado dentro del marco constitucional y legal.“Estamos prestos a atender cualquier requerimiento de las autoridades correspondientes, sobre el caso del asesinato del senador Uribe Turbay, con la tranquilidad que nos otorga la certeza de haber obrado en el marco de la Constitución y la ley, a partir de la firma del Acuerdo de Paz”, señalaron.El pronunciamiento fue suscrito por varios integrantes de la colectividad, entre ellos Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo Torres, Sandra Ramírez Lobo, Omar de Jesús Restrepo, Imelda Daza Cotes y Luis Alberto Albán.
María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aseguró que entregó a la Fiscalía General de la Nación información que habría recibido antes del asesinato del dirigente político y que advertía sobre un posible atentado contra él y otros precandidatos del Centro Democrático. Según su relato, la información señalaba que la financiación habría salido de Venezuela y que la orden provendría del Congreso de la República.Tarazona explicó que una persona, cuya identidad continúa en reserva, le entregó la información antes del crimen. De acuerdo con su testimonio, la advertencia incluía los nombres de posibles víctimas y anticipaba un ataque contra el entonces candidato presidencial.La viuda de Uribe Turbay indicó que los datos llegaron a su teléfono celular y posteriormente fueron entregados a la Fiscalía con los protocolos correspondientes. Ahora, espera que el organismo investigador verifique el contenido y establezca su procedencia.“Y fue entregada con todos los protocolos necesarios a la Fiscalía y en este momento estamos esperando que se abra esa línea de investigación. La Fiscalía con su grupo especializado debe estar corroborando de dónde salió la información”, manifestó.Tarazona también sostuvo que la información contiene elementos que permitirían identificar a las personas mencionadas.En paralelo, fuentes de la Fiscalía confirmaron un cambio de fiscal del grupo de tareas especiales encargado de la línea de investigación sobre las posibles responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por una presunta falta de prevención y de garantías de seguridad para Miguel Uribe Turbay, pese a las solicitudes y alertas que se habían presentado. En esa línea, continúa pendiente la decisión sobre una eventual imputación contra Augusto Rodríguez, exdirector de la entidad.Además, para la próxima semana estaría prevista una nueva reunión con el propósito de conocer los avances en el análisis de las pruebas entregadas. Por ahora, se espera que la Fiscalía determine qué elementos pueden corroborarse y qué nuevas diligencias se desprenden de esa información.
En la entrevista con Noticias Caracol, la viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, señaló que existen nuevas evidencias que apuntarían a que, si bien las disidencias de la Segunda Marquetalia fueron los autores materiales del magnicidio de Uribe Turbay, hay nexos políticos entre los determinadores.Tarazona sostiene que una persona, a la que no identifica públicamente, habría entregado información días antes del magnicidio, en la que señalaba que Miguel Uribe Turbay, así como otros precandidatos del Centro Democrático, corrían el riesgo de sufrir un atentado; que la orden habría salido desde el Congreso de la República y que el dinero para organizar el atentado habría salido desde Venezuela.“Es que la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República. Una persona, no podemos revelar su nombre, entrega esta información, entrega previo al asesinato de Miguel, y dice -el candidato Miguel Uribe y, posiblemente, otros precandidatos del Centro Democrático van a ser asesinados, La plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso-. Esta información que llega a mi celular es entregada, como te digo, con todos los protocolos necesarios ante la Fiscalía, y en este momento estamos esperando que se abra esta línea de investigación”.La esposa de Miguel Uribe también sostiene que la Fiscalía debe determinar si existe alguna responsabilidad en el hecho por parte de congresistas del partido Comunes, de las extintas FARC.“Y lo que deben establecer es si personas que estaban en el Congreso en ese momento, miembros de las FARC, tuvieron que ver con el magnicidio de Miguel. María Claudia, que tienen que investigar, porque eso es lo que está en esa información (…) Es lo que tiene que esclarecer la Fiscalía. Si esa información es veraz o si no es veraz (…) Vamos a preguntar con los abogados qué está pasando con esa línea de investigación, porque en este momento no tenemos información, no sabemos si esa información es veraz o no, si tiene fundamentos para abrir una línea de investigación o no”, agregó.Tarazona señaló, además, que los últimos encuentros con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, han sido tensos por cuenta de sus reclamos por el poco avance en la investigación en contra del exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, una de las personas más cercanas al expresidente Gustavo Petro.Sin embargo, Puma agradeció la buena disposición del presidente Abelardo De La Espriella, del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y del Gobierno en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos que llevaron al atentado contra el precandidato presidencial, ocurrido en junio de 2025 y que causó su muerte tres meses después.
El Premio al Líder Valiente 2026 fue entregado este miércoles al presidente Abelardo De La Espriella de manos de la familia de Miguel Uribe Turbay. Durante la ceremonia, el jefe de Estado aseguró que “no descansará” hasta que los culpables paguen por el magnicidio.El padre del senador, Miguel Uribe Londoño, le agradeció al presidente por su labor y el trabajo que ha hecho en el caso de su hijo, reitarando que, según él, todo pasó “por culpa de Gustavo Petro”. Por eso, De La Espriella recordó que, en campaña, prometió que, si él hubiese sobrevivido, se habría retirado para unirse a trabajar de su lado para que llegara a la Presidencia.“Él, ese líder, estoy seguro de que ese gran patriota habría sido un gran presidente, Miguel. Y te lo dije cuando te visité en la clínica y él estaba en su lecho de enfermo. Y en medio de mi aspiración presidencial te dije, si Miguel se levanta de esa cama, yo salgo a hacerle campaña y abandono mi campaña”, dijo el presidente.Una promesa por la que el presidente no habría llegado al cargo, pues consideraba que su labor habría sido ayudarle a él para que fuese el presidente de Colombia. Sin embargo, según Londoño, el país “eligió correctamente” al haber votado por él.“El crimen no va a quedar en la impunidad en este Gobierno y su Gobierno va a hacer todos los esfuerzos para dar con todos los responsables incluso quienes dieron la orden. Si es necesario, como se ha venido haciendo, acudir a otros países para dar con los culpables, lo vamos a seguir haciendo como corresponde. Vamos a cambiar e intercambiar inteligencia con organismos internacionales”, reiteró.Además, hizo un llamado a honrar la memoria de Miguel Uribe y sugirió que una plaza del país lleve su nombre para toda la eternidad por su trabajo.