La Corte Constitucional le ordenó a la UNP pedir disculpas públicas a la familia de Miguel Uribe Turbay. El tribunal determinó que el exdirector de la entidad excedió la libertad de expresión, reveló datos reservados de la intimidad familiar y vulneró la honra y el buen nombre del exsenador tras su fallecimiento. Además, no respondió peticiones de María Claudia Tarazona.La decisión judicial se dio tras revisar la tutela interpuesta por María Claudia Tarazona, esposa del fallecido exsenador y precandidato, contra la Unidad Nacional de Protección (UNP). El alto tribunal determinó que el exfuncionario usó su discurso público para revelar detalles confidenciales sobre el esquema de seguridad del líder político. Además, hizo públicos aspectos del ámbito íntimo y familiar que no tenía autorización de difundir. El fallo se fundamenta en las declaraciones públicas que hizo el entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, quien sugirió de forma inexacta que el comportamiento de Uribe Turbay influyó en el atentado que le quitó la vida. La Corte señaló que estas afirmaciones cuestionaron injustificadamente la coordinación de su esquema de seguridad y vulneraron la reserva de la información, aunque aclaró que el exdirector no fue responsable de la narrativa sobre un "autoatentado".Asimismo, el tribunal determinó que el exfuncionario excedió los límites de la libertad de expresión permitidos a un servidor público al revelar detalles privados de la vida familiar del exsenador. La Sala explicó que el Estado tiene la obligación de proteger la oposición política, moderar el discurso oficial y evitar señalar a los opositores como si fueran enemigos o antagonistas extremos.También fueron encontradas fallas en la atención prestada a la viuda de Miguel Uribe Turbay. La UNP no respondió de fondo ni de forma clara las solicitudes de rectificación que ella presentó, violando así sus derechos a la verdad y a la información. Para reparar esta situación, la Corte le ordenó a la UNP que en las próximas 48 horas debe realizar un acto público de disculpas a la familia de Miguel Uribe Turbay en una rueda de prensa de alcance nacional con medios públicos y privados. En dónde debe reconocer que "que excedió los límites de la libertad de expresión en la emisión del discurso institucional" y "que el momento de la emisión del discurso impidió la réplica como parte esencial del derecho a la oposición política".Además, la entidad deberá en las próximas 48 horas a María Claudia Tarazona entregarle una respuesta clara, motivada y detallada a su petición de rectificación, evitando cualquier tipo de revictimización.Debido a esta decisión, la Corte le dio un plazo de un mes a la UNP para modificar sus normas y protocolos internos. De esta forma, la entidad deberá fijar reglas estrictas para garantizar que la información de seguridad vinculada a la intimidad de las personas protegidas jamás sea expuesta al público.Finalmente, el tribunal ordenó a la UNP, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría crear un equipo de seguimiento conjunto. Este grupo evaluará de manera constante los esquemas de seguridad de los líderes de la oposición que se encuentren en situaciones de alto riesgo.
El proceso contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, quien estaba al frente del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, deberá continuar después de que el Tribunal Superior Militar y Policial anuló la decisión que había cerrado el expediente en su contra.La decisión se produjo después de una apelación presentada por la Procuraduría, que cuestionó el cierre de la investigación y señaló posibles inconsistencias jurídicas en la decisión de primera instancia. Ahora, el proceso deberá avanzar nuevamente para establecer si hubo alguna responsabilidad del uniformado en las circunstancias que rodearon el ataque.¿Qué investigan al jefe del esquema de seguridad?El proceso penal busca determinar si Gómez Velasco pudo incurrir en el delito de prevaricato por omisión, relacionado con un posible incumplimiento o retraso en las gestiones de seguridad necesarias para el evento público en el que ocurrió el magnicidio de Uribe Turbay.En primera instancia, un juzgado militar había ordenado cerrar la investigación. Entre los argumentos expuestos estaba que el esquema de seguridad del senador tenía capacidades limitadas y que la información sobre la agenda del evento habría sido comunicada de manera tardía al equipo encargado de su protección.La Procuraduría no estuvo de acuerdo con esa decisión y presentó un recurso de apelación.Al estudiar el recurso, el Tribunal Superior Militar y Policial determinó que había elementos que debían ser revisados y declaró la nulidad de lo actuado, al identificar contradicciones jurídicas en el fallo de primera instancia.La Procuraduría también había cuestionado que no se analizaran con suficiente profundidad algunos elementos relacionados con las declaraciones y confesiones obtenidas durante la investigación del atentado.
Esta semana se conocieron nuevas indagaciones sobre una línea de trabajo en el proceso de investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se trata de una posible infiltración de su esquema de seguridad.La Fiscalía investiga reuniones que habrían sostenido dos de sus escoltas con alias ‘El Viejo’, señalado como uno de los organizadores materiales del crimen. La situación encendió las alarmas debido a que algunos de los integrantes del esquema que protegían al senador continúan encargados de la seguridad de su familia. Ante el temor expresado por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, el Gobierno Nacional adoptó medidas para reforzar su protección. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, informó que el director de la Policía, general Alejandro Barrera, visitó personalmente a Tarazona y que, posteriormente, se tomaron acciones inmediatas.Además, Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ordenó renovar el esquema de seguridad asignado a la familia.Lara Restrepo calificó como “muy preocupante” la información sobre una presunta complicidad o cercanía entre miembros del esquema de seguridad de Miguel Uribe y sus asesinos, y aseguró que el caso debe ser investigado “hasta las últimas consecuencias”.El ministro también manifestó la preocupación del Gobierno por una posible infiltración del crimen organizado en la UNP y reiteró a María Claudia Tarazona el respaldo del Ejecutivo y su compromiso con la lucha contra el crimen.
Una juez penal especializada avaló la negociación judicial alcanzada mediante preacuerdo entre la Fiscalía y Jhorman David Mora Silva, alias 'Caleño', y Cristian Camilo González Ardila, quienes reconocieron su participación en las labores de planeación y logística del magnicidio del precandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay.Como resultado del preacuerdo, Mora Silva deberá cumplir una pena de 15 años y 8 meses de prisión, mientras que González Ardila fue condenado a 11 años y 7 meses de prisión.Los dos procesados aceptaron su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir agravado, y uso de menores en la comisión de delitos.De acuerdo con la investigación adelantada por un grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora Silva tuvo participación en la preparación del ataque y fue quien contactó al menor de edad que posteriormente disparó contra Miguel Uribe Turbay.La Fiscalía estableció además que, durante el día del atentado, Mora Silva sostuvo una videollamada con otros integrantes del plan criminal, entre ellos Elder José Arteaga Hernández. Durante esa comunicación, según la investigación, el adolescente recibió instrucciones precisas relacionadas con la forma en que debía proceder para ejecutar el ataque.La participación de Mora Silva, de acuerdo con los elementos expuestos por la Fiscalía, estuvo relacionada con labores de contacto y coordinación dentro del plan que terminó con el ataque contra el entonces senador y precandidato presidencial.Por su parte, Cristian Camilo González Ardila aceptó que se vinculó al plan criminal con el compromiso de recoger en una motocicleta al menor de edad que ejecutó el atentado, con el propósito de facilitar su huida después del ataque.Como parte de esa labor, González Ardila recibió una transferencia de dinero destinada a cubrir el combustible de la motocicleta y permitir su desplazamiento hasta el punto que había sido acordado para recoger al menor.Sin embargo, el plan de escape no se concretó como estaba previsto. Con las dos sentencias conocidas este jueves, ya son siete las condenas en firme relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
La Fiscalía General de la Nación mantiene las labores de verificación y análisis de elementos de prueba dentro de la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, con el propósito de judicializar a los cabecillas de la Segunda Marquetalia, quiénes estuvieron detrás del crimen, determinar el origen del pago para ejecutarlo y esclarecer si existió una motivación adicional para ordenar el asesinato.Dentro de esas diligencias, uno de los elementos que siguen verificando y analizando es la información entregada en el interrogatorio del menor de 17 años que se presentó voluntariamente ante las autoridades y posteriormente escapó de un centro del ICBF. Su testimonio es objeto de análisis por parte de los investigadores debido a las referencias que hizo sobre la estructura que participó en el atentado y, particularmente, sobre un supuesto “Escolta del Senador”, que habría aparecido registrado en el teléfono de Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’, señalado como uno de los integrantes y líderes de la organización que habría materializado en Bogotá la solicitud criminal atribuida a la Segunda Marquetalia.La Fiscalía busca establecer la veracidad, alcance y correspondencia de esta información con los demás elementos recopilados en el proceso.En su declaración, el menor relató que conoció a un hombre identificado como José Cedeño y que, posteriormente, habría tenido contacto con ‘Chipi’. Según su versión, entre el 24 y el 26 de mayo recibió una propuesta para ejecutar el homicidio a cambio de 20 millones de pesos. El joven aseguró: “CHIPI me dice que había un trabajo de unos cuantos millones y me muestra la foto de una persona y me dice que a él tocaba matarlo”.El menor sostuvo que inicialmente no sabía que la persona señalada era un senador o candidato y agregó que ‘Chipi’ le habría dicho que tenía “unos escoltas” vinculados con él. También mencionó a un hombre conocido como ‘Firma’, a quien, según su relato, otros integrantes de la organización reconocían como una autoridad dentro de la estructura en Bogotá.De acuerdo con el interrogatorio, “Firma es el que lleva el control de ese grupo aquí, en Bogotá” y sería quien autorizaba, según la versión entregada, el acceso a armas, vehículos y motocicletas. El joven también afirmó que el supuesto homicidio contra el senador hacía parte de una lista de “vueltas” que el grupo tendría previstas en Bogotá.Sobre esa expresión, explicó que se refería a “sicariatos, homicidios” y aseguró que los integrantes de la estructura contaban con un grupo de WhatsApp en el que, según su versión, se compartían fotografías e información de las personas que serían víctimas de los ataques, el designado chat "Plata o Plomo". En ese supuesto grupo, el menor mencionó a ‘Chipi’, William, a quien identificaba como el “hermano”, a alias ‘Gabriela’, a quien posteriormente identificó como Katherine, y a otro hombre llamado Erik Josué, de quien dijo no recordar el apellido, un hombre venezolano y tatuador en Soacha que habría conocido el plan criminal.El testimonio adquiere relevancia porque el joven aseguró que en ese grupo se compartía información relacionada directamente con el senador. Según dijo, allí fueron enviadas “ubicaciones” y datos sobre las actividades que realizaba el entonces candidato. También afirmó que los integrantes de la estructura conocían la ubicación de su vivienda y de una camioneta utilizada por él.El menor señaló, además, que, según las conversaciones que alcanzó a observar, se analizaban los recorridos que realizaba el senador. En particular, afirmó que hablaban de un camino o callejón por el que Miguel Uribe debía pasar cerca de su vivienda y de la posibilidad de ejecutar el ataque en ese punto.Uno de los elementos que sigue siendo objeto de especial verificación por parte de la Fiscalía corresponde a una comunicación de alias ‘Chipi’ con un contacto que, según el interrogado, estaba guardado en su teléfono como “Escolta Senador”.El menor aseguró que el mismo día del atentado ‘Chipi’ realizó una llamada por WhatsApp a ese contacto. De acuerdo con su declaración, ‘Chipi’ hablaba poco sobre esa persona, pero decía que la información sobre el senador la estaba obteniendo por alguien que tenía relación con él. El interrogado también relató un episodio ocurrido en mayo de 2025, cuando se encontraba con ‘Chipi’ en un taller de motos. Según su versión, en ese lugar observó que el señalado realizó una llamada al mismo contacto identificado como “ESCOLTA SENADOR”. La comunicación, de acuerdo con el testimonio, fue muy corta.“Esa llamada no duró ni tres segundos, solamente contestó esa persona y respondió ‘HAY MANIFESTACIONES’”, aseguró el menor en el interrogatorio.La Fiscalía continúa en la investigación para establecer la veracidad y alcance de estas afirmaciones mediante el análisis de los dispositivos, comunicaciones y demás elementos materiales probatorios que hagan parte de la investigación. En particular, será necesario determinar si el contacto denominado “Escolta del Senador” corresponde efectivamente a una persona cercana al esquema de seguridad de Miguel Uribe y cuál era la naturaleza de la información que habría sido transmitida a alias ‘Chipi’ en la línea de investigación que busca determinar si hubo fallas en las decisiones de la UNP.
Un juez penal especializado de Bogotá dio lectura a la sentencia de 21 años y 4 meses de prisión contra Harold Barragán por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación de armas de fuego en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tras obtener un preacuerdo con la Fiscalía.Según las pruebas recopiladas, participó en videollamadas en las que se coordinaron acciones previas y posteriores al ataque, incluyendo el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el crimen. Además, se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima, así como haber colaborado con Elder José Arteaga, alias 'Chipi', para facilitar su ocultamiento y evasión de las autoridades.La Fiscalía también estableció que Barragán Ovalle hacía parte de un grupo delincuencial dedicado a la comisión de homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas.Por estos hechos, ya han sido vinculadas formalmente nueve personas. Entre ellas se encuentra Simeón Pérez Marroquín, señalado como intermediario entre los determinadores del homicidio, así como Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González,quienes ya fueron condenados a penas superiores a los 21 años de prisión.
En una sentida ceremonia en la Catedral Primada de Colombia, en el centro de Bogotá, familiares, amigos, congresistas y dirigentes políticos conmemoraron este martes un año de la muerte del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.Durante la Eucaristía, monseñor Sergio Raúl Pulido destacó la vida de servicio de Miguel Uribe.“Estamos aquí para dar gracias por una vida empleada al servicio y para pedirle a Dios que reciba a su hijo querido y fiel en la plenitud de su amor, de su misericordia. Porque una sociedad madura sabe reconocer el servicio incluso cuando no comparte todas las ideas”, señaló.Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia estuvo a cargo de Emilia Acosta, una de las hijas de María Claudia Tarazona, quien recordó la relación que construyó Miguel Uribe con ella y sus hermanas y agradeció que las hubiera acogido como sus propias hijas.“Nos amaste intensamente desde el principio. Sé que no fue fácil, pues éramos tres niñas chiquitas apegadas a su mamá. Aun así lo hiciste, te quedaste, nos elegiste. Tuviste una generosidad inmensa, nos cuidaste como si fuéramos tuyas”, aseguró.Por su parte, María Claudia Tarazona pronunció un sentido discurso en el que recordó el momento en que, hace exactamente un año, recibió la noticia de la muerte de su esposo y habló de lo que ha significado atravesar este primer año sin él.“Después de un año de haber sobrevivido a la muerte de Miguel, puedo mirar hacia atrás y, por la calma que me da la suave brisa con la que en medio de la tormenta Dios decide abrazarme, logro ver la luz en medio de tanto dolor”, dijo.A la ceremonia también asistió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien recordó la trayectoria política de Miguel Uribe, destacó su trabajo en el Congreso y aseguró que tenía las condiciones para llegar a la Presidencia de la República.“Líderes como Miguel son excepcionales. Estudiaba, era un líder de opinión del Congreso de la República, sincero, y, al mismo tiempo, un gran organizador político. (…) Hace mucha falta Miguel Uribe. Líderes como él son, nacen muy de vez en cuando”, agregó.También estuvieron presentes los senadores del partido Centro Democrático, Juan Espinal, Andrés Forero, Claudia Margarita Zuleta, María Clara Posada, el senador Jota Pe Hernández y las exsenadoras Paloma Valencia y María Del Rosario Guerra, además de otros dirigentes políticos, familiares y personas cercanas a Miguel Uribe.Los actos conmemorativos continuaron durante la tarde con una segunda misa convocada por su padre, Miguel Uribe Londoño; su hermana, María Carolina Hoyos Turbay, y otros integrantes de la familia.
A un año del magnicidio y posterior fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el proceso judicial ha dejado siete condenas contra personas vinculadas a la ejecución y logística del atentado, mientras permanece pendiente el avance de la judicialización de los cabecillas de la Segunda Marquetalia señalados por la Fiscalía como presuntos determinadores del crimen.Víctor Mosquera, abogado representante de las víctimas y de la familia Turbay, hizo un llamado para que la investigación avance más allá de los responsables materiales. “Tengo el deber de decir que, un año después, el homenaje más importante que podemos hacerle no consiste solamente en recordarlo. Consiste en exigir verdad y justicia”, afirmó.El abogado reconoció los avances alcanzados por la Fiscalía y señaló que “la investigación ha permitido avanzar por la labor incansable de la Fiscalía y se ha judicializado a todos los autores materiales. Es un resultado que debe reconocerse. Pero no es suficiente”. Mosquera insistió en la necesidad de establecer quiénes estuvieron detrás de la planeación del atentado y cuál fue la cadena de responsabilidades. “Colombia necesita saber quiénes determinaron este crimen. Quiénes lo instigaron. Quiénes lo financiaron. Quiénes impartieron las órdenes. Quiénes tuvieron interés en silenciar a Miguel”, señaló.En este punto permanece uno de los principales asuntos pendientes dentro de la investigación. Un juez de control de garantías negó la solicitud de la Fiscalía para declarar como personas ausentes a siete cabecillas de la Segunda Marquetalia, entre ellos alias “Iván Márquez”, “John 40”, “Zarco Aldinever”, “Rusbel”, “Enrique Marulanda”, “Gonzalo” y “Yako”, investigados por su presunta responsabilidad como determinadores del magnicidio.El despacho concluyó que no estaban acreditados los requisitos materiales y formales para adoptar esa decisión. Entre los argumentos expuestos estuvo la existencia de errores en las labores de localización adelantadas por la Policía Judicial en el caso de Kendry Téllez, incluida la utilización de un correo electrónico y un número telefónico equivocados.Además, la juez señaló que la Fiscalía debía realizar labores de búsqueda individualizada frente a los demás investigados, pese a que registros de la Nueva EPS reportaban, para mayo de 2026, afiliaciones activas y datos de contacto vigentes en territorio nacional. Por esta razón, el despacho exhortó a la Fiscalía a corregir las falencias detectadas y realizar nuevas labores de ubicación. “En consecuencia, el despacho exhortó a la delegada fiscal para que subsane las falencias detectadas, realicen las instalaciones y verificaciones correspondientes mediante los canales de contacto correctos y adelanten nuevas labores de ubicación”, señala la decisión.La Fiscalía, por ahora, asegura que no ha presentado nuevamente la solicitud de declaratoria de persona ausente, debido a que continúan las actividades de policía judicial ordenadas por la juez.Mientras tanto, el proceso registra avances frente a quienes ya fueron judicializados. De las nueve personas procesadas, siete han obtenido condenas mediante preacuerdos. Entre ellas está Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño” o “Chipi”, con un preacuerdo aprobado por 26 años y tres meses de prisión, aunque está pendiente la lectura de sentencia.También está William Fernando González Cruz, alias “El Hermano” o “El Viejo”, con un preacuerdo aprobado por 21 años y nueve meses de prisión, y Harold Daniel Barragán Ovalle, con un preacuerdo de 21 años y cuatro meses de prisión, cuya lectura de sentencia está prevista para el 14 de agosto.Asimismo, Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión; Katherine Andrea Martínez Martínez recibió una condena de 21 años y dos meses; y Carlos Eduardo Mora González fue condenado a 21 años de prisión. En el caso del menor de edad vinculado al atentado, se impuso una sanción de siete años de internamiento preventivo.Aún está pendiente el aval de la negociación alcanzada con Cristian Camilo González Ardila, señalado de ser el motociclista encargado de labores logísticas y de transporte del sicario. También está pendiente la definición de un eventual preacuerdo para Jhorman David Mora Silva, señalado de realizar una videollamada al menor de edad para convencerlo de ejecutar el ataque. De aprobarse esa negociación, podría enfrentar una pena superior a diez años de prisión.
Durante su discurso de posesión presidencial desde el Cantón Militar de Pichincha, Abelardo De La Espriella rindió un homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto, a los 39 años, después de permanecer hospitalizado durante semanas tras el atentado que sufrió en Bogotá. El nuevo mandatario recordó al dirigente político como un “mártir” de la campaña electoral y aseguró que su memoria permanecerá en el país.El homenaje ocurrió cuando De La Espriella hacía referencia a la violencia política que ha marcado diferentes episodios de la historia de Colombia. En ese momento, el presidente señaló que ninguna reivindicación política o ideológica puede justificar que un colombiano ataque con armas a otro y sostuvo que el país volvió a vivir esa tragedia durante la campaña electortal.“Lo volvimos a sufrir durante la campaña que condujo a la victoria marcada por el sacrificio de un mártir”, afirmó De La Espriella antes de dedicar unas palabras directamente a la memoria de Uribe Turbay. El mandatario recordó así al senador, quien fue víctima de un atentado el 7 de junio del 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, mientras realizaba actividades relacionadas con su campaña."Rindo un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que, gracias a Dios, hoy termina. Gracias, Miguel Uribe Turbay, en el cielo. Colombia nunca te va a olvidar", dijo el presidente.Vale recordar que Uribe Turbay permaneció hospitalizado desde el ataque y enfrentó múltiples complicaciones médicas. En la madrugada de ese lunes, la Fundación Santa Fe de Bogotá informó sobre su fallecimiento, luego de que una hemorragia en el sistema nervioso central agravara su estado de salud. Dos días antes, el centro médico había reportado que el senador había requerido nuevas intervenciones neuroquirúrgicas de urgencia, además de reiniciar la sedación profunda y el bloqueo neuromuscular.El homenaje a Miguel Uribe Turbay se produjo en uno de los primeros momentos del discurso presidencial de De La Espriella, quien también habló sobre la necesidad de recuperar la seguridad y combatir a las organizaciones criminales.
En un extenso discurso en el Congreso, el presidente Gustavo Petro habló por última vez como jefe de Estado y se refirió a los logros que tuvo su administración durante los cuatro años que estuvo en el cargo, en donde, según él, la seguridad fue pilar y, en especial, para todos los actores de oposición."Por eso no hubo estallidos sociales en mi gobierno y por eso, cuando hubo conflictividad social y política en la oposición, nadie perdió un ojo, nadie murió. Este Estado no asesinó a nadie. No llevé a nadie a la cárcel", dijo el presidente, sin embargo, dichas palabras causaron un fuerte malestar en la familia de Miguel Uribe Turbay, en especial en su esposa, María Claudia Tarazona, que, en diálogo con Recap, aseguró que el mandatario "faltó al respeto" a su familia al referirse al asesinato de su esposo.Tarazona, viuda del entonces precandidato del Centro Democrático, sostuvo que Miguel Uribe fue "el líder de la oposición más importante" durante el actual Gobierno y aseguró que las palabras del mandatario representan una revictimización para su familia y para quienes han sufrido la violencia en el país."Que no mienta. Me parece una falta de respeto conmigo, con mis hijos y con Alejandro que el presidente Petro haya desconocido y haya mentido sobre la muerte de Miguel. Es una falta de respeto no solo conmigo, sino también con los cientos de víctimas que tuvo este nefasto Gobierno", aseveró.Tarazona aseguró que, tras el asesinato de Miguel Uribe, ningún funcionario del Gobierno nacional se comunicó con su familia. También criticó las publicaciones del presidente Petro sobre el caso, al considerar que desviaron la atención de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y, aunque hubo avances con la captura de varios implicados, criticó que actualmente el proceso atraviesa "un momento de estancamiento", especialmente tras el preacuerdo alcanzado con alias 'El Costeño', señalado de coordinar la logística del crimen."Estamos en un punto estancados. La Fiscalía aceptó un preacuerdo que realmente no demuestra ni justicia ni una condena digna para nosotros como familia (...) Una de las teorías que hoy todavía subsisten y está en construcción en materia probatoria es que el crimen de Miguel es un crimen de Estado", añadió.Por otro lado, Tarazona se pronunció sobre el proyecto presentado por el Centro Democrático para aumentar la responsabilidad penal de los menores que cometan delitos graves, tema que cobró relevancia debido a que el autor material del atentado contra el senador era menor de edad. Aunque respaldó la discusión sobre un endurecimiento de las sanciones, insistió en que la política criminal debe enfocarse también en la prevención y en la protección de los niños y adolescentes.
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró que José Manuel Sierra Sabogal, conocido con el alias de ‘Zarco Aldinever’, murió tras ser asesinado por alias ‘Pablo Arauca’, integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN).En entrevista con Blu Radio, Patiño explicó que decidió verificar la información ante las dudas que existían sobre la muerte del señalado integrante de las disidencias. Según afirmó, consultó a personas de "alta confiabilidad", quienes le confirmaron que el cabecilla había sido asesinado."La fuente más confiable que encontré me dijo, 100 %, que sí estaba muerto. Primero, que estaba muerto; segundo, que lo había matado Pablito Arauca; y, tercero, que el cadáver no fue enterrado, sino arrojado al río", aseguró el funcionario.Aunque indicó que, jurídicamente, la muerte aún no puede darse por confirmada debido a que no se ha realizado el levantamiento del cuerpo, sostuvo que la información recibida proviene de una fuente primaria en la que confía plenamente.Alias ‘Zarco Aldinever’ fue señalado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los presuntos responsables de coordinar el asesinato del senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con las investigaciones, habría dado la orden para organizar el ataque desde un punto aún no determinado de la región fronteriza con Venezuela.Patiño también explicó que el Gobierno ya no mantiene ningún tipo de relación con la Segunda Marquetalia, organización a la que pertenecía Sierra Sabogal. Según dijo, ese proceso se rompió entre finales de 2024 y 2025, tras la fragmentación del grupo armado y la pérdida de su estructura de mando.Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan recopilando información para establecer las circunstancias de la muerte de alias ‘Zarco Aldinever’ y avanzar en el esclarecimiento del atentado contra Miguel Uribe Turbay.
La juez Novena Penal del Circuito Especializado de Bogotá avaló los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, y William Fernando González, alias “El Hermano”, procesados por su presunta participación en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Con la decisión judicial, alias “Chipi” fue condenado a 26 años y 3 meses de prisión, mientras que alias “El Hermano” deberá cumplir una pena de 21 años y 9 meses de cárcel, conforme a los términos acordados con el ente acusador. Al sustentar la decisión, la juez señaló que la dosificación de las penas cumplía con los criterios legales y jurisprudenciales exigidos para este tipo de acuerdos. “Se pactó, frente al señor Arteaga Hernández, el monto de 315 meses de prisión y se tuvo en cuenta el aumento en razón del concurso (…) la misma constituye 26 años y 3 meses para el procesado, lo que a juicio de este juzgado no es una pena irrisoria ni simbólica. Se trata de una sanción grave que refleja la magnitud del crimen y que tiene un efecto ejemplarizante”, afirmó.Respecto a William Fernando González, la funcionaria judicial indicó que “la misma también se ajustó a esos límites de discrecionalidad que se encuentra en cabeza de la Fiscalía General”, al referirse a la pena de 261 meses de prisión, equivalente a 21 años y 9 meses.Durante la primera audiencia también quedó registrada una conversación sostenida entre alias “Chipi”, recluido en la cárcel de Girón, Santander, y William Fernando González, antes del inicio formal de la diligencia. En ese intercambio, Arteaga Hernández manifestó “Con ganas de salirme de acá, socio, la peor cárcel. No, manito, ni señal para llamar, nada”, comentario que quedó consignado en la grabación de la audiencia. La decisión judicial fue apelada por la representación de las víctimas, encabezada por el abogado Víctor Mosquera, quien solicitó que no se avalara el preacuerdo suscrito con Elder José Arteaga Hernández. El apoderado sostuvo que el procesado no realizó un aporte efectivo al esclarecimiento de los hechos, que contó con varias oportunidades para desistir de la ejecución del crimen y que la pena pactada no resulta proporcional frente a la gravedad del magnicidio ni satisface plenamente los derechos de las víctimas.
La Justicia Penal Militar precluyó la investigación adelantada contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez, jefe asignado a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) e integrante del esquema mixto de seguridad de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al concluir que no existían elementos para atribuirle responsabilidad por comisión por omisión en calidad de garante dentro de la investigación por el magnicidio.Durante el proceso, la Fiscalía Penal Militar determinó que el evento político realizado en el parque El Golfito fue planeado con varios días de anticipación por el equipo del senador, sin que el esquema de seguridad fuera incluido en la organización ni en la notificación de los cambios de agenda. En ese sentido, el ente investigador sostuvo que “las pruebas demuestran que se redujo la capacidad de respuesta anticipada del esquema de protección, donde los hechos probados permitieron evidenciar planificación realizada por el equipo de trabajo del senador, sin incluir al esquema de seguridad”.La Fiscalía precisó además que, según las entrevistas recaudadas, el acto político se preparó con al menos una semana de anticipación e incluso contó con una pregira logística, mientras que la secretaria privada del senador informó oficialmente al subcomisario Gómez sobre la actividad únicamente el mismo sábado 7 de junio a las 7:07 de la mañana. En consecuencia, concluyó que existió una “imposibilidad material de realizar la avanzada que exige que el hombre de avanzada inspeccione los sitios con 1 o 2 días de antelación para verificar rutas, hospitales cercanos, identificar refugios seguros y coordinar con la policía de la jurisdicción”.Al resolver el caso, el juez consideró que decisiones como la distribución del esquema de protección entre el senador y su familia o el descanso de tres de sus integrantes el día del evento correspondían a funciones administrativas ajenas a la responsabilidad directa del subcomisario. En la decisión señaló que “la fuerza criminal de quienes venían planeando este magnicidio superó el esfuerzo del hombre de protección subcomisario Gómez Velasco” y resaltó que el uniformado actuó con la información y los medios disponibles.El despacho también destacó que, tras el ataque, el subcomisario reaccionó protegiendo al senador con su propio cuerpo y exponiendo su vida para evitar una nueva agresión. Finalmente, concluyó que “el elemento subjetivo del delito de prevaricato por omisión no puede ser inferido a partir de apreciaciones subjetivas ni de la mera ocurrencia de un resultado lesivo, sino que exige prueba concreta que permita establecer la existencia de una voluntad consciente y deliberada de omitir el cumplimiento de ese deber”, razón por la cual resolvió precluir la investigación a su favor.
La juez Novena Penal del Circuito Especializado de Bogotá anunció que el próximo 1 de julio, a las 3:30 de la tarde, dará a conocer si aprueba o no los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, y William Fernando González, alias “El Hermano”, procesados por su presunta participación en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. De ser aprobados, alias “Chipi” cumpliría una condena de 26 años de prisión, mientras que alias “El Hermano” pagaría 21 años de cárcel.Antes del inicio de la diligencia judicial, alias “Chipi”, quien permanece recluido en la cárcel de Girón, Santander, sostuvo una conversación con William Fernando González en la que hizo referencia a las condiciones de reclusión. Durante el intercambio manifestó: “Con ganas de salirme de acá, socio, la peor cárcel. No, manito, ni señal para llamar, nada”, expresión que quedó registrada antes de la instalación formal de la audiencia de aprobación del preacuerdo.Durante la diligencia, la representación de las víctimas, encabezada por el abogado Víctor Mosquera, solicitó al despacho no avalar el acuerdo celebrado entre la Fiscalía y Elder José Arteaga Hernández. El apoderado argumentó que el procesado no realizó un aporte efectivo a la investigación, que tuvo varias oportunidades para desistir de la ejecución del crimen y que la pena acordada no guarda proporcionalidad con la gravedad de los hechos ni garantiza plenamente los derechos de las víctimas.En su intervención, Mosquera pidió que se efectuara un control sobre la negociación y afirmó: “Se haga un control de convencionalidad sobre la proporcionalidad de la pena impuesta, y se revise y se impruebe este acuerdo precisamente porque no comporta una verdad de la justicia, y antes está desacreditando la administración de justicia”. Asimismo, sostuvo que el preacuerdo sería contrario a los principios de legalidad y proporcionalidad, y vulneraría los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.Por su parte, el abogado defensor, Juan Simijaca, solicitó al despacho impartir aprobación y legalidad a los acuerdos suscritos con la Fiscalía, al considerar que cumplen los requisitos y garantizan los derechos de las partes intervinientes.
Un año después del atentado que cobró la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación ha presentado avances que apuntan hacia una estructura criminal con antecedentes de persecución política. La fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, quien lidera la investigación, confirmó que los indicios señalan a la Segunda Marquetalia como la organización responsable de planear y ejecutar el crimen que conmocionó al país.Según explicó la funcionaria en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el proceso judicial ha logrado la vinculación de 17 personas, de las cuales nueve permanecen privadas de la libertad. Hasta la fecha, se han consolidado cuatro sentencias condenatorias y se encuentran en trámite varios preacuerdos.El rastro de la Segunda Marquetalia en el caso Miguel Uribe TurbayPara la Fiscalía, el asesinato de Uribe Turbay no es un hecho aislado, sino una consecuencia de la continuidad operativa de los cabecillas de la antigua guerrilla. De acuerdo con la fiscal Jaramillo, la conexión entre el crimen actual y el pasado es directa: “En esa sentencia del 18 de septiembre de 2009, el juez y la Corte dejaron plasmado que las Farc habían declarado objetivo a la familia Turbay”.La fiscal detalló que el grupo armado ilegal, bajo la denominación de "Segunda Marquetalia" y encabezado por alias 'Iván Márquez', mantiene una estructura de desestabilización institucional que se refleja en este caso. “Hoy, Iván Márquez, quien fue condenado en esa sentencia de 2009, forma parte de la Segunda Marquetalia. En el desarrollo de esa desestabilización del país es que precisamente se presenta este atentado”, afirmó Jaramillo.Los detalles de la investigación por el crimen de Miguel Uribe TurbayLa investigación ha logrado establecer una línea de tiempo minuciosa que abarca desde enero, mes en que fue contactado el primer ejecutor, hasta los seguimientos realizados en marzo y abril. Para lograr este nivel de detalle, la Fiscalía empleó pruebas técnicas de geolocalización que permitieron ubicar a los implicados en reuniones clave y en las zonas donde se preparó el atentado.Sobre el móvil, Jaramillo destacó que la caracterización de la víctima fue fundamental para entender el porqué del crimen. “El senador era una persona estudiada, sin investigaciones penales y con un proyecto de país que representaba credibilidad en las instituciones. A esa situación se une el objetivo de desestabilizar al país”, aseguró la fiscal.La complejidad del caso ha implicado riesgos directos para quienes lideran la búsqueda de justicia. La fiscal Jaramillo reveló que, debido a la naturaleza de los hallazgos y la peligrosidad de los determinadores, los cinco fiscales del grupo investigador han sido blanco de intimidaciones. “Llegaron amenazas como ‘lo vamos a quitar del camino’, ‘no investiguen tanto’ o ‘ya sabemos quiénes son y que tienen familia’. Esto ameritó fortalecer la seguridad y cambiar la estrategia investigativa”, puntualizó.Vea la entrevista completa con la fiscal Deicy Jaramillo en Mañanas Blu: