El decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro dispuso el traslado de 25 billones de pesos desde las AFP a Colpensiones enfrenta varias demandas ante el alto tribunal, y una de ellas acaba de ser admitida para su estudio. Esta viene por parte de Jesús Baena, quien le pidió al Consejo de Estado la nulidad total de la norma al considerar que vulnera disposiciones constitucionales y legales.
El decreto demandado establece que las administradoras de fondos de pensiones deben trasladar la totalidad de los ahorros de los afiliados que decidan cambiarse de régimen, incluidos capital y rendimientos financieros, en plazos que van entre 15 y 30 días, dependiendo de si el afiliado ya consolidó o no su derecho pensional.
El Consejo de Estado ya hizo lo propio, notificando a las partes como los Ministerios de Hacienda y Trabajo para que, en un término de 30 días, se pronuncien.
Y es que gremios como Asofondos anunciaron demandas y solicitudes de medidas cautelares contra este decreto. Para los fondos, este decreto va en contra de las leyes vigentes, que establecen que los recursos deben permanecer invertidos y ser gestionados por las AFP hasta que los afiliados consoliden su derecho a la pensión.
Y es que esta medida no afecta a todos los afiliados, sino únicamente a unas 127 mil personas que recientemente se cambiaron del régimen privado al público y que están cerca de la edad de pensión (hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 47).
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