La Fiscalía General de la Nación judicializó una organización que, presuntamente, habría obtenido más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas realizadas desde establecimientos carcelarios del país, principalmente desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota, en Bogotá.
En este proceso aparece Fabián Viracachá Ballén, alias ‘El Don’ o ‘Pluma’, quien se encuentra privado de la libertad y está postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz como exintegrante de las extintas Farc. Viracachá cumple una condena de 38 años de prisión por el crimen de un integrante de la Policía Nacional y otras conductas ilícitas.
La Fiscalía también le atribuye presuntas extorsiones y lesiones personales contra otras personas privadas de la libertad. En el nuevo proceso, el ente investigador señala que, pese a estar recluido, habría mantenido el control criminal y financiero del entramado, además de ejercer injerencia en varios patios del establecimiento carcelario.
La investigación se originó en un Reporte de Operación Sospechosa y permitió analizar más de 631.000 operaciones financieras y documentar 43 noticias criminales relacionadas con denuncias y reportes de víctimas.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, integrantes de la organización habrían burlado los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para acceder a teléfonos celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras. Desde las cárceles realizaban llamadas y contactaban a potenciales víctimas en diferentes regiones del país.
Una de las modalidades consistía en crear perfiles falsos de mujeres en WhatsApp para ofrecer supuestos servicios sexuales. Posteriormente, obtenían fotografías de las víctimas a través de redes sociales o realizaban montajes y, con ese material, presuntamente las amenazaban con divulgar información o imágenes relacionadas con supuestos delitos sexuales, a cambio de transferencias de dinero.
Publicidad
Según la Fiscalía, después de conseguir un primer pago, los integrantes de la estructura incrementaban las amenazas para obtener nuevas transacciones. Los recursos eran recibidos en billeteras digitales y cuentas de terceros, desde donde posteriormente eran distribuidos entre los miembros de la organización.
El seguimiento financiero permitió identificar, además, un presunto esquema de ocultamiento de por lo menos 2.000 millones de pesos en menos de cuatro años. Parte de los recursos, de acuerdo con la investigación, habría sido destinada a la compra de inmuebles, vehículos y otros activos, así como a mantener el control dentro del establecimiento penitenciario y facilitar el ingreso y comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos.
La estructura estaría integrada, entre otros, por la esposa, el hijo y la hijastra de Viracachá Ballén, quienes presuntamente habrían facilitado el movimiento de los recursos y la adquisición de bienes.
Publicidad
La Fiscalía identificó seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá, en Cundinamarca, y Restrepo, en Meta. El ente investigador anunció que promoverá medidas cautelares sobre estos activos con fideicomiso.
Mientras Viracachá Ballén fue notificado del nuevo proceso en el centro carcelario donde permanece privado de la libertad, servidores del CTI, con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, capturaron a algunos de sus familiares: Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez.