El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no encontró irregularidades en los procesos competitivos para la gestión de préstamos en Colombia que terminaron siendo utilizados para pagarle a Marketmedios, empresa familiar de Roberto Prieto, en la ejecución de programas relacionados con eventos y campañas publicitarias para promover la seguridad vial y la política de logística del país.
La investigación, que se inició en marzo, responde a denuncias sobre presunta gestión de intereses privados por parte de Prieto, quien fue representante de Colombia ante del BID. Aunque dichos procesos competitivos se realizaron después de que Prieto dejó el cargo, se indagó si hubo participación indebida en la gestión inicial que comenzó meses antes.
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“El BID solicitó una investigación independiente sobre este tema, la cual no encontró evidencia de que se hayan violado las políticas y reglamentos del Banco”, asegura Paul Constance, jefe de la División de Gestión de Comunicación en el BID.
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El proceso se realizó en completa confidencialidad y su resultado reiteró la primera explicación del BID el 27 de marzo. En esa ocasión, la entidad dijo que los procesos competitivos fueron examinados por personal especializado, y que una vez verificados se otorgó la no objeción al Ministerio de Transporte para que procediera a la contratación. “El Ministerio posteriormente otorgó dos contratos adicionales a la empresa Marketmedios bajo la figura de continuidad contractual”, dice el comunicado de prensa.
Mientras el BID considera que no hubo irregularidades, la Procuraduría General de Colombia abrió una investigación en contra de Prieto por presunto conflicto de intereses. Para el ente investigador es necesario aclarar si la contratación que hizo el Ministerio de Transporte con los recursos que recibió del BID estuvieron mediados por la intervención de Prieto, quien se había trasladado a Washington después de la campaña presidencial del 2014, en la cual asesoró al presidente Juan Manuel Santos.
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La Procuraduría explicó que tiene jurisdicción para investigar este caso porque la representación de Colombia ante un organismo como el BID implica un ejercicio de función pública. De hecho, esta designación la hace el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.
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