Capturan a tres policías investigados por asesinato de un comerciante en Manizales

La Fiscalía General de la Nación capturó a la teniente coronel Martha Emilia Gañán Rojas, al intendente jefe Adalberto Zuluaga y al intendente Francisco Javier Hidalgo Quintero, quienes serán imputados por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado. Las investigaciones para esclarecer el crimen del comerciante Jairo Arley Carvajal Sánchez, quien fue secuestrado en Manizales en enero de 2011, y posteriormente encontrado muerto e incinerado en un vehículo, condujeron a la captura de tres integrantes de la Policía, adscritos a la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión. En Bogotá, el CTI detuvo a la teniente coronel Martha Emilia Gañán Rojas, quien para la época de los hechos se desempeñaba como comandante del grupo Gaula en Caldas. De otra parte, en Manizales, Caldas, fueron capturados el intendente jefe Adalberto Zuluaga y el intendente Francisco Javier Hidalgo Quintero. De acuerdo con las evidencias recopiladas hasta el momento, la oficial habría desviado desde el principio el curso de las indagaciones y, al parecer, en el informe oficial en el que reportaba las acciones realizadas por su unidad respecto al secuestro del comerciante, omitió detalles que entregaron varios testigos y que involucraban a funcionarios del Gaula y un vehículo que pertenecía a la institución. Por su parte, el intendente jefe Zuluaga y el intendente Hidalgo, presuntamente se reunieron con las personas que secuestraron a Jairo Arley Carvajal Sánchez, minutos antes de que se lo llevaran en contra de su voluntad; y hay elementos probatorios que también los señalan de cambiar la placa del carro en el que retuvieron a la víctima. Los tres policías serán presentados ante juez de control de garantías para las respectivas audiencias. La Fiscalía les imputará los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado, y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario. El comerciante estuvo secuestrado durante ocho horas y, antes de ser asesinado, sus victimarios lo obligaron a firmar escrituras y documentos en los que traspasaba varios de sus bienes a terceras personas.