La Fiscalía General de la Nación judicializó al exgobernador del Archipiélago de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por presuntas irregularidades en la contratación relacionada con el mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, obra cuyo valor ascendió a $11.125 millones.
Hawkins, quien estuvo al frente de la Gobernación entre 2020 y 2023, es investigado por su presunta responsabilidad en el direccionamiento de un contrato interadministrativo suscrito con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), vinculada a una red de corrupcion por al menos medio billón de pesos. Según los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, la actuación habría generado un peculado en favor de terceros por $4.330 millones.
De acuerdo con la investigación, el entonces gobernador delegó en el secretario de Infraestructura la suscripción del contrato interadministrativo con Aremca, firmado el 19 de octubre de 2022.
La Fiscalía sostiene que Aremca no contaba con la experiencia técnica de alta precisión requerida para desarrollar las intervenciones previstas en Haynes Cay. También señala que el estudio de mercado realizado para la contratación habría sido insuficiente.
Otro de los aspectos bajo investigación está relacionado con la naturaleza del proyecto. Según el ente investigador, la iniciativa fue presentada como una gerencia estratégica, aunque correspondía a la ejecución de una obra. Además, no figuraba registrada en el banco de proyectos de la Gobernación y no contaba con las autorizaciones requeridas para su desarrollo.
La Fiscalía también cuestiona que el contrato hubiera sido tramitado mediante contratación directa, pese a que, de acuerdo con la hipótesis del ente investigador, por sus características debía adelantarse mediante un proceso de licitación pública.
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Las obras comenzaron el 20 de abril de 2023. Para ese momento, según la Fiscalía, el proyecto no contaba con la licencia ambiental que debía expedir la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina, ni con los permisos correspondientes de la Dirección General Marítima, Dimar.
Durante la ejecución fueron construidas una plataforma y varios kioscos destinados a actividades turísticas. De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, estas estructuras enfrentan el riesgo de ser demolidas debido a la ausencia de los permisos correspondientes.
La investigación también señala que uno de los componentes previstos en el proyecto no llegó a ejecutarse. Se trata del muelle destinado al acceso de los turistas, identificado como uno de los principales ítems contemplados dentro de las actividades contratadas.
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La Fiscalía atribuye al exgobernador presuntas irregularidades relacionadas con la contratación y sostiene que estas actuaciones habrían permitido que terceros obtuvieran un beneficio económico. El monto señalado por el ente investigador como presunto peculado en favor de terceros es de $4.330 millones, dentro de un contrato cuyo valor total fue de $11.125 millones.