La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir una investigación formal contra el senador Carlos Andrés Trujillo González por su presunta relación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En un auto expedido por la magistrada Cristina Lombana Velásquez, el alto tribunal concluyó que las pruebas recaudadas durante la investigación previa no demostraron la existencia de una conducta penalmente relevante atribuible al congresista.
En esa línea, ordenó archivar las diligencias precisando que los hechos denunciados pueden y la decisión hoy puede ser revisada de nuevo si en el futuro aparecen nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos del auto.
La investigación se originó por una denuncia presentada por Enrique Gómez Martínez, quien sustentó sus señalamientos en publicaciones de medios de comunicación y en información difundida en redes sociales sobre el escándalo de los carrotanques adquiridos por la UNGRD para abastecer de agua a comunidades de La Guajira.
En la denuncia se planteaba una posible relación entre Trujillo y el entramado de corrupción debido a su antigua cercanía política con Olmedo López, exdirector de la entidad, así como por la influencia política que el senador tendría en el municipio de Uribia y por las visitas que un familiar suyo realizó a las oficinas de la UNGRD antes de las elecciones regionales de 2023.
Sin embargo, al revisar por ejemplo las declaraciones de los exdirectordes de la UNGRD, Carlos Carrillo y Olmedo López (hoy preso y en proceso de concretar un preacuerdo) así como del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago; de la exsubdirectora de la entidad Alethia Arango, y de Andrés Camilo González Giraldo, primo del senador, no encontraron evidencias relacionadas.
También fueron revisados los informes de Policía Judicial y la matriz de colaboración entregada por Olmedo López dentro del principio de oportunidad que le fue concedido por la justicia.
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La Corte concluyó que no existía evidencia que vinculara a Trujillo con el caso de los carrotanques. Uno de los elementos que más peso tuvo en la decisión fue la declaración de Carlos Carrillo, quien aseguró que no tenía pruebas sobre una eventual participación del senador en hechos de corrupción.
"Si tuviese una prueba documental de la participación del senador Carlos Andrés Trujillo en esquemas de corrupción, ya la habría hecho llegar a la justicia", afirmó durante su testimonio. A ello se sumó que Olmedo López, pese a colaborar con la Fiscalía y mencionar a otros funcionarios y congresistas en su matriz de colaboración, nunca señaló a Trujillo como participante de las irregularidades investigadas. Para la Sala, este hecho reforzó la inexistencia de elementos que permitieran avanzar hacia una investigación formal.
El alto tribunal también descartó que la relación política que existió entre Trujillo y Olmedo López cuando este hizo parte de su gabinete en la Alcaldía de Itagüí fuera suficiente para inferir la comisión de un delito. De igual manera, consideró que las visitas del primo del senador a la UNGRD, la afinidad política con el alcalde de Uribia o que una empresa que trabajó para un político cercano al congresista también hubiera contratado con la entidad estatal no constituían, por sí solos, indicios de responsabilidad penal.
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En sus conclusiones, la Sala sostuvo que la denuncia "no supera el nivel de sospechas o 'pálpitos' del denunciante" y reiteró que en el expediente "no existe evidencia, indicio o prueba alguna" de una acción u omisión del senador que pudiera configurar un delito.
Para el senador Trujillo, esta decisión “deja en evidencia una orquestada campaña de desprestigio y difamación por parte de opositores políticos que, al no poder derrotarlo en las urnas, intentaron engañar a la justicia y a los medios de comunicación para dañar su buen nombre”.
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