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Caso UNGRD: Karen Manrique pide apartar a magistrada Lombana de su caso

En los últimos días han llegado una serie de recusaciones contra magistrados y conjueces de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

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Karen Manrique.
Foto: tomada de X, @KarenManriqueO.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó las recusaciones contra el magistrado Héctor Alarcón y los conjueces Alfredo Rey y Javier Fonseca. Los recursos fueron presentados por los abogados de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, señalados de presuntamente participar en el entramado de corrupción de la UNGRD.

Sin embargo, la discusión sobre la ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez, que se pronuncia sobre la reposición del llamado a juicio y la medida de aseguramiento contra ellos, no se pudo reiniciar. Esto, porque la congresista Karen Manrique, a través de su abogado, presentó una nueva recusación, esta vez contra la magistrada Cristina Lombana.

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Lo que sucederá ahora es que la magistrada Cristina Lombana deberá sentar una postura sobre la recusación en su contra y el ponente del caso deberá redactar una ponencia sobre ese asunto en particular.

Según la investigación, los cinco congresistas y un excongresista habrían comprometido su función en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de dádivas. El alto tribunal también llamó a juicio a otros cuatro legisladores: Juan Diego Muñoz, Julián Peinado, Liliana Bittar y Juan Pablo Gallo.

El proceso judicial detalla que, durante el segundo semestre de 2023, los procesados habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda. El objetivo era emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para dicha cartera.

En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar, señaló la Sala. Las pruebas recaudadas permitieron documentar encuentros donde se definieron los montos con los que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los legisladores.

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